Escribe: Pablo Vasco
No es sólo que “los medios visibilizan los delitos”, como arguye la ministra Frederic. Hay barrios que son tierra de nadie, con pequeños negocios que sufrieron dos, tres o más robos en la cuarentena. En Quilmes, le roban a un jubilado y éste termina asesinando a uno de los chorros, tirado en el suelo y desarmado. En Almirante Brown, se llevan el auto de una mujer con su hijo adentro. En Casanova, un grupo de vecinos apaleó a un ladrón. En Rosario, un fiscal tuvo que renunciar por cobrar coimas a empresarios del juego y está implicado el fiscal general. En José C. Paz, el intendente peronista encubre la venta de falopa. En San Isidro, un fiscal, su secretario y abogados amigos van presos por quedarse con droga decomisada. En Azul, el comisario de Drogas Ilícitas fue detenido por armar causas falsas por narcotráfico…
Noticias así son de cada día, confirmando que la falta de seguridad existe y que la policía, la justicia y el poder político son parte de ella. El propio Estado capitalista produce inseguridad: mientras la Bonaerense desaparece a Facundo, el jefe K de esa fuerza, Sergio Berni, se pasea ametralladora en mano y se candidatea con videos estilo Rambo. Por supuesto, repudiamos que a cualquier persona honesta que vive de su trabajo un lumpen desclasado le afane, a menudo con violencia, lo que tanto cuesta ganar.
La mano dura ya fracasó
Primero vamos a desmentir algunas falacias típicas del punitivismo, así venga de exponentes como la macrista Patricia Bullrich, de Berni o de quien sea:
“Si se ponen penas más duras, antes de salir a robar lo van a pensar mejor”. Falso. En 2004, con Néstor Kirchner, se votaron las leyes Blumberg. En 2016, con Macri, se endureció la ley de ejecución penal. Y la tasa de encarcelamiento crece sin pausa(1). Pero la criminalidad no baja. Es que el castigo penal no disuade y además llega tarde, cuando el delito ya se cometió.
“Los inmigrantes traen inseguridad, porque vienen al país a delinquir”. Además de xenófobo, falso. Según los informes de la Procuración Penitenciaria de la Nación(2), el índice de delictividad de los extranjeros es el mismo que el de los argentinos nativos.
“Los delincuentes no respetan los derechos humanos de las víctimas”. Falso. Sólo el Estado tiene la obligación, la capacidad y la responsabilidad indelegable de proteger los derechos humanos(3). Por ende, únicamente el Estado los puede violar.
“Los chorros entran a prisión por una puerta y salen por la otra”. Falso. Según el último informe de la SNEEP(4), el 45% de los detenidos en cárceles federales aún está bajo proceso y sin condena firme, o sea es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Otras fuentes estiman que es más del 50%.
“Ahora hay más inseguridad porque el gobierno nacional liberó a miles de delincuentes por la pandemia”. Doblemente falso. Primero, la orden la da el Poder Judicial. Segundo, “desde marzo hasta junio, sólo 500 presos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) consiguieron que se les otorgue la prisión domiciliaria por ser población de riesgo”(5).
Desde ya, no queremos que quede impune ningún delito real: deben ser juzgados en juicios con garantías y castigados como corresponde. Pero con la cuestión de la inseguridad pasa lo mismo que en tantos otros ámbitos de la vida: de nada sirve atacar los efectos si a la vez no se combaten las causas que los producen. Si no, es totalmente inútil por no decir absurdo.
Cuatro causas de fondo
1. La desigualdad social, no la pobreza
Los expertos de todo el mundo coinciden en que la razón número uno del delito es el aumento de la brecha social: se concentran cada vez más riquezas en un polo minoritario de la sociedad, mientras que en el otro polo, mayoritario, se extienden la pobreza y la miseria. Según los últimos datos del INDEC, en la Argentina el 10% más pobre de la población ocupada posee apenas el 1,3% del total de ingresos, mientras que el 10% más rico concentra el 28,9%6. Para la amplia mayoría, la posibilidad de mejora social se terminó hace rato.
