Escribe: Francisco Torres
La ley aparece recién ahora, a 40 días de la elección. Suena a tomada de pelo y demagogia electoral. Porque la promesa la hace el mismo gobierno que incumple la Ley de Educación Nacional 26.206, votada en el 2006 por todas las fuerzas burguesas. Los que no cumplen con destinar el 6% a educación, son los que «prometen» aumentarla al 8% del PBI, solo que en forma gradual del 2024 al 2030.
Todo muy poco serio, porque la ley de educación, en su Artículo 9º, fija que el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, destinado exclusivamente a educación, no puede ser inferior al 6% del Producto Bruto Interno (PBI). Pero hoy apenas supera el 5% y en estos casi 4 años estuvo por debajo de esos porcentajes.
2006 a 2023: Casi dos décadas de incumplimiento y ajuste educativo
Esto de incumplir, no es patrimonio solo del actual gobierno. En los últimos 5 mandatos presidenciales, con Néstor Kirchner, los dos de Cristina, el de Macri y ahora el de Alberto con Cristina y Massa, la inversión educativa anual en Argentina nunca llegó al 6% del PBI fijado por ley. Salvo en el año 2015, según el propio Ministerio de Educación. Así, las distintas fuerzas políticas capitalistas, incumplieron deliberadamente con los montos para educación, desde que votaron la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo en 2005.
El primero en incumplir con su propia ley fue Néstor Kirchner, que se comprometió a elevar el presupuesto educativo al 4.7% del PBI en 2006 y al 5% en 2007. Pero estuvo lejos, al llevarlo a solo al 4,3% del PBI en 2006 y al 4,6% en 2007. Tampoco cumplió Cristina en 2008 y recién lo llevó al 5.6% del PBI en 2009. Aunque al año siguiente, la propia CFK volvió a recortar fuertemente el presupuesto educativo, al destinar solo el 5.1% en 2010. Cuando en realidad, ese año debía elevarlo al 6% del PBI, tantas veces anunciado. Es decir, Cristina destinó ese año casi un punto menos del producto bruto nacional fijado por ley, con una reducción del 15% sobre el año anterior. En sus siguientes 5 años de gobierno, tampoco cumplió con la pauta de ley, salvo en el 2015, único año en que se destinó el famoso 6% del PBI a educación.
Después vendrá Macri, gobierno del que Patricia Bullrich fue ministra, a demoler el presupuesto año tras año y rebajarlo sostenidamente desde el 6% de 2015 a solo el 4.8% del PBI en su último año de gobierno. En 2020, Alberto y Cristina lo incrementan levemente (5.2%) para bajarlo después en 2021 al mismo nivel que Macri (4.8%) como informan el propio Ministerio de Educación(1).
Una deuda educativa acumulada de $ 3.4 billones
Todos estos incumplimientos durante 16 de los últimos 17 años, incluso ante un insuficiente 6% para educación, mientras la CTERA con Sonia Alesso, Baradel y Yasky, le pedía a Macri que lo aumentara al 10% del PBI, acumularon una monumental «deuda educativa» entre el 2006 y el 2020. ¡Deuda que ascendió a $3.4 billones! (en pesos del 2022) o su equivalente a 26 mil millones de dólares. A esto se le debería sumar lo no asignado estos dos años.
Esa montaña de plata es la diferencia entre lo que debían destinar a la escuela pública y lo escaso que le asignaron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el de Macri y el actual, incumpliendo sus propias leyes. Para dimensionarlo, esa «deuda educativa» equivale a más de la mitad de la monstruosa estafa de la deuda externa, la que Macri nos cargó con el FMI y este gobierno reconoce y paga.
Cualquier docente o auxiliar padece ese monumental desfinanciamiento, lo mismo sus estudiantes y familias. Y así lo reconocen los especialistas: «esta deuda tiene como consecuencia el atraso salarial docente y un déficit en la infraestructura y el equipamiento educativo. Estos factores impactan directamente en la calidad educativa» (Chequeado, 11/02/2023).
Esto tiene su correlato en las provincias que sostienen del 70% al 75% del financiamiento educativo, mientras la Nación aporta el resto, por la nefasta transferencia de la educación a las provincias, con la dictadura de Videla y Menem. Por lo que podemos ver también sus recortes, en el informe de un portal como Argentinos por la Educación2: «entre el 2004 y 2021, 12 de las 24 jurisdicciones argentinas disminuyeron la participación de la educación en sus presupuestos». Lapidario.
Allí se ve también que los distritos que más redujeron su financiamiento educativo, como porcentaje del gasto total, fueron CABA (-8,8%) y Mendoza (-7,3%), gobernados por Juntos, el PRO y la UCR. Y también que CABA (16,7%) y Santa Cruz (17,6%) fueron las que menos presupuesto dedicaron a educación respecto a su presupuesto total. Sin grieta.
Motosierra contra el presupuesto educativo
¿Por qué se invirtió menos en educación? Vale lo dicho por el ex ministro macrista, Narodowski: «La explicación es el brutal desinterés de la clase gobernante por la educación. La actitud de desidia es proporcional al tamaño de la deuda que contrajeron». Eso cuenta para el PJ y también para Juntos, campeones en recortar el presupuesto de la escuela pública.
Macri ajustó con Patricia Bullrich en su gabinete, que antes fue ministra de otro ajustador como De la Rúa. Lo hizo Vidal y lo hacen Larreta y Morales en Jujuy. Nada se puede esperar de esta derecha, más que ajuste, saqueo y represión.
Tampoco de Milei, que apunta a privatizar y arancelar todas las escuelas y universidades con los voucher. Así lo reconoce: «Todas van a ser aranceladas, pero uno puede usar el voucher para ir a la que uno quiera, estatal o privada». Aunque eso será una primera medida parte de una transición a la total privatización, sin ningún voucher ni subsidio del Estado.
Por eso, Martín Krause, quien sería su Secretario de Educación, cuestiona «ciertas ideas que predominan y hay que discutir porque no son correctas, como aquella de que hay que aumentar la proporción del gasto público dedicado a educación. Y hasta se establecen objetivos en términos del PBI. Ese principio hay que reverlo». Es decir, motosierra al presupuesto…
Promesas, ajuste y reforma educativa. Nuestras propuestas
El proyecto contiene otras metas y ataques, en un paquete cerrado con la burocracia de CTERA. Allí plantean «asegurar que el 100% de nivel primario tenga un mínimo de 25 horas semanales de clase», es decir, extender la 5ta hora a todo el país. Y «ampliar la jornada de secundaria» a 6 horas mínimas al día, para un 30% de la matrícula.
Vincular además las escuelas y centros de formación con el mundo de la producción y el trabajo, y a sus estudiantes con el sector productivo y ocupacional, a través de «prácticas formativas, pasantías, tutorías, mentorías y proyectos», según «la demanda productiva de la región». Lo mismo que le criticamos a Larreta en la Ciudad.
Además, avanzar en un «convenio colectivo marco que incluirá pautas referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente» (Art. 23º). Y en la universidad, plantean «consolidar modalidades de enseñanza y aprendizaje virtuales, híbridas, mediadas, remotas» y acreditar carreras cortas y tecnicaturas de contenidos vaciados. Todas cosas que venimos cuestionando y alertando.
Desde el MST en el FIT Unidad proponemos aumentar ya el presupuesto educativo al 10% del PBI, en un solo tramo, hasta triplicar lo destinado a educación, en base al no pago de la deuda y un fuerte y permanente impuesto a los ricos. Como decimos con el Frente de Izquierda, vamos por una educación nacional, única, estatal, pública, gratuita y laica. Basta de subsidio a la educación privada (que constituye el 12.5% del presupuesto, con centenares de miles de millones que deberían ir a la pública). Fuera la iglesia de la educación. Hay que implementar la ESI laica, científica y con perspectiva de género. Abajo la Ley de Educación Superior.
También luchamos por una nueva matriz salarial y un básico nacional que iguale la canasta familiar y garantice el acceso a los bienes culturales, para trabajar en un sólo cargo y en cursos de 20 alumnos o menos. Por un Congreso Pedagógico Nacional para que quienes hacemos la escuela a diario, definamos esas transformaciones. Solo así podremos aspirar a una educación pública de calidad.
