Escribe: Carlos Carcione
El acuerdo alcanzado por el gobierno de Fernández con los bonistas en agosto y el inicio de la renegociación con el FMI a partir de septiembre1 serán recordados, cuando baje la niebla que provoca la pandemia, como el fraude más monumental, más ilegitimo y más odioso de la historia argentina. Un fraude que compromete como pocas veces antes el futuro del país. Como ha ocurrido con todos los gobiernos capitalistas anteriores, esta reestructuración es presentada como un éxito y la base sobre la cuál volver a crecer. Un mito indemostrable para justificar el saqueo.
Estos cuestionables acuerdos de reestructuración están siendo además acompañados por una poderosa campaña mediática de formación de sentido común según la cual es mejor acceder a los requisitos exigidos por los acreedores privados o institucionales del capital financiero ya que de lo contrario se produciría una catástrofe. Y por otra parte se insiste en que sin importar la legitimidad de origen, habría que asumir las deudas por ser provenientes de gobiernos elegidos. Aquí queremos mostrar que estos argumentos son completamente falsos y que justamente cuando se desconocieron este tipo de endeudamientos fraudulentos y odiosos fue cuando los países pudieron ponerse de pie y los sectores populares tuvieron mejores condiciones para luchar por sus derechos.
Una deuda odiosa
El concepto de deuda odiosa que en el país trabajó en profundidad Alejandro Olmos, hasta lograr incluso impulsar una causa judicial que fue tramitada por el Juez Jorge Ballesteros, logró identificar más de 470 delitos cometidos por el Estado Argentino y empresarios privados. Esta doctrina presentada por el jurista ruso Alexander Sack en la década del 20 del siglo pasado, aunque es cuestionable su carácter conservador y en algunos caso colonialista, explica desde el punto de vista jurídico que una deuda puede ser desconocida cuando se demuestra que no fue contraída en beneficio de la nación o del pueblo, sin importar si el origen del gobierno que la contrae es despótico o electoral. Por lo que el argumento del ministro de producción de Alberto Fernández, Matías Kulfas, de que habría que honrar la deuda contraída por Mauricio Macri por haber sido ese un gobierno electo y por lo tanto democrático, es desmentido por la doctrina de Sack. Esto queda claro en muchos trabajos realizados entre otros por Eric Toussaint, director del Comité por la anulación de las deudas ilegítimas2. Por otra parte la doctrina establece responsabilidad de los acreedores al otorgar préstamos sobre los que hay posibilidades de que no puedan ser honrados sin provocar enormes sufrimientos al país y su población.
Además de la causa Olmos, hay múltiples indicios posteriores de que la deuda externa del país es ilegítima y fue contraída contra los intereses populares. Pero uno de esos indicios, quizás de los más claros, es la deuda contraída por el gobierno de Macri con el FMI. Según fue develado por Mauricio Claver, asesor de Trump para América latina,3 quien reconoció a los medios que, consultado por Cristine Lagarde sobre qué hacer con el pedido de crédito hecho por Macri, la opinión del gobierno de Estados Unidos era ayudar al presidente de Argentina para que pudiera hacer frente a su reelección. Por lo tanto el FMI concedió el crédito más grande de su historia contra la opinión de sus técnicos y, como denunció el propio presidente Fernández en contra de la Carta Orgánica del Fondo. Por otra parte el crédito del FMI fue destinado íntegramente para financiar la fuga de capitales del último periodo del gobierno Macri. Al menos el crédito cuya reestructuración comienza a negociar el ministro Guzmán en septiembre cumple todas las condiciones para ser declarado como una deuda odiosa por lo tanto desconocer soberanamente su pago.
Pero si rechazaba esta evidencia como suficiente para repudiar las deudas contraídas por Macri, era necesario investigar por medio de una auditoría realizada por una comisión con plena participación ciudadana esa y toda la deuda argentina para determinar objetivamente su ilegitimidad y su condición de odiosa. Pero tampoco eso realizó el gobierno de Alberto Fernández dando un paso a legitimar una deuda fraudulenta, con todas las consecuencias que ello tiene. Consecuencias que pueden ser las de establecer las responsabilidades criminales que de esa falta de cuidado de los recursos del estado se desprendan.
