La pandemia no puede esconder los intereses que defiende el gobierno. Si hablamos de subsidios, mientras financia a los ricos, a los sectores populares los hacen beneficiarios de un ingreso de emergencia insuficiente y que no llega a todos, como así también pacta la rebaja salarial de miles y miles de trabajadores en todo el país.
Escribe: Cele Fierro
En los primeros días de la cuarentena, el gobierno anunció el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores informales, monotributistas (categoría A o B), que llegaría a 3.600.000 mil hogares, y consistirá en un pago único de $10.000, a percibir durante el mes de abril. Además de una suma insuficiente, superó ampliamente el número de solicitudes de lo estipulado y se lo asignaron a 9 millones, y quienes accedieron, en algunos casos lo cobrarán recién en junio. Ahora anunciaron que se realizará un segundo pago. Igual, lejos está de lo declarado por el ministro Moroni cuando presentó el IFE, «estará orientado a lograr que el Estado Nacional llegue a familias que hoy en día no están protegidas por otras prestaciones, y, que en esta situación, no tienen la posibilidad de continuar ejerciendo sus trabajos», hay 4 millones que se inscribieron y no lo lograron percibir.
Subsidios y subsidios
Un mes después, en abril, el gobierno lanzó un programa de «Asistencia al Trabajo y la Producción» (ATP), con el que financia a las empresas para cubrir el pago del salario de sus trabajadores en contexto de pandemia y cuarentena por el coronavirus. El Estado llegaría, en algunos casos, a pagar hasta el 50% del salario.
Esta política despertó numerosas polémicas desde el inicio, ya que como lo demostró el tiempo, todas las empresas que demostraran pérdidas desde el inicio de la cuarentana podían acceder, sin tener en cuenta el capital de las mismas y si tienen o no espalda para hacer frente a la situación actual.
Con el correr de los días se difundió el nombre de las empresas que recibieron el subsidio, entre las que se cuentan firmas millonarias como Techint, Clarín, Latam, Vicentin o la Sociedad Rural, solo para nombrar algunas, hay más. Y de ellas, en el caso de Techint y Latam, hasta incluyeron en la lista para cobrar el subsidio a CEOs, un escándalo.
Contrasta también con la situación que denuncian desde la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), dado que no están incluidas en el programa, y no reciben asistencia los 18.000 trabajadores.
Salarios de pobreza
Previo a la pandemia, veníamos de un fuerte golpe a los salarios de las y los trabajadores. Se terminó 2019 con la inflación más alta de los últimos 30 años y se perdió alrededor de un 20% del poder adquisitivo.
Con los datos que proporcionó el gobierno sobre los subsidios de ATP en el boletín oficial, se ve que un 44.5% de las y los trabajadores privados, que fueron inscriptos para este subsidio, cobran menos o igual que dos salario mínimo vital y móvil ($33.750). Según el último informe del INDEC, una familia de 4 integrantes necesitó en el mes de abril $42.594 para no ser pobre, lejos están de ese número.
Pero comparando con el informe que presentó la Junta Interna de ATE INDEC, donde explicaban que la canasta de consumos mínimos, a finales de abril, ascendía a $67.371.60 para un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos (de 6 y 9 años), que es lo que cada trabajador debería tener por ingreso para cubrir los gastos de su núcleo familiar. Comparando este informe con los datos que proporcionó el gobierno sobre ATP, asciende a un 84% los trabajadores privados que no llegan a este ingreso.
A esto hay que sumarle, el nuevo verso para las y los jubilados. El gobierno salió con bombos y platillos a dar a conocer el aumento de un 6% a las jubilaciones. Esto esconde dos cuestiones:1) El aumento de la mínima, hace que lleguen a $16.864, muy por debajo de la canasta para adultos mayores. 2) Si no se hubiera eliminado la movilidad, que recién este año tendría beneficio para jubilados y pensionados, el aumento hubiera sido de 11%. Datos, no opinión.
Pobreza: crece, aunque no la muestren
En este contexto, y con los datos que estuvimos reflejando, no hay dudas que al aumentar el costo de vida y los salarios no hacerlo, sumado a los despidos, suspensiones y rebajas salariales, la imposibilidad de salir a trabajar para quienes viven el día a día, y la ayuda del Estado es insuficiente, la precarización de la vida se agudiza y la pobreza crece.
Los índices de pobreza llegaban a un 35% según los informes oficiales previo a la pandemia, y por más que en el último informe del Observatorio de la UCA, no se haya incluido este índice, los datos que da a conocer son alarmantes. Un 58% de los hogares en el AMBA sufrieron caída de los ingresos. «Hay una capa de clase media baja, obreros o empleados de servicios, pequeños comerciantes, autónomos, que dependían fundamentalmente de su trabajo y que cayó abruptamente su situación económica teniendo efectos sobre el consumo básico y alimentario. Cayeron sus ingresos o perdieron sus empleos y el nivel de contención sobre ellos es muy débil: tenían ingresos de 30 a 40 mil pesos que en el mejor de los escenarios lo cubre un IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) de 10 mil pesos», explicó Agustín Salvia del Observatorio.
La situación en muy compleja si hablamos de la situación de niñas, niños y adolescentes. En informes anteriores se expresaba que el 50% en nuestro país estaban por debajo de la línea de pobreza. Y ante crisis socio sanitaria y económica que estamos viviendo, la situación de las y los menores más vulnerables se agravaría este año, según el informe de UNICEF Argentina de la última semana, en que plantea que, para finales de 2020 la pobreza llegaría a 700 mil más que hoy, llegando a 7,7 millones.
Que la pandemia no esconda el ajuste
Como va quedando claro, mientras a las patronales se las beneficia, no les ponen condicionantes, a trabajadores activos y pasivos ajustan, aunque pretenden ocultar con la excusa de la pandemia.
Para llevar adelante políticas que estén orientadas a realmente beneficiar a trabajadores y sectores populares haya que tocar los intereses de las patronales, grupos económicos, hay que tocar los intereses de los ricos de este país. Por eso es necesario avanzar en un nuevo sistema tributario, donde paguen más los que más tienen. Poner un fuerte impuesto a las grandes fortunas, de forma permanente. Tomar el control del sistema bancario para, por ejemplo, terminar con la fuga de divisas (como hicieron muchas de las empresas que ahora solicitan la ayuda del Estado), del comercio exterior, estatizando la decisión de lo que se importa, exporta, como así también lo que se produce. Y utilizar toda esa masa de dinero para garantizar salarios al costo de vida real para todas y todos los trabajadores, como ingresos de emergencia no menores a los $36.000. Dejar de garantizar las ganancias de los capitalistas, como así también el pago de la usurera deuda externa, son las primeras medidas para avanzar en políticas de Estado para las mayorías.
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