El juicio a Etchecolatz

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“Los Derechos Humanos tienen que ser
una política de Estado”

Alternativa Socialista entrevistó a Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, y testigo en el Juicio a Etchecolatz, quien nos contó cómo
sigue el juicio al genocida.

¿Cómo empieza esta causa?

La causa contra Etchecolatz se inició en el año ‘99. Fue un paso importante porque eso fue mucho antes de la anulación de las leyes del perdón en agosto de 2003 y, fundamentalmente, porque es producto de la lucha de muchos años. Se origina en el Juicio por la Verdad de La Plata iniciado en 1998. Ese juicio, a pesar de que no permite condenar a los responsables, nos sirvió para mantener viva la memoria –ya que es un juicio oral y público-, para recopilar pruebas y también porque se logró, a pesar de que en ese momento estaban en plena vigencia las leyes de impunidad, abrir varias causas penales entre ellas ésta contra Etchecolatz que hoy llegó a juicio oral. Esto fue así porque el juez Leopoldo Schifrin, integrante del tribunal que lleva adelante el Juicio por la Verdad desobedeciendo la ley de Obediencia Debida, logró que el tribunal ordenara abrir una causa penal por los casos que se habían presentado hasta ese momento en el Juicio por la Verdad por los que Etchecolatz no había sido juzgado en los ´80. Como era de esperar, la causa no encontró jueces de primera instancia dispuestos a impulsarla, por lo que durmió en diversos cajones de juzgados de La Plata y de Buenos Aires durante varios años. Finalmente, volvió a La Plata pero durante todo ese tiempo los organismos de DDHH que somos querellantes seguimos presentando pruebas por lo que hoy es la primera de las causas que llega a juicio oral.

¿Cómo está la causa en estos momentos?

Nosotros decimos que es el juicio que tenemos, no el juicio que queremos. No es el que queremos porque se juzga la responsabilidad de Etchecolatz en solo ocho casos y nuestra consigna es “Juicio a todos los genocidas. Condena por todos los compañeros”. Pero a pesar de eso tiene un importante valor simbólico por ser el primero y por tratarse de Etchecoltaz, un paradigma del horror y de la impunidad y además, porque estamos dispuestos a mostrar mediante los testimonios de los sobrevivientes que estos ocho no fueron casos aislados sino parte de un plan de exterminio, de un genocidio.

¿Cómo participan los organismos de estos juicios?

Hemos logrado un gran paso que es la formación, en Buenos Aires y La Plata, de un espacio llamado Justicia Ya en el que participan no sólo organismos de derechos humanos sino también organizaciones sociales, sindicales y políticas. Es en ese espacio donde se toman las decisiones respecto de la política jurídica que llevamos adelante en las causas. Este tipo de organización amplia es el único que garantizará el impulso de los juicios ya que sabemos que la inmensa mayoría de los jueces han sido cómplices de la impunidad y solo lograremos vencer su resistencia a hacer justicia si es el pueblo todo, a través de sus organizaciones, el que toma estas causas en sus manos. Por eso estamos muy orgullosos de que hoy sean querellantes en las megacausas abiertas después de la anulación de las leyes, no sólo muchos organismos de DDHH sino organizaciones estudiantiles como la FULP, gremiales como la CTA, o políticas.
En el mismo camino, la Asociación -que es querellante en este juicio oral contra Etchecolatz- decidió dar participación a todos los organismos de derechos humanos que trabajan con nosotros en todas los demás juicios contra los genocidas. Es por eso que la AEDD está representada por ocho abogados pertenecientes a distintos organismos: CeProDH, Fidela, la Liga, Liberpueblo, CODESEDH y también participan en el equipo jurídico que nos representa abogados de HIJOS La Plata y del CIAJ.

¿Qué expectativas tenés hacia adelante?

Nuestra lucha ha conseguido avances muy importantes, pero también es cierto que los procesos son lentos porque a pesar de los pasos que ha dado el gobierno, la cárcel para los genocidas no es una política de Estado. Para que lo sea es imprescindible que remueva a los jueces y fiscales cómplices de la dictadura, que releve a los jueces y fiscales que llevan estas causas de ocuparse de causas comunes, que aumente sustancialmente el número, que brinde la infraestructura y el espacio físico necesarios. Es imprescindible que la Secretaría de Derechos Humanos conforme equipos en todo el país, no de 2 o 3 personas que trabajan en Buenos Aires, sino de 15 o 20 en cada ciudad donde haya tribunales federales para que recopilen información, la analicen, la sistematicen y la aporten como pruebas a cada una de las causas. Este trabajo lo seguimos haciendo los organismos. No basta con que la Secretaría se presente como parte en los juicios si después no los sigue. Hay lugares del país donde todavía no se han abierto causas y muchos otros donde están paralizadas. Por ejemplo en Salta hay jueces que siguen ejerciendo a pesar de estar imputados.
Pero también sostenemos que no deben confundirse los pasos que ha dado el gobierno en este aspecto con una política de defensa de los derechos humanos. Las violaciones a esos derechos continúan y la impunidad de los responsables también. La criminalización de la protesta social, el envío de la gendarmería a Las Heras, la represión a los trabajadores del subte, los responsables políticos de la masacre del puente Pueyrredón formando parte del gobierno, la causa AMIA a punto de prescribir sin ningún responsable preso, el trabajo en negro, los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, el pago de la deuda al FMI, las privatizadas que siguen llevándose nuestros recursos naturales. La realidad no es como la muestran los medios. Sin embargo, no bajaremos los brazos, seguiremos como siempre denunciando cada violación a los derechos humanos y exigiendo el juicio y castigo para los responsables.

Entrevistó Juan Pablo Correa


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