El gobierno nacional está decidido a producir un cambio profundo en el negocio de los hidrocarburos. La avanzada sobre los yacimientos no convencionales y off Shore ante el declive de la extracción convencional exige un nuevo marco legal acorde a las multinacionales, principales beneficiarias de este proyecto de reforma de la Ley 17.319.
La reforma de la ley de hidrocarburos parte de un acuerdo global de la mayor parte del arco político del país. Kirchneristas y anti kirchneristas, nación y provincias productoras, todos coinciden en que la explotación de los no convencionales necesita un marco legal que los proteja de posibles denuncias, como la presentada por nuestro legislador Alejandro Bodart a raíz del decreto 929/2013 a favor de Chevron, y a la vez genere las mejores condiciones posibles para que las multinacionales se lancen sin reparos a la explotación masiva.
Las multinacionales presionan para tener reglas de juego claras y un único interlocutor que coordine el negocio, discipline a los municipios “díscolos”, a los “terroristas” ambientales y garantice las condiciones para una explotación con los menores riesgos posibles. Ese es principal papel de la nueva ley de hidrocarburos y en eso coinciden los gobernadores, el gobierno nacional y la mayoría de los “presidenciables” que se van sacando de uno la foto en vaca Muerta.
Las principales diferencias radican entonces en quien se queda con la renta y cómo se puede participar del negocio. El caso paradigmático es el de Neuquén, donde la empresa GyP, es parte del negocio y podría dejar de serlo si avanza la reforma. Esta empresa pseudo estatal funciona como caja chica del MPN y éste no está dispuesto a resignar su participación en la captura de una parte de la renta, tampoco la imposición de topes a las regalías e impuestos que pretende regular el estado nacional. En estos puntos esta trabado el asunto y de ahí la chicanas y bravatas, como la exclusión de Neuquén, Chubut, Mendoza y Río Negro de los anuncios sobre renegociaciones de la deudas, dejándolas afuera para presionar con el ahogo financiero.
Abajo el proyecto de ley “fracking”
Esta claro que la disputa que se da en las alturas en relación a la modificación de la ley no responde a la defensa de los intereses de “las provincias” ni de “todos los argentinos”, sino más bien a las características del negocio y de las ganancias del mismo. Como bien lo señala el posicionamiento del Opsur del 7/7, “las negociaciones se develan por ‘filtraciones’ periodísticas y trascendidos. Metodología que se condice con el secretismo y la falta de información que ha caracterizado las definiciones centrales de la política que siguió a la expropiación parcial de YPF y el convenio firmado con Chevron. Un tema que engloba los intereses de todo el país y de cuya definición sólo participa un grupo reducido de personas” Quieren cerrar todo entre cuatro paredes, vendiendo la soberanía y entregando el ambiente para que sea destrozado por la hidrofractura, de ninguno de estos dos “bandos” podemos esperar una propuesta conveniente para los trabajadores y sustentable para el ambiente.
Enfrentar esta nueva ley constituye una tarea fundamental para todos los que peleamos contra el avance del fracking en nuestro país, pero además es una pelea fundamental contra la entrega escandalosa a un puñado de multinacionales que se van a apropiar de nuestros recursos asociadas a YPF.
La represión a los asambleistas de Concordia en Entre Ríos, por parte de la gendarmería, no es más que la confirmación de que la decisión de los gobiernos es avanzar con palos y cárcel. De nuestro lado debemos responderle con una gran campaña contra la aprobación de esta ley, por una Argentina libre de fracking y con todos los recursos naturales estatizados con control social.
Celeste Fierro
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