2. La exclusión y marginalidad juvenil
Los jóvenes que no acceden a la educación ni a un trabajo remunerado, los ni ni, son un fenómeno mundial y creciente del capitalismo. Según la OIT, “la franja poblacional de 15 a 24 años que cumple con estos requisitos pasó de 259 millones jóvenes en 2016 a 267 millones en 2019”7. Y la pandemia agudiza esto. Como más de la mitad son mujeres, muchas de las cuales cuidan a sus hijas e hijos u otros familiares, son sobre todo varones los que terminan reclutados por las mafias como mano de obra barata. A poco de asumir Alberto, que prometía un ambicioso plan de pasantías juveniles, los varones ni ni de 18 a 25 años eran casi 600.0008.
3. El modelo: la impunidad del poder
Como lo hemos planteado en una nota anterior: “El tercer componente de la inseguridad es el pésimo ejemplo que viene del poder político y económico, con su corrupción e impunidad. Si los funcionarios de gobierno y grandes empresarios coimean, curran fondos públicos y siguen piolas; si además no se puede estudiar ni laburar de nada, y si encima no hay perspectivas de mejorar a futuro, se completa fácilmente el combo social que empuja a delinquir”9. En plena pandemia, el gobierno de Alberto compró alimentos con sobreprecios y el de Larreta hizo lo mismo con barbijos. Si altos funcionarios políticos roban plata pública destinada a comida y salud, es evidente que el modelo ético que habilitan hacia abajo es el todo vale.
4. La policía es parte integrante del problema
Es equivocado suponer que más policía o más gendarmería significa más seguridad. Primero, porque cuando reprimen las luchas causan heridos y a veces muertos, y con el gatillo fácil y los asesinatos en comisarías o cárceles matan a razón de una persona por día, en general jóvenes y pobres. Y segundo, porque son las mismas fuerzas corruptas que coimean, liberan zonas y pactan negocios con los narcos, desarmaderos y proxenetas. Esos delitos económicamente organizados prosperan gracias al amparo del Estado. A veces la cana hasta obliga a los pibes a robar para ella. Y lo mismo el sistema penitenciario, que en vez de ayudar a la reinserción social alienta más delito y violencia.
Seis propuestas socialistas
1. Un plan urgente de inclusión juvenil
Como primera medida de emergencia proponemos aplicar un plan de shock de reinserción social para la juventud, con becas de terminalidad escolar y programas de primer empleo sin precarización, con salarios y condiciones dignas. Esta política permitiría rescatar de la marginalidad a cientos de miles de pibes e implicaría un rápido y genuino desaliento a la variante de caer en conductas delictivas.
2. Otro modelo económico-social
Si la causa central del delito es la brecha social, hacen falta planes opuestos a los ajustes capitalistas. Por caso, gravar con altos impuestos a las grandes fortunas, corporaciones y bancos, y no pagar esa estafa llamada deuda externa a los fondos buitres y al FMI. A esos grandes delincuentes de guante blanco, que fugan y evaden, hay que atacarlos en donde más les duele: el bolsillo. Por cierto, toda esa plata se debe volcar a revertir la desigualdad social.
3. Anular todos los privilegios políticos
Como ejemplo de ética pública desde el poder hacia la sociedad, hay que terminar con los privilegios de los funcionarios políticos, del presidente al último concejal: rebajar sus sueldos a lo que gana un/a trabajador/a, obligatoriedad por ley de educar a sus hijxs en la escuela pública y atenderse en el hospital público. También revocar sus cargos si incumplen sus deberes y embargar sus bienes hasta restituir lo robado si malversan fondos públicos.
4. Impulsar la autoorganización vecinal
Nadie mejor que los mismos vecinos y vecinas para saber qué tipos de delito proliferan en sus barrios, en dónde están, cómo prevenirlos y combatir a sus responsables. Por eso proponemos la organización comunitaria para implementar medidas de prevención y autodefensa: sistemas de alarmas y cámaras, grupos de whatsapp, rondines de control y otras. En algunos barrios ya se está haciendo, incluso con pasacalles de alerta a los delincuentes.
