«Una reforma judicial antipopular y antidemocrática
(…) Empecemos por lo que la reforma propone respecto de las medidas cautelares. Las cautelares nacieron para favorecer a los ciudadanos más débiles frente al poder estatal. Por esa razón las dictaduras fueron hostiles a ellas. Por eso Domingo Cavallo se sintió molesto con ellas. Por eso el macrismo tiene -e impulsa- un proyecto similar en la Legislatura porteña. Por eso, durante los ‘90 los sindicatos recurrieron habitualmente a ellas para frenar las políticas de flexibilidad laboral. Por eso, en la crisis de 2001-2002 los jubilados, los trabajadores y las clases medias en general, recurrieron también a ellas para evitar que el Estado les arrebatara sin justificación sus ahorros. Por eso, en la actualidad, las comunidades indígenas, las asambleas ciudadanas y las organizaciones sociales y ambientales recurren a ellas, para lograr frenar el despojo y destrucción de sus territorios, el peligro de la contaminación, así como para demandar el acceso a la vivienda, entre tantos otros Derechos Humanos vulnerados. (…) Sigamos entonces con otra de las reformas propuestas: la creación de más instancias. ¿Cuál es la justificación de las mismas, en términos democráticos y de justicia social? ¿Cuál es la justificación de las mismas, cuando lo que se logra no es lo que precisamente se invoca -combatir a la corporación judicial- sino aumentar su poder y su número? De este modo, la reforma burocratiza aún más e innecesariamente, en lugar de democratizar, como es debido, a la justicia.
Lo que está en juego resulta ser mucho más grave que lo sugerido: para las clases trabajadoras, para los jubilados, para los desprotegidos, esta medida no conlleva ningún beneficio. Por el contrario, implica graves perjuicios: los juicios prometen prolongarse, cuando ni los obreros ni los jubilados ni los miembros de una comunidad indígena están en condiciones de iniciar y mantenerse en litigio (cuando han conseguido iniciarlo) más que un breve tiempo. Cualquier promesa de tornar el proceso más largo lo único que hace es aumentar, proporcionalmente, el poder de extorsión de las clases dominantes que, por el contrario, sí puede soportar -cuando no alientan directamente- la extensión de plazos y la no finalización de juicios que puedan perjudicarlos. En esas condiciones, las clases dominantes pueden, simplemente, forzar a los más débiles a resolver el conflicto a través de arreglos extrajudiciales, objetivamente inconvenientes para los más desaventajados (…) Finalmente, ¿en qué sentido la reforma propuesta se muestra hostil con los intereses de los más pobres, de los desprotegidos, de los marginados del modelo actual? Como es habitual en el oficialismo, la reforma se monta sobre un discurso épico que se contradice con sus resultados timoratos, antipopulares y favorables a las mismas corporaciones que dice atacar (…)»
Primeras firmas…
Osvaldo Acerbo, Mirta Antonelli, Jonatan Baldiviezo, Héctor Bidonde, Jorge Brega, José Emilio Burucúa, Diana Dowek, Lucila Edelman, Roberto Gargarella, Adriana Genta, Mónica Galan, Analía González, Diana Kordon, Darío Lagos, Alicia Lissidini, Rubén Lo Vuolo, María Inés Luchetti, Gabriela Massuh, Elba Pérez, Alberto Pinus, Marcelo Plana, Alfredo Saavedra, Pablo Stefanoni, Maristella Svampa, Nicolás Tauber Sanz, Osvaldo Tcherkaski, Jaco Tieffenberg, Enrique Viale, Patricia Zangaro, Mariano Rosa.
]]>
«Vine a discutir un aspecto, que es la autonomía. Por lo menos, quiero discutir si entre todos somos capaces de seguir reclamando la autonomía, sobre todo en este caso que se discute acerca de la Justicia. Entiendo que los diputados del Frente para la Victoria plantean discutir un poco más: la reforma que se está encarando.
Creo que la reforma puede tener distintos aspectos. Para mí no tiene nada en el sentido de democratizar, que es el título (…) Facilitar la autonomía de la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires sería parte, pero tampoco apuntan a eso. Creo que por eso hay muchos que dicen por fuera estar de acuerdo, pero hoy, al defender la ley e ir contra la declaración que se presentó, esconden que en el fondo tampoco pueden votar algo a favor de la autonomía, porque sería ir en contra de lo que plantea la propia reforma.
La reforma no sólo no plantea la autonomía, sino que propone también avanzar en aspectos que van en contra de toda la democratización. (…) Si hay un mecanismo contra la democratización, es seguir fortaleciendo los consejos de la magistratura. Precisamente, son órganos que intentan que no haya una real democratización, porque van en contra de la elección directa de los jueces. Lo que se intenta es buscar un mecanismo intermedio para que las fuerzas políticas mayoritarias puedan decidir a su antojo cuándo remueven a algunos de los jueces y controlarlos por esa vía (…)
Es interesante el título de «democratización» pero, cuando vemos lo que se hace, es todo lo contrario. Simplemente, me voy a referir a que el mismo gobierno que está impulsando esto es el mismo que en su momento, con el pomposo título de «democratizar la Corte Suprema», hizo una serie de cambios que a algunos los confundió. Es el mismo que cuando la Corte no le vota algunas cosas a su favor, la demoniza completamente. Por lo tanto, miran cada uno de los aspectos que van pasando en función de su conveniencia y no realmente de la discusión que dicen enfrentar.
