Escribe: Pablo Vasco, CADHU-MST

. Desde que nació, la Argentina es un Estado capitalista porque la clase social dominante es la misma: la burguesía, los capitalistas, dueños de los medios de producción.
. A su vez, desde las primeras elecciones presidenciales realizadas en 1916 hasta la actualidad han desfilado por el poder muchos gobiernos diferentes: en concreto 46.
. Pero en lo que respecta al régimen político, es decir a cuáles instituciones son las que predominan, existen dos formas esenciales: dictadura y democracia burguesa.

En dictadura gobiernan las fuerzas armadas y, en esta democracia burguesa, los famosos tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, los dos primeros elegidos mediante el voto popular a través de los partidos políticos o alianzas.

Con el triunfo de Milei y Villarruel obviamente ha cambiado el gobierno pero no el carácter del Estado argentino, que sigue al servicio de la clase capitalista aunque el liberfacho critique todo lo «estatal». ¿Pero qué sucede en cuanto al régimen político?

Crisis global, polarización, ultraderecha

Siempre que un gobierno recorta los derechos económico-sociales, trata de hacer lo mismo en relación con los derechos democráticos. Dicho más fácil: ningún ajuste pasa sin represión. Es que la clase trabajadora y los sectores populares y medios no se dejan reducir su nivel de vida sin protestar. Y como Milei pretende imponer un mega-ajuste inédito y generalizado, lanza toda una batería de medidas abiertamente antidemocráticas.
A fin de comparar, en el siglo pasado Hitler o Mussolini movilizaban masas y utilizaban bandas parapoliciales y paramilitares, métodos de guerra civil contra el pueblo trabajador y hasta genocidio. Milei no tiene esas características típicas del régimen fascista. Pero, ¡guarda la tosca!: su proyecto tampoco es esta democracia burguesa limitada que en nuestro país cumplió hace poco 40 años.

Como bien lo explica el reciente documento del Comité Ejecutivo Internacional de la Liga Internacional Socialista (LIS), de enero: «El crecimiento de la derecha y la extrema derecha está íntimamente ligado al fracaso de los gobiernos nacionalistas, populistas y de centroizquierda que despertaron a principio de este nuevo siglo grandes expectativas en el movimiento de masas. En el giro a derecha de franjas de masas ha jugado un rol muy importante los grandes medios de comunicación burgueses y varias iglesias.

«Décadas de crisis también han desgastado a las instituciones de la democracia burguesa ante las masas y a los regímenes de este tipo como mecanismos de dominación y control. Por eso la burguesía se ve obligada a instrumentar cada vez más medidas represivas y los regímenes se vuelven cada vez más autoritarios, no solo en los países dependientes sino también en los capitalistas más avanzados.»

Como hoy la crisis capitalista mundial ya no deja márgenes para medias tintas, de nuevo en todos lados crece la extrema derecha e incluso es gobierno en varios países de Europa1. En general, actúan en el marco de las reglas de juego de la democracia burguesa. En América se prepara para volver Trump y ya, al estilo del recién reelecto Bukele en El Salvador, aquí el «libertario» Milei apunta a provocar un cambio de régimen en un rumbo abiertamente totalitario.

Hacia una democra-dura

Acerca de estos planes, nuestro dirigente Alejandro Bodart agregó: «El protocolo represivo es una muestra más del régimen político totalitario que pretende imponer el gobierno de Javier Milei, que con total hipocresía repite el latiguillo ‘viva la libertad, carajo’ pero intenta avasallar todos los derechos sociales y democráticos vigentes en nuestro país. Es una ofensiva gravísima, un estado de sitio de hecho que ilegaliza el derecho a la protesta social, le da vía libre a la represión policial y que ningún sector que se considere democrático debería dejar pasar… Es tiempo de unir fuerzas para pararle la mano a esta avanzada de ajuste y represión».2

Dicho cambio reaccionario incluye varios aspectos, además de negar a los 30.000 y el genocidio de la dictadura:
. El más evidente es la ofensiva expresada en el protocolo «anti-piquetes» de Bullrich, que querellamos ante la justicia federal (ver pág. 7). El saldo de personas detenidas y las perimetrales impuestas, las heridas por el nuevo gas pimienta y balas de goma, las condenas injustas a activistas, la detención arbitraria por tuitear y el flamante anuncio de reinstalar el «protocolo Chocobar» sobre el uso de armas de fuego por las fuerzas federales ilustran el avance de la criminalización de la protesta social.
. En igual sentido punitivista, el proyecto de ley ómnibus planteaba reformas al Código Penal para agravar las condenas y legalizar el gatillo fácil y la impunidad policial, negando a los familiares de las víctimas el derecho a querellar a los uniformados.
. La ley ómnibus -por ahora derrotada- incluye una cantidad y calidad inédita de superpoderes en favor del Poder Ejecutivo. Implica una avasallamiento del Congreso, como también lo muestra la negativa antirregla-mentaria de Villarruel de convocar a sesión en el Senado para tratar el DNU de Milei.

. En materia de representación política, la ley derrotada incluía reemplazar el reparto proporcional de bancas según los votos por circuitos unipersonales. Esto
proscribe a todas las minorías y restablece el fracasado bipartidismo, a la vez que se autoriza el financiamiento privado de las campañas electorales, en beneficio de los partidos capitalistas.

. En cuanto a la libertad de expresión, además de apalear periodistas, el gobierno intervino la red de medios públicos y hace un reparto arbitrario de la pauta publicitaria y desfinancia a los medios alternativos, lo que agudiza el control antidemocrático de la difusión de ideas a gusto del oficialismo.

Nuestras propuestas

La primera tarea es impulsar la más amplia unidad de acción posible frente a este paquetazo claramente totalitario, este verdadero estado de sitio de facto que intenta la tríada Milei-Villarruel-Bullrich y toda la Libertad Avanza, nombre cínico si los hay a la luz de sus medidas y sus planes.

