Al cierre de esta edición se anunció un nuevo paro agropecuario: “Cese de comercialización de granos y ganado vacuno en pie del 28/8 al 4/9. Quedan exceptuados los productos perecederos” (La Nación, 25/8). Parece que la Mesa de Enlace no lo habría convocado formalmente de arranque, sino que debió anunciarlo ante el creciente malestar de productores autoconvocados por la falta de respuesta oficial. Pero los objetivos de esa dirigencia no apuntan precisamente a que se solucionen los males de los chacareros.
La disputa que aparece como “la gota que rebasó el vaso”, según dicen los dirigentes del campo, es el veto parcial a la Ley de Emergencia Agropecuaria votada por unanimidad en el Congreso. Esa ley incluía la exención de las retenciones a 22 distritos y su rebaja al 50% en otros 15 municipios bonaerenses. El sainete parlamentario pinta la crisis política. Los legisladores K, que ahora se pasan facturas entre ellos, dicen que se les pasó “por error”. El gobierno acusa a la oposición de que les vendieron gato por liebre y sacaron las retenciones por seis meses de manera encubierta: “un mamarracho jurídico”, según Aníbal Fernández. Y la oposición acusa al gobierno de violar una ley que votaron todos.
En realidad, se juntan dos caras de una misma moneda. El gobierno -responsable de la concentración que beneficia a los grandes productores, pooles y agroexportadores, y arruina a miles de chacareros- tiene como único interés hacer caja para paliar el déficit fiscal. Y la oposición, junto a los dirigentes de la Mesa de Enlace, pecha por liquidar las retenciones. Estos últimos usufructúan el genuino malestar de los chacareros y la nefasta política del gobierno, dando una salida que sólo apunta a preservar la renta de los grandes dueños del campo. Unos quieren la plata para la caja política, pagar la deuda externa y subsidiar al establishment. Los otros, para seguir lucrando. Detrás de sus disputas están los olvidados de siempre: los pequeños productores, que soportan la sequía y un modelo que los empuja a la quiebra.
Hasta Buzzi dice ahora que “no es el momento adecuado” de discutir una Ley de Arrendamientos, viejo reclamo de la Federación Agraria, porque la Rural y la CRA se oponen y eso “divide a la Mesa de Enlace”… (Crítica, 26/8).
Hace falta una política agropecuaria alternativa, que integre un programa de emergencia al servicio de los de abajo. Con retenciones diferenciadas, regionalizadas y coparticipables, bajas para los pequeños productores y bien altas para los grandes: los terratenientes, grandes pooles y agroexportadoras. Ese programa debe incluir desde los derechos laborales de los trabajadores rurales hasta la nacionalización del comercio exterior para que no sigan acaparando ganancias las cerealeras; desde apoyar el desarrollo de los pequeños productores mediante una nueva Ley de Arrendamientos hasta una reforma agraria integral para recolonizar el campo. O sea, una política a favor de los chacareros y contra la vieja y la nueva oligarquía.
Guillermo Pacagnini