5. Democratización real del sistema judicial
La reforma de Alberto no incluye ni una sola medida para el fin que promete: una justicia independiente del poder político. La única forma de lograrla es anular los Consejos de la Magistratura, en donde el poder pacta y canjea las designaciones, y democratizar todo el funcionamiento por una doble vía: 1) elegir los jueces y fiscales por voto universal, con mandatos limitados y revocables; y 2) disponer los juicios por jurados populares para todo delito con pena mayor a los tres años de prisión. Sólo así la justicia no dependerá del poder político, sino de la intervención social.
6. Disolver la policía y demás aparatos represivos
No van las reformas, sino un cambio de raíz: a esta policía, tal como a las fuerzas de seguridad y militares, hay que disolverlas. No traen ninguna “seguridad”, ni “cuidan las fronteras” ni “defienden a la patria”: como brazo armado de la burguesía que son, su rol fundamental es reprimir a la clase trabajadora, a la juventud y al pueblo todo para defender la sacrosanta propiedad privada capitalista. En el marco de una nueva sociedad, entonces, habrá que construir nuevas estructuras de vigilancia y seguridad, distintas por completo, de carácter esencialmente preventivo y no represivo, democrático y con participación social.
Durante el período de transición, y con esa disolución como eje programático, se pueden levantar otros reclamos parciales adecuados a la situación: desfinanciar a la policía y su equipamiento represivo; depurar a todo jefe y agente involucrado en hechos de represión social, corrupción u otros delitos; prohibir por ley la represión a la protesta social; control vecinal y de los organismos de derechos humanos con derecho a revocatoria de los comisarios; disolución de la AFI10 y demás organismos de inteligencia. Con certeza estas medidas ayudarían a debilitar el accionar represivo, pero sin omitir la necesidad de disolver todo ese aparato.
La política revolucionaria hacia la policía
Por su naturaleza, por su marca de origen, la policía es una de las fuerzas represivas del Estado. En ese sentido, “el obrero, convertido en policía al servicio del Estado capitalista, es un policía burgués y no un obrero”, decía Trotsky(11). Esto no niega que las corrientes revolucionarias, como parte de la lucha por el poder obrero y popular, debamos tener una política hacia la policía, las fuerzas armadas y de seguridad, en el camino de debilitarlas, dividirlas, neutralizarlas y derrotarlas. Ya hace un siglo la Tercera Internacional dirigida por Lenin y Trotsky, entre las 21 condiciones que les exigía a los partidos comunistas para poder integrarla, establecía la condición Nº 4: “la necesidad absoluta de desarrollar una propaganda y una agitación sistemática y perseverante entre las tropas”, ya que “negarse a ello sería una traición a las exigencias del deber revolucionario, y por consecuencia incompatible con la afiliación a la Tercera Internacional”(12).
Pero esa orientación general no significa repetir las mismas consignas para todo tiempo y lugar. Precisamente, para ser transicional en el sentido leninista y trotskista, debe partir de tomar en cuenta las circunstancias concretas. Con la agudización de la crisis capitalista, por ejemplo, hoy todos los gobiernos burgueses tienden a acentuar sus rasgos autoritarios y represivos. Compran armas modernas, elitizan lo más posible a sus cuerpos militares y policiales, y montan brigadas especiales antidisturbios y “antiterroristas”. Se preparan para una perspectiva de nuevas rebeliones, insurrecciones y revoluciones. Así, por ahora no vemos en la policía grietas salariales notorias ni otras contradicciones significativas que nos permitan incidir con la consigna de sindicalización de los agentes u otras similares.
Aunque esa consigna puede ser útil ante huelgas policiales por salario o en un contexto de convulsión social, ya que busca quebrar el verticalismo orgánico, no la consideramos adecuada en la situación actual. En general, sólo cuando surgen procesos de ascenso revolucionario y giro a izquierda de masas, que repercuten y hasta abren crisis dentro de las fuerzas de seguridad y armadas, es posible intervenir con este tipo de consignas.
De todos modos, en caso de rebeliones y agudos enfrentamientos sociales, el mejor argumento para “convencer” a la policía de no reprimir al pueblo trabajador es una sólida autodefensa y armamento de éste. Tal es la tarea decisiva e insustituible que el partido revolucionario debe proponerles a la vanguardia y a las masas en lucha para asegurar la toma del poder cuando llegue el momento.