Insistirán de una u otra forma, porque perdieron la ley pero no las mañas.
Como estrategia, luchamos por un cambio revolucionario que eche abajo al Estado capitalista y lo reemplace por un Estado obrero y popular realmente democrático, socialista, basado en las asambleas barriales u otros organismos de autodeterminación que se den las masas en lucha, y por un gobierno de las y los trabajadores. Esto es opuesto al burocratismo dictatorial estalinista que ensució las banderas del socialismo. Y con respecto al régimen político, también proponemos cambios de fondo:
. Abolir el Senado, que haya una cámara única de diputados elegidos proporcionalmente con el país como distrito único, que ganen como una maestra y que esa cámara designe al Ejecutivo, responsable ante ésta. Además, anular todos los superpoderes y privilegios políticos.
. Un sistema judicial totalmente distinto, con jueces y fiscales elegidos por voto popular en fecha separada de las elecciones políticas, con mandatos por tiempo limitado y revocables. Sólo así será independiente del poder político.
. Disolver esta policía, represora, corrupta y de gatillo fácil. Reemplazarla por un nuevo cuerpo de seguridad ciudadana, preventiva, bajo control social y con autoorganización vecinal.
. En ese camino, ante crisis graves o vacíos de poder, como no está descartado que puedan ocurrir, proponemos que se llame a elecciones para una Asamblea Constituyente libre y soberana para que el pueblo decida democráticamente qué cambios económicos y políticos hacen falta. Allí llevaremos nuestras propuestas.
Para enfrentar ahora mismo al liberfacho Milei, su vice y su ministra, y para ir por un cambio de raíz, revolucionario y socialista, organizate con el MST en el Frente de Izquierda Unidad.

1Hungría, Italia, Polonia, Suecia, Finlandia y Holanda.
2https://periodismodeizquierda.com/casanello-se-declaro-competente-en-la-causa-anti-protocolo-cele-fierro-y-alejandro-bodart-apuntaron-contra-bullrich/

Escribe: Pablo Vasco, CADHU-MST

Nuestro recurso pasó por ocho juzgados y una cámara de tres fueros judiciales distintos -electoral, contencioso administrativo y criminal y correccional-, que fueron pateándose la pelota. Finalmente, días atrás el juez federal penal Sebastián Casanello, del Juzgado N° 7, se declaró competente en la causa iniciada por nuestro partido, el MST en el Frente de Izquierda Unidad.

Casanello recaratuló como hábeas corpus nuestra presentación iniciada como acción declarativa de inconstitucionalidad y le ordenó a la ministra de Seguridad de la Nación informar en el plazo de 72 horas qué antecedentes consideró, qué consultas hizo para elaborar su protocolo y qué respondió ante el informe crítico de tres relatores especiales de derechos humanos de la ONU sobre el mismo.

Es que ya antes habíamos agregado al expediente judicial dicho informe, así como los absurdos telegramas que nos envió el Ministerio al MST pretendiendo en forma delirante cobrarnos 40 y 63 millones de pesos por los operativos policiales que Bullrich desplegó frente a las movilizaciones unitarias del 20 de diciembre a Plaza de Mayo y del 27 a Plaza Lavalle. Es el colmo: ¡recortan el derecho a la protesta y encima pretenden que les paguemos la represión!

Cuestiones en debate

Como Bullrich para armar su engendro no consultó a otras áreas del Estado, a organizaciones sociales ni a organismos internacionales y además contestó que las críticas de los relatores especiales todavía estaban «en análisis», el pasado martes 7 Casanello dictó una medida cautelar que consideramos muy positiva.

Dicho sea de paso, como en su respuesta la misma Bullrich nos considera al MST legítimos para mandarnos multas por marchar pero cuestiona la legitimidad de nuestras diputada y apoderada para querellarla, Casanello la refutó: «la Constitución Nacional establece que este remedio legal [el hábeas corpus] podrá ser interpuesto ‘por el afectado o por cualquiera en su favor’.»

Por ahora el juez no suspendió el protocolo como reclamamos y además falta resolver la cuestión de fondo de si éste es o no inconstitucional. Pero en su fallo hizo varios alertas significativos:
. «los términos del Protocolo se traducen en instrucciones a las fuerzas de seguridad que pueden ser a priori confundidas como habilitaciones de poder punitivo por fuera de la norma penal.» Dicho en fácil, el protocolo puede habilitar mayor represión que la que permiten las leyes.
. «La definición de los tipos penales es una competencia exclusiva del Poder Legislativo Nacional, que se expresa mediante el dictado de Códigos y Leyes emanadas del Congreso. La determinación del alcance de las figuras penales, y de su aplicabilidad a los casos concretos, corresponde al Poder Judicial.» Como Bullrich se arroga la monárquica y repudiable potestad de considerar cualquier piquete, marcha o corte así sea total o parcial como un delito, el juez reafirma que las leyes que definen los delitos las hace el Congreso y las interpreta la justicia, no el Poder Ejecutivo.
. También reafirma la validez de la Observación N° 37 del Comité de Derechos Humanos y los cuestionamientos de los relatores al protocolo porque incumple los estándares internacionales de protección al derecho de reunión pacífica. Para el juez, considerar de antemano «a toda reunión como violenta o delictiva es una decisión contraria al estándar internacional de protección».
. Como mediante su protocolo Bullrich pretende además abrir un registro de las personas y organizaciones que participan en manifestaciones, el juez sostiene «que el registro y uso de la información personal de las personas reunidas debe estar sujeto a los límites constitucionales y legales, y no violar la privacidad de los manifestantes». Y cita otro fallo suyo, en donde afirma que «tampoco sería tolerable el armado de bases de datos para -bajo el pretexto de alcanzar una respuesta eficiente frente a los cortes de ruta- ingresar en el monitoreo y control de qué hace o deja de hacer un obrero, un delegado gremial o un dirigente político».
. Asimismo, el juez afirma que «la libre circulación convive con el ejercicio de otras libertades y derechos civiles y políticos, como la libre expresión, asociación y reunión, y el derecho de peticionar -y, particularmente, criticar- a las autoridades-. Estos últimos derechos tienen un valor especial dentro del sistema democrático por lo que merecen especial protección».

La cautelar, un paso adelante

Por todas esas razones, Casanello exhorta al Ministerio de Seguridad de la Nación a que:
«1. En el marco de su competencia, adecue la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho, incluido todo el bloque de constitucionalidad, debiendo sujetarse al mandato legal que deriva del Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal, entendidos como derecho constitucional reglamentado.

«2. Instruya a las fuerzas policiales y de seguridad federales a que, en el marco de su actividad preventora, anoticien y eleven consulta, de modo inmediato, a las autoridades judiciales, de conformidad a lo establecido por las leyes procesales.

«3. Tome razón del estándar de protección impuesto por las normas internacionales de derechos humanos, explicado y desarrollado por los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 23 de enero de 2024 (OL ARG 3/2024), e instruya a las fuerzas policiales y de seguridad federales a observar un comportamiento adecuado a ese estándar.»

Es decir, el juez le impuso claras limitaciones y condicionamientos al protocolo de la ministra Bullrich, cuyos brutales efectos represivos ya vimos y sufrimos en carne propia en estas jornadas de lucha frente al Congreso contra la ley ómnibus de Milei. Por último, citó a las partes a una audiencia el próximo miércoles 14 en los tribunales de Comodoro Py.

