Días anteriores definimos a la lucha de las y los choferes como una «rebelión histórica». Lo hicimos porque se ponía en evidencia el peso que tienen las bases cuando se organizan democráticamente para luchar. Y de eso se trata lo acontecido en la UTA Córdoba.
Desde hace un tiempo la burocrática conducción de Roberto Fernández de la UTA nacional intenta sin éxito «normalizar» la seccional. Ni con la intervención del gremio lo ha logrado. Y hace apenas unos meses sufrió un nuevo golpe al perder el cuerpo de delegados a manos de nuevos delegados opositores a las listas oficialistas.
El conflicto y su perspectiva está marcado por el objetivo de la burocracia, que es contener (y en lo posible liquidar) un proceso de renovación y surgimiento de una nueva dirección sindical. Frenar a una nueva camada de jóvenes luchadores y activistas que detestan los privilegios y las traiciones de los históricos dirigentes y por eso los combaten. Ésa es la piedra en el zapato que hoy tienen Fernández y toda la burocracia de la UTA. A este proceso y en esta lucha se le suma un nuevo emergente: las mujeres. Las choferes de trolebuses (o «trolebu-seras») fueron la vanguardia e hicieron temblar la UTA. Se pusieron a la cabeza de defender el método más efectivo para luchar y al que más le temen las patronales: que la base decida.
La lucha comenzó por el rechazo de las y los choferes a aceptar la paritaria a la baja que firmó UTA nacional, exigiendo que se cumpla con la aplicación del porcentaje al básico y por ende a todos los ítems que hacen crecer su salario de bolsillo. Algo que los empresarios del transporte, el intendente Mestre y la burocracia, rechazan. Y en ese camino se constituyen en frente único contra los trabajadores. Claro, hay un negocio millonario en juego. Las empresas, sospechadas de corrupción, reciben millonarios subsidios y el favor del gobierno municipal que le otorga reiterados aumentos de boleto. Mientras mantienen un servicio pésimo y sin inversiones.
La respuesta en tándem de empresas, los gobiernos y burocracia, tras la ciudad paralizada por una semana, fue desesperada, autoritaria y violenta. Durante la semana nueve compañeros habían sido brutalmente detenidos; el lunes el gobierno nacional envió a gendarmería y el provincial puso a disposición gran número de policías y el municipal puso un marcha un «plan de emergencia» para sacar los coches a la calle. Tuvieron, no es de extrañar ya, la inestimable ayuda de todos los medios de comunicación masiva que al unísono vociferaban opiniones antihuelga.
El paro provincial que no llegó
Desde el principio, esta rebelión protagonizada por las bases recibió gran simpatía y solidaridad por parte de otros trabajadores y trabajadoras. Esto obligó a los dirigentes de gremios y centrales a expresarse a favor de la lucha de las y los choferes, llegando a decir algunos que se planteaban convocar a un paro provincial de no haber respuesta a su reclamo. Pero desde un principio era claro que, más allá de un gesto oportunista, la burocracia sindical en su conjunto veía al proceso de base como una amenaza a su sacrosanto modelo sindical.
Sus intereses burocráticos contrarios a los trabajadores llevaron a que conscientemente no concretaran la medida que podía inclinar la balanza a favor de los trabajadores, que era convocar un paro provincial para evitar que patronal y gobierno ganen esta batalla. Y fue tal la traición hasta el punto de no estar presentes (a excepción de Saillen) en la marcha y posterior acto de apoyo a la lucha de UTA el lunes a la tarde.
Esto fue clave para definir este momento del conflicto. La falta de experiencia y el accionar de sectores afines a la burocracia crearon una falsa creencia de acompañamiento, y al no concretarse el paro provincial, se esparció la desmoralización y la falta de perspectiva.
Ante esto se resolvió levantar la medida con los despedidos adentro y sin descuentos salariales -ofrecimiento que ya había firmado la UTA nacional y las empresas-, pero con el objetivo de meter un escarmiento, el Ministerio de Trabajo, las empresas y la burocracia de Roberto Fernández desconocieron las actas y compromisos alcanzados y quieren dejar en la calle a más de cien trabajadoras y trabajadores.
¿Cómo sigue?
Hoy la burocracia intenta reposicionarse, y a través de un vil chantaje, promete la reincorporación de 160 despedidos, con la condición de que los nuevos delegados renuncien o los trabajadores firmen un pedido de desafuero hacia ellos. Una canallada que intenta usar la desesperación de trabajadores que han quedado sin trabajo. La tarea es recomponer la unidad y construir más organización de lucha para frenar los despidos y no depositar nada de confianza en la podrida burocracia de Fernández, Kiener o Peñaloza.
Es claro que la saña puesta para hacer escarmentar a los trabajadores indica la dimensión que la lucha había alcanzado: la heroica huelga de las y los choferes impactó en la situación política y sacudió los objetivos de ajuste capitalista, a los gobiernos y a la burocracia sindical.
Está planteado que ésta sea sólo una batalla perdida de una pelea mayor: recuperar la UTA para las y los trabajadores. Construir una organización plural, donde confluyan compañeros y compañeras que quieran recuperar el gremio y ponerlo al servicio de la lucha, y no del negocio con empresarios y gobiernos. Hoy, como hace mucho no ocurre, el desafío está planteado. Desde la Corriente Sindical del MST pondremos todos nuestros esfuerzos al servicio de este objetivo.
Raúl Gómez y Verónica O’Kelly
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