Ahora bien; no es que los gobiernos derechistas se estén tornando más represivos y, en cambio, sus pares populistas no. Cuando en 2008 Macri creó la Policía Metropolitana, y aun sabiendo que pondría de jefe al Fino Palacios, a diferencia de nuestro bloque legislativo, que se opuso, el kirchnerismo votó a favor junto con el PRO. Hoy roces entre Frederic y Berni existen, pero comparten estrategia. Con distintos discursos, todas las alas burguesas coinciden en reforzar el rol policial y militar para disciplinamiento y control social. Por eso los unifica Alberto, que llama a “dar vuelta la página” de la dictadura genocida, elogia una y otra vez a las FF.AA., les aumenta el salario y las equipa, ordena ciberpatrullar las redes y despliega cada vez más policías y gendarmes en las calles y los barrios populares. Como se viene ajuste y resistencia social, lo que preparan es represión. Y a eso habrá que resistir y responder.
Otro debate picante: la tenencia y uso de armas
A partir de cierta “normalización” delictiva tras la relativa calma al inicio de la cuarentena, resurgió en algunos medios la polémica sobre el uso particular de armas frente al delito. Desde ya, hay sectores de derecha, fundamentalistas de la mano dura, que promueven la vertiente civil del gatillo fácil policial: carta blanca para matar chorros como sea.
Ya en la nota principal señalamos nuestra propuesta de autoorganización vecinal en los barrios para cumplir tareas de prevención, disuasión de la delincuencia y repeler sus eventuales ataques. Como es obvio, para que tal autodefensa comunitaria sea efectiva, debe incorporar entre sus herramientas la facultad de utilizar armas.
Pero también algunas voces, en nombre de “evitar una escalada de violencia” u otros slogans de tinte pacifista, sostienen que el acceso, entrenamiento y uso de armas de fuego es una potestad exclusiva y excluyente de los cuerpos armados del Estado: ejército, policía, gendarmería, prefectura y demás. Intenciones aparte, es un error total.
Primero, porque consagra el monopolio de la fuerza en manos del aparato armado de la clase capitalista para sostener a sangre y fuego este sistema de explotación y opresión. Segundo, porque implica desarmar al pueblo trabajador para poder defenderse de dicha represión y también de la delincuencia, sea individual u organizada.
Por ambas razones, desde el socialismo revolucionario sostenemos el pleno derecho democrático a la tenencia y al uso de armas por parte de la clase obrera, la juventud y los sectores populares. La policía y demás fuerzas represivas no nos “cuidan”: nos reprimen. La única garantía de seguridad y defensa está en nuestras propias manos.
1. 46.000 detenidos con Néstor, 52.000 con Cristina, 70.000 con Macri, 92.000 con Alberto.
2. En la web ppn.gov.ar
3. Son los derechos inherentes a todas las personas, sin distinción alguna.
4. Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).
5. Página 12, 31/7/20.
6. Evolución de la distribución del ingreso, primer trimestre de 2020.
7. Tendencias mundiales del empleo juvenil 2020.
8. Clarín, 5/11/19.
9. Jubilado mata chorro… ¿Y después?, en la web mst.org.ar, 23/7/20.
10. Agencia Federal de Inteligencia, la ex SIDE.
11. La lucha contra el fascismo en Alemania, 1932.
12. Resolución sobre las 21 condiciones, II Congreso de la Internacional, Moscú 1920.
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Para mostrar fuerza FI eligió el aniversario de la Comuna de París1, que fue derrotada por las tropas monárquicas bajo la bandera azul, blanca y roja. Esa bandera no simboliza “la patria en peligro”, sino los crímenes cometidos contra los obreros parisinos en junio de 1848 y mayo de 1871: decenas de miles de muertos, miles de deportados y encarcelados.
“La infame bandera tricolor”
Así la llamó Paul Brousse, luchador sobreviviente de la Comuna. El 9 de julio de 1871 la mayoría de los diputados monárquicos juró fidelidad a la bandera francesa “que en oposición al estandarte sangriento de la anarquía fue la bandera del orden”2. En ese paño tricolor, el blanco simbolizaba a la realeza.
