La (in) justicia Argentina suma un nuevo capítulo de impunidad. En el marco de la investigación por supuesto lavado de dinero en la que está involucrada la familia Kirchner y su socio Lázaro Báez, fue desplazado el juez de la causa. El debate que proponen los bandos burgueses en disputa se centra en la defensa o el ataque al juez, lo que ambos intentan ocultar es que la estructura judicial argentina está completamente asimilada a los vaivenes del poder y por lo tanto dispuesta a garantizar la impunidad de la casta gobernante, actual o por venir. Ya lo decía Rodolfo Walsh, independiente es un equipo de fútbol
La separación de Bonadío en el caso Hotesur, que investiga las maniobras de lavado de dinero en un hotel de la familia presidencial y el empresario amigo Lázaro Báez reaviva el debate sobre la independencia de la justicia. Lejos de la hipócrita posición de los “opositores” que posan de defensores de jueces y fiscales, los socialistas venimos denunciando desde siempre que la justicia, lejos de ser “independiente”, es un complemento al servicio del poder político. Las leyes son elaboradas por el poder político, los jueces designados por este mismo poder y el conjunto del ordenamiento jurídico responde a la “noción” del país construido al servicio del capital. Por supuesto que en tiempos de recambio político, las disputas que permanecen veladas se expresan a los ojos de la sociedad, los actores buscan recolocarse, los que dejan el poder pelean por garantizar su impunidad, los que quieren acceder aprovechan para “limar” a sus adversarios.
Mientras tanto, los robos al patrimonio público, el enriquecimiento obsceno de los gobernantes y las maniobras delictivas al amparo del poder nunca encuentran esclarecimiento.
Legalidad no es sinónimo de justicia. Las maniobras que investigaba Bonadío tenían que ver con el alquiler por parte de una empresa de Báez de habitaciones de un hotel, propiedad de los Kirchner. Habitaciones que en la mayor parte de los casos no fueron ocupadas. La principal sospecha es que se trata de una maniobra de lavado de dinero o incluso de pago de “retornos” por la asignación de negocios para este empresario. Independientemente de la legalidad o ilegalidad de estas acciones. Lo que cabe preguntarse si es “justo” que en un país donde hay millones de pobres, los gobernantes sean millonarios, nunca sean investigados y muchos menos juzgados. Esta justicia para ricos demuestra una y otra vez su parcialidad ante todos los robos contra lo público, siempre y en todos los casos, los ladrones quedan impunes mientras las consecuencias las pagamos entre todos.
Para construir una justicia diferente no alcanza con evitar la remoción de tal o cual juez o funcionario judicial, hay que ir por una transformación estructural, sistémica.
Desde el MST-Nueva Izquierda venimos impulsando una propuesta para transformar de manera integral la justicia y el país. No alcanzan las medidas cosméticas, hay que ir al fondo y cuestionar todo para conseguir cambios al servicio de los trabajadores y el pueblo.
Como primera medida proponemos la elección directa de jueces y comisarios, que sus mandatos sean revocables y deban rendir cuentas de manera permanente. Proponemos también que todos los casos que involucren a políticos y/o funcionarios de cualquiera de los poderes del Estado sean investigados por comisiones investigadoras independientes, que garanticen la defensa de lo público como principio fundamental. Creemos también que es fundamental que todos los funcionarios involucrados en estafas y maniobras contra lo que es de todos, paguen con sus bienes y los de su familia.
Proponemos una justicia al servicio de los trabajadores y el pueblo, al servicio de los intereses colectivos y no de la casta gobernante o judicial.
Para avanzar en estas medidas hay que hacer fuerte un proyecto político que esté dispuesto a ir hasta el final contra los privilegios de políticos y corporaciones. Un proyecto como el que impulsamos con Alejandro Bodart y Vilma Ripoll. Si querés justicia y democracia real, tenés tu lugar de lucha en esta Nueva Izquierda.
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