Las encuestadoras aún miden el impacto de la fiesta de Olivos. Se cruzan denuncias penales por los cumpleaños de Fabiola y de Carrió. Utilización electoral aparte, la bronca popular repudia los privilegios de la casta política. Nuestras propuestas para liquidarlos.

Escribe: Pablo Vasco

• Según una de sus acepciones, el diccionario de la Real Academia Española define casta de este modo: «En algunas sociedades, grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás por su raza, religión, etc.» En el caso de la casta política, ese etcétera son precisamente los privilegios.

  Si ya en tiempos «normales» indigna enterarse que la dirigencia política tiene prerrogativas que el pueblo trabajador no, mucho más en medio de una grave crisis económica que afecta a las mayorías, como la actual, y de una pandemia que impone duras restricciones de circulación.

  De Olivos y mariachis

  La noticia del embarazo de Fabiola no alcanza a compensar el deterioro político que les significó al gobierno y al Frente de Todos la repercusión del festejo secreto en Olivos. Si las listas de visitantes salieron a la luz antes, o cómo la foto de la fiesta llegó a las redes sociales, o si las filtró una periodista de tal o cual diario opositor, ya poco importa.
  Mientras el gobierno restringía circular, mientras no se podía salir a hacer changas, mientras no se permitían marchas ni asambleas, mientras mucha gente no pudo ir a visitar a sus familiares enfermos o al menos despedirlos en su agonía, mientras canas o gendarmes hacían controles y verdugueaban o hasta cometían asesinatos como el de Facundo Castro, en Olivos se festejaba el cumpleaños de la primera dama violando todo protocolo.

  Luego saltó que en la residencia oficial también habían hecho un festejo de fin de año, muy concurrido. La diputada «progre» Gabriela Cerruti, del bloque oficialista, mintió al decir que fue al aire libre cuando en realidad fue en un quincho cerrado. Y todo así.
  Luego del escándalo, que el macrismo sobreactuó, también salió a luz que en diciembre Elisa Carrió había festejado su cumpleaños, con unos 70 invitados, en su quinta de Capilla del Señor. Según ella «todos tenían testeo previo», ¿acaso también los mariachis?

  Responsables políticos

  La primera explicación pública de Alberto Fernández dio vergüenza ajena. Se limitó a decir «lamento lo ocurrido», descargando además, el muy machirulo, la responsabilidad sobre su esposa. Como bien dijo Alejandro Bodart, «Con lamentos no alcanza. Como mínimo debió pedir disculpas, porque los privilegios políticos que utilizó como presidente ofenden a millones de personas, incluidos muchos de sus votantes. Mientras él festejaba sin ningún cuidado en la residencia oficial, la gente de a pie tuvo que cumplir operativos de control y restricciones muy estrictas, a veces a costa de no poder dar el último adiós a sus familiares». Además la Quinta Presidencial es un ámbito oficial, de modo que no puede culpar a nadie más que a él mismo.

  Como cayó tan mal que le sacara el culo a la jeringa, al otro día, a los gritos en medio de un acto de campaña, se disculpó y se autoadjudicó la responsabilidad. A la defensiva total, el gobierno hasta difundió los videos del cumple antes de que lo hiciera el macrismo. Pero ya era demasiado tarde.

  Por supuesto, Bodart fustigó también al macrismo: «Nada justifica su oportunismo, ya que piden juicio político buscando votos pero son los campeones del privilegio, arman empresas offshore, fugan capitales y evaden impuestos. Habría que investigarlos también. Los que alentaron las marchas anti-barbijo, anti-cuarentena y anti-vacuna no tienen autoridad política ni ética para criticar nada. Aun con sus matices, ambos se benefician de privilegios que no van más».

  Privilegios económicos

  En junio pasado, ambas cámaras del Congreso resolvieron un aumento del 40% en las dietas legislativas, por encima de la inflación. En ese momento la diputada Fernanda Vallejos (Frente de Todos) comentó que «los diputados argentinos tenemos el salario más bajo de toda la región, casi que da vergüenza»…

  Un senador nacional gana 334.000 pesos al mes y un diputado nacional 260.000 pesos. Si viven a más de 100 km de la Capital, reciben ítems adicionales: desarraigo (un 14% más) y canje de pasajes (hasta 30.000 pesos o 12 tickets aéreos).

  La economista Vallejos la pifió mal: lo que avergüenza no son esos sueldos de privilegio, sino la miseria que cobran millones de trabajadores y jubilados. Y ni hablemos de los desocupados o los monotributistas, sin ingresos fijos.

  Otros altos privilegiados son los jueces: uno de la Corte Suprema, por ejemplo, gana unos 700.000 pesos. La clase capitalista les paga bien a sus funcionarios políticos: como la existencia condiciona la conciencia, mantenerles un status privilegiado facilita una conducta funcional al sistema a la hora de legislar, gobernar o juzgar.

  Pero aparte de cobrar suculentas dietas, en el capitalismo el ejercicio del poder político implica el acceso cotidiano a informaciones, contactos, arreglos de licitaciones públicas, contrataciones directas, oportunidades de negocios privados, de evadir impuestos y un largo etcétera. Por eso muchos o son directamente burgueses que viven del Estado, como Mauricio Macri, o se hacen millonarios al amparo del poder, como Cristina Fernández y Máximo Kirchner.

  Privilegios jurídicos

  Los fueros parlamentarios nacieron al inicio de la democracia burguesa para evitar que la monarquía o el Poder Ejecutivo de turno acallara o avasallara a los integrantes del Poder Legislativo. La Constitución argentina reconoce dichos fueros en sus artículos 68 y 691. A su vez, el artículo 70 dispone que cada cámara, con dos tercios de sus votos, podrá suspender en sus funciones al legislador que esté procesado por la justicia. En el 2000 se amplió la protección mediante la Ley 25.320.

  Sin embargo, con el correr del tiempo, en vez de ser una garantía democrática de la supuesta «división de poderes» republicana, los fueros se transformaron en una herramienta para proteger la impunidad de miembros de la casta política, imputados o procesados por corrupción u otros delitos.

  En el caso de Menem, el Senado dominado por el PJ nunca inició su desafuero pese a estar condenado en doble instancia por el pago de coimas con fondos de la SIDE (2015) y por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador (2017), aunque murió impune por la explosión en Río Tercero. En el caso de Macri, asumió como presidente estando procesado.

  ¡Abajo la casta política!

  No es que eliminar los privilegios transforma automáticamente la ideología. Pero si quienes ejercen cargos políticos vivieran en condiciones materiales parecidas a las que viven las mayorías populares sería una ética pública que seguro ampliaría su sensibilidad social a la hora de legislar, gobernar o juzgar.

  Por eso proponemos las siguientes medidas, que tanto Alejandro Bodart como antes Vilma Ripoll presentaron como proyectos de ley cuando fueron diputados:

• Que todo funcionario político gane como una directora de escuela de doble jornada con 10 años de antigüedad.
• Anulación de toda jubilación de privilegio para funcionarios políticos y jueces.
• Obligatoriedad por ley de todos los funcionarios políticos de educar a sus hijos en la escuela pública y atenderse ellos y sus familias en el hospital público.
• Anulación de los fueros parlamentarios.

Si éstos fueran los requisitos para ejercer un cargo político, más de uno lo pensaría cuatro veces antes de postularse, ¿no te parece?

1 Art. 68. Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador.
Art. 69. Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho.