Escriben: Mariana Chiacchio y Nicolás Quiroz, abogades del CADHU-MST
Elena Inés Highton de Nolasco fue la primera mujer que integró la Corte Suprema de Justicia de la Nación en democracia, en 2004, recomendada por el propio Alberto Fernández al entonces presidente Néstor Kirchner. Al cumplir 75 años la jueza presentó un amparo para seguir en el cargo, pasando por sobre la letra de la Constitución Nacional. Días atrás comunicó que dejará su cargo el 1º de noviembre.
Entre otros fallos en contra del pueblo trabajador, Highton votó a favor -junto con los jueces Rosatti y Rosenkrantz- de otorgar el beneficio del «2×1» a los genocidas de la última dictadura militar y de que los jueces no paguen el Impuesto a las Ganancias, a diferencia de muchos trabajadores que sí lo pagan.
Al mismo tiempo, en la Legislatura porteña, el macrismo gobernante acaba de aprobar una ley escandalosa a la medida de los grandes empresarios, muchas de cuyas compañías tienen sede en la Capital, y que hasta podría beneficiar al propio Macri, imputado en varias causas. Ese engendro habilita al Poder Judicial porteño a revisar y rectificar fallos de la justicia nacional.
¿Por qué es importante resaltar ambos hechos? Porque mientras el Poder Judicial, como parte del Estado, siga siendo funcional a los intereses de los capitalistas, no importa demasiado quiénes lo integren. Menos aún con el actual formato indirecto de designación de los jueces y fiscales, que está íntegramente supeditado al poder político y sus transas a través de los Consejos de la Magistratura.
Hace falta entonces una profunda reforma judicial que democratice todo el sistema de administración de justicia para que los magistrados empiecen a defender los intereses del pueblo y no los de la clase empresarial y la casta política.
Un mamarracho antiobrero
El 30 de setiembre la Legislatura porteña votó una reforma de la Ley 402 de Procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, afín al macrismo y a los empresarios, que le permite a dicho tribunal acceder a revisar y modificar causas en las que interviene la justicia nacional. Es una reforma inconstitucional, PRO-patronal, antiobrera y contraria a los derechos humanos.
Actualmente las causas judiciales en materia civil, penal, laboral y otras que tienen su origen en la CABA tramitan ante la justicia nacional por ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la capital federal(1). Por ello, aun dentro de este limitado régimen democrático burgués, se avasalla a la propia Constitución Nacional al insertar una instancia más de revisión a las ya existentes, además de atraerlas a la órbita «amarilla» porteña de la cual el TSJ es garante ya hace rato.
De aplicarse esta reforma permitiría, por ejemplo, que las causas penales por corrupción en las cuales miembros del PRO y el propio Mauricio Macri y su familia están investigados terminen siendo resueltas por esta corte porteña que acostumbra a dictar fallos regresivos y antipopulares. Para les trabajadores, implementar esta nueva ley sería negativo por dos razones clave:
La resolución final de las causas ya no la tendrían las cámaras laborales, que actúan como órgano de apelación y están especializadas en el derecho laboral. El derecho laboral se fundamenta en la protección de les trabajadores ante el poderío patronal. Pero si la revisión última de tales causas se deja en manos del TSJ porteño es muy probable que la balanza se incline hacia el lado de los poderosos, como lo viene demostrando dicho tribunal en sus regresivos fallos.
De agregarse una instancia más de revisión de las sentencias dictadas por la justicia laboral nacional se perpetuarían los juicios. Si éstos ya de por sí demoran 5 o 6 años, se perjudicaría claramente a les trabajadores al obligarles a esperar varios años más para recibir, en el mejor de los casos, una indemnización totalmente corroída por la inflación.
¿Cambiar algo para que nada cambie?
