Durante los próximos meses seguramente vamos a seguir hablando del ajuste de Macri y los gobernadores, de las luchas sociales y de varios otros temas. Pero la agenda política nacional, tanto en las calles como en el Congreso, sin duda ya está marcada por el tema del aborto. Aquí van nuestras respuestas sobre los puntos clave que hoy están en debate.
- ¿Por qué Macri “habilitó” el debate parlamentario?
La razón coyuntural la había planteado hace un par de años su consejero Durán Barba: cuando las papas quemen, hay que instalar algún tema “tabú”. Y así lo hizo Macri frente al aumento de la bronca popular contra su plan de ajuste y despidos. Pero no sólo el aborto ya no es ningún “tabú” para la sociedad argentina, sino que en realidad el tema ya estaba en la agenda política, incluido el Conreso.
Así lo confirmó el masivo pañuelazo verde nacional del 19F que organizaron las compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, espacio colectivo que integramos. Como bien titula su nota un conocido periodista, el aborto es “el tema que la calle le impuso a la política”[1]. Y esta instalación social es mérito de la Campaña y de todo el movimiento de mujeres de nuestro país, que desde hace años y ahora como parte de la nueva ola feminista internacional viene luchando por sus derechos en general y por el derecho al aborto en particular.
Por eso hay que aprovechar esa victoria y empujar con todo por la legalización. Más aun sabiendo que el derecho al aborto nunca fue una bandera programática de Macri y por eso haber habilitado el debate parlamentario abre numerosas contradicciones.
- ¿Hablar sobre el aborto “tapa el ajuste”, como dice el PJ?
¡Para nada! Sería un grave error subestimar a la gente, y menos que menos a las mujeres y al movimiento feminista. Si los cantitos contra Macri se siguen extendiendo sin pausa en las canchas de fútbol y los recitales por todo el país es precisamente porque el pueblo trabajador, las mujeres y la juventud sabemos de sobra lo que son este presidente y este gobierno. Nada puede tapar los despidos, la inflación, los bajos salarios y jubilaciones, el recorte de planes sociales, sea en el país o en las provincias, así las gobierne Cambiemos o el PJ.
La versión infantil e interesada de que “las prioridades sociales no pasan por el aborto” proviene de espacios políticos que en ese tema son tan o más reaccionarios que la mayoría de Cambiemos: el PJ, el massismo, la burocracia sindical y algunos sectores del FPV.
¿Acaso no fueron todos los gobernadores del PJ, salvo el puntano, los que le firmaron a Macri su pacto fiscal de ajuste? ¿Acaso no fue con los votos del PJ que Macri logró aprobar su maldita reforma contra los jubilados? ¿De qué ajuste hablan, del que ellos son cómplices? ¿Y acaso se olvidan que durante 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, aunque el aborto fue un reclamo incesante de las mujeres y aunque tenían mayoría propia en ambas cámaras del Congreso, la orden política fue siempre cajonearlo por su pacto con la Iglesia Católica? Caraduras, afuera.
- ¿Cuál es la realidad del aborto en nuestro país?
Se estima que en la Argentina se practican entre medio millón y 600 mil abortos por año, cifra cercana a los 700 mil nacimientos anuales. Como en promedio uno de cada diez abortos termina en internación, significa que hay unas 60.000 internaciones al año. Miles de esas mujeres quedan con secuelas físicas y/o psicológicas leves, moderadas o graves, a veces la infertilidad total.
El aborto sigue siendo la primera causa de muerte materna. Según el Ministerio de Salud de la Nación hay casi 50 muertes de mujeres cada año como consecuencia de abortos infectados. Pero los propios organismos del Estado reconocen que en esa cifra hay un fuerte sub-registro, ya sea porque la mujer o los profesionales no denuncian que fue un aborto, porque lo registran como “otras causas” o porque a veces las mujeres ni siquiera llegamos al hospital porque nos morimos antes. La cifra real de muertes ronda las 150 cada año, casi una día por medio, todas ellas evitables si se legalizara el aborto y se pudiera practicar en forma gratuita y segura en los hospitales públicos.
- ¿Cuál es la situación del aborto en el mundo?
Como lo demuestra el mapa, prácticamente sólo en África y en América Latina aún carecemos del derecho al aborto. Más del 60% de las mujeres del mundo ya tienen ese derecho. Con la revolución bolchevique, Rusia fue el primer país en legalizar ese derecho en 1920, hace ya casi un siglo.
