Inseguridad, abordar las causas de fondo

Scioli y sus 22 puntos: mano dura sin salida

El gobernador bonaerense y posible candidato presidencial en el 2015, Daniel Scioli, firmó el decreto 220/14 que declara la “Emergencia de Seguridad” en la provincia por 12 meses. Un plan de “22 puntos” que es más un golpe de efecto pensando en su imagen para las futuras elecciones que una solución real al problema de la inseguridad. La “oposición” apoya, pero se trata sólo de más mano dura, arrestos, balas y efectivos.

A más de una semana del pomposo anuncio, lo único claro es lo publicado en el Boletín Oficial que establece que el acompañante del motociclista debe utilizar un casco y chaleco reflectario obligatorios con la patente impresa. Medida que no sólo habían propuesto varias veces, sino que es de dudosa efectividad contra los “motochorros” porque difícilmente un delincuente utilice una identificación real.
En la carrera de anuncios para poner “freno” al delito, van a reunirse con los intendentes para fijar las zonas y horarios donde prohibir que circulen dos personas juntas en moto.
Resumiendo su idea de mano dura, el punto 4 plantea comprar 1.000 patrulleros equipados, 30.000 chalecos antibalas y 10 mil armas con sus respectivas municiones, destinando $ 600 millones del Banco Provincia a poco de negarle más plata a los docentes.
Ya aparecen denuncias de negociado por la compra directa de patrulleros a una automotriz extranjera (Toyota) al poder saltear la licitación con la “emergencia”. El servicio penitenciario es otra de las patas del plan, ya que crearán 8 nuevas alcaidías y 4 cárceles para recluir a 3.000 detenidos más (puntos 11 y 12) con otros $ 850 millones para ello.
Para avanzar en la “saturación” policial -sin plantear la depuración de la “maldita” Bonaerense- plantean reforzar el ingreso a la fuerza con 25 mil inscriptos, anunciando “la mayor campaña de reclutamiento de la historia”. El punto 3 plantea reincorporar a 5.000 efectivos pasados a retiro, tanto de la policía como del servicio penitenciario con un “incentivo económico” (cobrarán $ 8.500 mensuales) y el peligro de incluir a retirados con antecedentes. Otra medida ya anunciada en agosto de 2013 y julio de 2010 que fracasó.

Seguridad: un problema político y social profundo 

Hablan de atacar el narcotráfico creando nuevas dependencias y funcionarios judiciales que lo castiguen con el deseo de que se “apuren” los procesos abiertos (puntos 16 a 18). Pero sin atacar el triángulo de impunidad entre intendentes, jueces y policías corruptos que protege este flagelo.
Y vuelven a deslizar el tema de los jóvenes y el delito con la idea de bajar la edad de imputabilidad, castigar más duro a los pibes y meterlos en el círculo de la judicialización y la cárcel desde más temprano al pedir un nuevo régimen Penal Juvenil (punto 21).
Mariotto y los K habían criticado por tratarse de medidas de derecha. Pero luego apoyaron a cambio de cargos en una “Unidad de Coordinación” para prevención del delito. Scioli miente al decir que “la contención y la inclusión son pilares fundamentales”. Sólo el punto 22 habla con hipocresía de “continuar con los programas de educación e igualdad de oportunidades e inclusión social de nuestro gobierno”. Es decir, más de lo mismo. Cuando insisten con reprimir a los movimientos sociales que marchan a Desarrollo Social a pedir alimentos.
Ya en el 2004 se decretó esta “emergencia” y fracasó. Un plan idéntico propuso Cristina Kirchner para el país en el 2009, pero el delito y la inseguridad han aumentado conforme crece la brecha social.
Ningún punto del “nuevo” plan va a frenar la inseguridad que va de lleno contra los sectores más castigados de la sociedad. El problema es de fondo, una realidad que niega oportunidades, donde se agranda la brecha entre ricos y pobres. Donde el “ejemplo” es la impunidad de los poderosos que roban y nunca pasa nada. Donde nuestros jóvenes no ven perspectiva de desarrollo y sí mano dura.
No se trata de más castigo y más penas. Hay que dar respuesta al tema de la inseguridad con un conjunto de políticas que van de lo económico, lo social y lo cultural. Un cambio de fondo que ninguno de los que nos gobiernan, sus partidos y la falsa oposición, están dispuestos a encarar.
Hay que “saturar” la provincia de fábricas, de fuentes de trabajo, de escuelas y hospitales y no de uniformados que persigan la pobreza. Necesitamos que nuestros jóvenes no vivan sospechados y condenados de antemano por su condición social sino que tengan todas las oportunidades para progresar y vivir con tranquilidad, al igual que sus familias. Esa salida de fondo sólo la podremos llevar a cabo desde la izquierda y los trabajadores organizados.