¿Cómo se cubre el cargo que deja Highton? «El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: …Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto»2. Es decir, los mismos que eligen a los bancos por sobre los jubilados, y los mismos que votan leyes y presupuestos de ajuste, decidirán quién se incorpora a la Corte, situación nada democrática para un poder público. Son los mismos que deciden sobre nuestras vidas en base al ordenamiento jurídico actual -y a veces incluso contra él-, poseen cargos vitalicios, no pagan Ganancias y son casi inamovibles. ¿Acaso en un sistema político que se dice representativo y republicano se puede tolerar tal nivel de privilegios?
La Corte Suprema está lejos de tener sensibilidad ante las necesidades populares, con sus salarios exorbitantes, sus sentencias a la orden del establishment y sus jueces puestos a dedo como Rosatti y Rosenkrantz. Como los otros poderes, el judicial es ajeno a la realidad social.
Desde el Poder Ejecutivo declaran «será una mujer sí o sí», a tono con su retórica de género. Pero integrar a una mujer al máximo tribunal del país no resuelve los problemas que sufren las mujeres de a pie. Menos cuando el gobierno puso de jefe de gabinete al antiderechos Juan Manzur, que encima ya está operando para que la vacante la ocupe Claudia Sbdar, ¡oh casualidad!, actual presidenta de la Corte tucumana. Tampoco cambia nada sustancial aumentar el número de miembros, como propician algunos sectores del oficialismo.
La Corte, más allá de quién suceda a Highton, mantendrá su carácter de clase dominante, y su dependencia de los otros poderes que, mediante pactos y concesiones entre los distintos sectores políticos, la eligen para defender los intereses capitalistas.
En 2020 Alberto Fernández amagó con una reforma judicial y la derecha lo acusó de «defender a Cristina». A su vez ella se quejaba del lawfare, o sea de la utilización política de la justicia en contra de ella.
Nuestra propuesta
Tanto el proyecto de reforma de Alberto como el discurso de JxC son falsos. La reforma no contenía soluciones de fondo: no modificaba la elección de jueces y no buscaba independizar al Poder Judicial, sino sólo aparecer como una «lucha contra los poderosos». Y el discurso macrista no tenía sentido, ya que la reforma oficial era casi igual a la que pretendía Germán Garavano, ex ministro de Justicia de Mauricio Macri.
Junto a luchar para derogar la reciente ley porteña, sólo desde el MST y el FIT Unidad proponemos una verdadera reforma judicial. Los jueces y fiscales deben ser elegidos por voto popular, en fecha separada de las elecciones políticas. O sea que toda la sociedad participe y decida democráticamente, ya que los fallos afectan la vida de millones de personas. Los mandatos deben durar un período limitado y ser revocables en caso de mal desempeño. Y para todas las causas importantes hay que establecer los juicios por jurados populares, con vecinas y vecinos sorteados del padrón electoral. Además, para terminar con la casta judicial, los jueces deben cobrar salarios iguales al promedio de un trabajador y derogar las jubilaciones de privilegio.
Así se pondría fin a la actual dependencia del poder político y la justicia por fin defendería los intereses de la clase trabajadora y el pueblo.
1 Art. 129, Constitución Nacional.
2 Art. 99 inciso 4, Constitución Nacional.
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La procuradora Gils Carbó fue designada en 2012 por el kirchnerismo, con apoyo de la mayoría de los bloques de la oposición, que aprobaron su pliego en el Senado. Su llegada al cargo fue luego de que Righi, su antecesor, se viera obligado a renunciar para proteger al ex vicepresidente Bodou.
Días atrás el macrismo, en acuerdo con el bloque massista, presentó un proyecto para modificar la ley del Ministerio Público Fiscal que desató una contienda que lleva varios capítulos.
Los cuestionamientos al proyecto fueron muchos y variados, desde Abuelas de Plaza de Mayo a Carrió. Desde su carácter autoritario a su inconstitucionalidad.
En la propuesta de reforma crece la autoridad de la Comisión Bicameral, constituida hace poco y que preside la diputada massista Graciela Camaño. La comisión sería quien avalaría a los nuevos fiscales, los procuradores especiales y las once direcciones generales del Ministerio Público Fiscal.