1 Min. Educación, informe: «Evolución del Gasto Consolidado en Educación en porcentaje PIB, años 2005-2021»
2 Financiamiento Educativo Provincial, mayo de 2023. Argentinos por la Educación

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Escribe: Francisco Torres
Hace décadas que la educación argentina transita una senda declinante por las políticas de ajuste y recortes presupuestarios y de salarios, precarización, crisis edilicia y deterioro en las condiciones en que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje, en un país con 60% de infancias pobres, a causa de todos los gobiernos del capital y el FMI.
Esa es la base para que calen discursos reaccionarios, incluso el mercantilista y de ultraderecha de Milei, que solo agravarán la desigualdad educativa y la brecha social. Los gobiernos del PJ y Juntos son los responsables de traernos acá y abrirle la puerta al liberfacho que canaliza el desencanto, bronca y castigo a quienes ajustan los presupuestos, imponen salarios docentes de pobreza, más la falta de empleo a las familias y de oportunidades para la juventud. Por eso el 6 de septiembre, con la docencia combativa, convocamos a una jornada nacional que unifique las luchas docentes del país.
La disputa por el proyecto y negocio educativo
En ese contexto, la educación es vista como una gran área de negocios que el capitalismo con sus corporaciones buscan asaltar y Milei se ofrece para eso. La docencia y sus conquistas son vistas como terreno a ajustar y su propuesta liberfacha lo expresa. Un “negocio” educativo enorme a nivel mundial, que en 2020 se calculaba en 6.3 trillones de dólares.
Las corporaciones, el imperialismo y sus gobiernos serviles, quieren hacerse de ese “negocio” y de los fondos que destinan los países a educación. Y a la vez, que la escuela forme la mano de obra y capacite a profesionales y técnicos que necesitan para la producción en este período de acumulación y crisis capitalista.
La plataforma educativa de Milei se postula para eso, al sumarse al planteo de “reformas” para adecuar el sistema educativo a lo que quiere el mercado. Siguiendo así al G8, el grupo de las principales potencias, que es quien decide las políticas educativas y emite sus resoluciones, las que luego pasan al G20 que incluye a países emergentes como Brasil y Argentina. Todo eso traducido en los “papers” o “recomendaciones” que deben aplicar los gobiernos dependientes. A ese mundo que encandila a Milei y a sus liberfachos, nos quieren conducir.
Educación y mercado, la escuela al servicio del capital
En base a esos lineamientos y las pruebas estandarizadas como las PISA que Milei elogia en los puntos 4 y 9 de su plataforma, propone avanzar en la “modificación del diseño curricular en función de los profesionales que necesita el país (ingenieros, informáticos, etc.)”. Léase, en función de lo que necesitan las empresas.
Orientación que ratifica quién sería el Secretario de Educación de un eventual gobierno de Milei, en la entrevista que diera al día siguiente de las PASO. Para Martín Krause, economista, consultor y Doctor en Administración de la Universidad Católica, el principal problema de nuestro sistema educativo sería que se trata de “un sistema de adoctrinamiento” y no de educación. Con “un control de lo que se enseña en las aulas que tiene un claro sesgo ideológico”, que buscaría homogeneizar e “imponer un contenido post marxista, populista de izquierda”.
Por eso, consultado sobre si las escuelas privadas son “realmente privadas”, insiste en cuestionar que los contenidos sean comunes y critica el “control de la KGB o la Gestapo”, vía las inspectoras que van a las escuelas privadas a ver que se den esos contenidos comunes. Para eso propone una gran tarea desregulatoria, donde los contenidos sean optativos, sugerencias. Es decir, dejar en manos de los dueños de las escuelas su definición, junto a las familias para elegir esos contenidos y rechazar la educación obligatoria como mecanismo para garantizarla. Es decir, demoler la escuela que conocemos como derecho social.
En otra muestra de improvisación y peligrosa experimentación liberal, Krause anuncia que lo primero que haría sería “abrir y liberar el juego a todo tipo de educación, charter school, home schooling, voucher, Montessori, Waldorf, lo que sea. Vamos a ver de qué forma, pero donde cualquiera pueda desarrollar distintos métodos o formas de educación y, en todo caso, que después las pueda validar en alguna instancia que veremos cuál será…”.
Es decir, no saben cómo, pero sí que se oponen a la educación como bien público, provista por el Estado y la define como un “bien privado, que le pertenece a la persona y es lo que le permite desempeñarse en la vida”. Como la quieren hacer de su propiedad, con los 9 puntos de su plataforma, Milei ataca el principio de educación como derecho humano y social que el Estado debe garantizar.
Educación y modelo de país
Esto va ligado a su proyecto de país, al proponer la “apertura unilateral al comercio internacional”, lo que provocará un nuevo industricidio como pasó con Martínez de Hoz, Cavallo y la dictadura, después con Menen y el PJ o con Macri. Aunque también los Kirchner, quienes más allá de todo relato, mantuvieron la matriz extractivista de la economía, proveedora de materias primas sin valor agregado, que no requiere una mayor formación de mano de obra y sí limitar la escuela solo a un papel de contención. Por eso, cuando hablan de “derechos”, muchos jóvenes y familias no los entienden ni ven porque nunca los tuvieron.
Los K sostienen también con Massa y el PJ las privatizaciones y los núcleos duros de la derogada Ley Federal menemista, continuando con la avanzada privatista más que con un proyecto de desarrollo y emancipación como proponemos en nuestro programa educativo , social y transformador.
A eso, Milei y Patricia Bullrich, le suman una concepción de educación como bien transable, para el consumo. Una pedagogía del individualismo, donde avanza quien se destaca sobre el resto, regida por la competencia, la meritocracia, sin valorar el contexto ni la realidad social. Con premios y castigos en una pedagogía y didáctica “productivista”, en base a rankings de matrícula, clasificaciones, retención y nivel de promoción, como cualquier compañía que hace el balance de su rendimiento a los accionistas de la escuela-empresa.
Ante tanta mirada mercantilista, damos la disputa ideológica defendiendo la educación como conquista social a sostener por el Estado para garantizar la asistencia, permanencia y el egreso del conjunto de estudiantes y las familias trabajadoras. Nuestro programa plantea rechazar toda injerencia privada en educación, nos oponemos a las pruebas estandarizadas y la mercantilización de la formación docente y la política editorial.
Impulsamos la más plena libertad de cátedra, la elección democrática de contenidos y saberes socialmente significativos. Y luchamos por una evaluación social de las políticas educativas y de los gobiernos que las aplican. Estamos por una izquierda pedagógica que promueva debates e intercambios sobre las pedagogías críticas. Para avanzar hacia una escuela que forme integralmente, con pensamiento crítico, dialéctico, con visión humanística y aporte a una sociedad solidaria, justa y emancipada, la que entendemos como socialista, cosa que pone los pelos de punta a los liberfachos. Aunque también a Massa y el PJ que ajusta y ataca los paros docentes.
El lucro sobre todo, más “seguridad” y menos educación
Milei propone privatizar todo y un ajuste mayor que el FMI, niega el cambio climático para fomentar el saqueo que destruye el medio ambiente, facilita la fuga de capitales, una feroz reforma laboral y ampliar el ejército de desocupados con despidos, “retiros voluntarios de empleados públicos, jubilaciones anticipadas, revisión de contratos y achicamiento del Estado”.
En ese proyecto de país, solo entra transformar la educación en área de negocios, donde las empresas “educativas” se apropien de los presupuestos públicos. Así pasó en los poquísimos países donde se aplicaron los vouchers educativos, como en Suecia, donde las escuelas cotizan en la Bolsa y reparten “dividendos” a sus accionistas. O en Chile, con grandes cadenas comerciales que concentran y se apropian del servicio educativo. Hay también segregación económica, social y hasta racial en Suecia, con los vouchers y escuelas donde van solo inmigrantes de bajos recursos.
Por otra parte y para comprobar que la educación no es prioridad para La Libertad Avanza, basta ver que a seguridad, fuerzas armadas, servicio penitenciario y una justicia punitiva le dedican 4 páginas de su plataforma, con 47 puntos. Mientras que a Educación, apenas 9 puntos sobre un total de 146 puntos. Aunque sí proponen modificaciones contrarias a la escuela pública y la docencia. Tampoco es casual esa prioridad en represión: Milei sabe que su proyecto educativo y privatista solo fue aplicable en Chile con la más feroz dictadura.
