Desde que asumió, la popularidad de Macri empezó a bajar por la devaluación, la inflación y las paritarias a la baja. Los tarifazos potenciaron el enojo popular y eso llevó a los fallos suspensivos. Con la pelota ahora en el campo de la Corte, hay que seguir la lucha hasta torcerle el brazo al gobierno.
La seguidilla de tarifazos generó bronca en amplios sectores, incluso entre muchos que votaron a Macri como voto castigo al gobierno anterior. Y esa bronca, que va mucho más allá de las multisectoriales que surgieron en todo el país, es la que percibió con olfato la justicia y generó los fallos que hasta hoy mantienen suspendidos los aumentos de servicios.
La suba de tarifas representa hoy un fuerte dilema para el gobierno macrista. Por un lado, han abierto una dinámica riesgosa de descontento social y desgaste político hacia él. A la vez, el gobierno de Cambiemos está decidido a aplicar los tarifazos como pueda.
La «lógica» del tarifazo
El gobierno argumenta que las tarifas estuvieron casi congeladas durante 12 años, que los valores previos eran irrisorios y que los subsidios a las empresas de servicios superaban los 5.000 millones de dólares anuales.
Como es sabido, el objetivo del gobierno es reducir todos los subsidios para bajar el déficit fiscal. Según dice, así bajaría la inflación y dispondría de dinero para reactivar la economía, hoy en franca recesión.
Por esa razón autorizó aumentos en los combustibles, que han llevado nuestra nafta a ser una de las más caras de la región, aun siendo un país productor. Como durante años no se invirtió en la infraestructura de producción, terminamos en la actual crisis energética y hay que destinar fortunas al año a importar combustibles.
Sin embargo, los argumentos del gobierno se derrumban. El aumento de los combustibles y tarifas potenció la inflación y encima el déficit fiscal no bajará. Producto del parate económico, por un lado caerá la recaudación por Ganancias, Ingresos Brutos e IVA. Por otro lado, el Estado perdió ingresos por la decisión política macrista de transferir recursos a la oligarquía y las corporaciones vía la anulación o quita de retenciones a la minería, la soja y demás cereales.
Esta combinación coloca a este gobierno en una paradójica encrucijada: de ser el que más ajustó a los de abajo en los últimos 20 años, no sólo está pagando un costo social creciente sino que no logró bajar el déficit y encima metió a nuestro país en un rumbo recesivo.
¿Cuál es la salida?
Macri está empantanado. A las cautelares dictadas por jueces de Mendoza, Rawson y Bariloche que frenaron los tarifazos se agregaron las de las cámaras de La Plata y últimamente de Córdoba que avalaron tales amparos.
El gobierno no logra bajar una línea coherente. Marcos Peña «aconseja» pagar, desde Energía tuvieron que bajar el aumento del 1.300% al 400%, Macri confía en que la Corte lo saque del lío, ex funcionarios proponen «una revisión integral de las tarifas» y ahora convocarían una audiencia pública «no oficial» a fin de mes para no tener que esperar a octubre. Es más: según Aranguren esa audiencia debe ser sólo informativa, pero otros funcionarios plantean que sea participativa para evitar impugnaciones…
En realidad todos temen que la bronca popular se torne en mayor organización y movilización, y los «ruidazos» nacionales se transformen en cacerolazos masivos que recuerden cada vez más al 2001.
Nosotros afirmamos que no hay salida a esta crisis si triunfa la línea de este gobierno, defensor de los ajustes y las privatizadas. Hay que derrotar los tarifazos y lograr que se vayan Aranguren y las privatizadas. Macri defiende el negocio privado con servicios públicos que en realidad son derechos básicos. Defiende a empresas que desde el menemismo hasta hoy recibieron subsidios estatales millonarios y, sin ningún control de los «entes reguladores», no invirtieron un peso y brindan servicios de mala calidad y carísimos.
Junto con darle continuidad a la lucha por la anulación definitiva de los tarifazos, es imprescindible poner en debate el fracaso rotundo de las privatizaciones y la única solución realista y seria: anular los contratos de concesión y recuperar los servicios a manos del Estado, pero con control de los usuarios y los trabajadores para garantizar la calidad, la accesibilidad a todos y evitar la corrupción. De lo contrario, vamos a seguir teniendo servicios cada vez peores, tarifas impagables y empresas que curran a costa de nuestros bolsillos.
Gerardo Uceda
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