La designación de Camaño en la Bicameral, por donde pasarían todas estas decisiones, puso en alerta a la Coalición Cívica. El ataque de “republicanismo” de Carrió esconde otros motivos: la proximidad de las elecciones del año que viene, que ponen en disputa los espacios dentro del gobierno. Así, la intención del gobierno de lograr fiscales propios y reemplazar a Gils Carbó, quedaría trunca por la frágil unidad de Cambiemos.
El proyecto merece varias críticas. La creación de una unidad especial para “persecución al terrorismo” es un riesgo contra la protesta social. No incluyen a la UFEM, el área especializada en investigar los femicidios. Y exigir cinco años de experiencia como fiscal general para ser procurador especial implicaría que renuncien quienes hoy están al frente de investigar temas tan sensibles como la apropiación de menores bajo la última dictadura.
Se sumó el revuelo por las declaraciones de Carrió de que para remover a Gils Carbó hace falta un juicio político. Junto al fracaso en el tratamiento de la reforma, los dichos de Carrió generaron la sensación de que el gobierno cambiaba de estrategia, pero duró poco. Por falta de número en el Congreso, el PRO tuvo que archivar su reforma y también el juicio político a la procuradora general. Tendrá que postergar la reforma…
Basta de injerencia política en la justicia
Aunque los medios lo intenten, no podemos reducir el debate a la pelea con Gils Carbó, porque es un problema de fondo. Es real que el proyecto oficialista busca profundizar la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el poder judicial y no es la primera vez. Hace algunos años, Cristina impulsó un proyecto de ley que también buscaba mecanismos para darle al gobierno de turno más control y también fracasó.
Lo que está desprestigiado es el Poder Judicial de conjunto: jueces y fiscales cómplices del crimen organizado, encubridores de la corrupción política y corruptos ellos mismos, siempre dispuestos a perseguir a los luchadores sociales pero amigos de los poderosos. Tienen una vida llena de privilegios con cargos vitalicios y sueldos altísimos, son prácticamente una casta intocable. Un engranaje más de un sistema y un Estado que sólo defiende los negocios capitalistas y a sí mismo.
Ese desprestigio es tan alto que incluso es uno de los argumentos que usa Macri para intentar meter su reforma como antes lo utilizó fuertemente para oponerse a la reforma propuesta por Cristina y defender el statu quo de la “justicia independiente”.
Es que los jueces y fiscales son nombrados vía el Consejo de la Magistratura, mediante pactos del poder político. Para tener justicia hace falta que dependan de los intereses de las grandes mayorías sociales. Para eso tienen que estar sometidos al control social, con la elección directa por voto popular en comicios separados de los de los cargos políticos. Deben tener mandatos limitados y cargos revocables si se comprueban casos de abuso de poder, desidia o corrupción. También hay que remover a todos aquellos jueces federales nombrados por la dictadura militar. Además hay que implementar el juicio por jurados, con vecinos sorteados del padrón electoral, que figura en la Constitución desde 1853 pero casi no se aplica.
Estas y otras medidas en el mismo sentido son el único inicio posible de un camino que nos lleve a tener una justicia independiente del poder político.
Victoria Marro
Hoy la Ciudad tiene una competencia limitada en la administración de justicia. Una vez terminado el traspaso, alcanzará más de mil dependencias. Esto encamina la intención de Macri de ser juez y dueño de las resoluciones en materia judicial a fin de implementar sus proyectos neoliberales y limitar la admisibilidad de victorias en los derechos laborales. Hace poco solicitó “una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte” y acusó a los trabajadores de “inventar juicios” y del “ausentismo” en las empresas.
La potestad absoluta de un decreto reglamentario conlleva la pérdida de derechos adquiridos por los trabajadores, máxime teniendo en cuenta que el ministro de Justicia planteó la necesidad de modificar varias leyes en función del traspaso. El proyecto macrista no obedece a inquietudes de la ciudadanía ni contribuiría a mejorar el funcionamiento de los tribunales. Además, el traspaso costaría unos 8 mil millones de pesos.
