A fin de 2013, Macri no pudo hacer aprobar su proyecto de “evaluación de la calidad educativa” para seguir atacando a los docentes. Ahora volvió a la carga. El FPV y UNEN también plantean evaluaciones desde arriba. El MST-Nueva Izquierda propone que sea la comunidad quien evalúe y construya políticas educativas.
Aunque no es sólo tema local, este debate volvió a la Legislatura. Los actuales sistemas de evaluación son promovidos por organismos internacionales y fundaciones privadas en nombre de la “calidad educativa” para justificar ideológicamente el ajuste a la educación estatal1. Bajo la supuesta objetividad de sus estándares, encubren la arbitrariedad gubernamental para evaluar los resultados, con rankings para premiar o castigar escuelas y “reorientar” la distribución de fondos en favor del sector privado, “reformar” la enseñanza a fin de reducirla a un mero entrenamiento para pasar pruebas, y justificar reformas regresivas y flexibilizadoras del Estatuto Docente que aten el salario y la carrera a “mediciones de desempeño” definidas por el gobierno.
Matices y acuerdos entre el PRO, los K y UNEN
Mientras datos del propio gobierno porteño confirman la creciente privatización educativa, el proyecto del PRO crea un instituto de evaluación “autárquico”, supeditado al Poder Ejecutivo y con injerencia de sectores privados. Así el gobierno decide qué y cómo evaluar y luego lo aplica verticalmente sobre sus instituciones, docentes y alumnos, transformando a docentes y escuelas en responsables individuales de la calidad y los resultados.
A diferencia del anterior, el kirchnerismo y UNEN proponen que el organismo evaluador esté dentro del Ministerio de Educación. El proyecto K plantea formar un consejo, sin mayoría oficialista. El de UNEN propone crear una unidad, con directores por concurso.
El problema es que todos los proyectos acuerdan en dos puntos clave. Por un lado, coinciden en una misma forma de evaluación “desde arriba” sobre los docentes e instituciones, responsabilizándolos de hecho por los efectos de las políticas decididas e implantadas por los gobiernos, devenidos evaluadores. Además, ninguno toma al Estatuto Docente vigente como marco válido de la evaluación docente: lo omiten y hasta justifican ese ninguneo admitiendo su voluntad de modificarlo en base a la nueva ley que impulsan. Esas coincidencias estructurales motivan nuestro rechazo a los tres proyectos.
Bodart presentó un proyecto alternativo
La crisis de la educación estatal es fruto de políticas de transferencia, desinversión, fragmentación, precarización y privatización que desde hace años deciden e implementan los gobiernos nacionales y porteños. Nunca consultan a la comunidad educativa. Para empezar a cambiar de fondo, también hay que revertir esa lógica: evaluar a Macri, Bullrich, su gabinete y sus políticas, y que la comunidad educativa tenga un rol protagónico en elaborar las medidas para salir de la crisis.
Por eso el diputado Alejandro Bodart ha presentado el proyecto de Ley de Evaluación Social de las Políticas Educativas:
En cada escuela se constituye una comisión de docentes, estudiantes y padres, elegidos por el voto de sus pares.
Las comisiones evalúan todo: desde la infraestructura hasta el salario y condiciones de trabajo docente y los planes de estudio, desde el presupuesto y los subsidios a escuelas privadas hasta la capacitación docente y los resultados de las pruebas de aprendizaje.
Se coordinan por nivel de distrito o área -junto a representantes de los supervisores- y dos veces al año elevan al Ministerio y la Legislatura sus informes, dificultades y propuestas.
El Ministerio y los funcionarios responsables de las políticas pedagógicas, infraestructura, recursos, apoyo a la escolaridad y otras áreas deben facilitar toda la información que se viene elaborando desde hace años. Y responder a los informes de las comisiones en audiencia pública.
El proyecto reafirma la defensa irrestricta del derecho a la educación estatal, laica y gratuita; la responsabilidad indelegable del Estado en garantizar ese derecho, y la defensa del Estatuto Docente, todo ello en la perspectiva de una profunda democratización del sistema educativo.
Las autoridades pretenden convencernos de que sólo ellas deben elaborar e implementar políticas para la educación y, a la vez, evaluar a docentes, estudiantes y escuelas por los resultados de esas mismas políticas. Para desnudar la intencionalidad política de esa falsa “evaluación” y poner a la docencia y a la comunidad educativa en el lugar que corresponde, los que defendemos la escuela pública debemos rechazar los tres proyectos anteriores y presentar alternativas para resolver los problemas existentes.
Invitamos a la docencia porteña a debatir y a respaldar el proyecto alternativo de Bodart y también a presionar para que ningún bloque opositor consensúe con el PRO, como en su momento lo hizo el diputado Sergio Abrevaya (UNEN) con la nefasta ley macrista que recortó las juntas de clasificación docente.
1. El gobierno nacional insiste en participar de las pruebas internacionales de medición, tipo PISA.
Roberto Araujo y Gabriela Ceballos, miembros Consejo Directivo de Ademys
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