Muy equivocado y con notoria intención electoral, el fallo en favor de Rodríguez Larreta y sus riesgosas clases presenciales reactivó la pica entre el gobierno y la justicia. Los privilegios de la Corte Suprema, los límites del proyecto oficial de reforma y nuestra propuesta para cambiar esta justicia de raíz.

Escribe: Pablo Vasco, CADHU-MST

“Democracia en peligro”, “El golpe de la Corte”, “En este país gobiernan los jueces”… Con ese tono alarmista tituló sus notas el periodismo afín al gobierno nacional, exagerando el peso del fallo1. En sus tuits, Cristina igualó la resolución con una asonada militar: “está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño”. También el presidente se enojó: “Voy a cuidar la salud de los argentinos por más que escriban muchas hojas de sentencias”.

Pero ni golpe ni democracia en peligro: lo que hay es un roce político importante. La Corte esta vez favoreció a Larreta y por eso priorizó la “autonomía” porteña por sobre la necesidad de evitar los contagios. En respuesta, Alberto enviará al Congreso un proyecto de ley “regulatoria en pandemia” para atribuirse superpoderes, lo que el macrismo ya rechazó de antemano. Al acercarse las elecciones, unos y otros alimentan la trampa política de la grieta.

Según la Corte, como la reforma constitucional de 1994 confirmó que la educación la gestiona cada provincia y la CABA, éstas tienen “autonomía” para disponer si hay clases o no2. En medio de la pandemia es un negacionismo absurdo, como si el AMBA no fuera una región integrada o como si el coronavirus no traspasara tal o cual jurisdicción. Además el fallo es provocador, ya que de modo virtual los “supremos” decidieron que la presencialidad escolar no pone en riesgo la salud y la vida de miles y miles de alumnos, docentes y familias.

Privilegios supremos

El Poder Judicial es el más aristocrático de los tres poderes del Estado en esta “democracia” burguesa tan retaceada, que además tiene su aparato represivo. Así, la justicia como institución también está organizada y actúa para defender los intereses de la clase dominante: los capitalistas. Por eso siempre van presos los pobres, no los ladrones de guante blanco cuyos delitos son mil veces superiores. Y por eso no es casual que la Corte haya exculpado a Menem por la explosión de Río Tercero, haya restringido el derecho de huelga sólo a los sindicatos, proteja al rico empresario Carlos Blaquier por sus delitos de lesa humanidad bajo la dictadura y haya intentado beneficiar con el “2 x 1” a los genocidas, entre tantos otros fallos al servicio de este sistema.

Pero a diferencia del Poder Ejecutivo y el Legislativo, que se eligen por voto popular y por mandatos limitados, los jueces son designados y removidos vía un mecanismo muy indirecto (el Consejo de la Magistratura) y además sus cargos son vitalicios.
En cuanto a su poder político, mientras que todo decreto del Ejecutivo o ley del Congreso puede ser revisado o anulado por otros poderes, y lo mismo las sentencias de los tribunales inferiores, las de la Corte Suprema no.

Y en cuanto a privilegios económicos, la Corte cobra los sueldos más altos de todo el Estado: su básico total actual es de $ 444.479,22 por mes3… pero con la antigüedad (2% por año como abogado/a y 10% cada tres años como juez/a) más otros adicionales se van, en promedio, al doble. Por si eso fuera poco, la amplia mayoría no paga Ganancias y, aunque son funcionarios públicos, ocultan sus declaraciones juradas de bienes.
En suma, los cinco “ministros”, las cinco “señorías”, son vitalicios, deciden lo que quieren sobre lo que quieren y ganan casi un palo al mes: una reverenda casta.