A su vez, el macrismo tiene listo un nuevo proyecto de ley para reformular el régimen de riesgos del trabajo (ART). Intentan reducir la “litigiosidad” contra el sistema, que según ellos supone un alto costo laboral y “aleja las inversiones privadas”. Así, las controversias por accidentes o enfermedades laborales deberían dirimirse no el fuero laboral sino en el fuero federal de la seguridad social.
Pero este último, aparte de colapsado, antes de poder realizar el reclamo judicial obliga al trabajador a pasar por una instancia administrativa previa (comisiones médicas), que en el fuero laboral se considera inconstitucional. O sea, pérdida de tiempo y nuevas trabas procesales.
En defensa de los docentes fueguinos
Repudiamos la ofensiva gubernamental, que intensifica las persecuciones y sanciones a los que luchan. Así sucede con 17 docentes del SUTEF, perseguidos por la gobernadora fueguina Rosana Bertone (PJ). En primera instancia, la justicia les quitó la tutela sindical a los dirigentes y delegados para luego poder exonerarlos.
Vanesa Paola López, Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU)
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Según Mauricio Macri, la justicia laboral falla demasiado en favor de los trabajadores. Se ve que ignora por completo los Principios del Derecho del Trabajo, cuya clave es precisamente la protección del trabajador. Uno de sus pilares es equilibrar las relaciones entre las partes, ya que de hecho la voluntad del trabajador se encuentra subordinada a las decisiones del empleador frente al temor a la pérdida del salario necesario para proveer a su familia.
Un ejemplo claro de las intenciones antiobreras de Macri es el acuerdo precarizado que firmaron con la multinacional norteamericana McDonald’s. Otro es el plan de traspaso del fuero laboral federal a la Ciudad de Buenos Aires, un cambio de jurisdicción que vulneraría los derechos de miles de trabajadores. Aparte del perjuicio a los empleados judiciales, aumentaría la cantidad de instancias de los procesos y la composición de la jurisdicción porteña es desfavorable. El macrismo busca vaciar el fuero laboral, derivando los accidentes y enfermedades de trabajo al ámbito de la Seguridad Social y los juicios de índole colectiva al ámbito de la CABA, en donde no se aplican los principios y presunciones del Derecho del Trabajo.
Por otra parte, a raíz de los fallos judiciales contra los tarifazos, Macri criticó públicamente a los jueces por “obstruir por razones ideológicas las políticas en materia económica o de seguridad” de su gobierno. Así busca ser dueño y señor de los tres poderes del Estado, olvidándose del principio constitucional de la división de poderes y la no injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial, que tanto pregonó en su campaña electoral.
En su paso por la gestión del gobierno porteño, Macri recusó en miles de causas a un juez, intentó modificar el Consejo de la Magistratura, quiso cercenar el derecho de amparo y cuestionó a varios magistrados por limitar decisiones suyas que afectaban derechos sociales. Como hacen todos los gobiernos, ubicó a jueces adictos en varios estamentos.
Sólo podremos tener un sistema judicial realmente respetuoso de los derechos del trabajador e independiente del poder político cuando, como parte de un cambio social e institucional de fondo, los jueces y fiscales sean electos y revocables mediante el voto popular y se implementen los juicios por jurados populares, integrados por vecinos sorteados del padrón electoral.
Vanesa Paola López, Equipo de Abogadas y Abogados del MST
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Ambos jueces, Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, tienen una docena de antecedentes similares. Entre ellos, haber defendido a un cura abusador y haberle perdonado la prisión perpetua que le correspondía al policía bonaerense Oscar Benítez, asesino por “gatillo fácil” de nuestra querida compañera Sonia Colman.
