Después de la liberación, es necesaria la rápida asistencia estatal a María así como la restitución inmediata de sus hijos.
Pero hasta ahora nada de esto ha sucedido. Por el contrario, ni el Estado ha movido un dedo para acercarle alguna asistencia social, ni la justicia provincial ha ordenado la restitución de sus hijos. Son dos claras señales de cómo actúan el poder político y judicial de Misiones. Y dejan en evidencia los problemas estructurales que ya conocemos y que bien marcaban en el juicio los abogados defensores de María. El Estado no asiste como debe a los sectores más vulnerables, los abandona a su suerte y solo reconoce su existencia para llevarlos a votar o penalizarlos.
Es más: la justicia le exige a María cumplir determinadas condiciones para poder volver a reunirse con sus hijos. Por ejemplo exigencias materiales, que el propio poder político jamás le brindó a María ni le brinda. La jueza de Familia de Eldorado, Margarita Potschka es la que ahora tiene a su cargo la decisión de resolver dicha restitución. Y hasta la fecha solo ha establecido exigencias, como tantas camas, tantos muebles, tantos elementos en la casa, desconociendo siquiera en dónde y cómo vive hoy María y cómo viven sus hijos en casa de los abuelos…
La solidaridad
La casa en donde vive ahora María es consecuencia de la solidaridad de Máxima, una compañera misionera, enfermera y militante del MST. Máxima se la prestó para que María pueda instalarse allí y volver a reunirse con sus hijos. Es una casa grande, con comodidades, ubicada en un barrio de la ciudad de Eldorado.
Ningún funcionario provincial se preocupó en saber qué pasaría con María a partir del día después de su libertad. Era de público conocimiento que su última pareja había vendido la casilla de Colonia Mado-Delicia y sus pocas pertenencias, que María no tenía trabajo y que lo poco que poseía era gracias a la solidaridad de quienes nos acercamos a ella.
A pesar de la vergonzosa inacción del Estado, la jueza le exige a María condiciones de vida que ni siquiera quienes ahora tienen a los chicos les pueden brindar. En realidad, esas condiciones son imposibles de alcanzar mínimamente para miles de personas en Misiones sin la asistencia obligatoria que le marca la ley al Estado.
El fallo de absolución enmendó en algo la tremenda injusticia que se estaba cometiendo con María. Pero no terminó de hacer justicia, ya que ese mismo poder judicial de hecho sigue criminalizando a María por ser pobre y ser mujer. ¿Cómo es, entonces? ¿María únicamente podría vivir con sus hijos si tuviera un poder adquisitivo que le permitiera garantizar la lista de bienes materiales que le exige la jueza, o sea si no fuera pobre? ¿Por qué la jueza no les exige cumplir esos mismos requisitos a los tutores provisorios de los chicos? ¿O los chicos sólo necesitan esas condiciones si viven con María?
Sigamos junto a María
Muchos funcionarios públicos incumplieron sus obligaciones. El intendente de Colonia Mado-Delicia, Everth Vera, que tenía a María picando piedra a cambio de vales de mercadería de Nación que no requieren contraprestación. El director del hospital, Dr. Benítez, tres veces intendente, que fue hasta la casa de María, vio su situación y nada hizo. La Secretaría de Derechos Humanos, que jamás se ocupó de saber qué pasaba; la subsecretaria Amelia Báez, que se paseaba por París mientras se hacía el juicio. El juez Saldaña y los fiscales, que buscaban culpabilizar a María para proteger al poder provincial. Los jueces, que entregaron los hijos de María a parientes en forma irregular. La jueza Potschka, que sigue poniendo obstáculos. El gobernador K, Maurice Closs, máximo responsable político de toda la pobreza y exclusión social que hay en Misiones. Inclusive la Procuración General de la Nación, que se supone hace un “seguimiento” del caso, tampoco se pronunció públicamente al respecto.
Pero no son invencibles, ni mucho menos. Con la lucha y en unidad de acción, logramos la libertad de María. Sigamos peleando por la pronta restitución de sus hijos y por todos sus derechos. Por María y por todas las Marías del país.
Andrea Lanzette, Comisión de Género del MST
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