En febrero de 2014, el Papa nombró al cardenal australiano George Pell a cargo de las finanzas de la Santa Sede, manchadas por escándalos de lavado. Pell, que es el tercero en la jerarquía del Vaticano, fue acusado por varios casos de abuso sexual a menores cometidos en las ciudades de Sidney y Ballarat. El 18 de julio Pell, que se sigue diciendo inocente y ya rechazó varios requerimientos de su país, debe viajar a Australia para presentarse a declarar ante la policía y los fiscales. Pell es el máximo jerarca vaticano acusado de pedofilia, entre miles de casos en todo el mundo. Días atrás saltó que el nuevo “prefecto para la doctrina de la fe” del Vaticano, el arzobispo español Luis Ladaria Ferrer, no denunció a la justicia a Giovanni Trotta, un cura pedófilo sancionado que siguió abusando de niños. Aparte de serlo él mismo, Pell también encubrió a otros dos curas abusadores. Estas aberraciones no se arreglan con sanciones ni purgas. Una institución retrógrada, verticalista, compuesta por hombres, separados de las mujeres, y encima basada en la confesión, la culpa, el celibato y la represión sexual, va sin duda a repetir las repudiables conductas de abuso sobre los más desprotegidos: los niños y niñas. Hay que separar a la Iglesia Católica del Estado y anular todos sus subsidios. Además el Congreso debe rechazar la nueva ley de “libertad religiosa”, cuyo artículo 16 inciso “a” autoriza a los miembros de la Iglesia y de otros credos a guardar secreto sobre delitos. ¡Ninguna protección a los curas pedófilos: juicio y castigo a los abusadores y sus encubridores!
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