Importante fallo de una Cámara

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En paro, cortar vías no es delito

La huelga ha sido nuevamente reconocida por un tribunal como un derecho constitucional y su ejercicio es totalmente lícito. Este fallo judicial constituye un logro valioso, que favorece al conjunto de los trabajadores en sus luchas.

Los días 11 y 12 de abril de 2006, los trabajadores del subte, junto con los trabajadores tercerizados de la Compañía Metropolitana de Seguridad, iniciaron una huelga para que estos últimos fueran incorporados al convenio laboral que rige para los empleados de Metrovías.
Esta justa lucha por mejoras salariales y de las condiciones de trabajo se vio desvirtuada por una denuncia que realizó la patronal de Metrovías, imputándoles a tres trabajadores de Metropolitana y Neoservice -otra tercerizada- el delito de daño agravado, y a otros 94 compañeros el delito de interrupción del servicio de subterráneos.
La medida de fuerza tuvo un total acatamiento por parte de los trabajadores de las cinco líneas de subte y el Premetro, quienes tuvieron una activa participación durante los dos días que duró la huelga. El conflicto terminó con un triunfo y finalmente se logró el pase a convenio.
Como parte de nuestra tarea en defensa de los trabajadores y sus derechos, desde el CADHU asumimos el patrocinio de dos de los compañeros imputados: Néstor Piriz y Rodrigo Frías. El otro, Emilio De Grandi, contó con el defensor oficial.
La causa judicial atravesó por distintas etapas y, si bien en primera instancia fueron sobreseídos, el fiscal apeló la resolución favorable del Juez de Instrucción. Esto originó que interviniera la Sala Vª de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
En relación con el delito de daño agravado imputado a tres trabajadores, en un fallo con algunas diferencias de criterio, el pasado 27 de agosto la Sala resolvió por mayoría de dos a uno que “no se encuentra probado que los daños que fueron constatados en autos puedan serle atribuidos”. Es decir, las acusaciones quedaron sin efecto.
Con respecto al delito de interrupción del servicio, en su voto favorable a los derechos de los trabajadores la jueza Mirta López González fue contundente al señalar que “si nuestra Constitución reconoce el derecho de huelga entre los derechos y garantías que enumera, no puede decirse entonces que la conducta que desarrollaron en este caso particular los imputados sea aquella que describe el tipo penal en estudio”.
Luego agrega: “Innumerables son los ejemplos recientes, en donde todo tipo de manifestación, tanto sea de trabajadores en reivindicación de sus derechos laborales, como ciudadanos en general por otros motivos, han hecho uso de esta herramienta para hacer escuchar sus reclamos”.
Y termina diciendo que “el impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento del transporte público no puede limitarse sólo a estar parados en las vías, como en el caso, impidiendo la circulación de un convoy, cuando detrás de este hecho existe un reclamo laboral como propósito primigenio y cuya única finalidad es que sus reclamos sean escuchados… No dudo que este tipo de reclamos molesta a aquellos ciudadanos que deben acceder al medio de transporte elegido para llegar a sus destinos, pero ello a mi criterio no implica que deba ser criminalizada esa conducta”.
El lenguaje judicial no impide que cualquiera pueda comprender el sentido del texto. Si los compañeros del subterráneo tuvieron que cortar las vías fue en el marco de su legítima lucha ante la intransigencia empresarial. Por eso no existe delito penal, como pretendió Metrovías. Con la satisfacción de haber contribuido a obtenerlo, desde el CADHU entendemos que es útil para el conjunto de la clase trabajadora y los sectores populares ya que, frente a tantos intentos de criminalizar las protestas sociales, convalida el reconocimiento del derecho constitucional de huelga y la licitud de su ejercicio.

Luis A. Orellana,
abogado del CADHU


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