La Comisión Bicameral propone expropiar Aerolíneas

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En una apurada sesión, el martes 18 de noviembre, la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones recomendó sancionar una ley que declare “de utilidad pública y sujetas a expropiación” a Aerolíneas Argentinas y Austral. Desde el MST siempre sostuvimos que esa era la única salida. No sabemos que terminará haciendo el gobierno nacional y hay que desconfiar de sus maniobras. Pero el dictamen de la Bicameral confirma que la ley K aprobada en agosto, para recomprar AA y Austral, negociando con Marsans, fue un fracaso completo. Teníamos razón.

Según el diario Página 12 del mismo 18, el dictamen “no tiene implicancia legal inmediata, ya que sus recomendaciones no son vinculantes”. Aun así, es indudable que la propuesta de expropiar tiene implicancias políticas, y no descartamos que el gobierno K la esté negociando con Marsans, a través del gobierno español. En la Comisión ya surgió el debate de qué es lo que se expropiaría: si sólo los activos -o sea los bienes- o si también se incluirán las deudas…
El proceso fue y es complejo. En nuestro periódico Nº 482 del 27 de agosto pasado, detallamos las diversas posturas. Ahora, se demostró la falacia de todos los que aprobaron la ley kirchnerista diciendo que era “una herramienta”. Esa ley sólo sirvió para que el Estado argentino siguiera aportándole millones de dólares todo este tiempo a Marsans. Si bien para que Aerolíneas siga funcionando hay que poner plata, una cosa es hacerlo bajo propiedad del Estado y otra, muy distinta, es darle esos millones a los mismos que la vaciaron.

¿Y ahora, qué?

Según el Tribunal de Tasación de la Nación, Aerolíneas y Austral tienen un valor negativo de 833 millones de dólares. Según la Auditoría General de la Nación, el pasivo -o sea las deudas- llegan a 2.540 millones de pesos. Esas cifras son inconciliables con la evaluación que los españoles encargaron al Banco Credit Suisse, que tasó al grupo que integran Aerolíneas, Austral, Aerohandling y Jet Paq entre 330 y 540 millones de dólares. Era obvio que habría una enorme diferencia. No hace falta ninguna tercera opinión de “peritos internacionales”, como contempla la ley K.
Es hora de concretar la expropiación… pero con un alerta importante. Como este gobierno siempre vino jugando para Marsans, no hay que permitir que se pague ninguna indemnización. Al revés: al grupo español habría que embargarle sus bienes para que devuelva todo lo que nos robó durante estos años. A su vez, Jaime y De Vido, funcionarios políticos cómplices del saqueo, merecen juicio y castigo. Incluso el Estado español, ex socio de Marsans, tendría que hacerse cargo de los aportes que fueron desviados.
Una vez expropiada y reestatizada, Aerolíneas Argentinas debe ser puesta bajo el control democrático de sus trabajadores y usuarios. Esto aseguraría todos los puestos de trabajo, evitaría la corrupción y permitiría garantizar el servicio público aéreo que nuestro país necesita.

Pablo Vasco


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