Tucumán

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En defensa del medio ambiente

Mientras la lucha ambiental antiminera continúa en todo el país, sigue activa la criminalización de la protesta. Así, aún no se ha archivado la denuncia que surgió de oficio por el juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Ricardo Mario San Juan, que pide iniciar investigación sobre ambientalistas — PROECO, MST — que llevaron a cabo una supuesta “extorsión”. Nada más lejos de la realidad, ya que sólo se reclamaba contra una justicia en mora, frente al derecho al medio ambiente sano que se violaba.

Recordemos que esa causa contra Minera Alumbrera se inició en 1997, por el biólogo Juan González, por contaminación del Canal DP2, bajo la Ley 24.501 de Residuos Peligrosos, donde dicha minería a cielo abierto tira sus desechos, y donde una nueva (A-GUA RICA), planea hacerlo también. Ya se contabilizan 50 casos de cáncer en las zonas afectadas, más los arroyos contaminados con metales tóxicos, siendo su vicepresidente, Julián Rooney, procesado.
En este marco, hay pedidos de destitución, sin razón, al fiscal federal Antonio Gómez, por parte del gremialista Piumato (sindicato de judiciales. Rechazamos dichos pedidos, así como lo hacen ONGs y ambientalistas, exigiendo apoyo nacional para que pueda seguir investigando e impulsando denuncias contra la contaminación ambiental.

Colalao del Valle: la lucha sea del pueblo…

La prensa ha sido ciega a otro hecho: la detención de los camiones que se dirigen a Minera La Alumbrera, a la altura de Salta y Tucumán, en la Ruta Nº 40, denominada “9 de Julio” desde el 7 de agosto. La medida se inició con cortes en Colalao del Valle, como medida de A.S.A.N.O.A., con la presencia de representantes de las comunidades quilmes, diaguitas, sus caciques, y ambientalistas, no así de funcionarios de la provincia.
Es necesario que la comunidad toda siga participando y difundiendo la lucha por un ambiente sano. La medida debe mantenerse hasta que se den respuestas concretas y evitar que lleguen los camiones con carga a la minería a cielo abierto más grande del país.
Tampoco hubo cobertura sobre el atropello a Héctor Reales, autoconvocado de Santa María, Catamarca, por un vehículo de Gendarmería Nacional y trasladado a un hospital de Colalao del Valle en Tucumán. Esto no fue un accidente, ya que ésta acción es consecuente con el accionar del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, reprimiendo a los pueblos con las fuerzas de seguridad para acallar reclamos.
Desde ARGOS -la agrupación ambiental que coordinamos-, exigimos que se detenga la criminalización de la protesta, que la justicia actúe en defensa de los intereses del pueblo y no de estas empresas mineras.

Por Blás Sánchez
blas_1987@hotmail.com www.mst-tucuman.blogspot.com


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