Milei, Friedman y Pinochet, la letra con sangre entra
Sus vouchers y reformas de mercado no son nada “modernas”, sino que vienen del economista neoliberal Milton Friedman, con su trabajo “El papel del gobierno en la educación” de 1955, cuando propuso imponer el libre mercado en la política educativa. Friedman viajó a Chile en abril de 1975 y se reunió con el genocida Pinochet para asesorarlo y aportar sus Chicago Boys a las dictaduras de Chile y Argentina. Para así imponer su “shock treatment” -terapia de choque-, que no pasa sin reprimir y pisotear las libertades democráticas.
Como se ha dicho, el “milagro económico” que Friedman le atribuyó a Pinochet fue una de las más grandes falsas narrativas de la historia económica moderna. Porque al terminar la dictadura, la pobreza alcanzaba al 40%, la brecha educativa era enorme y Chile seguía entre las naciones más desiguales del mundo.
Por eso no es casual tampoco que la revolución pingüina de 2006 y la rebelión de 2019 en Chile tuvieran de protagonistas a jóvenes estudiantes, reclamando su derecho a la educación, contra la privatización. Porque como concluyera el Director de Educación de la OCDE en sus viajes e investigaciones sobre el país trasandino, “el sistema escolar de Chile no funciona bien, ni siquiera a nivel de la élite”. Lo opuesto a lo que Milei quiere vender.
Esa mala idea de aumentar el presupuesto
Martín Krause ubica como segundo punto en importancia “al problema del mecanismo de la entrega del servicio de la educación”. Y plantea que exista “el mayor grado de competencia posible y se abra a todo tipo de experiencias, emprendimientos e iniciativas, que busquen ofrecer mejores servicios de educación, más adaptados a las preferencias de los alumnos y los padres”. Esos serían “los elementos centrales: libertad de contenidos y libertad de proveedores que brindan el servicio”.
Su plataforma busca a futuro, la privatización de las escuelas y universidades. Lo que implica el total arancelamiento, pasando a financiar la educación a través de los consumidores o clientes, con el voucher o cheque escolar. Milei lo reconoce: “Todas van a ser aranceladas, pero uno puede usar el voucher para ir a la que uno quiera, estatal o privada. Y en el proceso, todas las instituciones van a tener que competir”.
Por eso Krause explica que “hay ciertas ideas que predominan y hay que discutir por qué no son correctas, como aquella de que hay que aumentar la proporción del gasto público dedicado a la educación. Y hasta se establecen objetivos en términos del PBI. Ese principio hay que reverlo”. Una aberración que se completa con otra, en la que desnuda que los vouchers son solo una transición hacia un sistema 100% privado, al reconocer que “la idea general es ir pasando de un esquema de subsidio de la oferta a subsidio de la demanda. Y en definitiva, al final del camino, ningún subsidio”. Es decir, la total privatización, y por eso con Milei, se oponen a la educación obligatoria.
Si estos planteos pueden calar es porque gobiernos como el de Massa y los K hablan de igualdad de oportunidades y de defender derechos, pero mantuvieron siempre el ajuste presupuestario para pagar la estafa de la deuda. Así, su Ley de Educación de 2006, que establece que el Presupuesto destinado a educación, no será inferior al 6% del PBI (Art. 9º), nunca se cumplió, salvo en 2015. Y hoy apenas supera el magro 5%, cuando la Celeste de CTERA le exigió a Macri elevarlo al 10% del PBI.
Contra ese relato luchamos. Por el inmediato aumento del Presupuesto al 10% del PBI como forma de materializar el derecho a la educación. Con la Multicolor, la FND, gremios y seccionales combativas llamamos a una nueva Jornada Nacional de Protesta el 6 de septiembre en defensa de la escuela pública y los salarios docentes, planteando nacionalizar el sistema educativo y su sostenimiento con fondos del Presupuesto nacional, a partir de anular todos los subsidios a la enseñanza privada, el no pago de la deuda externa e impuestos progresivos a los ricos.
Defender la educación y conquistas del Estatuto Docente
Para Krauser el tercer problema sería terminar con los paros docentes. Según su visión, “el sistema está cooptado por dirigentes sindicales que chantajean a los alumnos, padres y gobiernos”. Los que no tendrían “la más mínima creatividad para pensar algún tipo de propuesta que sea diferente a no dar clase. Lo único que se les ocurre”.
Pero lo que no resulta original ni creativo es su argumento responsabilizando a la docencia de los problemas y la crisis educativa, en vez de entenderlos como hechos que los gobiernos deben resolver. A la vez, emparenta a las burocracias con las bases que padecen los bajos salarios, jornadas extenuantes y pésimas condiciones de trabajo. Eso mismo repite cada gobierno o político capitalista como Patricia Bullrich, Morales en Jujuy, Macri y Vidal, pero también Alicia Kirchner en Santa Cruz o Sáenz del PJ en Salta.
A la vez y cómo piensan ajustar, Krause abre el paraguas en esa entrevista al otro día de las PASO, al decir: “Vas a ver que va a pasar que quien sea el nuevo gobierno, el 1° de marzo empezamos con las huelgas. Sin importarles nada qué es lo que puede pasar con los chicos, las familias que no tienen dónde dejar a los chicos porque tienen que ir a trabajar y no saben qué hacer, muchos chicos que van a la escuela a comer y no lo van a tener. Un desastroso método de protesta que se tiene que terminar. Tienen que pensar otra cosa porque eso no funciona más”.
Esto lo dice porque en el punto 8 de su plataforma plantean la “modificación del Estatuto” para “rever y eliminar licencias” e introducir la “posibilidad de despidos”. Además de declararla un servicio esencial para prohibir los paros y protestas. Vienen contra las paritarias y la organización gremial, por la negociación por escuela, al estilo de las patronales chilenas, donde imponer los salarios y condiciones laborales que les parezcan.
Por nuestra parte y para que el derecho a la educación no sea letra muerta, luchamos por jerarquizar a quienes la sostienen con una nueva matriz salarial y un básico nacional que iguale la canasta familiar. Que garantice el acceso a los bienes culturales, de formación y recreación, permitiendo trabajar en un sólo cargo y en cursos de 20 alumnos o menos.
¿Quién decide? ¿El mercado o docentes, estudiantes y familias?
Como socialistas revolucionarios y como docentes reconocemos, denunciamos y luchamos frente a la crisis educativa generada por los gobiernos capitalistas. Pero defendemos la escuela pública, buscando avanzar en transformarla para que responda a las necesidades del pueblo trabajador y no los sectores privatistas, el Banco Mundial, la OCDE y el FMI. Por eso exigimos un Congreso Pedagógico nacional y en las provincias, con instancias asamblearias por distritos y regiones para que quienes hacemos la escuela a diario, definamos esas transformaciones.
Con delegades de los y las trabajadoras de la educación y representación de estudiantes, familias y sectores de la comunidad educativa, no con privatistas. Con la idea de una transformación en cuanto a sus objetivos, currícula, criterios pedagógicos y didácticos, su organización, formatos institucionales y la democratización real del gobierno educativo.
Para poner en pie un sistema educativo que sea nacional, único y estatal; obligatorio, gratuito, científico y laico; democrático, participativo; con perspectiva de género y una ESI feminista y disidente, junto a una pedagogía diversa culturalmente y ecosocialista. A esto te invitamos a sumarte.

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Escribe: Francisco Torres
A espaldas de la docencia, estudiantes y familias, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, anunció la vuelta a las escuelas para el 3 de agosto, tras el receso invernal. Se pone así en línea con la mayor flexibilización de la cuarentena y el relajo en los controles y cuidados ante la crisis social y sanitaria del coronavirus. Tiene el aval de los gobernadores del PJ y la derecha, la Iglesia, otras confesiones y demás patronales privadas de educación. Lamentablemente y sin consultar, la burocracia docente da el visto bueno.
Muy suelto de cuerpo, Trotta afirmó: “Si se sostienen estos niveles de circulación, que son muy positivos, podemos proyectar en casi todo el territorio nacional la posibilidad de regresar a las aulas en agosto, apenas terminen las vacaciones de invierno”. Pero esto lo dijo al transitar un fuerte pico de contagios (unos 1.000 al día), nada menos que en el área metropolitana, que concentra casi el 40% de la población del país. Al saltar la bronca y los casos, la quiso arreglar diciendo que en el AMBA podrían considerar su evolución.
