Crisis, diálogo y gobernabilidad cuestionada

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¿A dónde va el país?

A un mes de la derrota electoral, el gobierno camina en la neblina de una crisis global que se agrava. Los tiempos se acortan para el establishment en su dura misión de construir un recambio al fracaso K, ya que ninguna variante de oposición salió claramente airosa de la contienda del 28. El operativo “diálogo” los compromete a todos, con un ojo en la crítica coyuntura y otro en un 2011 que aparece difuso. Está cuestionada la gobernabilidad y sobrevuelan los fantasmas de un nuevo Argentinazo.


Guillermo Pacagnini

La paliza del 28 dio un empuje decisivo al derrumbe de los K que comenzó hace más de un año con el conflicto chacarero. Una suerte de final de escena de un modelo político y económico que fracasó. Por eso el gobierno tuvo que modificar la escenografía para intentar enfrentar lo que se viene.
Hubo moderación de estilos, cambios de ministros, maquillaje del INDEC… todo un ajuste logístico en busca de recuperar alguna credibilidad ante los de arriba, de que va a ser capaz de pilotear la crisis. Tiene rebelión en su propia granja, con la crisis del PJ al rojo vivo. Ni sus amigos D’Elía y Pérsico pudieron juntarse en un solo acto. El libro de pases está abierto y hasta Scioli -montado en un clima de cercana crisis provincial- se recostó en los barones del conurbano y las patronales agrarias para recomponer la “gobernabilidad” en el principal distrito del país. Y debieron sostener a Moyano, cuestionado por los gordos, justo cuando los precisan para vertebrar algún grado de acuerdo social con los patrones.

Tres frentes de tormenta

En el corto plazo el gobierno enfrenta tres duros problemas: 1) se agrava la crisis económica con recesión e inflación y necesidades de ajuste fiscal; 2) crece la conflictividad social con reclamos salariales y crisis provinciales, y 3) necesita recomponer una base de sustentabilidad política. De cómo responda a todo esto depende en mucho el incierto futuro de los K en el poder.
Parte de esa respuesta es el operativo “diálogo”. Los empresarios (industriales, banqueros y agrarios), la burocracia sindical, el “panradicalismo” del Acuerdo Cívico, el Pro-peronismo disidente y hasta las expresiones de centroizquierda, son llamados al diálogo. Tiene dos objetivos titánicos: sostener con muletas al gobierno y tratar de diseñar la arquitectura del pos-kirchnerismo, recomponiendo al régimen y generando una alternativa de recambio.
Este diálogo en las alturas y ajeno a las demandas populares, tiene varios escenarios simultáneos: las reuniones con partidos para abordar la reforma política; la ronda con los gobernadores que exhiben sus cifras en rojo; la agenda parlamentaria para consensuar qué hacer con las 2.000 leyes que vencen el 24 de agosto, y el Consejo Económico y Social y el Consejo del Salario con empresarios y centrales sindicales en aras de vertebrar un pacto social. Las internas de la oposición, la crisis de la CGT y las pugnas burguesas por sacar tajada de una torta que se achica, en tiempos en que se intensifican los reclamos sociales, prea-nuncian que la tarea no les será fácil.

Pujas por arriba e intento de pacto social

La economía entra en meses críticos. Las expresiones de la crisis capitalista mundial sobre un modelo local que hace aguas son un cóctel explosivo para el gobierno que quiere seguir con su “capitalismo de amigos” y la oposición que pregona un “capitalismo serio y normal”. Por primera vez se explicita déficit fiscal. No se detiene la fuga de capitales, la inversión se evaporó y se vienen vencimientos de una deuda que se sigue pagando. El gobierno le saca plata al Banco Nación y de nuevo piensa echar mano a las reservas. Las patronales responden con suspensiones, despidos y procedimientos de crisis. El gobierno, que durante la campaña amortiguó la liquidación de puestos laborales con planes Repro, ya no tiene plata. Los más optimistas prevén que habrá de 750.000 a un millón de despidos. Y se viene un duro ajuste fiscal sobre economías regionales con tesorerías en déficit.
Ante este panorama, el Consejo Económico y Social en marcha y el reflote del Consejo del Salario responden al mismo objetivo: canalizar las exigencias sectoriales de los de arriba, y acordar cómo castigar a los de abajo enchalecando los reclamos. La Asociación de Empresarios Argentina quiere devaluación total. La UIA, avanzar con una variante más gradual y mantener subsidios y beneficios impositivos. La Rural y demás patronales agrarias, que les saquen las retenciones. Junto a los banqueros, se han reunido en el llamado G7 en busca de unificar posiciones.
Todos ellos quieren sacar tajada para seguir lucrando en la crisis. No les importa el trabajo, la salud, la educación y demás demandas sociales. Y dicen que no hay plata para salarios, que no se debe aumentar el mínimo y que a lo sumo se negocie por sector. La CGT, en medio de una furibunda interna -entre otras cosas, por la caja de las obras sociales- dice que “no se deben esperar grandes resultados en esas negociaciones”. Y la dirigencia de la CTA, que levanta algunos puntos parciales correctos como suspender los despidos o la necesidad de un aumento, sólo llama a una marcha por el “blindaje social” pero no le da continuidad a los paros anunciados y abre expectativas en estas mesas de consenso. El nuevo intento de pacto social tiene dos serias dificultades: 1) la profunda crisis de la burocracia, y 2) una caldera social que se recalienta y a menudo la obliga a salir a la pelea (UOM, petroquímicos y otros gremios).

