Un sello distintivo del capitalismo y el viejo régimen político

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Corrupción sistemática

El escándalo en Santiago volvió a poner la corrupción sobre el tapete. Cuando los hechos de corrupción salen a la luz reciben con total justicia el repudio y la condena de toda una sociedad hastiada de los chorros en el poder. Y pasado un tiempo, aparece otro caso, peor aún.
Algunos han definido la corrupción como la acción o inacción de una o varias personas que manipulan los medios públicos en beneficio propio y/o ajeno, en perjuicio del pueblo. Cualquier coincidencia con nuestra realidad no es una casualidad. La corrupción se ha convertido en una historia de nunca acabar.
No se puede olvidar la década menemista, cuyos protagonistas se reciclan; aunque, de vez en cuando, desfilan por los distintos tribunales del país. Inclusive la Alianza, que había llegado enarbolando banderas de honestidad, antes de irse en helicóptero tuvo su Banelco. Esta década K será recordada, por grandes escándalos de corrupción. Sobreprecios, Skanska, la valija, la bolsa de la ministra, el Indec, prebendas y enriquecimiento de casi todos los funcionarios y de los K, que en el 2008 incrementaron su fortuna en un 158%. Así es el capitalismo, corrupto estructuralmen-te.
En la Argentina de hoy, si alguien conoce un funcionario político que no haya cometido algunos de los delitos del código penal debe considerarse afortunado. Lo cierto es que este sistema está preparado para que los hechos de corrupción sigan “sorprendiéndonos.” En un país donde los canales para el control popular son casi nulos y nuestra única participación son las elecciones, robar, defraudar, negociar o enriquecerse ilícitamente es moneda corriente.
Las pocas herramientas que existen son una trampa burocrática. Todos los partidos patronales, representantes y sostenedores del actual régimen político, hablan de honestidad y necesidad de control pero nadie quiere que esa sea una realidad. En la Argentina no existe un sistema por el cual los ciudadanos puedan controlar en qué se gasta el dinero público ni adónde va. Y, como si fuera poco, el sistema judicial es lo suficientemente lento como para garantizar la impunidad, y ciego como para desviar la mirada.
Para evitar esta rutina corrupta hay que fomentar una reforma política en serio, en la que los trabajadores y el pueblo tengan plena participación e injerencia, tanto para decidir políticas de estado, como para controlar su ejecución y los fondos utilizados para ello.
Se trata de barajar y comenzar de nuevo en un país donde hasta ahora se garantizó el robo a grandes escalas. Sólo así, con un pueblo involucrado, los gobernantes dejarán de gastar nuestras jubilaciones, de mentirnos con las estadísticas o de enriquecerse a costa nuestra. Una Asamblea Constituyente puede ser una excelente herramienta para debatir estos problemas y que el pueblo decida sobre las mejores soluciones.

Laura Lane


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