Seguir la pelea anti-protocolo

El mismo día en que cayó la ley ómnibus en el Congreso, martes 6, la noticia de este fallo significa otro duro golpe para el gobierno ultraderechista de Milei y Bullrich. Desde el CADHU y otros organismos de derechos humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y también algunos de la Mesa de Organismos estamos vamos a presentar en esta causa un recurso de amicus curiae en contra del protocolo. Adjuntaremos también la presentación que nos ofreció el CELS, realizada junto a los sindicatos SIPREBA y ARGRA, y al CEPRODH, ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

En defensa del derecho humano, democrático y constitucional a la protesta, integrado a su vez por los derechos de reunión, de asociación y de petición ante las autoridades y la libertad de expresión, seguimos esta batalla decisiva a nivel judicial y sobre todo en las calles, que en definitiva son nuestra única garantía de victoria.

Davos es una ciudad suiza. Allí cada año se reúne un foro de grandes capitalistas y líderes políticos para bajar línea. No nos preocupa como quede ante un público así el presidente argento. Pero igual sirve para entender mejor en qué manos estamos. Ante caras azoradas, el libertario se mandó conceptos como éstos:

“Occidente está en peligro porque los que supuestamente deben defender sus valores están cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo.”
“Gracias al capitalismo hoy el mundo está en su mejor momento No hubo nunca, en toda la historia de la humanidad, un momento de mayor prosperidad. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero.”

“Otro de los conflictos que los socialistas plantean es el del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto.”

“Estas ideas nocivas han impregnado fuertemente en nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido coptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, la cultura, las universidades y los organismos internacionales.”

“Occidente se ha volcado al socialismo. Buena parte de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoria de los países de Occidente son variantes colectivistas… Todos. No hay diferencias sustantivas. Socialistas, conservadores, comunistas, fascistas, nazis, social-demócratas, centristas, son todos iguales.”

O sea, el mundo anda mejor que nunca. La brecha de género y el cambio climático no existen. Pero los neomarxistas se apropian de los medios, del FMI y de la ONU. Y Occidente es socialista, que es igual a ser nazi… ¡Mamita!

Escribe: Pablo Vasco

Haití, un pequeño país caribeño, es el más pobre de toda América Latina. Los niveles de desempleo, miseria, analfabetismo y carencia de infraestructuras básicas son los peores del continente. Allí la crisis política e institucional se viene agudizando a partir del asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021. Desde entonces gobierna el ilegítimo presidente interino Ariel Henry, ex primer ministro, designado por el llamado Core Group (grupo central, en inglés).

El Core Group está integrado por representantes de las embajadas de Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Canadá y Brasil. Son estas grandes potencias las que detentan el verdadero control del gobierno haitiano. El próximo 7 de febrero caduca el mandato de Henry y se prepara una «transición política» por el plazo de un año bajo la supervisión de la ONU.

Sin embargo, utilizando como excusa un hecho de la realidad, que es el crecimiento de bandas mafiosas vinculadas a la policía y al ejército que se disputan, armas en mano, el control de la capital Puerto Príncipe y otras regiones, en octubre de 2022 Henry pidió la intervención militar de las Naciones Unidas. Un año después, a instancias del imperialismo norteamericano, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el envío de tropas extranjeras a Haití.

Como Estados Unidos ha salido muy mal parado de sus últimas intervenciones militares en otros países, como en Irak y Afganistán, esta vez han buscado un rostro diferente para encabezar la misión. De este modo, a inicios de febrero empezaría a llegar a Haití un primer contingente de 300 policías enviados por el gobierno pro-norteamericano de Kenya, a pesar de que en dicho país africano existe un fallo judicial en contrario.

Que el pueblo decida

En medio de esta profunda crisis que sacude a Haití, ahora reaparece en escena Guy Philippe, un carismático ex policía que en los años ’90 fue entrenado por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Ecuador. En el año 2000 fue una figura clave en el intento de golpe contra el presidente René Préval y en 2004 intervino en el golpe que derrocó al presidente Jean-Bertrand Aristide, sucesor de Préval.

Siendo senador por una región, en 2017 Philippe fue condenado por una corte de EE.UU. por haber recibido más de dos millones de dólares en sobornos por protección al narcotráfico. Tras varios años en prisión, EE.UU. repatrió a  Philippe a Haití en diciembre pasado. Lidera el grupo paramilitar Brigada de Seguridad de Áreas Protegidas (BSAP) y la formación política Despertar Nacional para la Soberanía de Haití. En el contexto del caos político, pobreza y descontrol que sufre el país, Philippe es visto por algunos sectores populares con esperanza. Su llamado a la «desobediencia civil» tuvo eco en algunas ciudades, con protestas y bloqueo de escuelas, comercios y oficinas públicas. Pero ni Philippe ni tropas extranjeras traerán ninguna solución al pueblo haitiano.

Desde su independencia revolucionaria en 1804 Haití ha sufrido numerosas intervenciones extranjeras, incluida la MINUSTAH de la ONU desde 2004 hasta 2017. Pero no han hecho más que avasallar la soberanía nacional, el derecho del pueblo a su autodeterminación y agravar la miseria, la dependencia y la corrupción.

Como bien decía la declaración de ROZO (Red de Organizaciones de la Zona Oeste) y otras agrupaciones populares de Haití en octubre pasado: «La nueva intervención militar ideada por los estadounidenses y retomada por sus lacayos en Puerto Príncipe y otros lugares no tendrá otro objetivo en esta coyuntura política deletérea que intentar prolongar una vez más la vida del sistema de desigualdad atroz y explotación descarada, en un país amenazado de una muerte más que segura. De extinción, habría que agregar.