En su llamado a los trabajadores franceses del 18 de marzo de 1892, aniversario de la Comuna, Engels escribía: “Hace 21 años el pueblo de París enarbolaba la bandera roja, desafiando a la vez a la bandera francesa que ondeaba en Versalles y a la bandera alemana que ondeaba sobre los fuertes ocupados por los prusianos… Lo que hace grande a la Comuna es su carácter internacional. Es su desafío osadamente alzado frente a todo sentimiento de chovinismo burgués. La clase obrera de todos los países no se equivocó. Que los burgueses celebren su 14 de julio o su 22 de setiembre. ¡La fiesta de la clase obrera, en todos lados y siempre, será el 18 de marzo!”
Todo eso el jefe de FI lo sabe muy bien. Montado en una marea tricolor, en una puesta en escena, mostró que FI se sitúa claramente por fuera del movimiento obrero. FI sacó a luz su verdadera cara: el chauvinismo y la “unidad nacional”, o sea la colaboración de clases, la sumisión de los trabajadores en nombre de la insumisión. Una política reaccionaria en toda la línea.
Un corte de manga a la clase obrera y sus luchas
Los activistas obreros y juveniles que fueron atraídos por este caballo de Troya que es FI se van a dar cuenta que esa sigla no busca “romper con este mundo podrido”, “erradicar el trabajo precario” ni combatir a la Unión Europea. Palabrerío aparte, con sólo leer el programa de FI basta para ver que esa gente quiere cambiar algo para que todo siga igual, bajo la bandera tricolor, la dictadura de la tasa de ganancias capitalistas y el yugo del trabajo precario.
Haciendo ondear la bandera francesa el día de la Comuna, FI le hizo un corte de manga al movimiento obrero y sus combates. “El futuro en común”, se jactan. ¿Futuro? El FI no tiene ninguno.
20/3/17
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Pese al apoyo de grandes medios que reiteraron la convocatoria, y al respaldo de funcionarios macristas -como el ministro de Justicia Germán Garavano-, la concentración fue pequeña, confusa y sin eco nacional.
La amplitud de la convocatoria, que iba de familiares o víctimas de masacres de Estado como las de Once y Cromañón hasta las víctimas de un robo, femicidio o siniestro vial, podía interpelar a cualquiera que haya perdido a un ser querido. Entendemos su dolor y su reclamo de justicia. Pero la marcha no diferenció responsabilidades y tuvo un programa ambiguos que no ataca las causas de la inseguridad. Se plantearon consignas ligadas directamente al accionar judicial: contra «la puerta giratoria» y el incumplimiento de las condenas, por el respeto a las leyes. Los testimonios fueron de muchísimo dolor y bronca, con exigencias y denuncias a fiscales y jueces. Aunque algunos de los participantes se expresaron con firmeza contra la «mano dura» y la justicia por mano propia, también se escucharon propuestas de mayor punición y rigor represivo. La presencia de Juan Carlos Blumberg y el explícito apoyo del gobierno de Macri colaboraron con el sesgo autoritario.
¿A quién beneficia el delito?
La impunidad, la inseguridad y la falta de justicia son hechos de la realidad. Pero queremos debatir el porqué. ¿Quiénes las gestan, las provocan, las sostienen? ¿En beneficio de quién? ¿Y qué medidas necesitamos para terminar con esto?
Una de las expresiones más repetidas por los organizadores de la marcha fue que «el Estado está ausente» y usaron ese aspecto como unificador del reclamo. Entendemos que todos los casos son de víctimas de crímenes en donde faltó respuesta del Estado en algunas o todas de sus facetas: justicia, gobierno, fuerzas de seguridad. Pero creemos que el Estado no está ausente en absoluto sino muy presente, ya que es responsable en casi todos los casos, por acción u omisión. Y ante esto, la respuesta debe ser mucho más profunda que endurecer las penas. Está demostrado que las políticas sostenidas por los sucesivos gobiernos para fortalecer la «presencia» del Estado, como las leyes Blumberg votadas y apoyadas por el gobierno anterior, sólo criminalizan la pobreza y no resuelven nada. Es al revés: el punitivismo contra el pequeño delito fortalece a los aparatos organizadores del gran delito, que son a los que tenemos que enfrentar.