La bronca fue tanta que Piombo se vio obligado a renunciar a su cargo como profesor universitario y luego como juez. Lo mismo tuvo que hacer Sal Llargués. Pero estos dos dinosaurios no son los únicos con accionar patriarcal: a diario vemos jueces y fiscales que en todo el país atenúan la responsabilidad de violadores y femicidas, mientras culpabilizan a las mujeres víctimas de violencia machista.
Es positivo que estos dos nefastos personajes hayan tenido que dejar sus cargos por la presión de la bronca social. Pero para cambiar de raíz todo este sistema judicial retrógrado y patriarcal hace falta una verdadera democratización:
Los jueces y fiscales deben ser electos por voto popular, no por las actuales transas del poder político.
Sus cargos no deben ser vitalicios, sino durar un mandato limitado y ser revocables si no cumplen.
Y deben funcionar los juicios por jurados populares, como dispone la Constitución Nacional desde 1853 pero no se cumple.
La participación y el control social son el único camino para lograr una justicia mínimamente digna de llamarse como tal.
María Damasseno
Para designar un juez de la Corte, el Poder Ejecutivo propone al candidato y necesita el acuerdo de dos tercios del Senado. Para los jueces federales, el Ejecutivo elige uno de una terna que le propone el Consejo de la Magistratura, un organismo integrado por 13 miembros: 3 representantes de los senadores, 3 de los diputados, 3 de los jueces, 2 de los abogados, uno del Ejecutivo y uno de las Universidades. En las provincias, los Consejos suelen tener 9 miembros, sin los dos últimos.
Como resulta obvio por esa composición, todos los Consejos de la Magistratura son ámbito de negociaciones y pactos políticos: “Poneme este juez”, “Te nombro dos fiscales” y todo así. Por esa razón de fondo la justicia está atada al poder político y a los viejos partidos, a cuyos intereses de clase luego responde. Además, los jueces son vitalicios, ganan sueldos de privilegio y no pagan Ganancias. Por eso es una justicia que perdona para arriba y castiga para abajo.
Como bien dijo nuestro diputado Alejandro Bodart: “No va más seguir nombrando jueces y fiscales a dedo: si queremos tener una justicia que realmente sea independiente del poder político hay que elegirlos por voto popular, en una votación separada de las elecciones a cargos políticos. A su vez, el cargo de juez o fiscal debe tener una duración determinada y no recibir ningún privilegio.”
“La otra medida básica para democratizar el sistema judicial -agregó Bodart- es implementar los juicios por jurados populares, elegidos por sorteo del padrón electoral. Así lo dispone la Constitución Nacional desde 1853, hace 162 años, pero salvo contadísimas excepciones no se pone en práctica. Si no se aplican estas medidas de participación social, la justicia va a seguir condicionada a las presiones y pactos del poder de turno, como sucede hasta ahora.”
Pablo Vasco
Una justicia de clase; un estado al servicio de las corporaciones
Sin dudas que cualquier debate sobre la estructura del Estado actual y cualquiera de sus «poderes» debe comenzar por una caracterización lo más certera posible sobre el mismo. Desde el MST-Nueva Izquierda, venimos denunciando de manera cotidiana que la actual composición del Estado corresponde a las necesidades de clase de los poderosos. Por más que se divida en tres poderes, son los mismos intereses los que mueven los hilos de cada uno de ellos. Así mientras el poder ejecutivo diseña y lleva adelante las políticas económicas y
sociales que benefician a los grandes capitalistas, el poder legislativo «institucionaliza» mediante las leyes esas políticas y el poder judicial se encarga de hacer cumplir las mismas castigando a los «disconformes». Esto no quiere decir que no existan tensiones y roces entre los mismos, pero lo que está claro es que más allá de los partidos tradicionales que ocupan las posiciones mayoritarias en las cámaras y el ejecutivo y una corporación judicial vitalicia y colocada a dedo por el poder político, no hay más posibilidades de «participar» de las decisiones sobre los temas fundamentales que rigen nuestras vidas.
