A seis años del primer #NiUnaMenos, analizamos la actualidad de nuestro movimiento. La ola verde, ¿terminó o se atenuó? El rol del feminismo reformista y la cooptación del Estado que intenta frenar y dividir.

Escribe: Jeanette Cisneros

Allá por 2017, en el tercer 3J, reclamábamos: «Contra la violencia patriarcal y la violencia del Estado, basta de represión y criminalización; Trabajo digno para todas, basta de ajuste, exclusión y endeudamiento. Basta de femicidios y travesticidios. ¡Ni Una Menos!»
Sobre los responsables, decíamos: «a nuestra marea, el Estado le responde con represión. A nuestras demandas, con manipulaciones. Quieren convertir la lucha de las mujeres en adorno cosmético de una política excluyente antes que en efectivas estrategias de cuidado de la vida. El Estado participa del pacto de complicidad machista que incluye al femicida, pero también a los agentes judiciales machistas que no creen en la palabra de la víctima, los medios de comunicación que solo nos reconocen como víctimas para su show del horror, los políticos que nos usan de excusa para quitar derechos. No sólo las demandas del 3 de junio siguen sin cumplirse. Peor: el ritmo de los femicidios y travesticidios se aceleró, no tenemos un solo día que no esté marcado por el duelo. Y también empeoraron nuestras condiciones de vida: nos sustrajeron derechos y múltiples amenazas se ciernen sobre nosotras y sobre todes» (1).

Esas denuncias al gobierno de Macri mantienen vigencia hoy. Con la organización y la marea de lucha logramos que el Estado reconozca al femicidio como un crimen de odio, que el aborto sea legal y que se decretara el cupo laboral trans. Pero con el nuevo gobierno y su creación del Ministerio de Mujeres, la realidad no cambió. Es más: con la pandemia se agravó.

Situación de la violencia y los «planes»

En lo que va de este 2021, el informe actualizado del Observatorio Lucía Pérez registra 121 femicidios(2): ¡uno cada 22 horas!
En la situación de pandemia, las mujeres y disidencias constatamos que el confinamiento en los hogares con violentos profundiza los riesgos para las víctimas. Pero la ministra Gómez Alcorta salió a anunciar la campaña de los barbijos rojos para «facilitar» la denuncia fuera del hogar. De nuevo puso la responsabilidad en las víctimas.

Los datos son peores. Según el propio gobierno, durante 2020 recibió 108.403 denuncias, con casi 300 llamados por día, de los que 29.706 tuvieron alguna intervención del Estado(3). En resumen, sólo el 27% de las víctimas obtuvo una respuesta y tampoco se informa cuántas de esas situaciones fueron realmente resueltas.

El problema de la violencia patriarcal no se soluciona con relato. El ministerio habla con lenguaje feminista, lo hizo al presentar el Presupuesto 2021 «con perspectiva de género»(4) y lo reiteró con el «plan nacional de igualdad en la diversidad»(5). Crea mesas de diálogo, burocracias y planes, pero poco y nada se concreta.

Quienes corren riesgo, necesitan salir de manera urgente. Pero la ministra desechó abrir más casas-refugio y dispuso el programa Acompañar para «lograr autonomía». Con un subsidio de $ 21.000 y por sólo seis meses, con dificultades para ser asignado y al que no pueden acceder trabajadoras, beneficiarias de planes sociales, pensionadas y jubiladas, ¿a quién «acompaña» así el gobierno y de qué «autonomía» nos habla?

Mujeres trabajadoras y tareas del cuidado

Las tareas «femeninas» del cuidado, gratuitas, sigue siendo el rubro que más aporta a la economía: el 15,9% del Producto Bruto Interno. En promedio, implica 3,5 horas de trabajo diario a la mujer frente a media hora del varón. Y reproduce la desigualdad a la que nos enfrentamos las mujeres en el mundo laboral.