Si lanzaron este anuncio con tanta anticipación es para instalarlo mediáticamente y en la sociedad. Para ir tanteando, preparar el terreno y “construir los consensos en la comunidad educativa, porque hay sectores con miedos”, como reconoce Trotta. En verdad pechaban porque fuera antes, pero la burocracia Celeste de CTERA y los gremios docentes de la CGT dijeron no ver el “inicio con presencialidad hasta después de las vacaciones de invierno”.
Quieren hacer volver a estudiantes y docentes a las aulas, cuando en el mundo más de 1.100 millones de estudiantes siguen bajo el cierre a nivel nacional de sus escuelas. Son 129 países (67% del total de naciones) y el 64% de toda la matrícula estudiantil planetaria, con cierre nacional de escuelas. Proceso que implica el mayor “ensayo” en la historia de la educación mundial.
En Europa, solo siete países dispusieron reabrir establecimientos: Francia, Suiza, Austria, Noruega, Croacia, Estonia y Bielorrusia. Mientras otros mantienen un cierre parcial o localizado como Alemania, España, Grecia o Hungría y gran parte mantiene sus escuelas bajo cierre total como Italia, Portugal, Irlanda, Ucrania, Bosnia, Servia, Rumania, Bulgaria, Turquía.
En EEUU, aún con Trump, es mayoritario el cierre de escuelas: hay 47 Estados con cierre absoluto (el 94%), y solo 3 no cerraron: Alabama, Nebraska y Wyoming. Así suman 95.000 instituciones cerradas desde que inició la pandemia, con un regreso aún indefinido. A nivel mundial solo se sumaron a abrir las escuelas los países-islas como Japón, Australia y Nueva Zelanda. Más Vietnam y Corea, junto a Nicaragua donde nunca hubo cierre total. En China, hay cierres localizados y aperturas parciales con controles de higiene y cuidados. En Sudamérica, solo Uruguay volvería desde el día 15.
En Israel dispusieron un regreso segmentado desde el 17 de mayo, pero tuvieron que volver a cerrar 110 centros educativos, al confirmarse más de 300 nuevos contagios. Por eso, 16.000 estudiantes y docentes volvieron a la cuarentena. Allí también dijeron tomar estrictas medidas de higiene, de distanciamiento, etc., pero los contagios son excesivos, más en menores.
Alberto y Trotta, siguiendo los lineamientos imperialistas
En su informe sobre cuándo y cómo reabrir escuelas(1), la UNESCO reconoce: “esta decisión es compleja, ya que la pandemia sigue evolucionando, y no disponemos de suficientes elementos sobre los riesgos de transmisión”. Un alerta del organismo que anunció la creación de la Coalición Mundial para la Educación, con países capitalistas, multinacionales de la tecnología, las comunicaciones y la información para ayudar a los gobiernos a mejorar los aprendizajes a distancia y facilitar la reapertura de escuelas.
Sobre la teleeducación tuvieron un fracaso rotundo, previsible bajo la lógica del capitalismo, preocupado por elevar la tasa de ganancia de las corporaciones, banqueros y oligarcas, antes que las necesidades de los pueblos. Así se va a otro fracaso al reabrir escuelas.
Incluso la OMS reconoce que se agrava la crisis, pero organismos imperialistas como el Banco Mundial o la UNESCO publican documentos y recomendaciones(2) a los gobiernos para retornar rápido a la escuela. En una nueva normalidad que asegure la producción y renta capitalista. Necesitan a niñes en las aulas y padres, madres o adultos produciendo. También precisan de la camada que renueva la fuerza laboral cada año y los técnicos, profesionales y cuadros que egresan de secundarias y universidades, hoy con débil formación.
Por eso la hipocresía capitalista no tiene límite. Ya que, en nombre de “los niños marginados y familias pobres”, apuran a los gobiernos para que se vuelva a las aulas. Son los mismos organismos del orden capitalista que trajeron a los pueblos hasta acá, con inmensa desigualdad como Argentina, donde el 60% de niñes está bajo la pobreza.
Lo justifican diciendo que “la interrupción de los servicios educativos tiene consecuencias graves y a largo plazo para las economías y las sociedades”. Por eso urgen a hacerlo, “sin olvidar que las pruebas sobre el riesgo de infección que conlleva la asistencia a la escuela no son concluyentes…”. ¡Cínicos! Claro, si las hijas e hijos de estos agentes del capital, no asisten a esas escuelas públicas, comprometidas. Tampoco la casta política que en Argentina define cuándo volver, siguiendo los mandamientos imperiales.
Para eso el Banco Mundial exige “que los países obtengan, sin demora, información de importancia crítica” sobre escuelas, docentes, estudiantes y comunidades. Pero eso se limita a “encuestas de respuesta rápida” y focalizadas para uso de los gobiernos capitalistas.
Esta línea explica por qué Trotta abrió un Facebook Live para salir en video hablando sobre cómo regresar a la escuela. A lo sumo se le podía mandar un mensaje por chat, una opinión perdida en las redes, un Me Gusta o poner tildes en alguna encuesta de opción múltiple. Con eso deberíamos estar conformes de ser tenidos en cuenta…
Por un urgente Congreso Pedagógico Nacional
Gobierno y burocracia reducen a eso el necesario debate, la imprescindible participación y la decisión democrática de estudiantes, familias y docentes. Es que, para eso crearon el Consejo Asesor para la Planificación del Regreso Presencial a las Aulas(3). Un Consejo donde el gobierno, la Iglesia y las patronales privadas tienen el 64% y los gremios docentes solo el 36%. Y en su primera reunión participaron además la UNESCO, Unicef y “especialistas”.
Pero para decidir sobre la política educativa; sobre cómo y cuándo volver a las aulas en este 2020 y su integración con el 2021; balancear el acompañamiento didáctico -al que falsamente llaman “continuidad pedagógica”-; sobre los contenidos y la construcción democrática de conocimientos socialmente significativos; sobre cómo evaluar y promocionar en los últimos años de primaria y secundaria; para eso y más exigimos un verdadero ámbito de debate y decisión democrática de docentes, estudiantes y familias.
Un mecanismo nacional que garantice la participación democrática de quienes hacemos la educación para poder definir las transformaciones y cambios necesarios. Un Congreso Pedagógico Nacional, con instancias asamblearias por distritos, provincias y regiones. Con congresales docentes, estudiantes y familias para poder decidir y no de sectores que respondan a las corporaciones, el Banco Mundial, la OCDE, la casta política, la Iglesia y sectores de la enseñanza privada, más el coro cómplice de burócratas gremiales como pasa hasta hoy.
Una propuesta y demanda a votar en cada escuela y gremio del país para avanzar a otro paradigma de país y educación, un proyecto socialista que democratice la producción y distribución de riquezas y conocimientos, en beneficio del pueblo trabajador. Sumate para hacerlo realidad.
1. UNESCO, 13 de mayo, 2020. ¿Cuándo, en dónde y cómo volver a abrir las escuelas?
2. Banco Mundial, WFP, Unesco, Abril de 2020. Marco para la reapertura de las escuelas
3. Resolución 2020-423, 29 de mayo, 2020. Ministerio de Educación
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El conflicto con la Iglesia en Argentina se remonta a la discusión sobre el artículo 8 de la ley 1.420 (vigente desde 1884) en el cual expresamente establece que “la enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos a los niños de su respectiva comunión, y antes o después de las horas de clase”.
Este artículo 8 fue, históricamente, uno de los pilares fundamentales sobre los que se construyó nuestra educación primaria pública, ya que al desterrar la posibilidad de que la educación religiosa formara parte de los planes de estudio obligatorios, consagró a la escuela como ámbito esencialmente laico. Así lo entendieron los sectores religiosos que nunca cesaron en buscar su derogación, cosa que lograron en dos momentos históricos diferentes: en 1943 durante el gobierno de facto del general Pedro Ramírez y ahora. (Citando al Constitucionalista Daniel Gentili)
Por el impulso del entonces senador por Salta, Rodolfo Urtubey, una comisión legislativa consideró que estaba derogado por la ley 24.195, (ley dictada durante el menemismo), en tanto su artículo 70 daba por derogadas “todas las disposiciones que se opongan” a ella. Dicha ley consideraba que todo lo referente a la educación primaria era incumbencia de las provincias.
