Luego de caída la dictadura, sus crímenes de lesa humanidad fueron saliendo a la luz. Y el reclamo de verdad y justicia se fue potenciando al calor de la movilización que desbarató la política de impunidad que los sucesivos gobiernos pretendieron imponer.
A diferencia de países como Chile o España donde hubo una “transición democrática” pactada con el anterior régimen dictatorial, en nuestro país la caída del proceso fue abrupta. Una verdadera revolución democrática que se llevó puesto a todo el régimen dictatorial de un saque. Fue tal la condena social que las fuerzas armadas nunca pudieron recuperarse. Y recomponer ese espinel represivo se transformó en un problema estratégico, de primer orden, para los sucesivos gobiernos capitalistas en función de garantizar la explotación a través de sus planes de ajuste. Por ello fueron ensayando diversas medidas de impunidad que fracasaron al calor de la movilización y la condena social.
Hagamos memoria
El primer ensayo fue que las FF.AA. se juzgaran a sí mismas, vía los tribunales militares. Tamaña concesión las animó a dictarse una ley de autoamnistía.
Alfonsín trató de reducir todo al juicio a las juntas (sólo a dos de ellas, apenas seis generales, porque la tercera Junta fue exculpada). Y se creó la CONADEP sólo con carácter informativo. El prólogo de su informe final Nunca Más acepta la nefasta «teoría de los dos demonios».
Como la lucha siguió exigiendo justicia y algunos fiscales imputaron a otros jefes militares, Alfonsín los instruyó para dar cierre a esos juicios. La presión popular y una gigantesca marcha se lo impidió.
En Semana Santa de 1987 el alzamiento carapintada reclamó impunidad para los militares. Hubo grandes movilizaciones de rechazo, que Alfonsín traicionó haciendo aprobar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
En 1989 Menem quiso completar la impunidad de la dictadura con sus decretos de indulto a genocidas y a jefes guerrilleros, otra vez con los “dos demonios”. Una vez más, las movilizaciones en repudio fueron masivas.
Como el reclamo de justicia no cesó, luego el gobierno de la Alianza intentó una derogación trucha de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final: sólo habría juicio y condena para los delitos de lesa humanidad que se cometieran “a futuro”.
En 2003, el PJ hizo otro intento de derogación trucha: la «no oponibilidad». Pero en base al proyecto de ley de Izquierda Unida, que integraba nuestro partido, la lucha democrática impuso la nulidad definitiva de las llamadas leyes de impunidad.
Este fue un gran triunfo que permitió reabrir los juicios a los represores e incluso a unos pocos de sus muchos cómplices civiles (algunos empresarios y curas, no así burócratas sindicales como Gerardo Martínez, ex servicio del siniestro Batallón 601).
Dicha nulidad tuvo como marco el primer gobierno kirchnerista, que supo interpretar que después del Argentinazo de 2001 el país ya no se podía gobernar como antes. Sin embargo hizo una utilización política de la bandera de los derechos humanos -que jamás antes habían levantado- y cooptó a muchos de sus referentes. Pese a su discurso, bajo el gobierno del FPV hubo represión a luchas sociales, Proyecto X de la Gendarmería, ley «antiterrorista» represiva, disfraz de la vieja SIDE en la nueva AFI, continuidad del procesamiento a 5.000 luchadores populares y el colmo: designar a un ex represor como César Milani al frente del Ejército.
En resumen, todos los partidos del sistema trataron de resguardar la impunidad de las fuerzas represivas. Saben que las necesitan para que el capitalismo pueda funcionar. En dictadura y en democracia, sólo la izquierda fue y es consecuente en la pelea por Memoria, Verdad y Justicia.
Macri recargado, vuelve a fracasar
Macri vuelve a la carga con esa política de estado. Un nuevo y potenciado intento de olvido, reconciliación, impunidad. Reflota la teoría de los dos demonios, que perversamente iguala el terrorismo de Estado a las equivocadas acciones guerrilleras. Y pretende poner fin a los juicios y liberar a los genocidas presos.
Necesita recomponer el aparato represivo al servicio de aplicar el ajuste feroz que le exigen desde arriba y desde afuera. Los editoriales reaccionarios de La Nación, las declaraciones negando el genocidio o cuestionando el número de desaparecidos, son funcionales al protocolo antipiquetes, a la criminalización de los que luchan, al giro represivo que pretende. Los resultados no son los esperados. La gigantesca movilización que derrotó el 2×1, muestra que esa política de estado, la del manto de impunidad, ha vuelto a fracasar. La condena social a las FFAA está más viva que nunca en la memoria colectiva. El fantasma de aquella revolución democrática que tumbó a la dictadura sigue sobrevolando las luchas anticapitalistas de nuestro pueblo.
Guillermo Pacagnini
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