Los Kirchner, la dictadura y la represión

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Como sabemos, los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner ahora, y el de su marido antes, se han presentado como defensores de los derechos humanos. Supuestamente encarnan a dos personas de larga militancia en organizaciones populares que enfrentaron a la dictadura y defendieron los derechos humanos. A ello le agregan que todas las conquistas logradas por la lucha y la movilización de cientos de miles -también con sus muertos y desaparecidos- durante años, no serían sino consecuencia de la política de derechos humanos de sus dos gobiernos.


Escribe: Marcelo Parrilli, abogado de DDHH

Estos ejes son empleados por el kirchnerismo de manera constante. El ejemplo más reciente lo fue el conflicto con el campo. Tras esas banderas se pretende esconder el resto de su política que, en lo económico y social, recorre el mismo camino de hambre y marginalidad para los sectores trabajadores y empobrecidos que el de sus antecesores.
En esa política de engaño son ayudados por algunos organismos de derechos humanos que han sido cooptados ideológica y económicamente por el gobierno, entre los cuales sobresalen nítidamente el sector de Madres de Plaza de Mayo dirigido por Hebe de Bonafini y Abuelas de Plaza de Mayo con la dirección de Estela Carlotto. Sin embargo, la realidad no es fácil de ocultar y ella nos indica que, ni antes ni ahora, los Kirchner han tenido compromiso alguno con los derechos humanos.
Con relación al pasado hay que comenzar diciendo que, incluso, de su declamada “militancia en los setenta” no existe ninguna prueba concreta. Realmente, los Kirchner no parecen, ni de lejos, haber sido compañeros de lucha de los miles de desaparecidos. De lo que sí existen pruebas es que no bien se recibieron de abogados se instalaron en Río Gallegos y allí, a través de su profesión, comenzaron a construir su patrimonio personal y familiar.
Era la época de los grupos de tareas, los secuestros, las desapariciones, las ejecuciones brutales de luchadores, los encarcelamientos. Era la época en que las Madres y los familiares de los compañeros desaparecidos iniciaban sus primeras rondas. Era la época en que un pequeño puñado de abogados tratábamos de defender, como se podía, a las víctimas del genocidio y sus familiares. Para Néstor y Cristina, sin embargo, era la época de la circular 1050 de Martínez de Hoz, la que permitió el remate de miles de viviendas que quedaron en poder de bancos, financieras y usureros particulares. En esos años de muertes, desapariciones, torturas, encarcelamientos, los Kirchner comenzaron a construir su fortuna en inmuebles.
Pero no solamente no pusieron su profesión al servicio de las víctimas del genocidio. Peor aún: formaron parte del coro de civiles que trataba de legitimar a los genocidas frente al resto de la población.
Como lo dijera nuestro compañero y ex candidato a diputado nacional del MST Nueva Izquierda por la provincia de Santa Cruz, Daniel Osvaldo Gatti, en su excelente libro Kirchner, el amo del Feudo, éste se caracterizó por ser un interlocutor frecuente de las “autoridades” militares que la dictadura había destinado en la provincia de Santa Cruz.
En ese sentido, ha sido muy difundida una fotografía publicada en el diario Correo del Sur, de Río Gallegos, el 9 de abril de 1982, en la que se ve a Néstor Kirchner y también al ex ministro provincial de Gobierno, Daniel Varizat, secundando al general Oscar Enrique Guerrero, comandante de la XI Brigada de Infantería Mecanizada del Ejército. Guerrero, un discípulo directo de Camps, venía de conducir a la Policía Bonaerense durante 1981, época para la cual existían bajo dependencia de la misma numerosos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. El título de la nota que ilustra la foto es “Amplio apoyo de las fuerzas vivas a las Fuerzas Armadas”…
Para tener en claro quién es Oscar Guerrero sepamos que a partir de la difusión de la foto mencionada dos personas identificaron a Guerrero como uno de los integrantes del grupo de tareas que el 24 de marzo de 1976, a las dos de la mañana, irrumpió en el domicilio del Mayor Bernardo Alberte, a quien Juan Domingo Perón definiera como “el único militar con valor civil del Movimiento” y lo asesinó arrojándolo por una ventana al vacío desde el sexto piso. Alberte es uno de los símbolos de la resistencia peronista al golpe gorila de 1955 y a la represión genocida.
Este, más allá de que muchos compañeros, en el terreno de los derechos humanos traten de obviarlo, es el pasado de los Kirchner. Todos, por lo demás, lo sabemos. De nada sirve tratar de maquillarlo o cambiarlo para presentarlos como la excusa de que, hoy por hoy, sí impulsan la lucha por el juicio y castigo a los genocidas.
Porque esta es la otra parte de la realidad. Tampoco Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner son motores de la lucha contra el genocidio y por el juicio y castigo a todos los asesinos de la última dictadura militar.
Como hemos dicho, con habilidad política tomaron esa bandera, tratando de arrebatársela a los verdaderos luchadores, y, haciendo propaganda con ello pretenden encubrir toda su política que, además, en el terreno de los derechos y garantías democráticos, presenta graves casos de violaciones a los derechos humanos, cometidas directamente por el gobierno central o por gobiernos provinciales aplicando políticas nacionales.
Ejemplo de esto han sido la brutal represión y encarcelamiento a los trabajadores petroleros en el norte de Santa Cruz (Las Heras), las muertes del docente Carlos Fuentealba y de nuestro compañero Lázaro Duarte en Neuquén, la desaparición de Julio Jorge López, originada precisamente en la falta de desmantelamiento del aparato represivo en el ámbito de la Policía Bonaerense, y las represiones de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura contra los trabajadores del Hospital Francés, del Casino, de la fábrica Dana, las patoteadas al personal del INDEC y tantos otros caos.
A ello le debemos sumar la negativa sistemática del kirchnerismo de anular los indultos de Menem a los genocidas.
Primero se negó Kirchner siendo presidente como titular del Poder Ejecutivo Nacional. Luego se negaron los diputados del Frente para la Victoria, quitando la anulación de los indultos del proyecto originario de Patricia Walsh relativo a la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida que también los incluía. Y más tarde negándose a votar todos los proyectos parlamentarios directamente referidos a la anulación de los indultos que se han presentado en el Congreso de la Nación.
Frente a esta situación, está claro que el cambio de la Corte Suprema, las anulaciones de las leyes de punto final y obediencia debida -sobre la base del proyecto legislativo de nuestra compañera Patricia Walsh-, la reapertura de los juicios, las condenas a Etchecolatz, Menéndez y otros genocidas son en realidad una conquista de la movilización de masas, con una vanguardia clara en las organizaciones de derechos humanos y la izquierda en su conjunto.
Esta lucha empezó durante la dictadura y seguirá sin dudas más allá del kirchnerismo exigiendo el juicio y castigo a todos los genocidas, tanto militares como civiles.

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