En el caso del poder judicial, ni siquiera podemos votar, sino que el complejo entramado de fiscales, jueces, camaristas y ministros de la Corte son designados a dedo en organismos compartidos entre el gobierno y la oposición, a quienes les terminan pagando los favores cajoneando o motorizando causas una vez que son designados.
El caso más paradigmático es el de la Corte Suprema de justicia, cuyos miembros son designados a propuesta del gobierno y refrendados por la cámara de senadores. Es decir que una especie de concejo de «notables» con poder de interpretar qué es justo y qué no en el país, es designado por un puñado de funcionarios, sin ningún tipo de con-
sulta ni participación de los 40 millones de argentinos. Como dice Capitanich «la independencia del poder judicial no existe»
Gobierno y oposición: chicanas para la tribuna, coincidencia en mantener el sistema
Claro que los privilegios de pertenecer a la «clase» política se cobran caro y la mayor parte de las veces por debajo de la mesa. Es por eso que mientras se van enriqueciendo al calor de la función pública, los representantes del gobierno y también de la oposición tradicional, utilizan sus relaciones judiciales para el montaje de todo tipo de causa que utilizan como parte de sus campañas políticas. No les interesa en lo más mínimo el bien de la nación, ni la salud de la república, sino los golpes de efecto y es por eso que la mayoría de las investigaciones que se han realizado a representantes del PJ el radicalismo y sus distintas variantes, terminan cajoneadas o con resolución favorable a los imputados.
Los revolucionarios, en cambio, utilizamos esas «grietas» que crean los negocios turbios de los poderosos para generar denuncias que pongan en evidencia esta relación estrecha en los poderosos. Así por ejemplo, las denuncias contra CFK por los decretos favorables a Chevron o los numerosos amparos presentados por
nuestro compañero Alejandro Bodart, han servido para denunciar este funcionamiento mancomunado de los saqueadores, al tiempo que es la izquierda, la única que viene planteando salidas para desmontar esta sinergia de la injusticia construida desde el poder.
Democratizar la justicia terminando con sus privilegios
Ni la designación de un nuevo ministro a dedo, ni bloquear esa designación en el congreso representa cambio alguno en el sistema judicial, sino una cabriola electoral barata entre los mismos de siempre. Lo que necesitamos para democratizar la justicia es cambiar su composición y mecanismos, sometiendo a la voluntad popular la designación de los jueces en toda la estructura judicial, aplicando el voto directo. Necesitamos avanzar en mecanismos de remoción de los jueces vinculados a corruptelas y favoritismos con el poder, estableciendo también una duración acotada a sus cargos. Para democratizar de verdad se deben generalizar los juicios por jurados, establecidos en la constitución desde hace años, pero que nunca se aplican.
Junto con estas medidas, desde el MST-Nueva Izquierda, consideramos que es fundamental construir una poderosa fuerza política que vaya de frente contra todos los privilegios, tanto de los jueces como de los políticos, peleando por terminar con estos «poderes» al servicio de los poderosos, te invitamos a ser parte junto a nosotros de esa pelea. ]]>
En estos días fueron sorteados los bonaerenses que podrían ser convocadas a los juicios por jurados. Una medida aislada que no es parte de una verdadera democratización de la justicia. Aparece más como anuncio de impacto para tapar el avance reaccionario del modelo de seguridad y justicia de Scioli y los K. Con sus “22 puntos”, avalados por Massa, el PRO, la UCR y PJ Federal.
La implementación del juicio por jurados se da en medio de esas medidas que acentúan el carácter represivo, autoritario, de control político y de preservación del triángulo de impunidad entre jueces, intendentes y policías. Sumando a la creación de policías adictas a los intendentes, sin control social.
Esto contradice las declaraciones pomposas de Scioli diciendo que el juicio por jurados está en la “base de la concepción democrática de la justicia”. Tampoco lo es el proyecto de policías municipales y menos el eliminar todo artículo que apuntase a algún control sobre los comisarios. Sólo rinden cuentas al intendente que maneja una fuerza represiva a gusto como pasó con la Metropolitana de Macri. Al ser una fuerza de choque para reprimir y espiar trabajadores con metodologías corruptas.
