Como todos los años, con la excusa de los aumentos salariales al personal municipal Mauricio Macri envió a la Legislatura porteña un proyecto de ley de ampliación presupuestaria. Su verdadera finalidad es asegurar los negocios privados, sobre todo el de la basura. A la vez, mandó otro proyecto de ley para emitir nuevos títulos de deuda pública por 890 millones de dólares…
La política de acrecentar la deuda pública es una constante del gobierno de Macri. Año tras año nos endeuda más y más a los vecinos porteños, que con nuestros impuestos pagamos las cuotas de capital, los intereses y las comisiones.
Es un endeudamiento innecesario, porque la Ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico del país y tiene recursos propios de sobra. Es más: si se anularan las enormes exenciones fiscales otorgadas a grandes empresas habría mayores fondos disponibles.
Además, el proyecto dice que esta nueva deuda por 980 millones de dólares es para “obras de infraestructura”, pero no incluye ningún detalle. En realidad, Macri toma más deuda para seguir pagando deuda. Así lo confirma el proyecto de ampliación presupuestaria, donde por deuda pública “entran” 300 millones de pesos pero a la vez salen 630 millones. Encima, cualquier conflicto sobre los nuevos títulos se resolverá… ¡en los tribunales de Inglaterra!
Plata tirada a la basura
Aparte de lo que va al aumento salarial, en su proyecto de ampliación Macri propone destinarle 491 millones de pesos a subsidios a la educación privada (llegando a 2.512 millones al año) y otros 61 millones a Metrovías en subsidios al subte (llegando a 1.041 millones al año).
Pero el gran beneficiario es otro: las seis empresas privadas que recogen la basura. Por un lado, Macri les reconoce 652 millones de pesos adicionales por “mayores costos”. Por otro lado, y esto nunca ocurrió en la Ciudad, les “anticipa” otros 1.313 millones para la compra de camiones. Es decir, con dinero público la Ciudad les financia la inversión que las empresas necesitan para asegurarse la licitación. ¡Las privadas no ponen un mango y con la concesión por 10 años se embolsan 46.000 millones de pesos! Una estafa total.
Mientras el costo anual del servicio estatal por cuadra limpia es de 72 mil pesos, el costo del servicio privado -que es igual de malo- sube a 203 mil pesos: ¡casi el triple! Por eso, si se reestatizara el servicio como propone el diputado Alejandro Bodart en su proyecto, la Ciudad podría ahorrar casi 3.000 millones de pesos y destinarlos a las áreas sociales.
Es de esperar que los bloques políticos que se dicen opositores a Macri no le aprueben semejantes leyes.
Proyecto de ley de Bodart para la higiene urbana. Servicio estatal con control social
Art. 1º. Reestatización del servicio. A partir de la sanción de la presente ley se reestatiza el servicio público de higiene urbana, el que pasa a ser prestado por la Ciudad a través de su Ente de Higiene Urbana. Se deroga la Ley 4.120 y se rescinden los contratos de concesión privada sin pago de indemnización.
Art. 2º. Control social. A fin de fiscalizar la calidad del servicio, el uso de los fondos y el cumplimiento de la presente ley, se crea en cada Comuna una Comisión de Control Social de 7 miembros:
3 vecinos de la Comuna, elegidos por el Consejo Consultivo Comunal.
3 trabajadores, elegidos entre el personal que presta el servicio en la Comuna.
1 representante técnico, con antecedentes en higiene urbana y/o ambientalismo, designado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Las Comisiones tienen plenas facultades de acceso a los registros, libros contables y demás información sobre el servicio.
Art. 3º. Inclusión del personal. Los trabajadores de las empresas cuyos contratos se rescinden pueden optar por ser incorporados a la planta permanente del Ente estatal, respetando sus salarios y condiciones laborales. En caso contrario, se los indemniza conforme la normativa vigente. De existir diferencias entre los salarios y condiciones laborales del personal del Ente y el proveniente de las concesionarias, se equiparan en el sentido más favorable a los trabajadores.
Art. 4º. Basura Cero. A fin de garantizar el cumplimiento de la Ley 1.854 (Basura Cero) se ratifican la reducción progresiva de la disposición final de residuos y las metas de un 75% menos para 2017 y de prohibición de disposición final de materiales reciclables para 2020.
Art. 5º. Recicladores urbanos. El servicio de recolección de residuos secos sigue siendo prestado por las cooperativas de recicladores urbanos (Ley 992).
Art. 6º. Presupuesto y ahorro. A la presente ley se aplican las partidas del Presupuesto 2014 asignadas al servicio privado. El ahorro producido por la reestatización, que totaliza $ 2.952 millones, se destina:
$ 1.000 millones al equipamiento del Ente estatal, para infraestructura, camiones y otros bienes de uso.
$ 1.952 millones a los presupuestos de salud pública, educación pública y construcción de viviendas sociales.
Pablo Vasco
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