Acuerdo Corte – Gobierno por una reforma judicial Aunque la mona se vista de seda…

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El gobierno, a través de su ministro Garavano, se reunió con algunos ministros de la Corte con el objetivo de avanzar en la demorada “reforma judicial”.

Estos intentos de cambio, de una de las estructuras más arcaicas del país, se dan en el marco del nivel más bajo de credibilidad social de la Justicia y cruzado por una serie de “fracasos” judiciales que complican a la Corte y al propio gobierno. En el ambiente también es necesario considerar los intentos de avanzar en medidas represivas por parte del macrismo.

No te cree nadie

La Justicia, como institución, tiene el porcentaje más bajo de reconocimiento del conjunto de las instituciones del régimen político. Bastante menos del 20% de la población cree en la justicia y ese porcentaje cae aún más en las capas medias y en la juventud.
La razón fundamental es que este “poder” ha sido partícipe necesario del sostenimiento de todos los gobiernos, sus planes de ajuste y el ocultamiento de los múltiples crímenes contra lo público, casos de represión y demás.
Los años sin saber la verdad sobre los atentados de la AMIA y la DAIA, la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, los asesinatos de Kosteki y Santillán, la segunda desaparición de Julio López, el asesinato de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, la masacre de Cromañón, Once y los innumerables casos de corrupción estatal, de asesinatos responsabilidad del Estado y el número irrisorio de ex funcionarios condenados y presos, es la causa de ese desprestigio completamente fundado.
Como contrapartida del permanente favor a los poderosos, la justicia se ha caracterizado por desoír las voces de las miles de víctimas de este modelo de acumulación mediante el saqueo y la estafa a las grandes mayorías, por parte de un puñado de ricachones.
Esa inmunidad del poder alcanza por supuesto a los propios jueces, que además están rodeados de privilegios, sueldos exorbitantes y cargos vitalicios.
Un verdadero combo de la injusticia, que enciende las alarmas en las alturas, ya que es notoria la necesidad de la justicia para sostener el actual orden de cosas. La reforma impulsada en común (aunque con roces) entre el gobierno y la corte, tiene esa base fundamental, la de cambiar algunas cosas, para que nada cambie de fondo.

Poco pan, mucho circo, cero justicia

Con la liberación de Luis D´Elía, Carlos Zannini, Cristóbal López y la posible liberación de Lázaro Báez, la etapa del circo de las prisiones preventivas empieza a llegar a su fin. Después de dos años de mucha cámara y poco avance en las causas, las mismas están empantanadas, lo poco que se avanzó mostró un entramado en el que los actores de las corruptelas no se distinguen por partido político sino por clase y modus operandi, los negocios no son K o anti K, sino que se juntan todos para estafar al conjunto del pueblo que vive de su trabajo, repartiéndose los beneficios y liquidando lo que debería ser de todos.
Esta cacería judicial, que permitió al macrismo mostrar una actitud proactiva frente a la corrupción del pasado justo en el momento en que desplegaba un monumental ajuste, se está encontrando con los límites del sistema judicial y eso apura los tiempos de una reforma que ya había sido anunciada, pero no había logrado romper la resistencia del poder judicial.
Presionados por el descreimiento, acorralados por el circo que montaron, buscan una nueva puesta en escena que esconde en su fuero interno una vuelta represiva en la justicia, poniendo por delante del contenido social de la misma sus aspectos administrativos. Horas de trabajo, digitalización de procedimientos, mayor personal, recorte en las apelaciones, endurecimiento de penas y retiro de beneficios para algunos delitos, etc.
Son los títulos que ya circulan por los pasillos de tribunales y Olivos. Por los mismos pasillos ronda el espíritu de la doctrina Chocobar, esperando ansioso para colarse en los pliegues del nuevo decorado.

Con reformar no alcanza, hay que dar vuelta todo

La reforma judicial que pretenden impulsar el gobierno y la corte no es más que “agilizar” y “optimizar” recursos para garantizar un “mejor servicio de justicia”. Colando en el medio un endurecimiento de las penas y una modificación de los procedimientos que apuntan centralmente a golpear a las mayorías, adaptando al poder judicial, como siempre, a las necesidades del ejecutivo.
Por eso rechazamos de plano estas cortinas de humo que solo buscan confundir sobre las verdaderas causas de que la justicia actúe como actúa. Esta causa no es más ni menos que su pertenencia al sector social minoritario que utiliza los tres poderes del Estado para imponer sus condiciones a las grandes mayorías populares. Nada bueno puede venir de una reforma cocinada en las mismas paredes que se cocinan las injusticias, con los mismos cocineros y las mismas recetas.
Al igual que en el gobierno, el parlamento y en todas la instituciones del Estado, lo que necesitamos es demoler sus mecanismos y construir una nueva institucionalidad al servicio de las mayorías. Para lograr ese objetivo, los socialistas tenemos un programa. Te invitamos a impulsarlo juntos.

Algunos puntos para revolucionar el poder judicial

Tal como lo desarrollamos en la nota precedente, entendemos que la institución judicial está “podrida” desde los cimientos. Por eso, lejos de las reformas cosméticas o discrecionales que impulsa el gobierno, necesitamos generar cambios profundos, que no se detengan solo en la forma sino que apunten a sacar a la luz el verdadero carácter pro empresarial y lacayo del capital que tiene el actual sistema judicial. Para eso proponemos:

Elección de los jueces y fiscales por voto popular. Mandatos revocables. Salarios iguales a los de una directora de escuela con 10 años de antigüedad. Ningún privilegio que los distinga del pueblo trabajador. Obligatoriedad de utilizar escuelas y hospitales públicos.
Creación de jurados populares en todos los fueros y jurisdicciones. Creación de comisiones investigadoras independientes con personalidades idóneas ante casos de resonancia pública. Monitoreo, en el camino del control social de la justicia, por parte de organizaciones de derechos humanos, sindicatos, familiares de víctimas de gatillo fácil, y otras instituciones democráticas. etc.
Auditoría pública de la actuación de jueces y fiscales. Separación del cargo de todos los señalados en casos de corrupción. Auditoría de las cuentas del Poder Judicial. Equidad entre tareas y salarios en los distintos escalafones del poder judicial. Mecanismos transparentes de desarrollo de la carrera judicial.
Paridad de género en todo el poder judicial. Formación en perspectiva de género y respeto de las disidencias sexuales.
Ningún beneficio para genocidas. Cárcel común perpetua y efectiva. Duras sanciones para los casos de gatillo fácil. Abajo la doctrina Chocobar. Cualquier miembro de fuerzas de seguridad que asesine es culpable hasta que se demuestre lo contrario.

Martín Carcione

 

 


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