Con los dos asesinatos en la represión de Soldati, en pocas semanas ya son cinco los luchadores populares muertos por el accionar de la policía o las patotas parapoliciales.
Primero fue la muerte de Mariano Ferreyra a manos de la patota de Pedraza. Luego la represión en Formosa. Ahora, dos ocupantes de terrenos en Soldati. Retorna así la brutal metodología empleada en los casos de Carlos Fuentealba y de nuestro compañero Lázaro Duarte en Neuquén. Estos métodos expresan un intento desesperado por frenar el avance de las luchas obreras y populares y el surgimiento de nuevas direcciones combativas.
La reacción del pueblo trabajador ha sido muy fuerte frente a esta escalada represiva. Miles de trabajadores pararon y se desarrollaron grandes marchas en Plaza de Mayo y otros puntos del país ante el asesinato de Ferreyra. Hubo una ola de bronca popular y distintas acciones como respuesta a la masacre del pueblo quom y fente a la represión de Soldati.
Y estas movilizaciones repudiaron no solo a los responsables inmediatos sino que cuestionan el doble discurso del gobierno K, que prepara un nuevo acto de hipocresía este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, pero que ha estado involucrado y es responsable político de los últimos crímenes.
Es responsable por sostener a la burocracia sindical y sus patotas. Lo es cuando la Federal deja una zona liberada en Barracas, donde cayó Ferreyra. Al sostener a un gobernador como Insfrán. O cuando la Policía Federal participó junto a la Metropolitana en la represión a la Villa 20. Hay una tendencia a “tercerizar” la represión. Utilizando una patota sindical y barras bravas, como en el ataque a los terceriza-dos del Roca, como antes lo hicieron en el Subte, el INDEC o la UCRA, o como en el caso de la muerte de Mario López, delegado pilagá del Mocafor, atropellado por un móvil ligado a la policía cuando iba a apoyar el corte de la colonia La Primavera.
Esta tercerización de la represión a manos de patotas para-policiales demuestra la debilidad del gobierno, que hace lo imposible para sostener el doble discurso de prometer no reprimir, mientras deja correr una estructura política y sindical adicta que asesina para proteger sus intereses.
La actual escalada es una continuidad de la política de criminalizar las luchas, ya que el gobierno viene utilizando el aparato judicial para amedrentar a las nuevas conducciones obreras, sobre varias de las cuales (como es el caso de Néstor Segovia en el subte o de los delegados de Terrabussi), pesan graves causas penales que pueden originar condenas de varios años. Una persecución similar sufren los ambientalistas de Gualeguaychú, o dirigentes estudiantiles y de desocupados que se han movilizado en la Capital y que acumulan causas contravencionales. Un caso es el de nuestro compañero Cristian Jurado, presidente del Centro de Estudiantes del profesorado Joaquín V. González.
Completa este cuadro de criminalización la existencia de varios presos políticos, que como Roberto Martino o ahora Luis Guineo, son verdaderos rehenes del «gobierno de los derechos humanos» y su justicia cómplice.
Como señalamos en el acto que protagonizamos el pasado viernes 3 como parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, hoy es más necesaria que nunca la mayor unidad para continuar y desarrollar una gran movilización popular que le pare la mano a la represión y los ataques a los luchadores populares, exija el juicio y castigo a los responsable políticos y materiales de los asesinatos, y termine con esta política de represión y criminalización de las protestas sociales.