Existe una creencia bastante generalizada, incluso en sectores denominados “progresistas”, de que la definición de este tema tan trascendente es competencia de las provincias y no del Estado nacional pero, el establecimiento o no de educación religiosa en las escuelas públicas, es, al igual que en su momento lo fueron la obligatoriedad, la gratuidad y los contenidos comunes, competencia de la Nación.
Si bien es cierto que la Constitución Nacional en su art. 5 establece que cada provincia tiene la atribución de dictar su propia Constitución, esa norma no coloca ninguna Constitución Provincial por encima de ella y de los Tratados Internacionales incorporados con la reforma de 1994, que tienen rango constitucional y que eliminan todo tipo de discriminación.
La injerencia de la Iglesia
Desde sectores religiosos se podrá invocar que la enseñanza religiosa en escuelas públicas, dispuesta por algunos distritos, responde a “las particularidades provinciales y locales” y que, por lo tanto, el Estado nacional no puede legislar sobre esto. Sin embargo, este argumento se contradice con la obligación que establecen las mismas leyes provinciales de que las normas educativas promuevan valores democráticos, sin discriminación alguna, debiendo el Congreso velar porque estos objetivos se cumplan.
No hay duda que el establecimiento de educación religiosa en el horario escolar, como sucedía en Salta y sucede en Tucumán, es discriminatorio y contrario al principio democrático y plural. Por lo tanto, las provincias están inhibidas de legislar en contra de estos principios.
El esquema constitucional reserva para la Nación dictaminar las normas generales que deben regir la enseñanza pública en todo el territorio nacional, delegando en las provincias las formas de su organización. En base a este esquema tuvo lugar el debate en el Congreso Pedagógico realizado en 1882.
A 60 años de “la libre o la laica”
La importancia que tuvo el debate implicó que en 1958 la plaza del Congreso fuera escenario de grandes concentraciones. La iglesia encabezada por Monseñor Plaza junto a sectores liberales y grupos de choque de ultraderecha, como Tacuara, y el apoyo de liberales, como Álvaro Alsogaray, impulsando la libre actuación en la educación superior; y, por otro lado, alrededor de 300.000 estudiantes de FUA y FUBA junto a los secundarios enarbolando las banderas del laicismo terminó con la “Ley Amigorena” que habilitaba a las universidades privadas a expender títulos habilitantes.
Tucumán en pie de lucha
En abril de 2018 iniciamos con un grupo de madres un Amparo Judicial para que no se incluya la materia Religión ni rezos ni ritos en las escuelas públicas ya que es la única provincia en donde el adoctrinamiento religioso es obligatorio. Esto se basa en una retrógrada concepción de la Constitución y en la Ley de Educación Provincial por la que los padres pueden exigir que se dé a sus hijos, en horario escolar, religión (aunque la Católica es la única religión que se enseña).
El antecedente inmediato de nuestra demanda es el amparo presentado por un grupo de madres de Salta, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre de 2017 resolvió “ordenar el cese de la enseñanza religiosa durante el horario escolar y como parte del plan de estudio, así como la realización de prácticas religiosas como rezos, bendiciones y oraciones en los cuadernos y en el ámbito de las escuelas públicas”.
Es indignante la injerencia de la Iglesia en toda nuestra vida, vulnerando derechos humanos mundialmente reconocidos, como el derecho al aborto legal seguro y gratuito en hospitales públicos. Tucumán es la única provincia que no adhiere a la ley de Salud Sexual y procreación responsable y no se instrumenta la Educación Sexual Integral por una subordinación del gobierno provincial al Arzobispado.
Esa intromisión de la Iglesia avanza con movilizaciones de los “pro aborto clandestino” ahora “Con mis hijos no te metas” en contra de la educación laica y científica y de la perspectiva de género en la ESI.
La Iglesia es una estructura de poder muy grande en el Estado, al servicio de sus políticas reaccionarias y explotadoras. En la historia de la humanidad y de nuestro país, siempre estuvo del lado de las clases dominantes y de las dictaduras: Videla, Hitler, Mussolini y Franco son algunos de los ejemplos. Siempre protegiendo también a los curas pedófilos.
La enorme ola verde que recorre a la Argentina y el mundo está haciendo tambalear esa herramienta de dominación al servicio de la burguesía.
Justamente por eso hoy debemos redoblar nuestros esfuerzos por frenar su ofensiva desesperada contra nuestros derechos y los de nuestros hijos.
La Comisión Educación Laica
Desde el MST junto a Lita Alberstein impulsamos la Comisión Educación Laica en Tucumán, a la que se sumaron organizaciones como ILEC Argentina ANDHES, APDH y compañeros interesados. Tuvimos una importante repercusión en los medios provinciales y nacionales. Fuimos construyendo un espacio que crece día a día, realizando tres apostasías colectivas con 500 personas. Y coordinamos actividades con la Campaña Federal por la Separación de la Iglesia del Estado.
Hoy la Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala II de la capital tucumana dispuso abrir la demanda a todas aquellas personas u organizaciones que compartan nuestro reclamo de educación laica, haciéndolo publicar en forma oficial en medios importantes de la provincia. Convocamos a unirse a nuestra lucha.
El Arzobispado inició una campaña de difamación contra nosotros, aduciendo que pretendemos dejar sin trabajo a los docentes de religión. Rechazamos esas acusaciones ya que promovemos su reubicación, la cual corresponde ejecutar al gobierno. Además, la Iglesia Católica que recibe subsidios anuales de $32.000.000.000 para educación: que pague los salarios de sus maestros de religión, salarios que hoy pagamos con nuestros impuestos.
Vamos por la educación laica y científica, la educación sexual integral para todes. Que la Iglesia y el Estado sean asuntos separados.
Ángel Paliza, Abogado. Profesor de Escuelas Experimentales Universidad Nacional de Tucumán
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En la noche de la elección, Rodríguez Larreta ratificó su cuestionada reforma educativa. Según el jefe porteño, “siguiendo el liderazgo del gobierno nacional, si hay algo de lo que estamos convencidos en educación es que tenemos que cambiar. Y lo vamos a hacer. Vamos a incorporar la mejor tecnología, las mejores prácticas pedagógicas, vamos a jerarquizar a los docentes. Pero lo que seguro vamos a hacer es cambiar
”.
El guante lo recogió el diario La Nación, fanático de la reforma liberal, al interpelar al macrismo sobre si van a avanzar realmente. Por eso no resulta descolgado que, en el festejo, el jefe PRO destaque ese párrafo sobre educación.
Sí llama la atención que tales promesas de “cambio” las hagan los que gobiernan hace 10 años la ciudad de Buenos Aires, el distrito con más recursos per cápita del país. ¿Qué les impidió dotar de tecnología, mejores prácticas pedagógicas y, sobre todo, jerarquizar al docente en esta década
?
En realidad hicieron lo contrario. Frenaron el Conectar Igualdad y la entrega de computadoras. Precarizan y cercenan las prácticas y contenidos pedagógicos. Y empobrecen al docente y su tarea al pagar salarios por debajo de la línea de pobreza con la excusa de que, si se trabaja en dos cargos, se cubriría la canasta familiar. Lo opuesto a cualquier “jerarquía” de las y los educadores y su labor.
Educación al servicio de las empresas y nueva carrera docente
El cinismo reformador lo reitera Larreta días después, junto a la ministra de Educación porteña. Por eso es posible que insistan con la resistida y mal llamada “Secundaria del Futuro” que devalúa el proceso educativo y lo pone al servicio del entrenamiento laboral para el mercado capitalista.
Que plantea disolver materias en áreas, con pérdida de contenidos. En un vaciamiento que apunta a preparar mano de obra, poniendo la educación al servicio de las empresas, en el sentido material productivista, eliminando el pensamiento crítico y el desarrollo integral de las personas.
Esta política global la confirma otro diario patronal como El Cronista al alertar que “pese a los paros y la resistencia de los gremios”, el gobierno planea “avanzar en un tema sensible como la carrera docente y la capacitación permanente… mientras sigue la inscripción a la Secundaria del Futuro”.
Por eso debemos estar alertas y organizados si vuelven a la carga. No sólo en la Ciudad, sino también en la Provincia de Buenos Aires donde seleccionaron escuelas medias como “piloto” del proyecto “Escuela 2030” de reforma secundaria.
