Como problema real, aunque amplificado por políticos y periodistas opositores, la falta de seguridad es tema cotidiano. Sus causas clave. El rol de la policía. Nuestras propuestas.
Escribe: Pablo Vasco
No es sólo que “los medios visibilizan los delitos”, como arguye la ministra Frederic. Hay barrios que son tierra de nadie, con pequeños negocios que sufrieron dos, tres o más robos en la cuarentena. En Quilmes, le roban a un jubilado y éste termina asesinando a uno de los chorros, tirado en el suelo y desarmado. En Almirante Brown, se llevan el auto de una mujer con su hijo adentro. En Casanova, un grupo de vecinos apaleó a un ladrón. En Rosario, un fiscal tuvo que renunciar por cobrar coimas a empresarios del juego y está implicado el fiscal general. En José C. Paz, el intendente peronista encubre la venta de falopa. En San Isidro, un fiscal, su secretario y abogados amigos van presos por quedarse con droga decomisada. En Azul, el comisario de Drogas Ilícitas fue detenido por armar causas falsas por narcotráfico…
Noticias así son de cada día, confirmando que la falta de seguridad existe y que la policía, la justicia y el poder político son parte de ella. El propio Estado capitalista produce inseguridad: mientras la Bonaerense desaparece a Facundo, el jefe K de esa fuerza, Sergio Berni, se pasea ametralladora en mano y se candidatea con videos estilo Rambo. Por supuesto, repudiamos que a cualquier persona honesta que vive de su trabajo un lumpen desclasado le afane, a menudo con violencia, lo que tanto cuesta ganar.
La mano dura ya fracasó
Primero vamos a desmentir algunas falacias típicas del punitivismo, así venga de exponentes como la macrista Patricia Bullrich, de Berni o de quien sea:
“Si se ponen penas más duras, antes de salir a robar lo van a pensar mejor”. Falso. En 2004, con Néstor Kirchner, se votaron las leyes Blumberg. En 2016, con Macri, se endureció la ley de ejecución penal. Y la tasa de encarcelamiento crece sin pausa(1). Pero la criminalidad no baja. Es que el castigo penal no disuade y además llega tarde, cuando el delito ya se cometió.
“Los inmigrantes traen inseguridad, porque vienen al país a delinquir”. Además de xenófobo, falso. Según los informes de la Procuración Penitenciaria de la Nación(2), el índice de delictividad de los extranjeros es el mismo que el de los argentinos nativos.
“Los delincuentes no respetan los derechos humanos de las víctimas”. Falso. Sólo el Estado tiene la obligación, la capacidad y la responsabilidad indelegable de proteger los derechos humanos(3). Por ende, únicamente el Estado los puede violar.
“Los chorros entran a prisión por una puerta y salen por la otra”. Falso. Según el último informe de la SNEEP(4), el 45% de los detenidos en cárceles federales aún está bajo proceso y sin condena firme, o sea es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Otras fuentes estiman que es más del 50%.
“Ahora hay más inseguridad porque el gobierno nacional liberó a miles de delincuentes por la pandemia”. Doblemente falso. Primero, la orden la da el Poder Judicial. Segundo, “desde marzo hasta junio, sólo 500 presos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) consiguieron que se les otorgue la prisión domiciliaria por ser población de riesgo”(5).
Desde ya, no queremos que quede impune ningún delito real: deben ser juzgados en juicios con garantías y castigados como corresponde. Pero con la cuestión de la inseguridad pasa lo mismo que en tantos otros ámbitos de la vida: de nada sirve atacar los efectos si a la vez no se combaten las causas que los producen. Si no, es totalmente inútil por no decir absurdo.
Cuatro causas de fondo
1. La desigualdad social, no la pobreza
Los expertos de todo el mundo coinciden en que la razón número uno del delito es el aumento de la brecha social: se concentran cada vez más riquezas en un polo minoritario de la sociedad, mientras que en el otro polo, mayoritario, se extienden la pobreza y la miseria. Según los últimos datos del INDEC, en la Argentina el 10% más pobre de la población ocupada posee apenas el 1,3% del total de ingresos, mientras que el 10% más rico concentra el 28,9%6. Para la amplia mayoría, la posibilidad de mejora social se terminó hace rato.
