El culebrón que generó el proyecto oficialista para reformar la ley del Ministerio Público Fiscal, jefatura de todos los fiscales del país, lleva varias semanas. La disputa entre gobierno y un sector del PJ por el lugar de Gils Carbó es una rosca donde cada uno cuida sus intereses. Para que de verdad empiece a haber justicia, hay que democratizar todo el Poder Judicial.
La procuradora Gils Carbó fue designada en 2012 por el kirchnerismo, con apoyo de la mayoría de los bloques de la oposición, que aprobaron su pliego en el Senado. Su llegada al cargo fue luego de que Righi, su antecesor, se viera obligado a renunciar para proteger al ex vicepresidente Bodou.
Días atrás el macrismo, en acuerdo con el bloque massista, presentó un proyecto para modificar la ley del Ministerio Público Fiscal que desató una contienda que lleva varios capítulos.
Los cuestionamientos al proyecto fueron muchos y variados, desde Abuelas de Plaza de Mayo a Carrió. Desde su carácter autoritario a su inconstitucionalidad.
En la propuesta de reforma crece la autoridad de la Comisión Bicameral, constituida hace poco y que preside la diputada massista Graciela Camaño. La comisión sería quien avalaría a los nuevos fiscales, los procuradores especiales y las once direcciones generales del Ministerio Público Fiscal.
La designación de Camaño en la Bicameral, por donde pasarían todas estas decisiones, puso en alerta a la Coalición Cívica. El ataque de “republicanismo” de Carrió esconde otros motivos: la proximidad de las elecciones del año que viene, que ponen en disputa los espacios dentro del gobierno. Así, la intención del gobierno de lograr fiscales propios y reemplazar a Gils Carbó, quedaría trunca por la frágil unidad de Cambiemos.
El proyecto merece varias críticas. La creación de una unidad especial para “persecución al terrorismo” es un riesgo contra la protesta social. No incluyen a la UFEM, el área especializada en investigar los femicidios. Y exigir cinco años de experiencia como fiscal general para ser procurador especial implicaría que renuncien quienes hoy están al frente de investigar temas tan sensibles como la apropiación de menores bajo la última dictadura.
Se sumó el revuelo por las declaraciones de Carrió de que para remover a Gils Carbó hace falta un juicio político. Junto al fracaso en el tratamiento de la reforma, los dichos de Carrió generaron la sensación de que el gobierno cambiaba de estrategia, pero duró poco. Por falta de número en el Congreso, el PRO tuvo que archivar su reforma y también el juicio político a la procuradora general. Tendrá que postergar la reforma…
Basta de injerencia política en la justicia
Aunque los medios lo intenten, no podemos reducir el debate a la pelea con Gils Carbó, porque es un problema de fondo. Es real que el proyecto oficialista busca profundizar la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el poder judicial y no es la primera vez. Hace algunos años, Cristina impulsó un proyecto de ley que también buscaba mecanismos para darle al gobierno de turno más control y también fracasó.
Lo que está desprestigiado es el Poder Judicial de conjunto: jueces y fiscales cómplices del crimen organizado, encubridores de la corrupción política y corruptos ellos mismos, siempre dispuestos a perseguir a los luchadores sociales pero amigos de los poderosos. Tienen una vida llena de privilegios con cargos vitalicios y sueldos altísimos, son prácticamente una casta intocable. Un engranaje más de un sistema y un Estado que sólo defiende los negocios capitalistas y a sí mismo.
Ese desprestigio es tan alto que incluso es uno de los argumentos que usa Macri para intentar meter su reforma como antes lo utilizó fuertemente para oponerse a la reforma propuesta por Cristina y defender el statu quo de la “justicia independiente”.
Es que los jueces y fiscales son nombrados vía el Consejo de la Magistratura, mediante pactos del poder político. Para tener justicia hace falta que dependan de los intereses de las grandes mayorías sociales. Para eso tienen que estar sometidos al control social, con la elección directa por voto popular en comicios separados de los de los cargos políticos. Deben tener mandatos limitados y cargos revocables si se comprueban casos de abuso de poder, desidia o corrupción. También hay que remover a todos aquellos jueces federales nombrados por la dictadura militar. Además hay que implementar el juicio por jurados, con vecinos sorteados del padrón electoral, que figura en la Constitución desde 1853 pero casi no se aplica.
Estas y otras medidas en el mismo sentido son el único inicio posible de un camino que nos lleve a tener una justicia independiente del poder político.
Victoria Marro
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