La inseguridad como lema abstracto, sin especificar causas y con reclamos poco claros, da pie a que el gobierno macrista justifique sus políticas represivas, como la militarización de la Provincia de Buenos Aires. Al conurbano sur ya llegaron los primeros 1.200 gendarmes. No creemos en los enunciados del gobierno sobre combatir las mafias. Por el contrario, creemos que despliegan miles de efectivos para imponer el disciplinamiento a los jóvenes y al pueblo trabajador. ¡Que la Gendarmería vaya a cuidar las fronteras, por donde entra la droga, en vez de militarizar los barrios populares! Si no se cambia la matriz represiva, vertical y corrupta de las fuerzas policiales y de seguridad, terminarán en connivencia con los grandes delitos: narcotráfico, redes de trata, juego clandestino o desarmaderos de autos.
Matar la víbora por la cabeza
La mayor violencia e inseguridad están ligadas al delito económicamente organizado, que funciona con la complicidad o el aval del poder. Buena parte del delito es directamente la corrupción estatal y las coimas y negociados entre funcionarios y empresas privadas.
Además la falta de oportunidades, la marginalidad y la exclusión social que genera este sistema capitalista decadente les permiten a las mafias reclutar mano de obra barata entre los sectores más vulnerables. ¿Cómo no va a ser así si en el país tenemos más de un millón de jóvenes «ni-ni» entre 18 y 25 años? Detrás de cada pibe que chorea un auto siempre hay un comisario, juez o puntero político que regentea un desarmadero.
Por eso nuestra primera propuesta frente a la inseguridad es de carácter socio-económico: un plan de shock de inclusión juvenil educativa y laboral. Y dar un combate de fondo y sostenido contra la desigualdad social.
A su vez alguna gente cree que más policía equivale a más seguridad. Pero es ingenuo, porque la policía es parte activa del delito. Así lo confirman los casos de Santa Fe, Córdoba y tantos otros. Lo urgente entonces es atacar de raíz el triángulo de impunidad entre justicia, policía y poder político. Para lograrlo, es clave encarar una profunda depuración y democratización de todo el aparato judicial y policial. Eso arranca por separar, enjuiciar y castigar a todo funcionario de esas áreas involucrado en hechos de represión, corrupción u otros delitos.
También hay que implementar en todo el país los juicios por jurados populares (que figuran en la Constitución desde 1853 pero casi no se aplican) y elegir los jueces y fiscales por voto popular, en elecciones separadas de las de cargos políticos, para que no sean vitalicios sino con mandato limitado y revocables en caso de corrupción o inoperancia.
Lo mismo con los comisarios: elegirlos por voto directo para que le rindan cuentas a los vecinos y no al poder político. Además, otorgar el derecho a la sindicalización de las bases de la policía y las fuerzas de seguridad, así como establecer un control social sobre las comisarías.
Estamos convencidos de que hay que aplicar este tipo de medidas, firmes, pero las únicas para cortar de raíz con los crímenes que tanto dolor Y bronca nos provocan. Para lograrlas, tenemos que organizarnos, exigir y dar pelea. Así empezaríamos a terminar de una vez por todas con la inseguridad y la impunidad.
Victoria Marro
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Así se siguen sumando víctimas de la inseguridad, Nicolás, Juanchi y tantos otros que suman ya son 23 en lo que va del año. También están las victimas silenciosas que tiene la inseguridad social; las víctimas de la marginalidad, del paco, de los narcos, la trata y las mafias de la maldita policía. Por eso esta situación que atraviesa nuestro distrito es compleja y genera mucho debate. Es común que entre los ciudadanos se piense que más policías «custodiando» son la solución. Estás claro que los arrestos y separación del cargo de comisarios y gendarmes en nuestros distrito, relacionados con negocios mafiosos que van desde la trata hasta el narcotrafico, muestran que no es tan simple resolver la inseguridad, sin atacar antes la corrupción en los diferentes niveles. Es necesario debatir y proponer la depuración completa de la policía, la auditoría contable en las comisarias, el voto popular para elegir el comisario y su revocación, como así también un control social de toda la política de seguridad y de las investigaciones de cada caso, para llegar a las máximas responsabilidades y complicidades políticas y judiciales.