2. La exclusión y marginalidad juvenil
Los jóvenes que no acceden a la educación ni a un trabajo remunerado, los ni ni, son un fenómeno mundial y creciente del capitalismo. Según la OIT, “la franja poblacional de 15 a 24 años que cumple con estos requisitos pasó de 259 millones jóvenes en 2016 a 267 millones en 2019”7. Y la pandemia agudiza esto. Como más de la mitad son mujeres, muchas de las cuales cuidan a sus hijas e hijos u otros familiares, son sobre todo varones los que terminan reclutados por las mafias como mano de obra barata. A poco de asumir Alberto, que prometía un ambicioso plan de pasantías juveniles, los varones ni ni de 18 a 25 años eran casi 600.0008.
3. El modelo: la impunidad del poder
Como lo hemos planteado en una nota anterior: “El tercer componente de la inseguridad es el pésimo ejemplo que viene del poder político y económico, con su corrupción e impunidad. Si los funcionarios de gobierno y grandes empresarios coimean, curran fondos públicos y siguen piolas; si además no se puede estudiar ni laburar de nada, y si encima no hay perspectivas de mejorar a futuro, se completa fácilmente el combo social que empuja a delinquir”9. En plena pandemia, el gobierno de Alberto compró alimentos con sobreprecios y el de Larreta hizo lo mismo con barbijos. Si altos funcionarios políticos roban plata pública destinada a comida y salud, es evidente que el modelo ético que habilitan hacia abajo es el todo vale.
4. La policía es parte integrante del problema
Es equivocado suponer que más policía o más gendarmería significa más seguridad. Primero, porque cuando reprimen las luchas causan heridos y a veces muertos, y con el gatillo fácil y los asesinatos en comisarías o cárceles matan a razón de una persona por día, en general jóvenes y pobres. Y segundo, porque son las mismas fuerzas corruptas que coimean, liberan zonas y pactan negocios con los narcos, desarmaderos y proxenetas. Esos delitos económicamente organizados prosperan gracias al amparo del Estado. A veces la cana hasta obliga a los pibes a robar para ella. Y lo mismo el sistema penitenciario, que en vez de ayudar a la reinserción social alienta más delito y violencia.
Seis propuestas socialistas
1. Un plan urgente de inclusión juvenil
Como primera medida de emergencia proponemos aplicar un plan de shock de reinserción social para la juventud, con becas de terminalidad escolar y programas de primer empleo sin precarización, con salarios y condiciones dignas. Esta política permitiría rescatar de la marginalidad a cientos de miles de pibes e implicaría un rápido y genuino desaliento a la variante de caer en conductas delictivas.
2. Otro modelo económico-social
Si la causa central del delito es la brecha social, hacen falta planes opuestos a los ajustes capitalistas. Por caso, gravar con altos impuestos a las grandes fortunas, corporaciones y bancos, y no pagar esa estafa llamada deuda externa a los fondos buitres y al FMI. A esos grandes delincuentes de guante blanco, que fugan y evaden, hay que atacarlos en donde más les duele: el bolsillo. Por cierto, toda esa plata se debe volcar a revertir la desigualdad social.
3. Anular todos los privilegios políticos
Como ejemplo de ética pública desde el poder hacia la sociedad, hay que terminar con los privilegios de los funcionarios políticos, del presidente al último concejal: rebajar sus sueldos a lo que gana un/a trabajador/a, obligatoriedad por ley de educar a sus hijxs en la escuela pública y atenderse en el hospital público. También revocar sus cargos si incumplen sus deberes y embargar sus bienes hasta restituir lo robado si malversan fondos públicos.