«El pueblo haitiano, ya en permanente rebelión, no tendrá otra opción que seguir levantándose, insurgiéndose para siempre a fin de cumplir sus legítimas aspiraciones al bienestar colectivo, a la libertad integral y a más democracia para todos los haitianos.»(1)

(1) https://lis-isl.org/2023/10/12/haiti-el-techo-agujereado-puede-proteger-del-sol-pero-nunca-de-la-lluvia/

Escribe: Pablo Vasco

Alberto le guiñó un ojo apenas lo vio y Cristina le cumplió todo el protocolo, bromas, sonrisas, todo más cordial que con Macri… Y la gestualidad es parte de la vida política, acá y en la China. La penosa complacencia que la cúpula presidencial pejotista demostró hacia Milei en la asunción del 10 de diciembre acom-paña la bajada de línea de traspaso ordenado, asegurar la gobernabilidad y demás verso institucionalista que en criollo se dice transar. Ese apoyo indirecto o directo del PJ al nuevo gobierno ultraderechista de Milei y Villarruel transcurre por varias vías:

. Se integran al gobierno con cargos. El peronismo cordobés le aportó a Osvaldo Giordano, titular de la ANSeS; a Daniel Tillard, presidente del Banco Nación, y a Franco Mogetta, secretario de Transporte. El ministro de Infraestructura es Guillermo Ferraro, ex asesor de Cafiero, Menem, Duhalde y Kirchner. Rodolfo Barra, ex ministro menemista y filonazi, es Procurador del Tesoro. Y Guillermo Francos, que apoyó a Menem y fue funcionario de Scioli y de Alberto, es ministro de Interior: un cargo clave para negociar con los gobernadores del PJ. Esos son algunos de los cómplices directos.

. Cocinan pactos políticos. Los primeros anotados en esa lista son los gobernadores del PJ, siempre dispuestos a canjear alguna tajada del presupuesto nacional o de la coparticipación federal a cambio del voto de sus diputados y senadores para aprobar las leyes que Milei mande al Congreso. Habrá otros diputados peronistas que actuarán de igual modo con el argumento mentiroso de «dejarlo gobernar», así como ya estamos viendo pactos similares en las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes. No integran el gobierno, pero también son cómplices.

. La burocracia sindical frena los reclamos. Las cúpulas de la CGT y las tres CTA, con diferentes discursos, hasta el momento han tomado la actitud conciliadora de «desensillar hasta que aclare», como decía Perón. O sea, dejar correr al nuevo gobierno de ultraderecha. Pero ya está recontra claro que el plan de Milei es un ajuste recargado. Entonces, si a él «le va bien», como se dice vulgarmente, ¡nos va a ir para la mierda a toda la clase trabajadora y al pueblo! Y lo mismo vale para los movimientos sociales y/o políticos ligados al peronismo, como la UTEP de Grabois, el Evita de Pérsico, Patria Grande y demás. La tarea es la opuesta: hay que resistir y enfrentar cada ataque desde el inicio mismo, con la mayor unidad de acción, para pararle la mano y así debilitar a Milei lo más posible.

Es inútil «pelear desde adentro»

En el avance y el triunfo electoral de Milei, Villarruel y este gobierno de antiderechos hay responsabilidades políticas que no cabe eludir. Que acá en la Argentina, más o menos como en todo el mundo, hay un nicho social bien de derecha, ya se sabe. Lo nuevo fue que millones, como voto castigo al gobierno anterior de Unión por la Patria, eligieron votar esa misma y equivocada opción. Y la causa fundamental tiene nombre: frustración. Si la heladera llena terminó en más inflación y más pobreza; si volver para ser mejores terminó en más FMI y más corrupción; y si el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad terminó en una cáscara vacía, ajena a las necesidades de las mujeres y las disidencias, es evidente que se les abrió la puerta a estos dinosaurios, negacionistas del genocidio y antiderechos en toda la línea.

Por cierto, muchas y muchos militantes peronistas comparten este balance crudamente crítico sobre el gobierno de Fernández-Fernández y el rol negativo de esa dirigencia partidaria y de la burocracia sindical. No se trata de buscar traidores, que sobran. La cuestión es que no va más la línea de «pelearla desde adentro». El PJ es una estructura política dominada por los sectores del capital, obediente ante el FMI, que fue girando cada vez más a la derecha y de progresista ya no conserva ni siquiera el discurso. No existe ninguna posibilidad de transformarlo «desde adentro», porque es un aparato burocrático consolidado, que no escucha a las bases populares porque directamente defiende intereses de clase opuestos. Es preciso entonces dejar de lado toda autocomplacencia, hacer el duelo necesario, sacar conclusiones políticas y cortar amarras de una vez por todas con ese armado que caducó.

Un proyecto nuevo, con la izquierda

El dilema es si a partir de ahora sólo cabe refugiarse en «la orga» social, territorial o, al mismo tiempo, empezar a cranear la posibilidad de un nuevo proyecto político. Porque si algo también ya sabe bien esa militancia pero-nista o kirchnerista honesta es que con la acción reivindicativa sectorial no alcanza. Es condición necesaria, pero no suficiente. No hay transformación económica y social de fondo, sustantiva, si no es como parte de un proyecto integral, político, de poder real. Y menos aún en perío-dos históricos como el actual, cuando este sistema capitalista y patriarcal, decadente y dependiente, y encima con el liberfacho Milei en la Rosada, sólo puede ofrecer cada vez más ajuste y menos derechos.

Hace unos días circuló un audio de Grabois, que nos llegó por tantos vasos comunicantes en los espacios de unidad. ¿Cómo no coincidir cuando dice que «Milei ganó porque el gobierno nacional fue muy malo, porque se hicieron las cosas mal, porque tenemos 120% de inflación, 60% de pobreza infantil, porque no se cumplió el contrato electoral que en 2019 decía vamos a empezar por los últimos para llegar a todos. Y los últimos están peor que en 2019… Milei ganó también porque la pandemia fue durísima y la foto de la fiesta de Olivos fue una cachetada para todos. Porque la pobreza se siente y los yates son una afrenta para todos… El pueblo no se volvió nazi. Ni quiere a los militares, ni dejó de amar la solidaridad y la justicia social. Hay 120% de inflación y la mitad de nuestra gente está en la pobreza…»

El problema es que la conclusión final de Grabois, en vez de animarse a romper con el pejotismo y postular algo distinto, es llamar a la militancia a «acompañar a muchos de nuestros dirigentes, como Axel en la provincia de Buenos Aires», «profundizar el camino de un resurgimiento del movimiento nacional popular» y mandarla a leer una encíclica del Papa, que critica «la economía de la exclusión» y «la inequidad que genera violencia», pero termina reivindicando el diálogo social y la paz social entre explotadores y explotados. ¡La misma receta del fracaso!

No es por ahí, compas. Llegó el tiempo de empezar a trabajar por la construcción de algo nuevo y diferente, junto con la izquierda, para ir por cambios de carácter antiimpe-rialista, anticapitalista y hacia el socialismo. Desde ya, también en el Frente de Izquierda Unidad hacen falta cambios, como lo estamos proponiendo desde el MST a los demás partidos integrantes: abandonar todo sectarismo, ir más allá de lo electoral, abrir espacios de participación cotidiana a la militancia independiente o que está buscando nuevas alternativas, convocar, escuchar. Para ese desafío, para ese proyecto político superador, que entusiasmaría a miles y miles en todo el país, nuestra total disposición.

