Cromañón

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Una trampa mortal

A medida que avanzan las audiencias del juicio por las muertes de “República Cromañón” se va conocimiento masivamente que lo ocurrido en ese local fue el resultado de una larga cadena de corrupción, desidia y falta de control que se prolongó durante años y estalló el 30 de diciembre de 2004.
Se ha comprobado que el local nunca estuvo correctamente habilitado. Las irregularidades más grandes arrancan desde 1995 cuando fue habilitado como “local bailable clase C” cuando, en realidad, se trata de un verdadero estadio destinado, desde siempre, a actividades muy distintas a las de un local bailable. Además, no hay planos originales. El gobierno de la Ciudad jamás contestó cuando los mismos le fueron requeridos, no se sabe si se perdieron, quemaron o fueron hechos desaparecer.
Para el 30 de diciembre de 2004 el local tenía vencido desde hacía casi un mes el certificado expedido por los bomberos de Policía Federal para la prevención de incendios. Tampoco había matafuegos en cantidad suficiente y de los pocos existentes la mayoría se encontraban descargados. El local carecía de suficiente ventilación electromecánica y sobre el techo y paredes Chabán hizo colocar materiales altamente inflamables y tóxicos, entre ellos la media sombra que sería alcanzada por una candela y desencadenaría el desastre.
“Cromañón” no tenía adecuadas salidas de emergencia por cuanto carecían de señalización y las puertas eran angostas y antirreglamentarias. El enorme portón que hacía las veces de salida de emergencia sin serlo realmente –no da a la calle sino a un vestíbulo que integra el predio del hotel Central Park-, se cerraba con candado y alambre los días de espectáculo quedando anulado.
Cómo influyó todo esto en la tragedia se va a empezar a conocer públicamente en pocos días cuando comiencen a declarar los 100 sobrevivientes que han sido citados por el tribunal.
Los tres ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad que se encuentran sometidos a juicio, la ex Subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin y los ex directores de la Dirección General de Fiscalización y Control Gustavo Torres y Ana María Fernández han tratado de justificar la falta de control en la carencia de personal y elementos pero lo cierto es que, en realidad, la falta de control en “Cromañón” fue el resultado de una política diseñada desde el Ejecutivo de la Ciudad por Aníbal Ibarra y observada fielmente por sus funcionarios.
Como ya dijimos en anteriores notas, Ibarra reemplazó el sistema de corrupción de la vieja política por uno nuevo que centralizó la coima en manos de unos pocos funcionarios políticos de su confianza. Para eso creo primero la UPI (Unidad Polivalente de Inspecciones), primero y la DGFyC (Dirección General de Fiscalización y Control), después. Era un sistema para los amigos que funcionaba solamente por denuncias y las denuncias, claro, en los casos que interesaba, eran manejadas políticamente.
Muchas de estas pruebas surgieron en el juicio político en el que fue destituido Ibarra. Sobre esas pruebas habrá que seguir trabajando para lograr el enjuiciamiento y castigo de todos los responsables de la masacre. Para eso será fundamental mantener la movilización y denuncia constante y tener en claro que la pelea por la justicia para los chicos de “Cromañón” no se reduce al juicio oral, sino que pasa por seguir unidos en el reclamo, movilización y exigencia de justicia hasta que todos los responsables sean castigados.

Marcelo Parrilli


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