Inseguridad, exclusión social, marginalidad, mafia policial y política

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Atacar las causas de fondo

La violenta muerte de Daniel Capristo reavivó el debate sobre la edad de imputabilidad. La indignación se expresó en un legítimo reclamo de seguridad y justicia que no debe ser usado para impulsar la mano dura.


Marcelo Parrilli. candidato a diputado nacional por la Provincia de Bs. As.

Antes de este hecho, el
gobernador Scioli ya se había pronunciado a favor de sancionar una Ley Penal Juvenil, posición a la que ahora se sumó Kirchner. El propio juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, identificado antes con posiciones alejadas de las políticas de mano dura, también ha ido girando en favor de disminuir la edad de imputabilidad.
En nuestro país, la edad mínima para ser penalmente imputado es de 16 años. Así lo establece la Ley 22.278 que sanciona el Régimen Penal de la Minoridad. Por debajo de esa edad, los niños pueden ser internados en los llamados “institutos de menores”.

Como política para reducir el delito, la mano dura fracasó

La propuesta de reducir la edad de imputabilidad a 14 años entronca con la política que plantea que la inseguridad es solamente un problema penal y que se corrige aumentando las penas. Sin embargo, por ejemplo en Estado Unidos, el aumento de las penas y la aplicación de la pena de muerte en muchos estados no ha producido ninguna reducción de los índices de criminalidad. Tampoco lo lograron aquí las llamadas “leyes Blumberg”.
Además de ser un fracaso en materia de reducción del delito, la política de mano dura -a la que mucha gente adhiere guiada por la lógica indignación que provocan muchos de los delitos que se cometen a diario- es peligrosa porque significa la vuelta de la llamada doctrina de la seguridad nacional aplicada por las dictaduras militares de los años ’70, disfrazada ahora de doctrina de la seguridad individual o ciudadana.
Sobre la base de la indignación que causan esos hechos, los grupos de poder del sistema y la derecha aprovechan para tratar de sancionar leyes penales, que no sirven para reducir el delito sino para combatir toda forma de oposición social al modelo político vigente y para perseguir a los luchadores. Al mismo tiempo proponen, y a veces lo logran, aumentar el aparato policial y de seguridad con más hombres, armamento y tecnología. Lo que en realidad quieren es liquidar todo el sistema de derechos y garantías que tanto ha costado recuperar, así sea en parte. Esos derechos no están en la Constitución para proteger a delincuentes reales o presuntos, sino para proteger a todos los ciudadanos y habitantes de los excesos del poder político y del aparato represivo.

La seguridad es una cuestión política y social, no penal

Para disminuir el delito es fundamental, como medida a mediano y largo plazo, terminar con las causas de la desigualdad y la exclusión social. Alimentación, vivienda, trabajo, educación y esperanzas de vida son los derechos elementales que hay que garantizar a millones para terminar con esa marginalidad y, consecuentemente, con gran parte del delito. En lo inmediato, hay que terminar con lo que el sociólogo Juan Pegoraro denomina “delito económico organizado”, que es el que genera los demás tipos de delincuencia y que es cometido por los grandes grupos de poder y el aparato del Estado.
No es novedad para nadie que el narcotráfico, el robo de automotores y la piratería del asfalto, además de la trata de personas, son todos delitos cometidos por grandes mafias controladas, vinculadas o asociadas al aparato de seguridad y al poder político del Estado. Sin protección política y policial, esos delitos directamente no podrían existir. Por eso es allí donde hay que golpear si de verdad se quiere combatir el delito.
Los niños, los “menores” -como los llaman muchos intentando despersonalizarlos- son mano de obra esclava al servicio, precisamente, de esas grandes mafias vinculadas a la policía y al poder político.
En el caso particular de los delitos atribuidos a “menores”, está comprobado mediante numerosas causas penales que los chicos que comenten robos de automotores lo hacen para las mafias que “cortan” vehículos. Esas mafias, con activa participación policial y política, los utilizan para “levantar” coches a cambio de una dosis de paco. El caso de Valentín Alsina es un claro ejemplo en ese sentido. En la misma zona donde murió Capristo se cometieron, en pocos días, 17 robos callejeros. Incluso hay denuncias explícitas de policías de la propia comisaría. Todo esto prueba que allí existió una “zona liberada” por la Bonaerense. La dirigencia que cierra los ojos a esa realidad y sólo hablar de bajar la edad de imputabilidad es hipócrita.

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