En todos los países en donde se legalizó el aborto, el número de muertes maternas por esa causa cayó a cero y a la vez se redujeron las cifras de abortos y de embarazo adolescente[2], ya que la legalización es acompañada por educación sexual y campañas en favor de la procreación responsable.
Por ejemplo en los Estados Unidos el aborto es libre hasta la semana 12, en Francia y Alemania hasta la semana 14, en Suecia hasta la semana 18 y en Gran Bretaña y Holanda hasta la semana 24. Por razones de riesgo de la salud o la vida de la madre y/o de graves malformaciones del feto, dichos plazos aumentan. El aborto también es legal en países de fuerte tradición católica, como España, Italia y Polonia.
- ¿Qué propone el proyecto de ley de la Campaña?
Firmado por 71 diputadas y diputados de distintos bloques políticos, el proyecto presentado establece en su artículo 1º que “en ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional”. A la vez, dispone que toda mujer o persona gestante tiene derecho a acceder a la realización de esta práctica en el sistema de salud “en un plazo máximo de 5 (cinco) días desde su requerimiento”.
El proyecto contempla tres casos en los que la mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo: 1) si este fuere producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente; 2) si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer; y 3) si existieren malformaciones fetales graves. Y obliga a todos los efectores del servicio público de salud, obras sociales y prepagas a la cobertura integral del aborto “sin ninguna autorización judicial previa”.
En cuanto a las menores, “si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse a una persona adolescente, entre los 13 y los 16 años de edad, se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento informado”. Si tienen menos de 13 años, será necesario “su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal”.
- ¿Por qué la “consulta popular” macrista es una trampa?
En el Senado, el jefe del bloque macrista presentó un proyecto para llamar a un plebiscito no vinculante con las siguientes preguntas: “1. ¿Está usted de acuerdo con la despenalización del aborto voluntario?” y “2. ¿Está usted de acuerdo con utilizar fondos públicos para financiar el aborto voluntario?”
Más allá de que no corresponden plebiscitos en materia penal, es otra maniobra a fin de evitar el aborto legal. Preguntar primero sobre “despenalizar” y luego, perversamente, sobre “utilizar fondos públicos para financiar abortos” es incitar a votar por Sí a despenalizar, que no resuelve nada, y por No a la legalización.
Es al revés: para evitar que sigan muriendo unas 150 mujeres pobres cada año hay que legalizar, y que así la mujer o persona gestante que decida interrumpir su embarazo no deseado lo pueda practicar en forma segura y gratuita en el sistema de salud.
Dicho sea de paso, algunos anti-aborto aluden al costo económico de legalizar. Desde ya, es una excusa barata del mismo gobierno que despide personal de los hospitales como en el Posadas. Además, nos ahorraríamos el costo de las 60.000 internaciones y las complicaciones. Y si aun así faltaran fondos, habría que anular los subsidios por más de $ 40.000 millones al año que reciben la Iglesia y la educación religiosa, enemigas de nuestros derechos. ¡Sobraría plata no sólo para atender bien los abortos y los partos, sino también para fortalecer los servicios de ginecología, obstetricia, neonatología y pediatría!
- ¿Qué diferencia hay entre despenalizar y legalizar?
El art. 85 del Código Penal castiga con prisión de uno a cuatro años a la mujer y a quien le practique un aborto. La pena sube hasta 10 años si fue sin consentimiento de la mujer. Si la paciente muere, la pena llega a seis años si lo había autorizado y a 15 si no lo hizo. El art. 86 agrega una inhabilitación por el doble de tiempo de la condena a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que practiquen el aborto o cooperen a hacerlo.
Hasta ahora el aborto sólo “se permite” si corre riesgo la vida de la madre o si el embarazo proviene de una violación. Como incluso esos abortos no punibles (ANP) eran obstaculizados por la justicia o el sistema de salud, en 2012 la Corte Suprema dictó un fallo que obligó al gobierno nacional a establecer un protocolo para realizarlos. Pero pese a sus limitaciones, en muchas provincias esa norma también se incumple o se demora tanto que el avance del embarazo vuelve impracticable el aborto.
Entonces, despenalizar es apenas quitar del Código Penal la potestad del Estado de castigar a quienes provocan un aborto. Hay otro proyecto similar del PRO, al que engañosamente intentan presentar como “intermedio”, para aceptar el aborto en caso de violación. O sea, incluir en el Código lo que ya aceptó la Corte.
