Que paguen más los que más tienen

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Una política agraria alternativa

Hace más de un año que estalló la rebelión chacarera que derrotó a la 125 y, canalizando una masiva movilización popular, le asestó un golpe decisivo al gobierno y su modelo. Mucha agua pasó bajo el puente, pero la crisis agraria sigue sin resolverse y ahora gira en torno al debate por las retenciones.

Hace pocos días, la Cá-
mara de Diputados aprobó por unanimidad un fondo de $500 millones para atender a la crisis del campo. Con el pomposo nombre de “Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecua-rios”, oficialismo y oposición consensuaron un parche que no resuelve la crítica situación de los pequeños productores. Amén de ser por demás insuficiente, como sucede con otras partidas, no se especifica cómo se distribuye ese dinero ni quién lo controla. Con el telón de fondo del debate por las retenciones, es evidente que en esta disputa por la renta entre los ricos del campo apoyados por la “oposición” y el gobierno que quiere hacer caja, los chacareros y el pueblo son convidados de piedra. Nadie quiere tocar el modelo de concentración. Sigue ausente una política correcta para el campo que beneficie a los pequeños productores y trabajadores rurales y ponga coto al festival millonario con el que se benefician terratenientes, pooles de siembra y agroexportadores.

De la 125 al debate actual

La resolución 125, que desencadenó la rebelión agraria y de los pueblos del interior, fue un tremendo impuesto regresivo, un revulsivo sobre años de impulso a una política de concentración de la riqueza en el campo. Ese aumento indiscriminado de las retenciones se sumó a los efectos de toda una política agropecuaria que empujó a la ruina a miles de pequeños y medianos productores, en beneficio de la nueva oligarquía fortalecida durante los años de gobierno K.: los pooles de siembra y las empresas agroexportadoras. Esos sectores ligados al capital financiero y la especulación, dueños de toda la cadena agraria (desde los fertilizantes y semillas hasta la exportación), eran los únicos que podían subsistir a una política de retenciones no discriminadas por su escala de producción.
Esta brutal concentración en beneficio de esa nueva oligarquía, también explicó por qué la Sociedad Rural, que agrupa a sectores terratenientes tradicionales, se montó sobre la rebelión de pequeños y medianos productores autoconvocados, por el espanto a verse desplazada por los modernos monopolios que intentan quedarse con toda la torta. De la misma forma que los chacareros en ese momento utilizaron la alianza circunstancial con este sector terrateniente para frenar una política que tiene como objetivo lisa y llanamente su extinción. Más allá de sus muestras de desconfianza en los dirigentes de la Mesa de Enlace.
Hoy el debate de la política agraria y las retenciones se da en un marco distinto. Los chacareros no están en las rutas y los dirigentes se oponen a movilizar. La dirigencia de la Mesa de Enlace negocia con la oposición de De Narváez/Macri y el panradicalis-mo, reducen el debate al ámbito del parlamento, aplauden a Biolcati en la Rural y levantan un programa que pretende reducir las retenciones hasta llegar a su eliminación. De la Sociedad Rural o Coninagro, no puede esperarse otra cosa. Lamentablemente los dirigentes de la Federación Agraria y de los pequeños productores rematan un giro equivocado que viene desde el pico de la pelea contra la 125, en el que privilegiaron por encima de las medidas de lucha un acuerdo permanente con los sectores patronales más grandes como la Sociedad Rural, que se manifestó en el terreno político con la integración de dirigentes como diputados de partidos patronales como la UCR o el Acuerdo Cívico y Social, que han vivido entregando al país y favoreciendo a los grandes capitalistas del campo y la ciudad. Ya no hablan con el mismo con el mismo énfasis de la segmentación de las retenciones ni de la Ley de Arrendamientos como prioridad. Cierran filas alrededor de una política equivocada que beneficia a los grandes y no resuelve la crisis de los chacareros empobrecidos.

Propuestas para la emergencia agropecuaria

Así como estuvimos con la inmensa mayoría del pueblo apoyando a los pequeños productores en la rebelión contra un impuesto regresivo como la 125 y sostuvimos el reclamo de retenciones diferenciadas, desde el MST hoy nos oponemos a que se anule este impuesto que significaría, que dejen de entrar en las arcas estatales alrededor de U$S 3.000 millones. También rechazamos la posición del gobierno K. y sus amigos que pretenden seguir sin diferenciar a grandes y chicos y quedarse con ese dinero, como viene sucediendo, para rellenar la caja fiscal en función de sus negociados políticos, para subsidiar patronales y pagar la deuda externa.
Nuestra salida es una política agraria integral, que debe ser parte de un programa económico de emergencia, al servicio de los trabajadores, los sectores medios y populares de la ciudad y el campo. Ya que se trata de una renta extraordinaria, todos los productores tienen que pagar retenciones. Pero deben ser diferenciadas: más bajas para los pequeños productores y mucho más altas para los grandes. Que paguen más los que más tienen, los terratenientes, los grandes pooles y las agroexportadoras. Que las retenciones sean regionalizadas y coparticipables para que la plata vuelva y sea controlada por el pueblo. Para que su destino sea las necesidades sociales y no la caja política del gobierno de turno.
Las retenciones deben integrar una reforma impositiva progresiva más general, que apunte a la recuperación de la renta petrolera, minera y financiera que hoy ni los K ni la oposición quieren gravar.
Proponemos establecer la nacionalización del comercio exterior para que no sigan acaparando las ganancias las agroexportadoras.
Estamos por una política que apoye el desarrollo de los pequeños productores mediante una nueva Ley de Arrendamientos hacia una Reforma Agraria integral para recolonizar el campo, favorecer la instalación de familias productoras en chacras en desmedro de la vieja y la nueva oligarquía y que defienda los derechos laborales y sociales de los trabajadores rurales.

Guillermo Pacagnini


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