Sobre el juicio por jurados, aún no se sabe cuándo entrará en vigencia. Además sólo habrá jurados para juicios penales con posibles penas de 15 años o más. Según la ley 14.543, el jurado lo preside un juez y lo componen 12 ciudadanos titulares y 6 suplentes, elegidos por sorteo del padrón electoral, a razón de 1 cada 1.000 empadronados. Es de carga pública obligatoria, tienen el día justificado y recibirían un pago.
El jurado decide sobre la inocencia o culpabilidad del procesado. La pena la dicta el juez. La condena es válida cuando coincidan 10 votos sobre 12. Sesionarán hasta 2 días y pueden prorrogarlo por otros dos. Si deciden la inocencia, será irrevocable. De ser otra la sentencia, se la puede apelar.
Hace más de 160 años que están establecidos en la Constitución. Pero nunca lo implementaron. Recién hay jurados hace 7 años en Córdoba. Ahora en Neuquén, Y en Chubut lo están tratando. Instaurarlos no puede ser algo aislado ni es la principal medida para democratizar la justicia.
El problema de nuestro sistema judicial es que no se trata de un poder independiente como nos enseñan, sino dependiente del poder político, de sus pactos, presiones, privilegios y componendas. No tendremos una justicia independiente si a los jueces los sigue eligiendo ese poder político.
Una verdadera democratización debe incluir la elección de los jueces por el voto popular y la posibilidad de revocar su mandato. Los Consejos de la Magistratura son órganos de canje político. Hay que reemplazarlos por el voto universal para nombrar y remover a los jueces como en Estados Unidos o Bolivia.
Es urgente también remover a los jueces federales de la dictadura. Además de facilitar el acceso a la justicia de los sectores populares y terminar con las corporaciones de abogados. Con reformas como estas, sí será justicia.
Francisco Torres
Checho en el momento de su asesinato tenía 16 años, venía de jugar a la pelota y su único pecado fue retrasar su llegada a la casa porque se encontró con otros chicos vecinos y con permiso de su papá se quedó un rato con ellos. Quedó envuelto en un confuso episodio y sin tener nada que ver recibió un disparo en un glúteo y cuando cayó fue fusilado en el piso de un tiro en la nuca por este asesino de la federal. Dando por sentado que para el sistema capitalista el solo hecho de ser joven y de barrio de trabajadores te transforma en sospechoso.
Como desde hace casi 4 años desde la regional Oeste estuvimos apoyando a la familia Casal en su lucha por justicia para Checho, tambien estaremos en la ciudad de Mercedes los días 13 y 14 de marzo durante el juicio.
Para que ni un pibe más sea fusilado a mano de las fuerzas represivas del estado, pedimos el acompañamiento de todos.
- ¡Basta de gatillo fácil!
- ¡Justicia para Checho!
Hay que ubicar el fallo de la corte suprema como parte del análisis de la coyuntura electoral que atraviesa el país. Indudablemente la suspensión de la elección a consejeros de la magistratura supone un límite a la ofensiva K ¿por qué se dio? ¿qué implicancias tiene? Una perspectiva independiente desde la izquierda para abordar el tema
Finalmente se develó la incógnita sobre el fallo de la corte. Después de muchas especulaciones y escenarios hipotéticos, a la postre por 6 votos a 1-el de Zaffaroni por expreso pedido de la presidente- la corte se pronunció por la suspensión de la elección de consejeros. Este no es un dato menor. La corte y de conjunto la institución judicial es efectivamente una corporación políticamente dirigida. El carácter vitalicio de los jueces, invulnerables a todo, los hace dependientes del poder de turno. Pero cuando avizoran «fin de ciclo» en el poder gobernante, como todos los aparatos conservadores del régimen capitalista, se reubican para mantener el statu quo y preparan un nuevo contrato de lealtad con la fracción del establishment que se presente en condiciones de acceder a la sucesión. Esa lógica opera detrás del abandono al kirchnerismo de la corporación judicial en general y de la corte suprema en particular. Por eso, el fallo adverso al oficialismo nacional es un golpe político en varios sentidos:
- primero, porque le impide avanzar en el proceso de control hegemónico de la justicia como pretendían con mayoría en el consejo de la magistratura.