Si realmente hubiera democratización, antes de que se sancione el proyecto voy a presentar una ley para que se promulgue de una vez por todas los juicios por jurados que están en la Constitución nacional desde hace 160 años. Nadie los promulga porque tampoco quieren la democratización. No haría falta ninguna reforma constitucional, sino que se aplique y se ponga en práctica la Constitución que habla de esto desde hace 160 años. Ningún gobierno -y éste, que habla de la democratización, menos que ninguno- lo puso en práctica. Eso permitiría democratizar y realmente tener juicios por jurados; la población podría ir rotando y hasta el último hijo de vecino podría ser parte de los jurados. De esa forma se les sacaría el poder omnímodo a los jueces para que hagan lo que quieran. Tendrían que dictar sentencia, pero quienes definirían quién es culpable o no serían precisamente esos jurados.
¿Por qué no se quiere democratizar? ¿Saben por qué? Porque todas estas medidas van en contra del poder político y contra el control de la Justicia por parte de la mayoría de turno. Van en contra diciendo en la tribuna que se está por la independencia y después votan todo para terminar controlando completamente cada uno de los fallos que se dicten. Cuando hay alguno que no les gusta, tratan de tener los resortes para poder voltear rápidamente a los jueces.
Sigo enumerando. Si hablan de democratizar, ¿por qué no vuelan de un plumazo a los cerca de 200 jueces federales que todavía siguen y fueron nombrados durante la dictadura? ¿Por qué no los sacan? ¿Por qué parte de la reforma no es volar, por ejemplo, a todos y a cada uno de los jueces que fueron nombrados en el período de la dictadura? ¡Ojo! Muchos de estos jueces votan cosas que le gustan al Gobierno.
Cuando se meten para sacar o tratar de condicionar los amparos, ¿se está democratizando la Justicia? No, porque se está tratando de limitar los derechos de la gente para acceder a la Justicia.
He escuchado interesantes argumentos acerca de las grandes corporaciones de abogados y parece que vamos en contra de ellas. Todas estas corporaciones se han realizado al amparo de esta Justicia y se seguirán fortaleciendo de la misma manera. Pero no se atacará a las grandes corporaciones, sino a la gente. En este punto están de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad, ya que cada vez que se presenta un amparo saltan a la yugular porque no les gusta que la gente tenga acceso a un derecho.
En esta reforma lo que menos le gusta al Gobierno de la Ciudad son los derechos de la gente. ¿Qué tiene de democratización recortar los derechos de la gente cuando el Estado va en contra y entonces pueda apelar? Nada. Por último, vuelvo al principio. ¿Es realmente democratizar no poner como uno de los primeros puntos la autonomía de la Ciudad para resolver sus aspectos de justicia? No, todo lo opuesto.
Por este motivo, les pido a los diputados de Frente para la Victoria que sean coherentes. Si están por la autonomía de la Ciudad, voten esta declaración, porque no los condiciona ni siquiera en el debate general. De lo contrario, díganlo con claridad: están en contra de esta resolución porque apoyan un proyecto que, como he enumerado varios aspectos antidemo-cráticos, está en contra de la autonomía de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Esta es la contradicción. Por eso, hay que terminar con el doble discurso (…)»
]]>
Esa maniobra no es casual. Tal como el gobierno nacional, Mauricio Macri también pretende cercenar en la Ciudad el derecho constitucional a los recursos de amparo y las posibles medidas cautelares protectivas que dicten los jueces. Es que le molestan profundamente los amparos que trabajadores y vecinos presentan en defensa de sus derechos o que enfrentan medidas privatistas y de ajuste del gobierno macrista, como el amparo presentado por nuestro diputado Alejandro Bodart que le frenó su tarifazo del subte.
Macri, su vicejefa y sus ministros no sólo se quejan de una supuesta «industria del amparo» que le pone «palos en la rueda» a su gestión, sino que diputados del PRO como Martín Ocampo y Cristian Ritondo tienen presentados proyectos de ley para recortar las cautelares en la justicia porteña. Es decir, tienen la misma pretensión antidemocrática que Cristina.
Es más: cuando el 7 de noviembre de 2011 la Legislatura votó sus tres representantes en el Consejo de la Magistratura, el PRO y los K pactaron repartirse dos y uno respectivamente, desplazando al candidato propuesto por Proyecto Sur -el jurista Beinusz Szmukler-, a quien le correspondía ese cargo por ser entonces la tercera fuerza política porteña.
¿Con qué cara cuestiona Macri la reforma judicial K si él, igual que Cristina, busca recortar los amparos y las cautelares porque su gobierno avasalla derechos de la gente? ¿Con qué cara se sube a la marcha del 18A si él, igual que Cristina Kirchner, quiere control político sobre el Consejo de la Magistratura para digitar y repartirse el nombramiento de jueces con los K? Criticar en público una medida mientras por lo bajo se la sostiene es una impostura política completa.
Pablo Vasco
]]>