A fines de 2006 se aprobó la Ley 26.160, que declaró la emergencia de las tierras ocupadas por comunidades originarias -con personería jurídica o preexistentes- y suspendió los desalojos por cuatro años. Son más de ocho millones de hectáreas en conflicto. Prorrogada en 2009 y 2013, la ley vence el próximo 23 de noviembre y por eso el Congreso debe volver a debatir el tema.
La 26.160 fue un paliativo para evitar los desalojos, pero no es una solución definitiva. Por un lado, gran parte de las 1.600 comunidades indígenas que hay en nuestro país no son preexistentes en el mismo lugar, ya que fueron desplazadas muchas veces, y tampoco tienen personería formal, un trámite ya de por sí complejo y máxime en zonas alejadas.
Además, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) todavía no concluyó ni la tercera parte del relevamiento técnico-jurídico catastral que debía hacer, ni mucho menos regularizó la posesión o traspasó la propiedad de dichas tierras a las comunidades. ¡Ni un solo título se les entregó!
Basta de persecución
Mientras la ley sigue en veremos, hay una campaña de persecución mediática y policial contra los pueblos originarios, en especial contra los mapuches. El gobierno nacional y el gobernador de Chubut presionan para extraditar a Chile al lonko Facundo Jones Huala. Y días atrás hubo un violento operativo contra la lof Vuelta del Río, en la zona de Vaca Muerta, y amenazas contra la lof Campo Maripe, en Añelo.
Es que muy lejos de ser «desiertos», los territorios ancestrales de las comunidades indígenas poseen importantes riquezas petroleras, mineras, agrícolas y/o turísticas, que son un valioso botín para los terratenientes como Benetton o Lewis y para las corporaciones extractivistas como Chevron o sojeras como Monsanto.
Pero no sólo el PRO demoniza a los originarios que reclaman sus tierras y sus derechos: el senador pejotista Miguel Ángel Pichetto acaba de pedir la «reconciliación» con las Fuerzas Armadas y su «presencia disuasiva» en la Patagonia ante el reclamo mapuche que, según él, «tiene tufillo a senderismo»1. Repudiable.
Prórroga incondicional
Como por el propio incumplimiento oficial del INAI hay poco margen político para no prorrogar la ley, el gobierno macrista aceptaría hacerlo pero con una maniobra: que sea por un plazo corto y creando un Consejo Federal de Territorios Indígenas para terminar el relevamiento, dándole cabida allí a los gobernadores que tienen conflictos de tierras con los originarios y buscan limitar sus derechos.
Cuando sale este periódico, el miércoles 27, representantes de comunidades mapuches, kollas, diaguitas, tobas, aymaras y wichís con el respaldo de numerosas organizaciones populares inician un acampe frente al Congreso para reclamar la prórroga de la Ley 26.160 por cuatro años y sin condicionamientos.
El MST, nuestra JS y la Red Ecosocialista acompañamos la movida, también por la libertad de Jones Huala y del referente wichí Agustín Santillán. La tierra debe volver a sus verdaderos dueños: los pueblos originarios y los que la trabajan, sin explotación, fracking ni agrotóxicos.
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