- segundo, porque la suspensión de esta elección impide el recurso político con el cual el kirchnerismo pretendía plebiscitarse nacionalmente en un debate nacional y disimular por esa vía las derrotas distritales en las provincias más importantes.
- en tercer término, el fallo contrario de la corte precedido políticamente por un nuevo desastre social como el de Castelar y posteriormente por la aparición de Massa reagrupando al PJ bonaerense, a sectores de la burocracia sindical y la UIA; deja al kirchnerismo en una situación de aislamiento político muy pronunciado.
Vale decir: la corte le propinó un fuerte cachetazo al kirchnerismo que agudiza su crisis política.
El gobierno nacional pretendía kirchnerizar la justicia
Tal como dijimos más arriba la actual institución judicial no tiene nada de independiente. La existencia del consejo de la magistratura, hijo putativo del Pacto de Olivos, es la consumación del reparto entre las fuerzas políticas tradicionales del control de los jueces. El kirchnerismo, lejos de pretender independizar el poder judicial de la «partidocracia» y ponerlo bajo subordinación social, se jugó a copar la justicia para defenderse en el período de vacas flacas que se le viene. Por eso, nosotros no nos engañamos: el kirchnerismo no planteó más que en el discurso ninguna democratización real, sino un proceso de hegemonización de su fracción política en torno a la justicia. La corporación se defendió, no por independiente, sino porque ve al kirchnerismo en retirada y también porque como aparato conservador que es defiende sus privilegios. Por eso, nosotros lo planteamos con claridad: así como está la justicia, no funciona para el pueblo y hace falta democratizar en serio. Con los K nada de eso es posible.
La oposición reaccionaria defiende el statu quo
Toda la oposición de derecha al kirchnerismo festejó el fallo de la corte. Más todavía: la presión del grupo Clarín jugadísimo contra la reforma judicial fue notoria. La oposición festejó el fallo como una victoria política. Está claro que el oficialismo nacional pierde mucho en esta. También es cierto que el kirchnerismo quería «copar» la justicia. Pero la realidad es que no es menos cierto que desde el PRO, hasta el peronismo disidente, la UCR-FAP y hasta Pino Solanas, no proponen ninguna medida democratizadora en serio de la justicia. Detrás de toda la hojarasca de «la independencia de la justicia» en realidad defienden poder seguir teniendo participación en la elección de los jueces y que el oficialismo controle todo. Por eso, ni el kirchnerismo quiere democratizar ni la derecha defiende ninguna independencia: hace falta un debate a fondo sobre la real democratización de la justicia.
Hacia una reforma integral de la justicia
Efectivamente desde la izquierda planteamos una visión de cambio estructural de la justicia. En principio proponemos arrebatarle el control a los viejos partidos y los intereses capitalistas. Para eso, hay que diseñar un dispositivo de funcionamiento que modifique la naturaleza de esta institución y la ponga bajo control social:
Juicios por jurados
- Jueces electos por voto popular, en elecciones separadas de los partidos y sin consejos de la magistratura sujetos al poder político
- Revocabilidad del cargo de todos los jueces como del conjunto de los funcionarios electivos
- Separación y pase a disponibilidad de todos los jueces federales de pasado procesista
Estas medidas son la base de una lógica opuesta a la actual justicia ya que pulverizan el carácter vitalicio de los cargos y somete a la justicia al control social. En conclusión: una real democratización de la justicia pasa por invertir la subordinación de esta institución, no ya al poder de turno sino al poder de siempre: el pueblo.
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