4. Impulsar la autoorganización vecinal
Nadie mejor que los mismos vecinos y vecinas para saber qué tipos de delito proliferan en sus barrios, en dónde están, cómo prevenirlos y combatir a sus responsables. Por eso proponemos la organización comunitaria para implementar medidas de prevención y autodefensa: sistemas de alarmas y cámaras, grupos de whatsapp, rondines de control y otras. En algunos barrios ya se está haciendo, incluso con pasacalles de alerta a los delincuentes.
5. Democratización real del sistema judicial
La reforma de Alberto no incluye ni una sola medida para el fin que promete: una justicia independiente del poder político. La única forma de lograrla es anular los Consejos de la Magistratura, en donde el poder pacta y canjea las designaciones, y democratizar todo el funcionamiento por una doble vía: 1) elegir los jueces y fiscales por voto universal, con mandatos limitados y revocables; y 2) disponer los juicios por jurados populares para todo delito con pena mayor a los tres años de prisión. Sólo así la justicia no dependerá del poder político, sino de la intervención social.
6. Disolver la policía y demás aparatos represivos
No van las reformas, sino un cambio de raíz: a esta policía, tal como a las fuerzas de seguridad y militares, hay que disolverlas. No traen ninguna “seguridad”, ni “cuidan las fronteras” ni “defienden a la patria”: como brazo armado de la burguesía que son, su rol fundamental es reprimir a la clase trabajadora, a la juventud y al pueblo todo para defender la sacrosanta propiedad privada capitalista. En el marco de una nueva sociedad, entonces, habrá que construir nuevas estructuras de vigilancia y seguridad, distintas por completo, de carácter esencialmente preventivo y no represivo, democrático y con participación social.
Durante el período de transición, y con esa disolución como eje programático, se pueden levantar otros reclamos parciales adecuados a la situación: desfinanciar a la policía y su equipamiento represivo; depurar a todo jefe y agente involucrado en hechos de represión social, corrupción u otros delitos; prohibir por ley la represión a la protesta social; control vecinal y de los organismos de derechos humanos con derecho a revocatoria de los comisarios; disolución de la AFI10 y demás organismos de inteligencia. Con certeza estas medidas ayudarían a debilitar el accionar represivo, pero sin omitir la necesidad de disolver todo ese aparato.
La política revolucionaria hacia la policía
Por su naturaleza, por su marca de origen, la policía es una de las fuerzas represivas del Estado. En ese sentido, “el obrero, convertido en policía al servicio del Estado capitalista, es un policía burgués y no un obrero”, decía Trotsky(11). Esto no niega que las corrientes revolucionarias, como parte de la lucha por el poder obrero y popular, debamos tener una política hacia la policía, las fuerzas armadas y de seguridad, en el camino de debilitarlas, dividirlas, neutralizarlas y derrotarlas. Ya hace un siglo la Tercera Internacional dirigida por Lenin y Trotsky, entre las 21 condiciones que les exigía a los partidos comunistas para poder integrarla, establecía la condición Nº 4: “la necesidad absoluta de desarrollar una propaganda y una agitación sistemática y perseverante entre las tropas”, ya que “negarse a ello sería una traición a las exigencias del deber revolucionario, y por consecuencia incompatible con la afiliación a la Tercera Internacional”(12).
Pero esa orientación general no significa repetir las mismas consignas para todo tiempo y lugar. Precisamente, para ser transicional en el sentido leninista y trotskista, debe partir de tomar en cuenta las circunstancias concretas. Con la agudización de la crisis capitalista, por ejemplo, hoy todos los gobiernos burgueses tienden a acentuar sus rasgos autoritarios y represivos. Compran armas modernas, elitizan lo más posible a sus cuerpos militares y policiales, y montan brigadas especiales antidisturbios y “antiterroristas”. Se preparan para una perspectiva de nuevas rebeliones, insurrecciones y revoluciones. Así, por ahora no vemos en la policía grietas salariales notorias ni otras contradicciones significativas que nos permitan incidir con la consigna de sindicalización de los agentes u otras similares.
