Cromañón tiene responsables

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Ibarra y la corrupción

El 30 de diciembre de 2004 el grupo Callejeros realizó un recital en el boliche República Cromañón, ubicado en el barrio de Once. Acordaron la organización del mismo con el encargado del local, Omar Emir Chabán. Allí murieron 194 pibes. Los mató la corrupción y la política corrupta de Ibarra.


Escribe Marcelo Parrilli

El lugar estaba repleto, mucho más de 3.000 personas –cuando oficialmente solamente podían ingresar 1.038- y ese día el calor era insoportable. Adentro de Cromañón la temperatura era todavía más elevada por la falta de ventilación natural o mecánica. El recital comenzó pasadas las 22 horas y a las 22,50 una candela lanzada contra el techo inició la tragedia.
La media sombra que recubría parte del techo, de material combustible y tóxico, se incendió y comenzó a despedir un intenso humo negro que invadió la atmósfera. El gas que se formó fue Zyklon b (un gas tóxico con base de cianuro que los nazis utilizaron en los campos de exterminio).
Con el incendio se cortó la iluminación. No existían luces de emergencia ni señalización de salidas y la única puerta que podía considerarse como de emergencia, un enorme portón de hierro ubicado con salida a la calle Bartolomé Mitre, estaba cerrada con candado y alambre. Todo esto potenció el resultado que ya conocemos: 194 muertos y centenares de lesionados.

La responsabilidad legal por los hechos

Desde el punto de vista legal las muertes fueron el resultado de una combinación de graves omisiones y actos de corrupción que arrancan en el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en ese entonces, Aníbal Ibarra y pasan por los funcionarios inferiores encargados de la fiscalización y control de locales; por el cuerpo de bomberos de la Policía Federal; por las autoridades policiales de la Comisaría 7º y termina en los dueños, encargados y explotadores del local.
Ibarra, que fue destituido de su cargo por la movilización de familiares y víctimas de Cromañón junto a organizaciones políticas democráticas, centros de estudiantes y organizaciones sociales –entre ellas algunas de derechos humanos– luego fue sobreseído en la causa penal sin siquiera ser llamado a declarar en una sola oportunidad por la Jueza Crotto que tuvo a su cargo gran parte de la investigación inicial del proceso.
También fue sobreseído el Ministro de Seguridad López y otros funcionarios del gobierno de la Ciudad. Hace pocos días, la Cámara Penal de la Capital también sobreseyó a los hermanos Levy, dueños del local en donde funcionara República Cromañón.
Así las cosas, los que llegan a juicio –ver recuadro a parte– son en realidad, una parte pequeña de los responsables.
Entre esos responsables además de Chabán cabe destacar a tres funcionarios: Fabiana Fizsbin, Gustavo Torres y Ana María Fernán-dez. Ellos tenían directa incidencia en el control del estado de Cromañon y no hicieron nada. Y no hicieron nada porque respondieron a una política de control montada directamente por Ibarra que establecía un sistema basado en que si no existía denuncia de irregularidad, no había inspecciones.
Eso significó en la práctica que la Ciudad dejó de ejercer lo que se llama el poder de policía, es decir, el poder indelegable que tiene para controlar que las actividades se desempeñaran dentro de los marcos legales y reglamentarios, es decir, que Cromañón tuviera en perfectas condiciones su sistema contra incendios; su certificado de bomberos; sus sistemas de ventilación electromecánicos; sus matafuegos y sus salidas de emergencia, entre otros requisitos. Como no hubo denuncia, no hubo control.

La responsabilidad política por las muertes

Además de su responsabilidad penal a Ibarra y el gobierno del FREPASO les corresponde una responsabilidad política.
Es que los 194 muertos fueron el resultado directo de una política de seguridad diseñada por el gobierno de Ibarra que, contrariamente a lo que éste siempre sostuvo (Ibarra dice que él intentó combatir la corrupción de los viejos cuerpos de inspectores), lo que hizo fue cambiar el sistema de corrupción pasando de uno, por decirlo de alguna manera, personal y feudalizado, a otro orgánico y centralizado.
Antes de Ibarra el sistema funcionaba así: los inspectores del gobierno de la ciudad tenían facultades para inspeccionar “de oficio”, es decir sin necesidad de denuncia alguna, comercios, locales, estaciones de servicio, etc. Esto llevaba a que existiera pedido de coimas a comerciantes y trabajadores que iban a parar a los bolsillos de esos inspectores o de sus jefes inmediatos sin gran control desde la cúpula del aparato político.
Ibarra desarmó esto pero no para mejorar el sistema sino para centralizar la recaudación de las coimas, creando así una caja política para su gobierno y el Frepaso. Con ese objetivo los inspectores dejaron de tener facultades de inspección “de oficio” y todo se centralizó en organismos que por distintas épocas tuvieron distintas denominaciones, pero que tuvieron un denominador común: centralizaron todo el sistema de verificaciones, habilitaciones y controles en manos de un funcionario político nombrado por Ibarra.
Este organismo era el que determinaba, sobre la base de la existencia de denuncias a las que se les daba curso o no según su propia decisión, qué lugares eran inspeccionados y qué lugares no, qué lugares eran clausurados y cuáles no. Los inspectores quedaron así reducidos a simples encargados de comprobar, en un lugar al que eran enviados por la superioridad y que no conocían hasta el mismo día en que se les informaba que tenían que ir, si allí había o no infracciones, decidiendo la superioridad siempre si se tenía o no que clausurar.
Así, se centralizó el sistema de coimas, pasaron a recaudar los funcionarios políticos y no los inspectores. Pero esa política establecida en materia de controles no solamente se inspiró en la necesidad de concentrar la recaudación de las coimas en un solo organismo. La política de abandonar los controles y proceder solamente en base a denuncias también se inspiró en la concepción neoliberal de que el Estado no tiene que intervenir en la actividad privada.
La Ciudad de Buenos Aires renunció al ejercicio de su poder de policía, facultad que le está conferida constitucionalmente y dejó hacer y pasar… Lo más grave de esto es que esta política de corrupción y de profundos rasgos de derecha fue implementada por un gobierno que se decía progresista y de centro izquierda.
Por eso decimos que los muertos de Cromañón son el resultado directo de esta política; son los muertos de la centroizquierda y el progresismo, que eran el gobierno de Ibarra y el Frepaso.

Manos sucias

El Fiscal en el juicio es Jorge G. López Lecube. Para los viejos militantes de derechos humanos no es un nombre cualquiera: Estuvo a cargo de la Secretaría Nº 4 del Juzgado Federal Nº 2 de Martín Anzoátegui, uno de los peores jueces de la dictadura genocida. López Lecube, como Romero Victorica y Narvaiz – fiscales ante la Cámara Nacional de Casación Penal– formaron parte del aparato judicial del sistema de terrorismo de Estado habiendo sido mantenidos en sus cargos y ascendidos durante todos estos años. Hoy, en un sentido, las víctimas de Cromañón están en sus manos.

Ver nota

Cromañón: El juicio


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