Pero incluir una formalidad o despenalizar no implica ningún cambio concreto para las mujeres pobres y no tan pobres, muchas de las cuales seguirán muriendo porque no pueden pagar los 500 a mil dólares que hoy cuesta hacerse un aborto a nivel privado. ¡Por eso exigimos el aborto legal!
- ¿Por qué la “libertad de acción” también es tramposa?
Cambiemos, el massimo, el PJ y el FPV dan “libertad de acción” a sus legisladorxs. ¡Pero acá la única libertad de acción nos corresponde a quienes necesitamos abortar, no al Congreso! Los legisladores “pro-vida” no tienen ningún drama en hacer abortar a sus esposas, hijas y/o amantes. Y las legisladoras “pro-vida” también ganan 100 ó 120 mil pesos y pueden abortar en clínicas o consultorios privados, un gran negocio tolerado por la doble moral hipócrita de este sistema capitalista y patriarcal.
Por eso lo que deben hacer todos los bloques de Diputados y del Senado es reconocernos ese derecho básico votando a favor del aborto legal, y luego cada mujer, libremente y sin condicionamientos de ningún tipo, decidirá si lo ejerce o no. Esos derechos no pueden depender de la “libre acción” de tal o cual diputado. ¡El Congreso no podría negar el derecho al voto, a la salud y la educación, el derecho de huelga o la libertad de expresión! ¡Entonces que nos niegue el derecho al aborto!
La libertad de acción es tan mentirosa como la llamada objeción de conciencia, según la cual un funcionario o funcionaria pública podría negarse a brindar un servicio argumentando que contraría su convicción moral o religiosa. No va: todo funcionario tiene la obligación de garantizar los derechos reconocidos a la ciudadanía, que por otra parte es la que le paga el sueldo.
- ¿Por qué es vital el derecho al aborto?
El derecho al aborto es una cuestión de salud pública en primer lugar, pero también del derecho democrático y elemental a decidir, de derechos humanos porque así lo son los derechos sexuales y reproductivos, y también de justicia social. No se trata de debatir si es o no “vida” un embrión o un feto inviable fuera del útero: sobre eso hay decenas de posturas científicas, filosóficas, religiosas y políticas diferentes. ¡Lo que pretenden ocultar los falsamente autodenominados “pro-vida” son las 150 vidas de mujeres que se pierden cada año por abortos clandestinos e indignos!
El complemento necesario del aborto legal para no morir incluye la Educación Sexual Integral (ESI) para decidir y los anticonceptivos para no abortar. Da gracia oír hablar ahora de la necesidad de la educación sexual a la Iglesia o a las corrientes evangelistas, que siempre la rechazaron. O al gobierno macrista, su ministro de Educación y los ministerios provinciales, que incumplen la Ley 26.150 de ESI y recortan la capacitación docente y la edición de materiales.
Exigimos ESI en todo el sistema educativo, público y privado, con perspectiva de género. También la provisión y producción pública de misoprostol y mifepristona (medicamentos abortivos) y que la ANMAT los reconozca como de uso ginecológico. El protocolo de ANP se debe aplicar sin restricciones en todo el país. Y rechazamos toda persecución a las mujeres que abortan y a las médicas y médicos que garantizan el acceso a los ANP.
- ¿Cómo logramos que se apruebe la ley?
El 20 de marzo habrá un plenario de las cuatro comisiones de Diputados que deben tratar la ley de aborto: Legislación General, Salud, Familia y Legislación Penal. Luego se convocaría a audiencias públicas en todo el país y a mediados de año el tema iría al recinto para ser votado.
Para vencer todas las maniobras y presiones en contra hay un solo camino, como ya lo demostró la historia: la movilización popular masiva, con organización y unidad en la diversidad. La ley la votará el Congreso, pero la pelea la ganamos sí o sí en las calles. Así fue como la comunidad LGBTI conquistó las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género y así lograremos la ley de aborto, esa deuda pendiente de esta democracia.
El 20M tenemos que movilizar al Congreso con fuerza y lo haremos toda vez que haga falta. Y cada diputado o diputada, y cada senador o senadora, deben saber que si no votan a favor del aborto legal tendrán un estruendoso repudio social y los escracharemos como lo que son: defensores de la muerte y enemigos de nuestros derechos.La revolución feminista que se volvió a expresar este 8M es la garantía de nuestra victoria.
[1] Julio Blanck, Clarín, 8/3/18.
[2] En la Argentina hay 3.000 niñas-madre por año, de 10 a 14 años.
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