Escribe: Pablo Vasco, CADHU-MST

Escribe: Pablo Vasco, CADHU – MST

En septiembre pasado, más de 500 activistas de organizaciones populares de todo el país hicimos en la Facultad de Sociales de la UBA un Encuentro nacional antirrepresivo y por los derechos humanos. Allí se resolvió convocar a una jornada contra la criminalización de las luchas sociales para antes del balotaje presidencial. El objetivo es simple: dejarle en claro a quien sea el nuevo gobierno que vamos a enfrentar todo intento de recortar los derechos de organización, de manifestación y de peticionar a las autoridades, reconocidos incluso en la Constitución nacional de esta recortada democracia capitalista.

Es que el derecho a la protesta es básico. Algunos juristas reconocidos, como Roberto Gargarella, lo consideran “el primer derecho: el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos”. Porque todos y cada uno de los avances que la clase trabajadora y los sectores populares hemos conseguido aquí y en todo el mundo han sido a través de la movilización social, poniendo el cuerpo en las calles. Esa es la única manera de conseguir nuestros derechos, defenderlos cada vez que los atacan y en todo caso obtener nuevos logros.

Penalización recargada

La profunda crisis capitalista que atravesamos no sólo no deja márgenes para otorgar concesiones económicas ni políticas, sino que todos los gobiernos con tal de asegurar las ganancias de los sectores concentrados tratan de apretar las tuercas del pueblo trabajador con más ajuste y más saqueo extractivista. Por eso desde hace algunos años se desarrolla una tendencia internacional antidemocrática de todos los gobiernos y regímenes hacia un autoritarismo creciente.

Esta orientación implica jaquear y limitar los derechos, libertades democráticas y garantías que costaron muchas décadas de lucha y han mantenido relativa vigencia. El caso más reciente son las prohibiciones dispuestas por numerosos gobiernos del mundo procurando impedir las movilizaciones en apoyo al pueblo palestino, lo que no logran.

La burguesía se vale de varias herramientas institucionales para actuar en contra del derecho al reclamo popular. Desde ya, cuando la relación de fuerzas se lo permite recurre a la represión directa utilizando sus policías y otros cuerpos represivos contra las movilizaciones, paros, cortes de ruta y tomas de fábricas o colegios. Pero también cuenta con otros instrumentos jurídicos, leyes, códigos penales y contravencionales.

Por un lado la justicia aplica figuras penales cada vez más duras, como por ejemplo acusar absurdamente por tentativa de femicidio a los docentes y estatales que reclamaban por sus salarios adeudados ante la casa de la gobernadora santacruceña. A la vez, penalizan las luchas por doble o triple vía: ante un corte o manifestación pueden abrir una causa penal por entorpecer el transporte, intimidación pública o resistencia a la autoridad; una demanda civil por daños y hasta una cuantiosa multa por alterar el orden público o afectar la higiene urbana…

Algunos casos destacados

Hace poco el gobernador jujeño Gerardo Morales, ese radical al que Sergio Massa elogia y le propone la “unidad nacional”, impuso a palos y gases una reforma constitucional represiva que coarta el derecho a manifestarse y despoja a las comunidades originarias. En provincias como Salta y Mendoza son frecuentes las multas a las marchas populares. En Chubut, de los 16 vecinos y vecinas acusados por la lucha contra la ley de zonificación minera y defender el agua, a once les dictaron la falta de mérito y aún quedan cinco procesados.

Hay otros proyectos en similar sentido para declarar servicios esenciales a las tareas docentes y de salud, lo que cercena el derecho constitucional de huelga. Lo mismo hacen el gobernador bonaerense Axel Kicillof y su par porteño Horacio Rodríguez Larreta al descontar los días de paro a la docencia pública. Obviamente, si hubiera trabajo genuino, ayuda social y salarios dignos no habría necesidad de hacer piquetes ni paros.

Córdoba merece un párrafo aparte. Días atrás, cinco referentes de movimientos sociales -entre ellos nuestro compañero Agustín Nazar, del MST Teresa Vive- y el secretario general de ATE tienen pedido de elevación a juicio por resistencia a la autoridad e impedimento u obstrucción de transporte público por una protesta en abril pasado. Hay cuatro trabajadores condenados a un año o año y medio de prisión en suspenso por la toma del Molino Minetti en 2019 y trabajadores de Coca Cola procesados por bloquear un portón. Y aún quedan 22 estudiantes procesados por la “usurpación” de la Universidad en 2018, en defensa de la educación pública, cuya audiencia se postergó al 15 de diciembre.
A César Arakaki y Daniel Ruiz les ratificaron hace poco la condena por “intimidación pública” en la marcha de diciembre de 2017 contra la refoma jubilatoria de Mauricio Macri. Como al “Chino” lo condenaron a tres años y cuatro meses de prisión, ahora queda al borde de ir preso.

Estas persecuciones de la justicia burguesa apuntan a castigar al activismo y al mismo tiempo amedrentar a los trabajadores y sectores populares para que no se movilicen. Por eso la marcha de este jueves 9 y por eso la necesidad de seguir organizados para enfrentar esta ofensiva antidemocrática

El sábado 4N se realizó en Buenos Aires la 32a Marcha del Orgullo, con más de un millón de personas. Las consignas centrales fueron: Ni un ajuste más, ni un derecho menos. Ley integral trans ya. Ley antidiscriminatoria. Frenemos a les antiderechos. El abucheo a Milei fue masivo. Entre otros reconocimientos, hubo uno a Cele Fierro y Myriam Bregman por defender los derechos de género y diversidad. Estuvieron Ángela Torres, La Joaqui, Natalia Oreiro y otres artistas.

Hace unos meses, ante el pedido de la embajada de Israel para participar de la marcha, la comisión correctamente respondió que “los Estados que violan los derechos humanos no deberían venir”. Pero ante el bombardeo a Gaza, lamentablemente no hubo consenso en incluir un abucheo contra el bombardeo israelí.

No obstante, en la marcha se expresó el apoyo a Palestina. En Plaza de Mayo, en nuestro gazebo juntamos cientos de firmas y decenas de personas se sacaron fotos para reclamar al gobierno nacional que rompa relaciones con Israel. En la columna de Libre Diversidad-MST y la LIS llevamos pancartas y banderas alusivas, así como en la del FIT Unidad y otras agrupaciones de izquierda. Y en Congreso, cuando subimos al escenario les activistas históriques, se desplegó una bandera palestina, todo el público aplaudió y al cerrar el discurso una de las compas gritó: “¡Paren la masacre palestina!”