Al hacernos «especialistas» de estas tareas en el hogar, la mayoría de las ofertas laborales para nuestro género son en tareas consideradas como extensión social del cuidado: enfermeras, docentes, trabajadoras de casas particulares, empleadas de limpieza, asistentes en geriátricos, etc. Además, para las mujeres y disidencias el Estado y los capitalistas sostienen mayores niveles de desempleo, informalidad, precarización, pluriempleo y media salarial inferior a la del varón. A eso se suman las violencias de maltrato y acoso laboral machista. Toda esa estructura laboral capitalista requiere una revolución de clase y también de género.

Para paliar esas condiciones de doble explotación y opresión, exigimos medidas urgentes. A los miles y miles de trabajadoras de casas particulares que por la cuarentena se quedaron sin ingresos se les debería asignar ya mismo un IFE de $ 40.000. A las enfermeras, las más expuestas frente al virus, otorgarles el debido reconocimiento profesional y aumento salarial. Lo mismo a las docentes, que a diario atajan la pobreza y la crisis social de las infancias, se ven obligadas a costear las condiciones para la virtualidad, y en CABA y otras provincias son forzadas a trabajar en una presencialidad de hecho criminal.

Como medidas más a mediano plazo, para alivianar las tareas de cuidado en el hogar es necesario que el Estado cree más jardines de primera infancia, comedores comunitarios, lavaderos públicos y establecimientos geriátricos, todo ello de calidad y en todo el país, lo que además permitiría dar empleo. Es dudoso que el proyecto de ley de cuidados que prepara el gobierno incluya estas propuestas.

En los preparativos del 8M y del 3J se plasmó la división del movimiento feminista. Las agrupaciones afines al gobierno realzan los bonitos discursos, disimulan el ajuste presupuestario y se niegan a movilizar aun con distanciamiento social. Las Mala Junta/Vamos (a cargo del Ministerio de Mujeres), Patria Grande, La Cámpora, Nuevo Encuentro, la CTEP y las CTA están en falta con el movimiento de mujeres. Frenar la movilización les deja más espacio a las instituciones y prácticas patriarcales.

¿Y la Campaña por el Derecho al Aborto?

El sábado 29 de mayo se realiza un encuentro nacional virtual de la Campaña, el primero desde que conquistamos la ley hace ya cinco meses.

Por desgracia, la estrategia del feminismo reformista también se reproduce en este ámbito de unidad. Buscan despolitizar este espacio de activismo y convertirnos en asesores de «mapeos», casi lo único a lo que se dedicó en materia de género el gobierno desde que asumió: hacer listados y relevamientos.

Desde el gobierno y su alianza con celestes como Manzur dilatan la reglamentación de la ley, sabiendo que los sectores antiderechos utilizan todo resquicio para intentar impedir el acceso a la IVE, la ILE y los MAC(6), derechos que hemos ganado. La Articulación que dirige la Campaña propone que, en tres minutos, cada regional presente su «mapa» para hacer derivaciones rápidas y eficaces. O sea, se limitan a un rol de asistencia y a aceptar lo establecido en vez de exigir que la ley se cumpla sin obstáculos, como los que surgieron en varias provincias y municipios. Y hablan de «refundar» la Campaña de modo presencial cuando termine la restricción.

La Campaña nació y creció como herramienta de lucha, no como auxiliar del gobierno de turno. Para de verdad lograr Ni Una Menos y todos nuestros derechos tenemos que seguir organizadas y movilizadas. Te invitamos entonces a sumarte a nuestro partido para continuar en ese camino.

1 https://mst.org.ar/2017/06/04/3j-importante-marcha-seguimos-ni/
2 http://observatorioluciaperez.org/
3 https://www.argentina.gob.ar/generos/linea-144/informacion-estadistica
4 https://periodismodeizquierda.com/otra-vez-doble-discurso-presupuesto-2021-con-perspectiva-de-genero/
5 https://periodismodeizquierda.com/mas-verso-de-genero-plan-nacional-de-igualdad-en-la-diversidad-2021-2023/
6 Interrupción voluntaria del embarazo, interrupción legal del embarazo (antes, abortos no punibles) y métodos anticonceptivos.