Aunque esa consigna puede ser útil ante huelgas policiales por salario o en un contexto de convulsión social, ya que busca quebrar el verticalismo orgánico, no la consideramos adecuada en la situación actual. En general, sólo cuando surgen procesos de ascenso revolucionario y giro a izquierda de masas, que repercuten y hasta abren crisis dentro de las fuerzas de seguridad y armadas, es posible intervenir con este tipo de consignas.
De todos modos, en caso de rebeliones y agudos enfrentamientos sociales, el mejor argumento para “convencer” a la policía de no reprimir al pueblo trabajador es una sólida autodefensa y armamento de éste. Tal es la tarea decisiva e insustituible que el partido revolucionario debe proponerles a la vanguardia y a las masas en lucha para asegurar la toma del poder cuando llegue el momento.
Ahora bien; no es que los gobiernos derechistas se estén tornando más represivos y, en cambio, sus pares populistas no. Cuando en 2008 Macri creó la Policía Metropolitana, y aun sabiendo que pondría de jefe al Fino Palacios, a diferencia de nuestro bloque legislativo, que se opuso, el kirchnerismo votó a favor junto con el PRO. Hoy roces entre Frederic y Berni existen, pero comparten estrategia. Con distintos discursos, todas las alas burguesas coinciden en reforzar el rol policial y militar para disciplinamiento y control social. Por eso los unifica Alberto, que llama a “dar vuelta la página” de la dictadura genocida, elogia una y otra vez a las FF.AA., les aumenta el salario y las equipa, ordena ciberpatrullar las redes y despliega cada vez más policías y gendarmes en las calles y los barrios populares. Como se viene ajuste y resistencia social, lo que preparan es represión. Y a eso habrá que resistir y responder.
Otro debate picante: la tenencia y uso de armas
A partir de cierta “normalización” delictiva tras la relativa calma al inicio de la cuarentena, resurgió en algunos medios la polémica sobre el uso particular de armas frente al delito. Desde ya, hay sectores de derecha, fundamentalistas de la mano dura, que promueven la vertiente civil del gatillo fácil policial: carta blanca para matar chorros como sea.
Ya en la nota principal señalamos nuestra propuesta de autoorganización vecinal en los barrios para cumplir tareas de prevención, disuasión de la delincuencia y repeler sus eventuales ataques. Como es obvio, para que tal autodefensa comunitaria sea efectiva, debe incorporar entre sus herramientas la facultad de utilizar armas.
Pero también algunas voces, en nombre de “evitar una escalada de violencia” u otros slogans de tinte pacifista, sostienen que el acceso, entrenamiento y uso de armas de fuego es una potestad exclusiva y excluyente de los cuerpos armados del Estado: ejército, policía, gendarmería, prefectura y demás. Intenciones aparte, es un error total.
Primero, porque consagra el monopolio de la fuerza en manos del aparato armado de la clase capitalista para sostener a sangre y fuego este sistema de explotación y opresión. Segundo, porque implica desarmar al pueblo trabajador para poder defenderse de dicha represión y también de la delincuencia, sea individual u organizada.
Por ambas razones, desde el socialismo revolucionario sostenemos el pleno derecho democrático a la tenencia y al uso de armas por parte de la clase obrera, la juventud y los sectores populares. La policía y demás fuerzas represivas no nos “cuidan”: nos reprimen. La única garantía de seguridad y defensa está en nuestras propias manos.
1. 46.000 detenidos con Néstor, 52.000 con Cristina, 70.000 con Macri, 92.000 con Alberto.
2. En la web ppn.gov.ar
3. Son los derechos inherentes a todas las personas, sin distinción alguna.
4. Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).
5. Página 12, 31/7/20.
6. Evolución de la distribución del ingreso, primer trimestre de 2020.
7. Tendencias mundiales del empleo juvenil 2020.
8. Clarín, 5/11/19.
9. Jubilado mata chorro… ¿Y después?, en la web mst.org.ar, 23/7/20.
10. Agencia Federal de Inteligencia, la ex SIDE.
11. La lucha contra el fascismo en Alemania, 1932.
12. Resolución sobre las 21 condiciones, II Congreso de la Internacional, Moscú 1920.
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