Diálogo y reforma política

El otro aspecto del diálogo es el que se puso en marcha con los partidos sobre la reforma política. El falso debate entre gobierno y “oposición” sobre si la agenda es abierta o cerrada pasó a segundo plano: todos fueron a sentarse a la mesa. Ninguno se pronunció por consultar al pueblo ni menos aún por una Constituyente. La urgencia de la crisis no admite demoras. En distintas declaraciones, todos abogaron por la continuidad del kirchnerismo hasta el 2011.
Ante la debacle del presidencialis-mo con que los K sobrellevaron la gran crisis que el Argentinazo de 2001 le provocó al viejo régimen bi-partidista, barajan proyectos ansiando volver a un régimen estable de alternancia burguesa. Quieren lavarle la cara al Consejo de la Magistratura, acotar los superpoderes y trasladar los enjuagues de la Rosada al Congreso. Remozar las alicaídas instituciones, tan desprestigiadas ante los ojos populares, sin hacer ningún cambio de fondo. Y reformar los mecanismos electorales para empujar un nuevo bipartidismo que pueda ser fusible ante las crisis que se vienen. Es un intento serio, pero sus tiempos acotados no permiten descartar una salida anticipada del gobierno ni superar la debilidad de las alternativas opositoras.
En el Acuerdo Cívico y Social se agudizaron los roces internos y quizás hasta no logren un bloque unificado en el Congreso. El liderazgo de Carrió está muy cuestionado y Cobos aún no logra ser el garante de la resurrección radical. Y la crisis del PJ está al rojo, sin que se avizore por ahora un liderazgo (están los bloques de gobernadores, los caciques bonaerenses y De Narváez, Reutemann, Das Neves, De la Sota… y los acuerdos con Macri). En la centroizquierda, Sabbatella, la CTA, Libres del Sur y el PC han sembrado expectativas en la convocatoria K. Pino Solanas y Proyecto Sur también se pronunciaron por el diálogo, en medio de debates internos, limitando sus críticas a cuestiones de agenda.

Crisis provinciales y reclamos salariales

Este operativo de contención choca con la dinámica de la crisis por abajo y las expresiones de una caldera cuya presión sube. Los eslabones débiles de las provincias comenzaron a estallar. En la rebelión santacruceña, los escándalos de Santiago del Estero y los estallidos de Córdoba, se combinan crisis política y crisis social. Se cuestionan los gobiernos. Como una remake de la película que desembocó en el Argentinazo del 2001, que empezó con estallidos provinciales, es un espejo en el que se miran con preocupación los habitantes de la Rosada. Con más ajuste fiscal en ciernes, la perspectiva es a mayores crisis en las provincias. Córdoba, Jujuy, Corrientes, Tierra del Fuego, Chaco, Córdoba y Santa Cruz son las que tienen mayores déficits. Y Buenos Aires se lleva los laureles, con un gobierno debilitado, 14.000 millones de rojo y un contexto de reclamos salariales estatales en puerta.
Asimismo, las peleas por el salario y las fuentes de trabajo están en alza. Se impone un aumento de emergencia y la reapertura de paritarias. Más allá de los dirigentes, los petroquímicos, empleados de TV y los históricos paros nacionales de la UOM expresan una mutiplicidad de conflictos, donde además despuntan activistas y nuevos dirigentes. Y en el subte, su combativo cuerpo de delegados prepara nuevas medidas.

El escenario que se viene

Toda esta política preventiva del diálogo, los consejos, la agenda parlamentaria y demás reuniones apunta a un consenso de los de arriba. Quieren responder a la crisis estirando la agonía de los K mientras tratan de preparar un recambio lo más ordenado posible. Porque su derrota electoral, en el marco de la crisis mundial y la debilidad del régimen político local, acelera la chance de que la tormenta se agrave y vayamos a nuevos giros bruscos y a una salida anticipada del gobierno, fruto de un nuevo estallido similar o aun más convulsivo que el de 2001.
De esta perspectiva surgen tareas para los luchadores y los socialistas revolucionarios. La primera, apoyar todas las luchas por salario, trabajo y medidas urgentes para que la crisis la paguen los capitalistas. La segunda, frente al diálogo tramposo, impulsar una Asamblea Constituyente libre y soberana para que el pueblo debata y decida el proyecto de país. La tercera, dar pasos para poner en pie una nueva alternativa de la izquierda y los luchadores, amplia, unitaria y anticapitalista que proponga un modelo socialista de país.


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