La semana pasada Macri lanzó su primer tarifazo. Los que tratan de defenderlo desde el gobierno y los medios periodísticos afines, hablan de recomposición tarifaria, de corregir el desquicio anterior, de acabar con los privilegios de los subsidios, etc. A las cosas hay que llamarlas por su nombre: si la tarifa de la luz que pagan los que consumen un promedio bastante acotado se irá de $ 25 a $ 150 eso significa un 500% de aumento y todos le llamamos Tarifazo, sin los eufemismos utilizados por el gobierno.
Las excusas del gobierno
Larga es la lista de excusas y justificaciones que esbozan desde el Ministerio de Energía. Dicen que se trata de una corrección o sinceramiento en las tarifas, que durante años el kirchnerismo no las actualizó según la inflación, que en 2015 se gastaron más de U$S 10.000 millones de dólares en subsidios en energía, que ya lo habían planteado en la campaña electoral y que para eso los votaron, etc. Muchos de estos argumentos pueden ser parcialmente ciertos, pero el problema es que son utilizados para descargar la crisis y el déficit dejado por Cristina sobre los trabajadores, como veremos luego.
Los subsidios K
Todos sabemos que tanto Néstor como Cristina tuvieron que subsidiar tarifas de servicios y transporte luego del Argentinazo, por un lado porque la crisis económica y la pobreza extrema de millones hacía imposible que pudieran pagarlos al costo real que tendrían luego de la devaluación del 300% de Lavagna, pero por otro lado lo hicieron como forma de evitar la reacción de la gente que podría haber jaqueado su gobierno. Por eso los subsidios beneficiaron más a los habitantes de Capital y Buenos Aires, donde querían evitar las movilizaciones. Los K eligieron subsidiar a los empresarios, que con el tiempo vivían más de los subsidios que de prestar el servicio, esto trajo además todo tipo de negociados, coimas y corrupción entre los empresarios amigos y funcionarios como Jaime. Nada de esto quiere investigar y atacar Macri.
También fue una forma de subsidiar al empresariado en general, ya que sin ellos hubieran tenido que dar a los trabajadores aumentos muy superiores a los otorgados, para poder pagar precisamente el transporte y los servicios.
El otro problema es que durante los últimos 12 años no se hizo una investigación real de los costos de las tarifas, ya que ni a los empresarios ni a los funcionarios les convenía. Los unos recibían igual los subsidios y los otros las coimas. Con el tiempo, la crisis económica y el aumento en los subsidios, la situación se hizo insostenible y por eso ahora los quieren eliminar.
La realidad del tarifazo
Desde el Ministerio dicen que tendrán una tarifa social unos 900.000 usuarios y que si quieren pagar menos
¡que consuman menos! Pero la realidad es que sólo en Buenos Aires y Capital hay 4,6 millones de usuarios que sí sufrirán el incremento. El gobierno espera ahorrarse 4.000 millones de dólares al año, sin contar que en el interior los subsidios son muchísimo menores, cuando los hay.
La realidad es que el gobierno utiliza la Luz, que es la que le resulta más fácil de justificar para avanzar en otros tarifazos sobre gas, transporte, agua, etc., los cuales ya han tenido actualizaciones en estos años, no sólo en el interior sino también en Buenos Aires.
Nosotros decimos que hay que pararle la mano a este aumento, que si quieren plata, primero se la saquen a todos los empresarios de las privatizadas que durante 12 años recibieron más de 90.000 millones de dólares y no hicieron inversiones ni garantizaron un buen servicio. Que investiguen la estructura real de costos de las tarifas bajo control de los usuarios. Si este tarifazo pasa, estaremos en peores condiciones de afrontar el paquetazo que prepara este gobierno, cuyo objetivo es que la crisis y el déficit heredado del kirchnerismo lo paguemos los trabajadores y sectores populares.
Gerardo Uceda
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