Macri también mencionó a la educación entre las cuatro reformas a implementar, en perjuicio de conquistas del pueblo trabajador con la excusa de la modernidad. En realidad, como sostenemos en la revista Entrelíneas, la escuela pública argentina necesita una revolución a su favor. Pero los cambios del PRO van en sentido opuesto. Su batería de medidas supera a las “reformas” impulsadas por otros gobiernos burgueses para adecuar la educación al modo imperante de producción y distribución de la riqueza y los conocimientos.
Estamos frente a una contrarreforma que apunta a la privatización educativa, a precarizar el trabajo docente, su estabilidad y salario, a devaluar los saberes y la formación, así como las condiciones materiales que determinan el hecho educativo. Por eso se proponen un ajuste en el Presupuesto Educativo 2018.
Por esto y el peso de la masa salarial que absorbe el 85-90% de los presupuestos, el proyecto de ir a una nueva carrera docente, es pilar de la contrarreforma: flexibilizar los estatutos docentes, la escala salarial, carrera profesional y estabilidad en el cargo. Eso explica la obsesión macrista por evaluar y hacer rankings para justificar la diferenciación salarial que quieren introducir.
Conscientes de la resistencia que generaría, lo plantean en dos etapas: en 2 años proponen “un sistema nacional de carrera docente al cual puedan adherir voluntariamente los docentes en ejercicio” (Plan Maestr@, pág. 50). Para luego “lograr que el 50% de los docentes en actividad de gestión estatal (incluyendo a los docentes ingresantes desde el 2019) estén adheridos al Sistema Nacional de Carrera Docente”. Es decir, un rodeo hacia un nuevo estatuto, si el choque directo no resulta.
Frenar los operativos “Aprender” y “Enseñar”
Así cobra sentido lo que pretende lograr el macrismo con los operativos de evaluación “Enseñar” y “Aprender”. Como dice la declaración de la Celeste de CTERA: “Se trata lisa y llanamente de pruebas estandarizadas que operan como control y mecanismo para la construcción de datos sobre resultados que “permiten” elaborar rankings de Escuelas, ciudades, países; y dejan abierta la posibilidad para encadenar las condiciones del trabajo docente (dentro de ellas el salario) a los niveles de desempeño/rendimiento, la meritocracia y el credencialismo. O sea, estigmatización de lxs estudiantes y de las Escuelas y precarización y flexibilización laboral de la docencia; en definitiva, deslegitimación de la Educación Pública para abrir las compuertas a la iniciativa empresarial meritocrática, estandarizante, mercantilista y privatizadora”.
Pero, ¿qué piensa hacer la Celeste de CTERA, SUTEBA y demás gremios ante esta avanzada PRO? Con el antecedente del Aprender 2016 donde dejaron correr, exigimos que convoquen a plenarios de delegados con mandato, asambleas y un congreso nacional para definir un plan de acción para frenar los operativos del 7 de noviembre.
Implementar una campaña de difusión a la comunidad educativa y la sociedad. Donde se generen acciones para ir ganando la calle y el aval al rechazo a estos operativos. Exigir un plan de acción nacional y en cada distrito que parta del esclarecimiento vía solicitadas, conferencias de prensa, abrazos a las escuelas, clases públicas, concentraciones, marchas, afiches, volantes, cartas, flyers y videos para inundar las redes sociales y otras acciones que concluyan en un paro provincial y una acción nacional junto a la comunidad, para frenar estos operativos.
El 1º de noviembre sería la primera paritaria docente bonaerense. Junto a debatir democráticamente un mandato sobre qué reclamo salarial realizar, sobre presupuesto o condiciones laborales, habrá que exigir allí que no se realicen el “Enseñar” y “Aprender”.
Evaluación Social y Congreso Pedagógico
Ante la orientación privatista y precarizadora macrista, avalada por todos los gobiernos provinciales, impulsamos el proyecto de Evaluación Social de las Políticas Educativas y de los gobiernos que las aplican.
Los cambios en educación debemos debatirlos y, sobre todo, decidirlos quienes sostenemos el proceso de enseñanza-aprendizaje. No los tecnócratas que responden a los lineamientos de la OCDE y el Banco Mundial, contrarios a la escuela pública estatal como conquista y derecho social a garantizar desde el Estado, sin injerencia privada.
Para esto es necesario convocar a un Congreso Pedagógico Nacional para que las y los educadores, junto a la comunidad, seamos los que definamos democráticamente los cambios y transformaciones que nuestra educación requiere.
Francisco Torres
Sec. Gremial de la FND-CTA
Federación Nacional Docente
En julio de este año la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) entregó al ministro de Economía Dujovne el “Estudio Económico Multidimensional de Argentina”. La OCDE es un organismo multilateral que traza planes imperialistas que definen la orientación económica de países como el nuestro. Ese documento, que se limitó a ser difundido en los suplementos especializados de los grandes diarios, tiene su trascendencia. Se trata de la hoja de ruta explícita que las fracciones dominantes del capital definieron para nuestra región. Lo más relevante que analizamos de ese material de 174 páginas es lo siguiente:
Señala que el 50 por ciento de la población en Argentina es o puede ser pobre y plantea que para sobreponerse se requieren inversiones.
Para lo anterior recomienda eliminar el déficit fiscal con una reforma que exima de impuestos a las corporaciones y deseche “todo escollo restrictivo, regulatorio” que entorpezca la instalación de empresas extranjeras.
Eliminar las tarifas a la importación.
Multiplicar la productividad de la fuerza de trabajo, abaratar las indemnizaciones y reducir las jubilaciones.
Aumentar la edad jubilatoria para darle sustentabilidad al sistema previsional.
En paralelo, la OCDE exige una reconversión educativa en el nivel medio con tres objetivos declarados en el “paper”:
Por lo tanto, la “Escuela del Futuro” que Larreta instaló en el debate de CABA, tiene ese marco global.
La educación como campo de entrenamiento laboral capitalista
Es decisivo, para organizar una respuesta de lucha consistente, empezar por entender bien, qué plataforma programática estamos enfrentando. La reforma educativa de la “escuela del futuro” tiene una estrategia: estandarizar y precarizar el proceso educativo para sintonizar con la reforma de las condiciones laborales para bajar el precio de la fuerza de trabajo y aumentar la productividad global. El objetivo del capital es recuperar tasa de ganancia a mediano plazo para un ciclo de expansión que relance la economía en crisis desde 2008. Es una perspectiva capitalista en el orden internacional.
En los primeros borradores a los que pudimos acceder, en medio de ambigüedades, sobresalen las siguientes cuestiones:
Divide en 2 ciclos de 2 años cada uno y un último año muy particular. Cada ciclo tiene una terminalidad que estimula la deserción en los primeros años disimulada con un título intermedio de bajísima calificación.
Los contenidos de 15 materias son disueltos en 3 áreas muy generales, lo cual presumiblemente, prepara una eliminación de asignaturas como la Nueva Escuela Secundaria del 2013 que al amparo de la Ley Nacional Educativa de Filmus, liquidó 40 orientaciones en CABA.
Plantea transformar el 5° año con un 50 % de orientación “vinculada a los intereses de cada alumno” y el otro 50 % “destinado al desarrollo de habilidades y proyectos relacionados al emprendedurismo”. Habilita pasantías en empresas gratis o cuasi, para reemplazar obreros/as de convenio.
Anticipa un ataque al Estatuto Docente ya que solo el 30 % del tiempo de formación en aula estará a cargo de docentes y el resto de “facilitadores” que podrían ser incluso, formas online de educación a distancia. Violencia laboral y precarización del proceso pedagógico matando la interacción personal y colectiva del proceso educativo in situ.
En definitiva: se trata de una reforma que busca sintonizar la formación en la escuela media con las reformas estructurales en las condiciones laborales y limitar la formación a producir engranajes rutinarios de la producción capitalista. Este plan en simultáneo a la misma orientación para la educación superior con el modelo Bolonia como referencia. Es la misma matriz.
Democratizar para revolucionar
El macrismo ya acusó recibo del ascendente movimiento educativo que tiene al estudiantado como animador central con casi 20 colegios tomados en CABA. Por eso, desde el Ministerio se opera con boletines oficiales que buscan atemperar la reacción creciente relativizando esto que estamos denunciando. Conscientes de las limitaciones de la conducción de UTE y los debates que existen al interior de ADEMYS entre el FIT y nuestra corriente, al igual que la lucha política que también cruza al movimiento secundario; nuestro propósito inmediato es inequívoco: contribuir al más amplio frente único en defensa de la educación pública en rechazo a esta reforma (anti) educativa capitalista. Es crucial la respuesta de conjunto de docentes, estudiantes y la comunidad entera para sostener una relación de fuerzas que derrote las maniobras de Cambiemos.