La Corte no nació de un repollo

Desde ya, el macrismo festeja el fallo de la Corte y otros que le convienen. Del otro lado de la grieta, intentando de paso eludir su propia responsabilidad, Alberto y Cristina cuestionan el llamado lawfare: la injerencia de los jueces en la política. Pero no son para nada ajenos a esta justicia ni a esta Corte Suprema que ahora critican: sus cinco integrantes, incluso los últimos dos que Macri pretendió meter por decreto, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los aprobó el Senado con los votos del macrismo y el peronismo. Juntos. Y lo mismo para con las Cortes provinciales y demás juzgados del país.
¿Cómo se nombran los jueces? Lo hace el presidente de la Nación en base a una terna, con acuerdo de dos tercios del Senado. ¿Y quién decide las ternas? El Consejo de la Magistratura, que organiza los concursos para cubrir los cargos. ¿Y quiénes integran ese Consejo? 13 miembros: 3 senadores/as, 3 diputados/as y un/a representante del Ejecutivo, más 3 jueces/juezas, 2 abogados/as y un/a académico/a4. Con 7 sobre 13, la mayoría es del poder político. ¿Y cómo se saca a un juez? Mediante un jurado de enjuiciamiento, con 7 miembros del propio Consejo: 2 senadores/as, 2 diputados/as, 2 jueces/juezas y un/a abogado/a. Con 4 sobre 7, también ahí tiene mayoría el poder político.

Pero entonces, ¿cuál sería la “independencia” del Poder Judicial, que nos enseñan en la escuela? Ninguna: el poder político pone los jueces y fiscales o los saca según pacte o le convenga. Por eso hay doble discurso cuando Alberto ahora se queja al decir “no saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias” o cuando Cristina ironiza con que “para poder gobernar ¿no será mejor presentarse a concursar por un cargo de juez al Consejo de la Magistratura o que un presidente te proponga para ministro de la Corte?”

La reforma que hace falta

El gobierno del Frente de Todos tiene varios proyectos de reforma judicial: cambiar el modo de nombrar al Procurador General (el jefe de todos los fiscales del país); unificar los fueros penal económico y criminal y correccional federal para licuar el poder de Comodoro Py; abrir nuevos juzgados; limitar las facultades de la Corte, ampliar los juicios por jurados a los delitos federales y “despolitizar” el Consejo de la Magistratura.

En realidad todos esos proyectos son en beneficio propio, para incidir aún más en la justicia. Los jurados populares, una forma participativa que compartimos, deberían incluir a todo delito con pena no excarcelable. Y el gobierno no dice cómo “despolitizar” el Consejo. Pero ojo: reducir un par de sillas políticas allí no cambiaría mucho: en lo esencial, seguirían las transas del poder para poner jueces y fiscales adictos.

La única reforma realmente democrática sería la que proponemos desde la izquierda: elegir a todos los jueces y fiscales por voto popular, por períodos limitados, que ganen como una directora de escuela y sean revocables en caso de mal desempeño. Mecanismos electivos así funcionan en países tan distintos como Rusia, EE.UU., Bolivia o Suiza. La elección sería en fecha aparte de las elecciones políticas.

El voto popular, los juicios por jurados y que en las asesorías tutelares haya participación directa de las organizaciones de mujeres y disidencias permitiría, a su vez, dar a la justicia la tan necesaria perspectiva de género real, de la que carece y que no brinda ningún “curso de formación” aislado.

Por último, en las causas importantes por corrupción política y empresarial es preciso formar una comisión investigadora independiente, con personalidades intachables y plenos poderes para investigar a todos los gobiernos: una especie de Conadep5 de la corrupción, lo que evitaría todo lawfare.

Esta sí sería una reforma judicial a fondo, integral, efectiva. ¿Lo demás? Humo, que ya sobra.

1. Fue por cuatro votos a favor, ya que la jueza Highton en este caso se abstuvo.
2. Es más: anticipándose al plan del gobierno, en su fallo la Corte ya dispuso que esa “autonomía” regiría igual aun si se limitara por una ley.
3. https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=127159
4. Ley 26.080, aprobada bajo el gobierno de Néstor Kirchner.
5. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Se creó en 1983 para investigar los crímenes de la dictadura. La integraron 10 personalidades respetadas y 3 diputados. Produjo el informe Nunca Más, que luego se llevó a la justicia.