Para beneficiarse con mega-obras públicas y sobreprecios, la constructora Odebrecht pagó altas coimas a políticos de distinto signo y en varios países. Es una de las empresas imputadas por el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil: la «Operación Lava Jato».
La Argentina es parte de ese circuito de corrupción, que implica a funcionarios del FPV y el PRO. Hasta donde se sabe, acá Odebrecht pagó unos 35 millones de dólares en coimas por varias grandes obras: el soterramiento del FC Sarmiento (dos causas judiciales, una sobre el gobierno anterior y otra sobre el actual), dos plantas potabilizadoras de AySa (Berazategui y Paraná de las Palmas), el Gasoducto Norte y una refinería de YPF en La Plata.
Los «retornos» los manejaba el «Sector de Operaciones Estructuradas» de Odebrecht y los alias de los funcionarios untados entre 2010 y 2014 son: Duvidoso (dudoso, ¿será De Vido?), Bonito, Festança (festichola), Síndico y Pato…
En el caso del Sarmiento está metida IECSA, la constructora que era del Grupo Macri, luego pasó al primo Ángelo Calcaterra y después al amigo Marcelo Mindlin. IECSA fue allanada esta semana y era socia de Odebrecht, una empresa italiana y otra española. Uno de los acusados es Gustavo Arribas, el «servicio» macrista titular de la AFI (ex SIDE), que recibió cinco «transferencias».
La cuestión es cómo hacer saltar todos los delitos del poder político y sus capitalistas amigos. El mecanismo del «arrepentido», que canjea buchoneo por impunidad y alguna multa, como negocia Odebrecht con el gobierno macrista, demuestra el fracaso del sistema judicial y policial para ir hasta el hueso. Y hay otra trabas: son cuatro causas judiciales distintas; los viajes de fiscales argentinos a Brasil y del ministro Garavano a los EE.UU.(1); la fiscal general Gils Carbó busca proteger a su sector, y, lo principal, los jueces y políticos se cubren mutuamente.
Por eso, para combatir la corrupción, la única solución es formar una comisión con personalidades independientes, como la CONADEP de los desaparecidos, con amplios poderes para investigar todas las coimas y negociados con la plata del Estado. Sólo una comisión así puede generar la confianza necesaria para llegar a la verdad sin condicionamientos y así lograr justicia y el merecido castigo a los culpables, que debe incluir la incautación de sus bienes por igual valor al de la coima recibida.
Pablo Vasco
(1) A cambio de dar algún dato, los yanquis instalarían un funcionario judicial permanente en nuestro país y exigen el apoyo del gobierno a «la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo». O sea, más sumisión.
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