Las detenciones arbitrarias de delegados y activistas confirman la línea oficial de criminalizar los reclamospopulares. Lo mismo busca la reforma del Código Penal. Repudiamos este avance represivo y exigimos la libertad de Daniel Ruiz y de todas las presas y presos políticos.
En marzo, el Laboratorio Craveri echó a 47 laburantes y se desató un conflicto. Pese a la negativa patronal, el 3 de abril los cinco delegados entraron a la planta a hacer una asamblea. Por orden de la Fiscalía Contravencional 26 la policía entró y los detuvo bajo falsos cargos. Más tarde, por la presión gremial, fueron liberados.
El mismo 3 de abril, antes de la marcha de sectores de la CGT y las CTA, en La Plata la policía detuvo a cuatro choferes y ex trabajadores de la Línea Este. La orden la dio la fiscal Virginia Bravo, de la UFI 7, por un conflicto gremial ocurrido en 2017 en contra de despidos y por mejores condiciones de trabajo.
Entrar a una empresa a llevarse delegados o detener activistas la noche previa a una marcha son métodos que, de alguna manera, evocan el accionar de la Triple A o la dictadura. La policía y la justicia actúan en favor de las patronales y el gobierno con descaro y avasallando derechos y garantías constitucionales.
Lo mismo pasa con la injusta prisión preventiva de Daniel Ruiz, obrero y militante del PSTU, detenido por la marcha del 18D de 2017 contra la reforma jubilatoria: lo acusan de “delitos”excarcelables, pero el gobierno lo retiene desde hace casi ocho meses como un ejemplo para disciplinar al activismo.
No a la baja y la reforma penal
Con la idea de aprobarlo antes de junio, Macri y su ministra Bullrich enviaron al Senado su proyecto de reforma del Código Penal. Si bien despenaliza la tenencia de drogas para consumo personal, todo el texto tiene un claro objetivo punitivista: propone endurecer las penas para varios delitos, en especial las figuras jurídicas que se aplican contra las luchas sociales y contra el derecho al aborto.
A la vez, en Diputados se inicia el debate sobre otra norma de “mano dura”: el nuevo régimen penal juvenil, que incluye bajar la edad de imputabilidad a 15 años. Si ya el gobierno K defendía bajarla a 16 años, Macri y Bullrich quieren empezar aun antes. Pero toda la experiencia mundial y nacional -incluidas las fracasadas leyes Blumberg- demuestra que aumentar el poder punitivo del Estado nunca reduce el nivel de delito: lo único efectivo son las medidas de prevención, antes de que ocurran los hechos. Más aún para la niñez y la adolescencia, que necesitan políticas públicas de inclusión social y no de exclusión ni de castigo.
Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia estamos preparando una marcha unitaria a Congreso para cuando comience el debate del régimen penal juvenil, previsto para el 9 de mayo.
Pablo Vasco, CADHU-MST
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