La independencia del poder judicial no existe

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La frase que titula esta nota no fue dicha por ningún opositor acérrimo al gobierno, sino que la expresó Jorge Milton Capitanich, jefe de gabinete de ministros y principal vocero del gobierno de Cristina Kirchner, enojado por las investigaciones sobre el patrimonio de la jefa. Las declaraciones se producen en el marco de la renuncia de Zaffaroni a la Corte y la disposición del kirchnerismo de remplazarlo a dedo. Más allá de las frases rimbombantes, es necesario debatir a fondo la clase de justicia que tenemos y la que necesitamos.
Una justicia de clase; un estado al servicio de las corporaciones
Sin dudas que cualquier debate sobre la estructura del Estado actual y cualquiera de sus «poderes» debe comenzar por una caracterización lo más certera posible sobre el mismo. Desde el MST-Nueva Izquierda, venimos denunciando de manera cotidiana que la actual composición del Estado corresponde a las necesidades de clase de los poderosos. Por más que se divida en tres poderes, son los mismos intereses los que mueven los hilos de cada uno de ellos. Así mientras el poder ejecutivo diseña y lleva adelante las políticas económicas y
sociales que benefician a los grandes capitalistas, el poder legislativo «institucionaliza» mediante las leyes esas políticas y el poder judicial se encarga de hacer cumplir las mismas castigando a los «disconformes». Esto no quiere decir que no existan tensiones y roces entre los mismos, pero lo que está claro es que más allá de los partidos tradicionales que ocupan las posiciones mayoritarias en las cámaras y el ejecutivo y una corporación judicial vitalicia y colocada a dedo por el poder político, no hay más posibilidades de «participar» de las decisiones sobre los temas fundamentales que rigen nuestras vidas.
En el caso del poder judicial, ni siquiera podemos votar, sino que el complejo entramado de fiscales, jueces, camaristas y ministros de la Corte son designados a dedo en organismos compartidos entre el gobierno y la oposición, a quienes les terminan pagando los favores cajoneando o motorizando causas una vez que son designados.
El caso más paradigmático es el de la Corte Suprema de justicia, cuyos miembros son designados a propuesta del gobierno y refrendados por la cámara de senadores. Es decir que una especie de concejo de «notables» con poder de interpretar qué es justo y qué no en el país, es designado por un puñado de funcionarios, sin ningún tipo de con-
sulta ni participación de los 40 millones de argentinos. Como dice Capitanich «la independencia del poder judicial no existe»
Gobierno y oposición: chicanas para la tribuna, coincidencia en mantener el sistema
Claro que los privilegios de pertenecer a la «clase» política se cobran caro y la mayor parte de las veces por debajo de la mesa. Es por eso que mientras se van enriqueciendo al calor de la función pública, los representantes del gobierno y también de la oposición tradicional, utilizan sus relaciones judiciales para el montaje de todo tipo de causa que utilizan como parte de sus campañas políticas. No les interesa en lo más mínimo el bien de la nación, ni la salud de la república, sino los golpes de efecto y es por eso que la mayoría de las investigaciones que se han realizado a representantes del PJ el radicalismo y sus distintas variantes, terminan cajoneadas o con resolución favorable a los imputados.
Los revolucionarios, en cambio, utilizamos esas «grietas» que crean los negocios turbios de los poderosos para generar denuncias que pongan en evidencia esta relación estrecha en los poderosos. Así por ejemplo, las denuncias contra CFK por los decretos favorables a Chevron o los numerosos amparos presentados por
nuestro compañero Alejandro Bodart, han servido para denunciar este funcionamiento mancomunado de los saqueadores, al tiempo que es la izquierda, la única que viene planteando salidas para desmontar esta sinergia de la injusticia construida desde el poder.
Democratizar la justicia terminando con sus privilegios
Ni la designación de un nuevo ministro a dedo, ni bloquear esa designación en el congreso representa cambio alguno en el sistema judicial, sino una cabriola electoral barata entre los mismos de siempre. Lo que necesitamos para democratizar la justicia es cambiar su composición y mecanismos, sometiendo a la voluntad popular la designación de los jueces en toda la estructura judicial, aplicando el voto directo. Necesitamos avanzar en mecanismos de remoción de los jueces vinculados a corruptelas y favoritismos con el poder, estableciendo también una duración acotada a sus cargos. Para democratizar de verdad se deben generalizar los juicios por jurados, establecidos en la constitución desde hace años, pero que nunca se aplican.
Junto con estas medidas, desde el MST-Nueva Izquierda, consideramos que es fundamental construir una poderosa fuerza política que vaya de frente contra todos los privilegios, tanto de los jueces como de los políticos, peleando por terminar con estos «poderes» al servicio de los poderosos, te invitamos a ser parte junto a nosotros de esa pelea.


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