Y por supuesto, no será posible abordar integral-mente la problemática de la inseguridad si no abordamos en primer lugar la justicia social, y la necesidad de otorgar trabajo, educación, salud y vivienda digna a la juventud y a toda la población, priorizando dar mayor presupuesto a todas estas áreas. Queremos discutir con todos los vecinos estas cuestiones y proponemos la renuncia de Kravetz, quien tiene bastantes cuestiones que justificar, como los nombramientos de gendarmes corruptos y del propio Baca. Pero si no damos un fuerte debate sobre las verdaderas causas de la inseguridad, seguiremos cambiando de Secretario de Seguridad pero con los mismos resultados.
Andrea Lanzette
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Las recientes declaraciones del actor Ivo Cutzarida exigiendo «mano dura» contra los delincuentes, abrió un intenso debate sobre cuáles son las salidas para combatir la creciente inseguridad. Nuestra compañera y candidata a vicepresidenta de la Nación por el MST Nueva Izquierda, Vilma Ripoll, tuvo la oportunidad de polemizar con Cutzarida en C5N en un debate organizado por Eduardo Fein-mann, el pasado martes 9 de setiembre. Publicamos algunos pasajes de este interesante debate (1)
Ivo Cutzarida: Mi mensaje es un mensaje donde yo empecé diciendo: está bien estamos en un país donde no respetamos ninguna ley. Somos un desastre, quilomberos, anárquicos. Bueno respetemos una. Agarramos y decimos esta ley, la de salir armado a matar gente listo.¡El que la hace cago! Va preso. Pero no va preso 6 meses. Yo nunca hable de la pena de muerte. Yo digo el que sale armado a tirotearse, o muere de un tiro o muere preso. Es corta la bocha…
Vilma Ripoll: Hay impunidad, la impunidad viene de arriba, y se le muestra a la gente de abajo que vale todo, y que abajo hay un sector que está absolutamente marginado. Hay un millón y medio de pibes entre 14 y 26 años que no tienen ni trabajo ni estudio ni futuro. No que son pobres. Que no tienen futuro ni nada. A esos los usan de carne de cañón la droga, la trata, el narcotráfico, y el choreo directo….
Entonces yo creo que el problema no lo van a resolver los políticos de los viejos partidos porque no lo resolvieron hasta ahora, porque muchos son socios. Y ojo, que no avancen más averiguando a quien le pagaron la campaña con la droga.
Estuvo Blumberg, Kirchner le votó todas las leyes. Blumberg se sentó adentro del Congreso y le votaron todas las leyes que el pidió y fracasaron. Porque el problema tiene otras complejidades. Acá la policía no es la solución, es parte del problema. La Justicia no es la solución, es parte del problema. Y porque los punteros políticos son parte del problema. Hacen un triángulo de impunidad entre el puntero, el fiscal, el juez y la policía, que hacen que en el barrio, vos sepas donde está el desarmadero, donde está la prostitución, quien reparte droga y no actúa ninguno, porque solo lo sabes vos, y si lo salís a decir te matan.
IC: Si un tipo que sale a cometer un delito queda preso 20 años, lo va a pensar. A mí me interesa, que las medidas que yo quiero que se tomen, son medidas para bajar los homicidios que se están cometiendo.
VR: Vos reconóceme que la policía es parte del problema. Por eso en el barrio Papa Francisco fueron a desalojar, desalojaron a 700 familias y dejaron a los narcotraficantes denunciados por la Iglesia no por mí que soy de izquierda.
IC: yo estuve con Burlando que me dijo que entran y salen. Acá el tema es la filosofía garantista (…)
VR: si le crees a Burlando estas aceptando que adentro, el Servicio Penitenciario lo que hace es mandar la gente a robar (…) no va a ser con estas cárceles, entonces hay que encarar también el problema de las cárceles.