Los que no pagaron
El repudio de esas deudas que cumplen con las condiciones para ser denominadas odiosas, aunque como siempre la doctrina es posterior a los hechos, tiene una larga historia. Son muchas las deudas soberanas y diversos los países que en algún momento desconocieron la totalidad o parte de sus deudas por considerarlas contra el interesa nacional o de su pueblo. Para ejemplificar nombraremos algunos pocos:
México: comienza un proceso de repudio de sus deuda con diversas potencias extranjeras que incluyó el rechazo de una amenaza armada de Francia en acuerdo con España y el Reino Unido. Este proceso tiene momentos importantes en 1861, una vez que Benito Juárez venciera a los conservadores, luego en 1867, y en 1910 cuando después la gran Revolución Mexicana se consolida el proceso de ruptura y desconocimiento de los reclamos de los imperialismos dominantes en la época.
Costa Rica: Entre 1917 y 1919 gobernó el país Federico Tinoco, quien dio un golpe de estado impulsado por la United Fruit, empresa estadounidense con fuerte presencia en el Caribe, iniciando un proceso de endeudamiento y beneficios con esa empresa, hasta que en septiembre de 1919 huye del país empujado por un proceso de movilización política. El nuevo gobierno y la Asamblea Constituyente convocada declaran entre 1922 y 1923 el repudio de todas las deudas contraídas en el periodo Tinoco.
Rusia: En noviembre de 1917 se produce la revolución bolchevique que entre otras medidas revolucionarias desconoce las deudas contraídas por el zarismo. Y ese mismo gobierno anula en 1920 como una medida revolucionaria las deudas que tenían con Rusia las tres repúblicas bálticas y Persia, actual Irán.
Ecuador: Un caso que no es radical sino que formó parte de un proceso más complejo por el tipo de gobierno que era el de Rafael Correa, este gobierno durante 2007 y 2008 convocó una Comisión de Auditoría que determinó el carácter ilegítimo de gran parte de la deuda ecuatoriana, de la cual el gobierno de Correa repudió una porción.
En muchos otros casos se han producido repudios de deudas como parte de distintos procesos políticos. Estados Unidos por ejemplo vivió tres momentos de repudios de deuda en 1830, 1860 y 1870; Cuba en 1889 repudia su deuda con España y luego la Revolución de 1959 desconoce la deuda de Batista; pero también repudian en todo o en parte sus deudas odiosas, Alemania, Reino Unido, Argelia, Perú, Paraguay, Indonesia, China, y una larga lista de países que en algún momento de su desarrollo se les hizo urgente romper de manera soberana con esta forma de dominación, como única manera de volver a intentar un desarrollo independiente.
La nueva reestructuración no resuelve la crisis
En 22 diciembre de 2001 en su brevísima presidencia a la que renunció el 30 de diciembre de ese año, Adolfo Rodríguez Saá se vio obligado a declarar la suspensión de los pagos de la deuda externa de Argentina. Se había llegado a una situación insostenible desde el punto de vista económico que llevó el estallido social que provocó la caída del presidente De la Rúa y pasó a la historia del país como Argentinazo. Era el punto de llegada de una crisis alimentada por una serie de “reestructuraciones” de la deuda asumida por la dictadura, las siguientes hiperinflaciones y la estatización de deudas privadas, la entrega de casi todo el patrimonio público por Domingo Cavallo como ministro de Menem que junto con la llamada convertibilidad preparó el estallido de aquel diciembre de 2001.
La deuda que suspendió Rodríguez Saá fue reestructurada por el Kirchnerismo con el mismo criterio que hoy toma Fernández. Desde esa reestructuración la deuda creció hasta los 300.000 millones de dólares actuales, en el mismo periodo pagaron una cifra similar y se fugaron otros 400.000 millones de dólares.
La nueva reestructuración prepara una quiebra económica similar a la de entonces pero esta vez mucho más rápida. Se seguirá postergando a los sectores más desprotegidos, desmantelando el patrimonio nacional, reduciendo los servicios públicos esenciales, achicando salarios, jubilaciones y ayudas sociales, postergando la resolución de problemas estructurales como vivienda e infraestructura. Al tiempo que se profundiza la destrucción ambiental para el saqueo de recursos naturales.
Y esto sucederá porque el mecanismo de la deuda externa es una forma de extracción de recursos y de dominación que no favorece ni al país ni los sectores populares. Esta deuda reúne todas las características de una deuda ilegítima y odiosa, por lo tanto es nuestro compromiso luchar por repudiarla.
1. Como demuestran los otros dos artículos que forman de este informe.
2. Deuda odiosa según Alexander Sack https://www.cadtm.org/La-deuda-odiosa-segun-Alexander#nb2-21
3. https://www.infobae.com/politica/2020/07/28/un-asesor-de-trump-revelo-por-que-ayudaron-al-gobierno-de-macri-a-acceder-a-un-rescate-del-fondo-monetario-internacional/
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