Vilma Ripoll dirigente del MST

Inseguridad y delito. Nuestras propuestas

• Creación de fuentes de trabajo, con salarios dignos para todos. Planes especiales de inserción laboral para la juventud.
• Aumento de la cobertura social, de salud, de jubilaciones.
• Garantizar la educación pública en todos sus niveles, con condiciones de acceso, permanencia y egreso para todos.
• Despenalización de las drogas para consumo personal. Políticas contra el tráfico para acabar con la red de delincuencia y el negocio alrededor de la droga.
• Depurar la fuerza policial de los sectores corruptos y represivos. Elección de comisarios por voto popular y con revocabilidad de mandatos, controlados por los vecinos, las organizaciones sociales y de DDHH.
• Replantear todo el sistema penitenciario que no sirve para reinsertar a nadie, sino que es una escuela de criminalidad y una bolsa de trabajo para funcionarios corruptos que usan a los presos para delinquir. Además de una maquinaria de tortura y muerte para el que no se preste.
• Depurar y democratizar el Poder Judicial, con elección popular de jueces y fiscales, con la posibilidad de revocar su mandato. Limpiándola de los sectores corruptos y los que vienen de la dictadura.
• Este mecanismo de nombramiento popular, control y remoción permitirá disminuir la corrupción en el aparato de seguridad y judicial y eso es fundamental para disminuir la cantidad de delitos. Comisarios, fiscales y jueces deberán rendir cuentas de su conducta ante los ciudadanos. Revertir el flagelo de la inseguridad sólo es posible en el marco de un cambio mayor, que ataque sus causas de raíz. Lo otro son anuncios con carácter electoralista que nada solucionan. 

Policía municipal: Por qué nos oponemos

El punto 15 del plan de Scioli apura también la sanción del proyecto de policías municipales o comunales diciendo que “sale para el 27”. Pero tampoco es solución sino que se trata de darle el control de fuerzas represivas a los barones del conurbano para que las manejen a gusto. Veamos si no en que se convirtió la metropolitana de Macri: una fuerza de choque al servicio de reprimir a los trabajadores, donde se reciclan las metodologías corruptas de las otras fuerzas. A nadie se le escapa que detrás de los grandes bolsones criminales, de la trata, el narcotráfico, los desarmaderos o los secuestros está el entramado de corrupción política, judicial, policial y penitenciaria. La creación de estas policías sería una diversificación del negocio para los delincuentes de uniforme y los intendentes y sus punteros.

Juan Bonatto

La “oposición” plantea más de lo mismo 

Todos los representantes de fuerzas políticas burguesas apoyaron el plan de Scioli. Con presidenciables como Macri o Massa que dijo que le “generan satisfacción”. La UCR y el FAP se limitaron a cuestionar su tono “efectista” y a pedir que se traten en la legislatura.
Terminan acordando o proponiendo lo mismo ya que su concepción es similar. Con alguna variante más o menos dura, todos van a lo mismo, más castigo y nula política de fondo. Donde gobiernan no han dado respuesta real al asunto. Massa presenta como gran logro las cámaras de seguridad, pero el delito no se acaba.
Binner y el FAP santafesino terminan celebrando una ocupación de Rosario con más de 3000 gendarmes y Berni a la cabeza. Es de lamentar que un dirigente y su partido (PS) que son responsables de gobernar por más de 20 años a Rosario y llevan 7 al frente de la provincia de Santa Fe, sostengan que la solución contra la inseguridad y el narcotráfico sea poner más gendarmes.
Nunca resolvieron la desigualdad, jamás se ocuparon de desmantelar a la corrupta policía y menos de realizar una distribución de la riqueza con una reforma impositiva para que los terratenientes y grandes empresarios paguen parte de sus millonarias ganancias. Son parte de la vieja política que se niega a los cambios de fondo.
Macri deja en claro su política de seguridad con la Metropolitana: reprimir a los trabajadores, investigarlos, infiltrar las organizaciones políticas, sociales y gremiales. Ninguno va a terminar con el delito, son todas variantes de lo mismo.