El 8 de marzo en un nuevo aniversario del Día Internacional de la mujer trabajadora, la Asociación Civil «La Casa del Encuentro», desde su Observatorio de Violencia de Género, dio a conocer las cifras del horror que vivimos las mujeres argentinas: en 2014 fueron 277 las víctimas de femicidio, 29 los femicidios vinculados y 200 los niños y niñas que perdieron a sus mamás a causa de la violencia de género.1
Córdoba tiene el triste récord de ser la segunda provincia con mayor cantidad de femicidios. En el 2014 fueron 21 los casos, entre los que contamos la pérdida de mi hermana Paola, que abrió un profundo debate en la sociedad en relación a la negligencia de la justicia y la policía y la total inacción de los gobiernos.
Se puso sobre el tapete que el crecimiento de la violencia de género, las desapariciones y los femi-cidios no son hechos fortuitos, sino la consecuencia dramática del desempeño de policías, jueces y fiscales machistas, que siempre favorecen a los violentos en detrimento de las víctimas; como así también de la inexistencia de políticas públicas serias e integrales para erradicar la violencia de género.
2015: aumenta la violencia de género
El caso de Pao fue una bisagra en la realidad de las mujeres cordobesas. En ella miles se vieron reflejadas y notaron que es la organización y la pelea unitaria la que permitirá que avancemos en nuestras conquistas.
Sin embargo los organismos del Estado, que son los responsables de darnos respuestas, siguen actuando como si nada hubiese pasado, dejándonos a todas desamparadas. Por eso en los tres primeros meses de 2015, ya son seis las víctimas fatales que debemos lamentar.
Cada mujer tenía un pedazo de sol en el alma
El año inició con el femicidio de María Eugenia Villafañe, que estaba desaparecida desde el 11 de diciembre del 2014. La policía tardó 48hs en tomar la denuncia a la familia y les decía que «ya iba a regresar». Este argumento no es inocente ni ignorante, sino lisa y llanamente cómplice de los femicidas. No es un dato menor que el asesino de María era un ex concejal muy influyente en la localidad y pariente del comisario. Con la lucha del pueblo se logró meter preso al femicida y desplazar al comisario.
Luego nos enteramos de los casos de Valeria Borgiani y Rosa Barberi, en ambos había denuncias previas, pero no se hizo nada para evitarlos. Y sin lugar a dudas, uno de los casos más resonantes es el de la carlospacense Andrea Castana. Fueron los propios vecinos quienes se organizaron para rastrillar la zona ante la indiferencia de la policía. Y no sólo encontraron el cuerpo sin vida de Andrea, sino también el cadáver de Hernán Sánchez, que estaba desaparecido desde el 19 de diciembre. El rol de la policía y la justicia fue tan lamentable que motivó una verdadera pueblada en la localidad.
En la localidad de Villa María, gobernada por el kirchnerista Acastello, que hoy se pasea por la provincia postulándose para gobernador, el combate contra la violencia de género es una de las tantas materias pendientes. En menos de una semana dos casos conmocionaron al pueblo villamariense. Primero una mujer que había realizado seis denuncias y que no había encontrado ninguna respuesta, fue prendida fuego por su pareja, frente a sus hijos y hoy se encuentra en estado crítico. Días después es encontrada descuar-tizada Carina, su pareja era paciente psiquiátrico con tratamiento ambulatorio, se había solicitado insistentemente a la justicia que lo internara por reportar él un peligro para otras personas y no hicieron nada.
A 39 años del golpe, las mujeres seguimos desapareciendo
Son innegables los vínculos que en nuestra provincia, y en el resto del país, tienen la policía, la justicia y el poder político con el crimen organizado. Esto quedó claro con el narcoescándalo que implicó a los altos mandos de la policía con la producción y venta de cocaína y el armado de causas.
Al igual que el narcotráfico, las redes de trata no podrían funcionar sin el amparo de los poderes del Estado. Yamila Cuello y Mariela Bortot continúan desaparecidas y tanto la justicia como la policía actúan para que nunca lleguemos a encontrarlas y saber la verdad. Por eso cuando hace unos días desapareció Rocío en Alta Gracia todos nos pusimos en alerta. Su familia se movilizó y exigió que la buscaran y encontraron la misma respuesta: «ya va a volver, se fue por su voluntad». Rocío apareció, pero es necesario avanzar hasta las últimas consecuencias, ya que se la llevaron en contra de su voluntad y tuvo que pasar por horas dificilísimas porque no hacían nada para encontrarla.
Con instituciones machistas las mujeres estamos en riesgo
Es evidente que jueces, fiscales y la policía siguen actuando de manera negligente y machista, tal como lo hicieron con Pao y Martina. Y el panorama se completa con la nula acción de los gobiernos para resolver la problemática. A nivel nacional el tener una presidenta mujer no ha sido sinónimo de derechos para todas. Al contrario, como ya hemos visto con los datos de La Casa del Encuentro, cada año estamos en una situación de mayor vulnerabilidad. Esto es así porque la Ley de Protección Integral de las mujeres continúa sin reglamentarse y con un presupuesto ridículo de 80 centavos por mujer a la atención de la problemática de la violencia de género.
Ni hablemos de De la Sota, que es opositor frente a las cámaras pero que a las mujeres no nos dá ninguna solución. Desprecia tanto nuestras vidas, que mientras todos estos casos sucedían, tuvo la caradurez de decir que Córdoba es una de las provincias que más hace para eliminar la violencia de género y que no se puede hacer más si las mujeres no denunciamos. Responsabiliza a las víctimas para ocultar su nefasto rol y hasta se refirió al femicidio de Andrea Castana como «crimen pasional», ocultando las verdaderas causas de estos asesinatos, que no son el amor o la pasión, sino por el contrario el sentimiento de propiedad sobre el cuerpo y la vida de la mujer.
¡Vamos por la Ley de Emergencia!
Es imposible confiar en que ésta policía, ésta justicia y estos gobiernos van a generar los cambios que necesitamos para que nuestros derechos sean respetados. Por eso presenté, junto a otros familiares de víctimas de violencia de género, un completo proyecto de Ley para que se declare la Emergencia en Violencia de Género. Que contempla un drástico aumento presupuestario, la creación de refugios, el desarrollo de planes de inserción laboral. Y fundamentalmente el control de todas estas políticas en manos de los familiares de víctimas y organizaciones de mujeres.
Las mujeres cordobesas estamos hartas. Y venimos ocupando las calles reclamando que se acabe esta situación. La policía, los jueces y el gobierno tienen que saber que les perdimos el miedo. Decidimos decir ¡BASTA! Y vamos a pelear para que se declare de manera urgente la emergencia en violencia de género, porque no toleraremos una muerta más.
Maru Acosta
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