Obviamente, le oponemos a esta adecuación mercantilista de la educación un modelo con una estrategia antagónica: fortalecer el conocimiento crítico, la formación integral, humanista, emancipadora, fomentar la construcción horizontal y colectiva del proceso pedagógico con la perspectiva puesta en un modelo social no centrado en el beneficio privado sino en la garantía de derechos mayoritarios. Es clave debatir una hoja de ruta alternativa al capitalismo educativo.
Y un aspecto crucial. El capitalismo en todos los órdenes avanza confiscando derechos. En particular, usurpa la democracia, el derecho a decidir y profundiza el autoritarismo para garantizar cambios rápidos, al ritmo de la ley del beneficio económico y sus urgencias.
Nosotrxs le oponemos un paradigma alternativo: democratizar todo y en esto incluimos la educación. Nuestra propuesta es que los verdaderxs protagonistas del proceso educativo -toda la comunidad- decidamos de abajo hacia arriba con un Congreso Nacional Pedagógico. Sin la injerencia de tecnócratas ni CEO’s. Es el pre-requisito para reorganizar, dar vuelta y revolucionar la educación.
En lo inmediato, sin embargo, lo urgente implica apoyar incondicionalmente las tomas de colegios y rodear con fuerza ese proceso preparando una gran movilización para el próximo aniversario de La Noche de los Lápices, impulsando que todas las escuelas se pronuncien contra la reforma y proponer un plan de lucha conjunto a la docencia para clausurar definitivamente el paso al macrismo mercantilizador en nuestra educación.
Mariano Rosa, Coordinador de la Juventud Socialista
Vanesa Gagliardi, Secretaria Gremial ADEMYS
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La querella por la laicidad la iniciaron en 2010 un grupo de madres y la Asociación por los Derechos Civiles. Como la inconstitucional ley educativa salteña autoriza la enseñanza religiosa, la Corte provincial avaló a la Curia. La causa llegó a la Corte nacional, que debe fallar.
El 24 hubo en Salta una primera convocatoria laica y la Iglesia amagó con una contramarcha, que al final suspendió. Este 30 hay una nueva marcha por la educación laica, con familias autoconvocadas, organizaciones de derechos humanos, periodistas independientes, referentes de credos no católicos, el MST-Nueva Izquierda y otras organizaciones.
A su vez el 31 hay una “marcha cristera” -por Cristo- en la Plazoleta Cuatro Siglos. En realidad, cuatro siglos son los que atrasan el gobernador Urtubey, su ministra de Educación y demás sectores que plantean mantener la imposición de dictar religión católica como materia, en horario escolar y como parte del programa oficial.
Antidemocrático, discriminatorio y anticientífico
1) Dictar religión católica en las escuelas del Estado es antidemocrático porque la educación pública se banca con los impuestos que pagamos todos: católicos, evangelistas, judíos, musulmanes, budistas, agnósticos, ateos y de cosmovisiones originarias. Los gobernantes dicen que enseñan “todos los credos”, pero se impone uno solo: el catolicismo. Y eso atenta contra la libertad religiosa y de conciencia, que por supuesto incluye el derecho democrático a no profesar ningún credo.
Además de dos horas de clase semanales de “religión”, dicha materia figura en el boletín, se reza en las escuelas, se bendicen las comidas en el comedor escolar, se inscriben frases católicas en los cuadernos de alumnos y profesores, se pegan afiches y avisos católicos en las carteleras escolares, hay cruces e imágenes y hasta se obliga desde jardín de infantes a asistir a misas y celebraciones como la del “Milagro”, perdiendo varios días de clase. Es una intromisión inaceptable.
Nota del colegio secundario Reyes Católicos
2) Es discriminatorio hacia las alumnas y alumnos no católicos. Aunque “se consulta” a los padres si quieren que sus hijos reciban religión, no hay actividades alternativas y la presión oficial termina marginando a quienes no están de acuerdo.
Además, como lo señala el amicus curiae de Bodart, Ripoll y Gómez, “atenta gravemente contra la privacidad de los niños y niñas así como de sus padres, al disponer la obligación de revelar a las autoridades públicas datos sensibles, como lo es la pertenencia a algún credo religioso o a ninguno”. En concreto, a los alumnos se les pregunta por escrito si “rezan u oran” y si “saben usar la Biblia”…
Interrogatorio clerical a lxs alumnxs.
3) Es anticientífico. Las catequistas, designadas por la Curia, enseñan que Dios “creó” el mundo a partir de “la nada”. Desde ya, nombran la teoría evolucionista de Darwin o el big bang, pero en los exámenes oficiales se afirma que “el hombre pensó y realizó diferentes formas para explicar el origen del universo, pero siempre llega a la conclusión de la existencia de la mano de Dios”. Una mentira total.
“Dios creador del universo”
Como señala nuestro amicus, “si bien la provincia adhirió a la Ley de Educación Sexual Integral, Salta no brinda ninguna educación sexual real… Además, el Ministerio de Educación ya no está dando cursos de capacitación docente en ESI y su aplicación en las escuelas queda librada a la decisión discrecional de cada docente.”
Y finaliza: “Somos respetuosos de la libertad de cultos, si bien no los compartimos. Pero rechazamos con toda firmeza la intromisión de la Iglesia en la educación y la vida públicas. Abogamos por la separación de la Iglesia Católica del Estado y por la anulación de los millonarios subsidios estatales a la misma y a toda educación religiosa.”
Pablo Vasco
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Proyectos por la educación, que sean ley
Para enfrentar al PRO, no sirve elegir diputados que después le votan los Presupuestos de ajuste como en 2016 y 2017, reduciendo las partidas de la educación estatal y aumentando más de 140% los subsidios a la enseñanza privada y confesional. Así lo hicieron todos los bloques del PJ y FPV, incluida la Cámpora, igual que el massismo y el GEN. Como le votaron también las leyes impositivas que pidió Vidal y el mayor endeudamiento de la historia.
Por eso, como precandidata a diputada provincial por la populosa 3a Sección Electoral, quiero compartir estos proyectos y luchar para que sean ley: Aumento salarial a docentes, blanqueo de las sumas en negro y actualización trimestral automática, por la inflación real. Triplicar el Incentivo docente y su inmediato pase al salario básico, con fondos del presupuesto nacional. Esto implica subir un 100% el básico, impactar en la escala y en los jubilados.
Eliminar los subsidios estatales a escuelas privadas y volcarlos a la estatal. Aumento de emergencia de las partidas para comedores, mobiliario y útiles. Emergencia en infraestructura escolar, con una comisión de la comunidad para hacer los relevamientos y el control de obras.
Que los políticos ganen como una directora de escuela con 10 años de antigüedad. Obligatoriedad de todo funcionario o diputado a educar sus hijos en escuelas públicas y atenderse con su familia en el hospital público. Evaluación Social de las Políticas Educativas y los gobiernos que las aplican. Estas y otras propuestas, queremos hacerlas realidad.
Andrea Lanzette

El gobierno necesita desacreditar a la escuela pública y señalar que la enseñanza privada supera a la estatal. Responsabilizar además al docente de los deficientes resultados del operativo Aprender 2016; ligar la falta de calidad educativa con el ausentismo docente y la formación de los educadores.
Por eso lanzan un Plan Maestr@ de acuerdo a las lineamientos del Banco Mundial, el BID y la OCDE, los que cuentan con el apoyo de los gobiernos capitalistas. Así tratan de avanzar en la concepción mercantilista de la educación, poniéndola al servicio de las corporaciones.
Esto hace que el conflicto no sea sólo salarial, sino que se trate de una lucha político-social por la educación estatal. La que desprestigian para abonar a su mayor privatización. Es que los empresarios, esos con los que Macri se ve en el Mini Davos, exigen más injerencia empresaria en las escuelas y ahondar la competitividad en educación, presionar sobre los docentes y plantear evaluaciones externas y estandarizadas.
Retos para una izquierda pedagógica
Cuando el macrismo pega, lo bancan desde la “oposición”. Hasta Scioli propone a Vidal que cierre la paritaria por decreto. Mientras Massa pelea por ver quién es más conservador, se discute el modelo educativo, pero al servicio de las corporaciones. Debatamos entonces desde una izquierda pedagógica.