La responsabilidad de los gobernantes
VR: el principal mensaje viene de arriba. Si vos tenes al vicepresidente que se anima a estar metido en todos los negocios que todos estamos viendo y no pasa nada. Lo tenes a Jaime responsable de la muerte de todos los pibes de ONCE, no pasa nada, y se anima a decir que no va al juicio porque no tiene plata para pagar los viajes.
Eduardo Feinmann: pero eso no justifica que podes salir a matar.
VR: por supuesto, peor (…) lo tenes a Menem que mató gente en Rio Tercero, fue parte del tráfico de armas, fue el principal ladrón de la Argentina, no pasa nada. Te quiero decir que desde el Estado el poder político da señal. Y también da señales en relación a la inclusión, no se hace nada efectivo con estos pibes, el 42% de los adolescentes viven en la pobreza y su único destino es la marginalidad. Vos hacia delante, pones la ley pero si no encaras un paquete de medidas…
Democratizar las fuerzas de seguridad y la Justicia
VR: Nosotros creemos que hay que tomar medidas para que la gente se apropie de la elección del comisario, entonces que el comisario le tenga que responder al barrio, y si no responde que pueda ser revocado. Que la Justicia no pueda ser mas de por vida, vitalicia. A los jueces los elije el poder político en el Consejo de la Magistratura, después los tipos duran toda la vida y ganan un sueldazo(….) no paga impuestos ni nada, y después vienen los delincuentes y compran jueces como compran políticos. Ese es el problema.
(…) que le den a los barrios la organización para controlar la comisaría, para saber que están haciendo, porque en la comisaria pasan a recaudar (…) Recaudan por la prostitución, recaudan por el juego, por la droga y por los desarmaderos (…) En los barrios la gente sabe dónde está cada cosa.
IC: ya sé que esto no soluciona el problema, pero si hacemos una ley en la que salir a robar armados sea rigurosa, lo van a pensar.
VR: lo mismo decía Blumberg con las leyes, porque le puso el doble de penas. Y no piensan así.
IC: pero entonces los jueces y fiscales no la cumplen. Los últimos años se relajó.
VR: más que relajarse se profundizo la crisis social, la mar-ginalidad, entró la droga, se instaló, usan a la gendarmería en la General Paz y la Panamericana para reprimirnos en lugar de ir a la frontera a enfrentar el delito, el delito económicamente organizado: el tráfico de armas, de mujeres, el narcotráfico, todos esos están de fiesta en el país…
(…)Y pueden implementar medidas ahora (…) Si hay voluntad política se puede. Pero la voluntad política de los partidos tradicionales que fueron socios de este desastre no se la arrancas con una ley. Se la arrancas con la exigencia de la gente. Yo no estoy diciendo ideologías estoy dando medidas concreta que nadie dice.
Medidas de emergencia contra la inseguridad
Combatir la exclusión social
Terminar con la creciente desigualdad y marginalidad. Por una inversión intensiva para generar acceso al trabajo, el estudio, la vivienda digna a un millón y medio de pibes de entre 14 y 26 años que no trabajan ni estudian.
Desmantelar el trípode de impunidad y complicidad con el delito de la policía, los jueces corruptos y el poder político:
a) Depuración de las fuerzas de seguridad de corruptos y acusados de actos represivos en la dictadura o contra las luchas populares. Sindicalización de las fuerzas. Prohibición de su utilización para reprimir las protestas populares.
b) Elección del comisario por voto popular y control de los vecinos del accionar de las comisarías.
c) Elección directa, revocable, y por un período limitado de tiempo de todos los jueces.
Implementación inmediata de los juicios por jurados populares como está previsto en la Constitución Nacional.
d) No al proyecto represivo de las policías comunales y de la Metropolitana. Creación en su reemplazo de una fuerza ciudadana electa y controlada por los vecinos.
e) Desmantelamiento del actual Sistema Penitenciario Nacional por corrupto y ligado a las mafias del delito.
Gustavo Giménez
(1) Mirá el video completo del debate en www.mst.org.ar
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