Con la complicidad de los gobernadores
A poco de cumplir los primeros 200 días del segundo mandato, Cristina no sólo no ha resuelto los problemas estructurales sino que muchos se agravan. Crece la inflación, suben los subsidios millonarios a las empresas privatizadas y el transporte, aumentan impuestos y tarifas, sube el dólar paralelo y el riesgo país (pasó de 921 puntos en diciembre a 1.267 en mayo); aumenta el déficit, por la sequía ingresarán U$S 5.000 millones menos por caídas en las cosechas. Mientras suben los pagos de la deuda externa y, a través del impuesto inflacionario, el gobierno sigue licuando los salarios, ingresos y presupuestos sociales.
Esto, cuando la economía deja de crecer: según el INDEC, en marzo se creció un 4% anual, menos de la mitad de años anteriores. Hay caídas en la producción industrial, la construcción y la inversión. Bajan las reservas del Central. Merma también la recaudación, a la par de una presión tributaria al tope. Baja la coparticipación de la Nación a las provincias cuando hay 20 distritos en rojo. Y en 10 provincias, con el 60% de los habitantes, hay dificultades para pagar sueldos y aguinaldo; y sobrevuela el fantasma del Patacón. Las más comprometidas son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, las más ricas del país.
Esto preanuncia una tormenta perfecta por la que Cristina no puede culpar a la crisis mundial. Al bajar los ingresos y la actividad económica las provincias reciben menos ingresos y no cuentan -como Cristina- con la “maquinita” para emitir ni pueden echar mano al ANSES o al Banco Central.
Este marco expresa que Cristina obliga a las provincias al ajuste, afectando al “país profundo” como gusta decir. Trasladando también la crisis a los municipios, con intendencias bonaerenses que ya desdoblan los pagos de sueldos como Ituzaingó, Berisso, 9 de Julio o Pinamar.
Los gobernadores van a la Rosada, pero se llevan certezas de ahogo financiero. La causa, la constante caída de los recursos coparticipables y un inédito proceso de concentración de ingresos a favor de la Nación. Las provincias reciben menos fondos por coparticipación: deberían recibir el 34,6% del total, pero Cristina les gira apenas el 25%. Cuando en 1991, Nación les transfería el 45,2% de lo recaudado (datos de IERAL).
Alarmada, la consultora Economía & Regiones, señala: «las transferencias por coparticipación cerraron mayo con un dato preocupante para las Provincias, ya que la tasa de crecimiento volvió a ubicarse por debajo del 20%, en este caso en el 17.6%» (ver gráfico1).
A su vez, IDESA informa que en estos años, Argentina “ha tenido un fuerte crecimiento de la presión impositiva. En el 2000, el total de los impuestos representaba el 21,5% del PBI, mientras en 2011 se pagaban tributos por el equivalente al 33,7% del PBI”. Señalando que en los ’80 la presión tributaria era del 15%. Así, “el gobierno central se ha apropiado de dos tercios (el 79%) del total de la recaudación” (ver gráfico). Como las provincias son responsables de la educación, salud, vivienda, justicia o seguridad, esto explica porqué el pueblo paga cada vez más impuestos, pero recibe peores prestaciones.
Ya la represión y rebeldía del pueblo santacruceño a fin del 2011 preanunciaba la vuelta de los ajustes provinciales por orden de Cristina y el gobernador K. Igual en Río Negro con el pase a disponibilidad de 20.000 estatales. Hoy Santa Cruz paga salarios desdoblados, lo mismo hizo Entre Ríos, mientras Río Negro dispone congelar vacantes. Mientras Bonfatti en Santa Fe no descarta emitir bonos, avanza con una reforma impositiva y mayor endeudamiento. Macri subió al 300% el ABL y Scioli descargó el último paquetazo.
Para revertir el deterioro fiscal las provincias ajustan gastos (parar la obra pública, contener aumentos salariales, recortes en horas extras, cargos, a las obras sociales, cajas provisionales y presupuestos sociales). Junto a una mayor presión impositiva (ingresos brutos y sellos) y nuevo endeudamiento, pagando además con bonos a proveedores y contratistas.
Son parches que no alcanzan para compensar la baja de ingresos. Es que la necesidad de financiamiento de las provincias es muy elevada: Economía y Regiones estima “un déficit primario de $ 13.700 millones para 2012, que se amplía a $ 19.200 millones tras el pago de intereses. Y con los pagos de capital, la necesidad de financiamiento provincial asciende a $ 28.700 millones”.
Los gobernadores son corres-ponsables con Cristina ya que al votar el Presupuesto 2012, sus diputados avalaron una recaudación total de impuestos nacionales que ascendería a $668 mil millones. Fijando que el gobierno K absorberá $505.000 millones (el 76%) y las provincias, por coparticipación los restantes $164 mil millones, sólo el 24% del total (ver gráfico 2).
La salida entonces pasa por exigir una nueva coparticipación federal y la condonación o no pago de las deudas provinciales refinanciadas con el gobierno K como forma de compensar tanto desequilibrio. Mientras se impone una reforma tributaria progresiva donde paguen más los terratenientes, multinacionales y banqueros. El control de la evasión, el fin de los subsidios a las privatizadas, reestatizando esas empresas al servicio de un plan económico de emergencia que suspenda los pagos de la deuda externa para dar trabajo, salario, educación y salud al pueblo.