Escribe: Pablo Vasco

Hasta antes del actual conflicto, dirigentes y funcionarios de Al Fatah, el partido que lidera la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y a su vez la Autoridad Nacional Palestina -que gobierna en Cisjordania-, ya habían retrocedido hasta de la tramposa postura de la ONU de “dos Estados”. No sólo renunciaron al derecho humano de autodeterminación de su propio pueblo, sino que aceptan al Estado sionista y su expansión sobre la totalidad del cada vez más menguado territorio palestino.

Mahmoud Abbas es el presidente de la OLP y de Cisjordania desde las elecciones de 2005, que fueron las últimas ya que desde entonces las postergó por temor a perder. Acusado de corrupción, su policía colabora con las fuerzas israelíes para perseguir al activismo palestino y frenar la lucha popular. De hecho, la única súplica de Al Fatah a Israel es no ser ciudadanos de segunda…

Es la orientación, ahora indefendible en forma abierta dado el genocidio sionista, de una burocracia política adaptada a la dominación del Estado opresor. Es igual o peor que los gobiernos burgueses árabes que reconocen y pactan con Israel en contra de los palestinos y las masas del mundo árabe. Esta capitulación de la conducción de Abbas y Fatah es claramente funcional al ultraderechista presidente israelí Netanyahu, que en una sesión de la ONU el mes pasado mostró su mapa del “nuevo Medio Oriente”… ¡con Israel expandido y ni un solo centímetro cuadrado palestino!

El expan-sionismo y el verso de los “dos Estados”

Terminada la Segunda Guerra Mundial cambió la hegemonía imperialista: EE.UU. desplazó a Gran Bretaña. Para evitar que los judíos víctimas del horror nazi giraran a la izquierda y, sobre todo, para implantar un enclave colonial aliado en el estratégico Medio Oriente, EE.UU. alentó al movimiento político sionista a ocupar Palestina, entonces protectorado británico. Así, en 1947 las Naciones Unidas, con apoyo de todas las potencias incluida la URSS stalinista, propusieron partir Palestina en dos Estados y con Jerusalén bajo tutela internacional1. Pero…

Cuando se fundó en 1948, el Estado de Israel arrasó cientos de aldeas palestinas, asesinó a miles, expulsó a cientos de miles y robó sus tierras, incluso un 20% más allá de la partición. Además de este genocidio, la Nakba para los árabes, nunca aceptó el retorno de los refugiados palestinos.

En 1967, tras la guerra de los Seis Días contra varios países árabes, Israel ocupó Gaza y Cisjordania, el Sinaí egipcio, el Golán sirio y toda la Jerusalén “neutral”. Por ejemplo, el político sionista Meron Benvenisti declaró: “Conquistamos, ¿y qué? ¿Por qué debiéramos sentimos culpables por haber ganado?” Por estos hechos, la Corte Internacional de La Haya, la Asamblea General de la ONU y su Consejo de Seguridad consideran a Israel una potencia ocupante.

Desde entonces Cisjordania sigue bajo ocupación militar. Israel la fue rodeando por una barrera de muros, vallas y alambradas e instalando 175 puestos de control y colonos sionistas en más de 250 asentamientos que fragmentan todo el territorio y violentan a diario a la población palestina. La barrera fue condenada por la Corte de La Haya. Según los tratados internacionales, los asentamientos en territorios ocupados son crímenes de guerra. Y en 2017 hasta la propia Corte Suprema israelí anuló la ley que pretendía legalizarlos.

En 1973, tras la guerra de Yom Kipur, Israel devolvió el Sinaí a Egipto. A cambio, éste fue el primer país árabe en reconocer al Estado sionista, todo mediado por EE.UU. en los acuerdos de Camp David en 1978.

En 1978 Israel invade el sur del Líbano, en donde viven muchos refugiados del éxodo palestino. Lo repitió en 1982 y en 2000, luego devolvió una parte de las zonas ocupadas, reteniendo algunas todavía hoy2.

En 1980 Israel anexó a su territorio Jerusalén Este y en 1981 casi todo el Golán, violando las resoluciones Nº 478 y 497 de la ONU que exigen su nulidad. En Jerusalén Este, Israel instaló hasta hoy 230.000 colonos y en el Golán 20.000. Si en 1999 había en total 130.000 colonos judíos en territorio palestino ocupado, hoy son más de 700.000.

En 2018 Israel empeoró una de sus llamadas leyes básicas, con función constitucional: se autodefinió Estado nacional del pueblo judío, impuso el hebreo como único idioma oficial -antes lo era también el árabe-, reconoció derecho a la autodeterminación sólo a los judíos, le otorgó interés nacional a los asentamientos sionistas en zonas palestinas, y designó capital a Jerusalén entera, violando el status de la ONU de que sea compartida con Palestina. Como ejemplo de esa discriminación en todo tiempo y lugar, si un niño palestino le tira una piedra a un colono o un policía judío lo juzga un tribunal militar, pero si un niño judío agrede de igual modo a un palestino lo juzga un tribunal civil.

En suma, por ser un Estado teocrático, llámese la tierra prometida para el pueblo elegido o la patria de los judíos; por fundarse en base al robo y expulsión de la población originaria: por aplicar desde hace 75 años una política de apartheid o limpieza étnica, o sea supremacismo sionista y racismo antipalestino; y por ejercer un colonialismo y expansionismo sin límites como lo constata la mera evolución del mapa, por su propia naturaleza Israel no va a parar, si no es derrotado, hasta no culminar su genocidio y borrar a Palestina de la faz de la tierra. La política de “dos Estados” es una mentira y un fracaso estrepitoso que ya lleva 75 años.

Si a esto le sumamos su rol de gendarme regional pronorteamericano, es evidente que no hay ni habrá convivencia pacífica posible entre dos vecinos si uno es el opresor y el otro el oprimido. Y decimos vecinos porque a esta altura ya resulta infantil hablar de “dos Estados”: Israel tiene un poderío militar de los mayores del mundo y en cambio Palestina está partida en dos, año tras año más reducida, empobrecida y ahora encima con esa cárcel a cielo abierto llamada Gaza bloqueada, bombardeada y masacrada sin piedad.

La gran traición de la OLP y sus consecuencias

Nacida en 1964, la Organización para la Liberacion de Palestina agrupó a varios movimientos políticos nacionalistas y de izquierda, el principal Al Fatah, y contaba con una milicia. Su bandera era la lucha por la destrucción del Estado de Israel, el retorno de los refugiados y la creación de una Palestina laica y democrática desde el río Jordán al mar Mediterráneo. Así ganó peso como la dirección reconocida y hegemónica del movimiento palestino. Por casi una década mantuvo esa consigna progresiva, que nuestra corriente ha respaldado.