Aquí surge la primera y gran diferencia que tenemos con la Celeste: abandonaron el debate educativo. Esto adquiere mayor gravedad al ver que Macri viene por todo. Pero hay también fuerzas de izquierda que actúan de forma refleja a la Celeste, al dejar para un futuro e hipotético gobierno de izquierda, los planteos transicionales que puedan dar respuesta a la crisis.
Al igual que en las problemáticas de género, sectores como PO, PTS o la Azul y Blanca, se niegan a levantar propuestas transicionales. Por eso no plantean la necesidad de reapropiarnos de la pedagogía. Levantan un programa mínimo, sindical y dejan el programa máximo, para la educación de un futuro estado socialista.
Así la lucha contra el modelo vigente se hace más inocua. Desde Alternativa Docente y el MST te queremos invitar a sumarte con nosotros para debatir este proyecto y desechar toda perspectiva apenas sindicalista de esas corrientes.
Porque queremos una izquierda pedagógica que debata sobre educación. Que apunte a recuperar la pedagogía y tener postura entonces y propuestas sobre evaluación, currículo, rol docente y carrera profesional; normativa, leyes y gobierno de la educación. Cuando el Aprender fue patético el rechazo de estas corrientes a formular alguna propuesta. Mientras la Evaluación Social de las Políticas Educativas fue tomada por amplios sectores como la Federación Nacional Docente, en su momento Ademys o la Asamblea Educativa de la CTA Autónoma, entre otros.
Vamos por una izquierda pedagógica comprometida con el hacer cultural y la lucha social, gremial y política. Una calidad educativa opuesta a la de los gobiernos capitalistas. Que pida colocar a los docentes en el centro de toda estrategia para mejorar la calidad, como aspiración común del pueblo.
¿Por qué decae la educación ?
Para lograrlo debemos contrariar el rol docente-reproductor que nos asigna el sistema. Y proponernos como educadores para el cambio social. Rechazar toda idea de educación como entrenamiento de técnicas o habilidades, así como valores y contenidos al servicio del modo de producción y organización social. La educación no es “neutral”. Los modelos educativos son piezas en el proyecto de sociedad y sirven a los intereses de la clase dominante.
En ese contexto, importa responder ¿por qué decae la educación? ¿Acaso es posible la calidad educativa con el 50% de los chicos en la pobreza…? No. Con docentes pobres, familias pobres y una institución-escuela en la pobreza, la educación se empobrece.
Por eso debemos integrar el programa educativo a un proyecto global para otro modelo y sistema social. Con una clara perspectiva anticapitalista y antiimperialista, una sociedad socialista, plural, igualitaria, democrática y participativa.
Vamos por un sistema de educación nacional, único y estatal. Además de gratuito, obligatorio, laico, científico y que forme en el pensamiento crítico. Planteamos volver a nacionalizar el sistema educativo. Democratizar su gobierno. Lograr un aumento inmediato del presupuesto al 10% del PBI y un salario de $ 15.000 de básico. Desde Alternativa Docente y el MST venimos realizando charlas y debates sobre estos temas. Invitamos a todos los docentes y estudiantes que quieran sumarse, a organizarse con nosotros en el país.
Francisco Torres, Sec. Gremial FND

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¿De qué hablamos cuando alertamos sobre la contrarreforma macrista? El sistema educativo requiere cambios, es indudable. Una revolución a favor de la educación estatal. Pero la batería de medidas del PRO supera los ataques de distintas «reformas» impulsadas por los gobiernos burgueses para adecuar la educación al modo imperante de producción y distribución de la riqueza. Al plantearse un ataque global y en todos los niveles de la enseñanza, ésta se alza como una clara contrarreforma, privatista y flexibilizadora.
Unidad burguesa en la contrarreforma
La avanzada se debe desmenuzar en su totalidad para frenarla. Macri cuenta con el aval de los gobernadores de Cambiemos, el FPV, PJ y PS como quedó estipulado al firmar la Declaración de Purmamarca [1] y las unánimes Resoluciones del Consejo Federal de Educación. Los ejes de esta contrarreforma son: a) Aprender 2016 y el Sistema de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa [2] sobre el que Macri pide avanzar. Propusimos la Evaluación Social de las Políticas Educativas y los gobiernos que las aplican.
b) Formación: El Plan Nacional de Formación Docente 2016-2021 [3], nuestro rechazo a los despidos en Educación y la defensa de los INFD que, para Bullrich, deben quedar sólo 50. c) Inicial: Rechazamos el proyecto de abrir 4.000 CPI de 3, 4 y 5 años que tercerizan el Nivel. Por Jardines estatales y personal de acuerdo al Estatuto. d) Jornada extendida: «la escuela sale de la escuela», es decir, más tiempo para la enseñanza en instituciones sociales, culturales y deportivas. Vamos por una jornada extendida en la escuela, con edificios en condiciones y personal bajo Estatuto.
f) Innovación y tecnología: privatizan áreas y compran material en convenio con Microsoft, Facebook, Google, etc. Por la producción local e independiente, software libre y otras medidas. g) Comunidad educativa integrada: eufemismo que disimula la injerencia empresaria en la «articulación con organizaciones de la sociedad civil, del sector privado y público vinculadas al campo educativo». Y la propuesta de «adecuar la oferta educativa a la demanda laboral».
Desacreditar al docente
Al hablar ante el Congreso y la Legislatura, Macri y Vidal apuntaron contra la docencia. «El paro es contra los chicos» y «no ayuda en nada», según Vidal. Mientras que Macri, con hipocresía al negar la paritaria y subir sólo 13,8% el salario nacional, dice: «los docentes deben poder realizarse y tener un salario digno…». Y machacó con que «necesitamos docentes formados» como si la docencia no se capacitara. De allí que propongan h) Profesionalizar al docente: apuntando a los rankings para la diferenciación salarial y «la construcción gradual de una carrera docente orientada a la superación profesional», a partir de incentivos y meritocracia.
Otro punto es la privatización. Al hacer como el tero que grita en un lado y pone el huevo en otro para ocultarlo, Vidal responsabilizó a la docencia y sus paros por la «privatización de hecho». Esto lo dice quien viene de conducir la Capital, con el 51,2% de los alumnos en escuelas privadas y sólo el 48,8% que asisten a la estatal (Anuario Estadístico Educativo 2015, Min. Educación). Cuando esos guarismos son opuestos a nivel nacional ya que en estos 10 años, de un total de 12,5 millones de alumnos, la matrícula creció en 1,27 millón de alumnos, de los cuales el 58,5% eligió la estatal y sólo el 41,5% la privada.
PRO: ¿Un freno a la privatización…?
Como si nada tuviera que ver su largo año de gobierno ni los años donde votaron todas las leyes y presupuestos a Scioli y Cristina, la gobernadora afirma que hubo en la Provincia una privatización de hecho, al consignar más crecimiento en la matrícula privada que la estatal. Lo dice para justificar su relato: «Estamos para frenar la privatización de la educación pública, para que vuelvan a elegir la estatal», cuando sus medidas son lo opuesto.
Por eso Vidal redujo el presupuesto educativo al nivel más bajo en los últimos 24 años, al caer al 24,9% para educación. Y más que duplicó los subsidios a la enseñanza privada, al aumentar 142% y pasar de $ 6.000 millones en 2015 a $ 14.500 millones en 2017. Lo mismo ocurre en Capital, al caer el presupuesto estatal y elevar mucho los subsidios a las privadas.
Como marco para estos recortes, va el ajustado compromiso de «sostener la inversión en Educación en el 6% del PBI». Esto es más ajuste. Porque resulta indispensable el aumento inmediato del presupuesto al 10% del PBI, sin ley de «financiamiento» gradual, hasta 2021 como promueve la Celeste, con precariedad salarial y pago en negro (Incentivo y Fondo Compensador).
En las Resoluciones del 10º Congreso del MST desarrollamos varias de las propuestas para dar salida a estos problemas y las pautas del modelo educativo que defendemos.
Francisco Torres, Secretario Gremial FND Alternativa Docente
1 Purmamarca http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res16purmamarca_16.pdf
2 Res. 280/16 – Anexo http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res16/280-16_01.pdf
3 Plan Formación Docente http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res16/286-16_01.pdf
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