Pero a partir de 1973, cuando Egipto, sostén político y material de la OLP, reconoció a Israel, esa conducción que lideraba Yasser Arafat se fue adaptando a rebajar su programa, aceptar a Israel y proponer como salida “dos Estados”. Por eso no es casual que en 1974 la Liga Árabe reconoció a la OLP como la “única representante legítima del pueblo palestino” y la ONU la integró como miembro observador.

Este giro cualitativo en la línea de la OLP hacia el Estado sionista fue acompañado de un mayor control y freno burocrático hacia las luchas del pueblo palestino, lo que le causó un creciente desgaste. A fines de 1987 estalló la primera Intifada (alzamiento, en árabe). Ante los asesinatos de palestinos a manos de patrullas sionistas, cientos de jóvenes en Gaza y luego en Cisjordania salieron a tirarles piedras, que eran respondidas por balas. Esa rebelión juvenil espontánea se fue masificando, desbordó al aparato de Fatah y, con vaivenes, duró más de cinco años e impactó al mundo. En ese proceso de lucha, que a la vez radicalizó sus métodos, en paralelo al declive político de la OLP se fue fortaleciendo Hamas: una organización yihadista armada que mantiene como estrategia poner fin al Estado de Israel, la bandera fundacional que había abandonado definitivamente la conducción de Arafat.

La continuidad de la Intifada empujó a la OLP e Israel a negociar una “salida de paz”. Eso sí: siempre bajo la tutela del imperialismo norteamericano, tal como lo había hecho Egipto en Camp David 15 años atrás. Así, en setiembre de 1993, Bill Clinton, Arafat y el primer ministro israelí Isaac Rabin pactaron los acuerdos de Oslo. En esencia, la OLP reconocía al Estado sionista y éste aceptaba cierta transición hacia un “gobierno autónomo provisional” palestino en Gaza y Cisjordania. Satisfecho todo el imperialismo, Arafat, Rabin y el ex primer ministro israelí Shimon Peres recibieron el Nobel de la Paz… Esa traición histórica de la OLP con la causa palestina, más la posterior violación israelí de los precarios acuerdos de Oslo, no frenaron la lucha palestina y le dieron más aliento a Hamas.

Ese grupo yihadista surgió a inicios de los ’80 en Gaza, primero como una rama palestina de los Hermanos Musulmanes de Egipto. Lo que ahora el sionismo, sus cómplices políticos y chupamedias mediáticos ocultan es que Israel mismo financió durante más de una una década a Hamas a fin de utilizarlo contra la OLP. Todos esos cínicos califican a Hamas de terrorista pero omiten el terrorismo de Estado de Israel, que alimentó ayer a su enemigo de hoy, al igual que EE.UU. bancó con dinero y armas a los talibanes para contrarrestar la injerencia rusa en Afganistán. El general israelí Yitzhak Segev, exgobernador de Gaza, así lo reconoció en un reportaje de The New York Times en 1981: “El gobierno de Israel me daba un presupuesto y yo se lo hacía llegar a las mezquitas”, en las que Hamas organizaba a sus militantes e incluso combatientes. Y Avner Cohen, responsable israelí de asuntos religiosos en Gaza, en una entrevista con The Wall Street Journal admitía: “Hamas, a mi pesar, es una creación de Israel. Fue un error enorme y estúpido”3.

En 2006 Hamas cosechó la bronca popular con la OLP y los acuerdos de Oslo, ganó las elecciones legislativas con el 44% de los votos, rompió su cogobierno con Abbas y formó un gobierno propio en Gaza. Enseguida Israel bloqueó Gaza. Hubo una segunda Intifada en 2000 por provocaciones sionistas en la mezquita sagrada de Al Aqsa y una terecera en 2017 cuando Trump reconoció a Jerusalén como capital israelí, adonde tiempo después trasladó su embajada. En todos esos años siguó la ofensiva israelí, en especial contra Gaza, con varios operativos militares, enfrentamientos y cientos de muertes palestinas por año, y también continuó la resistencia palestina contra el ocupante.

Qué proyecto para Palestina

Mientras la OLP sostuvo la lucha contra el Estado de Israel y por una Palestina laica y democrática fue correcto respaldar esa pelea y ese objetivo desde el socialismo revolucionario, entendiéndolos en un sentido transicional hacia un Estado obrero y socialista. También lo fue sostenerla cierto tiempo luego de que la OLP renunció a ella, ya que estaba muy arraigada en grandes sectores de las masas palestinas. Pero con el correr de los años ese panorama ha variado sustancialmente y nuestra política y programa no pueden ser un dogma inamovible sino reflejar esos cambios.

La OLP terminó capitulando, acepta a Israel y retrocede de “dos Estados” a “Israel con derechos para los palestinos”, así ahora lo calle por la coyuntura. Y Hamas mantiene su lucha contra Israel, pero nos separan diferencias irreconciliables de proyecto político. Su objetivo es poner en pie un Estado palestino también teocrático, islámico en este caso, en donde rija la sharia, lo que consideramos profundamente reaccionario. Es más: un sector de la dirección de Hamas inclusive aceptaría las fronteras previas a la guerra de 1967, con la contradicción irresoluble de coexistir con Israel. A la vez, Hamas mantiene un control autoritario sobre la población gazatí y ha reprimido huelgas por salario y protestas contra la corrupción y el clientelismo. Para construir entonces una alternativa de dirección revolucionaria, tarea que por supuesto no es sencilla, habrá disputa política con esos proyectos.

En este contexto local y regional distinto, la lucha consecuente por la liberación nacional palestina incluye de arranque el nexo con las luchas de las masas árabes de la región y tareas antiimperialistas, anticapitalistas y socialistas. No hay etapas separadas entre la liberación nacional contra el opresor y la liberación social, de clase, contra los explotadores. Por caso, un gobierno revolucionario tendrá que desmantelar el Estado sionista de Israel y todo su aparato represivo; recuperar y expropiar predios para garantizar vivienda a toda persona residente o refugiada que retorne; recuperar y expropiar tierras para asegurar que todo campesino pueda cultivar y producir; nacionalizar bajo control social toda empresa y banco imperialista o sionista; planificar en forma democrática toda la economía al servicio y bajo el control del pueblo trabajador. Además, no hay libertad, democracia ni autoorganización obrera y popular bajo el fundamentalismo represivo de los Estados y regímenes teocráticos como lo son Qatar o Irán, cuyos gobiernos manipulan la cuestión palestina según sus intereses circunstanciales de poder mientras a diario reprimen y oprimen a sus propios pueblos.

Una Palestina que recupere todo el territorio previo a 1948, que sea laica, no racista y democrática no se va a lograr en los marcos del capitalismo, sino en ruptura con él y como parte de una revolución socialista local y regional. Allí sí podrá haber auténtica igualdad de derechos y convivencia en paz para el conjunto de sus habitantes, tengan el origen o la creencia religiosa que sea. Esta salida de fondo busca incluir también a todo trabajador, trabajadora y joven israelí no sionista, como los hay entre quienes se movilizan por miles contra Netanyahu, ayer contra su reforma judicial y ahora contra su agresión genocida a Gaza.

A su vez, la cuestión del derecho al retorno de los refugiados a Palestina, hoy repartidos en campamentos en Líbano, Siria y Jordania, ya marca la necesidad esencial de coordinar y unir en un solo torrente las luchas de las masas palestinas y árabes de esos y otros países vecinos. Este proceso implica el enfrentamiento a los gobiernos capitalistas árabes, en general aliados de Israel, EE.UU. u otras potencias imperialistas. Palestina sólo podrá avanzar hacia un cambio emancipador y revolucionario como parte del impulso a la revolución socialista en todo el Medio Oriente, con la estrategia de construir allí una federación libre de repúblicas socialistas. Como lo confirmó la ola de contagio durante la primera y segunda Primavera Árabe, los vasos comunicantes son muchos. Lo que hace falta es una dirección revolucionaria para que esas rebeliones populares no se estanquen y retrocedan, sino que avancen hacia la verdadera y definitiva Primavera Árabe: una Palestina y un Medio Oriente socialistas.

1. Aunque los judíos eran un 25% de la población y tenían el
7% de las tierras, se les asignó media Palestina.
2. En 2006 Israel se enfrentó con Hezbollah, grupo yihadista armado que ganó influencia en los campamentos palestinos.
3. https://diariored.canalred.tv/internacional/hamas-de-aliado-de-israel-a-grupo-terrorista/

Escribe: Pablo Vasco, Libre Diversidad-MST

Como es lógico en una COMO que integramos más de 60 agrupaciones de un arco político y social muy amplio, los debates son permanentes. Es que no hay otro modo de construir los consensos, o en todo caso también los disensos, que permitan mantener la unidad en la diversidad para la defensa de los derechos conquistados, su aplicación efectiva y su ampliación.

Al ser la Marcha en fecha previa al balotaje presidencial, la coyuntura electoral era tema cantado. Dado que en la COMO hay una mayoría de agrupaciones que se referencian políticamente en el peronismo, al igual que sucede en todo el país hubo una muy fuerte presión para que todo el espacio llame a votar a Massa en el discurso central. A la vez, desde la izquierda y otras agrupaciones, y coincidiendo todes en rechazar a Milei, quien recibirá un más que merecido abucheo, tenemos una postura diferente.
El debate consumió varias horas de varias reuniones, junto a otras cuestiones políticas y organizativas de la Marcha. Un primer consenso para resolver el tema es que haya un breve texto, firmado por las organizaciones que votan a Massa, leído en forma separada del discurso central de la COMO que sí tiene consenso unánime. De todos modos, falta acordar algunos aspectos. También queda pendiente de debate un abucheo al Estado de Israel por su ataque a los derechos humanos de los palestinos. Desde ya, respaldamos esta propuesta.

Una mala, cuatro buenas

El pequeño grupo de organizaciones que se fue de la COMO cuando pusimos como consigna central Macri y la Iglesia son antiderechos, ahora se ha constituido como Línea Histórica. Y dicen: “No nos disciplinamos ante quienes utilizan la marcha para preservar intereses corporativos con decisiones sectarias y métodos antidemocráticos”, crítica que le hacen a nuestra COMO.

Es una falacia por donde se lo mire. En verdad se disciplinan elles por completo al gobierno, por ser en gran medida funcionarios del oficialismo. Decisión sectaria en todo caso han tomado elles, que dividieron la Comisión. Y en cuanto a método antidemocrático lo mismo, porque precisamente nuestra COMO resuelve todo por consenso. Pero no todo son pálidas:
Los 20 o 30 activistas realmente históricos de nuestro pais se referencian sin duda en nuestra Comisión Organizadora, apoyan esta Marcha y van a recibir el reconocimiento. Orgullosamnte, me encuentro incluido en ese conjunto.

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia acordó adherir a la Marcha del Orgullo, instalar un gazebo y llevar un volante invitando a concurrir a la movilización del 9N contra la criminalización de las luchas y por los derechos humanos y democráticos.

Nuestra diputada porteña Vanesa Gagliardi presentó en la Legislatura el proyecto que declara de interés para la deefnsa de los derechos humanos y de la diversidad a nuestra 32a Marcha y está el compromiso oficialista de aprobarlo.

Entre otras personas, nuestra dirigente nacional y flamante diputada porteña Cele Fierro también recibirá un reconocimiento por defender siempre los derechos de género y diversidad, haya o no campaña electoral.

Vamos a la Marcha

Como es habitual, el día del Orgullo arranca con la feria de stands tipo a las 11 horas. Sólo que esta vez además de Plaza de Mayo habrá feria en el cruce con 9 de Julio. Es para poder ofrecer más posibilidades para vender y al mismo tiempo ayudar a cerrar de algún modo la avenida ya que el 4 juega Boca y seguro después vienen al Obelisco, de modo que cruzarán Avenida de Mayo.

También tendremos cantidad de artistas, DJ, discursos, abucheos, reconocimientos, camiones, marcha, beso a beso y Soy como soy. Ssrá una jornada de lucha y de fiesta, a la que te invitamos a compartir en el camión y la columna de Libre Diversidad y el MST en el Frente de Izquierda Unidad.

Consignas y subconsignas de la Marcha

• Ni un ajuste más, ni un derecho menos
• Ley Antidiscriminatoria, Ley Integral Trans ya
• Frenemos a les antiderechos
• Basta de discursos y crímenes de odio
• ¿Dónde está Tehuel?
• Basta de racismo, xenofobia y sexismo
• ESI no binaria con presupuesto, en todas las escuelas y todos los niveles educativos
• Incluir es incluirnos a todes. Sí al lenguaje no binario
• Basta de segregación a las personas trans en el deporte
• Separación política, económica y simbólica de la Iglesia y el Estado
• Fuera FMI. No al pago de la deuda