Empiezan los impuestazos

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El intento de aumentar los impuestos para cubrir los déficits fiscales está en la carpeta de varios gobiernos provinciales. Hay que cobrar impuestos progresivos a los que más tienen.


Federico Milman

La Cámara de Diputados bonaerense había aprobado un proyecto de ley del Ejecutivo destinado a obtener una recaudación adicional de 1.700 millones. El paquete impositivo alcanzará a más de 1,3 millones de contribuyentes, que recibirán aumentos en los impuestos inmobiliario urbano y rural y en las patentes de automotores. La propuesta incluía además un impuesto que gravaba las exportaciones portuarias, que cayó luego de algunas negociaciones con la Mesa de Enlace, que sostenía que si este impuesto era trasladado a los productores de la provincia, podía llevar al desastre a muchos de ellos.
El impuestazo que promovió Daniel Scioli no es otra cosa que el comienzo de una serie de impuestos con el que las provincias, y también Nación intentarán descargar la crisis en toda la población por igual. No es el primero -otras provincias ya promovieron una serie de medidas similares- y está claro que no será el último, se habla de que Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos están estudiando medidas similares.
Más allá de las idas y vueltas, queda claro que el gran objetivo del gobierno bonaerense es intentar paliar el déficit fiscal, que rondaría los 8.000 millones de pesos. La provincia de Buenos Aires está en rojo y así como lo hicieron ya otras provincias la forma de recaudar es… con impuestos.
Los políticos patronales van a intentar resolver la crisis metiendo la mano en el bolsillo de la población, cobrando más y nuevos impuestos, incluso hablan de emitir bonos. Se gastaron toda la plata y la quieren recuperar mediante gravámenes cada vez más regresivos.

Provincias en rojo

Subir la recaudación tiene como objetivo principal hacer caja. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires buscó con este primer impuestazo recaudar entre 1.500 y 2.000 millones de pesos en 2010. Y no es la única que se encuentra en esta situación. Son catorce provincias más las que se encuentran en déficit fiscal y con un rojo consolidado que superaría los 10.000 millones este año.
Los impuestazos y los “ajustes” del gasto -que se verán reflejados entre otras cosas en el recorte de los presupuestos para salud y educación (“los gastos”)- serían las variables para enfrentar el 2010.
Por eso, todas estas reformas impositivas como la que promovió ahora Scioli no pretenden incorporar mayor equidad tributaria sino recaudar más para cubrir el agujero fiscal.
En el 2007 las provincias recaudaron por el equivalente al 4,2% del PBI, en 2008 el 4,4% y, este año, subirán al 4,8%, con un claro sesgo regresivo. La mayoría de estos impuestos gravan el consumo y la actividad productiva, es decir, recaen sobre la mayoría de la población, para todos por igual. Es insignificante en cambio la imposición sobre cuestiones que tienen que ver más con el poder adquisitivo como la propiedad.

La vuelta al FMI tiene sus costos

La anunciada vuelta al FMI va a profundizar la injerencia de este organismo en la economía nacional. Y lo que este organismo reclama es justamente que se aumente cada vez más la recaudación, a costa del pueblo.
El cierre de las cuentas públicas de agosto registró una caída interanual del 85% en el superávit primario producto de la caída de los ingresos y un aumento del gasto. La recaudación fue menor a lo presupuestado en 27.000 millones y el gasto aumentó 8.200 millones.
Es por eso que los del norte vienen a pedir ajustes y recortes y ya se prevé que para el año que viene la plata que recibirán las provincias desde Nación no alcanzará para equilibrar sus cuentas. Medidas como la que intentó Scioli, pueden transformarse en moneda corriente en todo el país.

Por una reforma tributaria

De ninguna manera creemos que no se deban cobrar impuestos. Pero consideramos fervientemente que los impuestos deben ser claramente progresivos. Que paguen cada vez más los que más ganancias tienen, que en muchos casos son generadores de la crisis que atravesamos.
Hay que acabar ya con el IVA y los diferentes impuestos regresivos. Es inverosímil que en un país con cada vez más pobres toda la población pague por igual un impuesto al consumo.
Deberían existir además los impuestos a las ganancias monopólicas. Un gobierno que de verdad combata a los monopolios fijaría más impuestos y mayores para los grupos empresarios y no al revés.
Es necesario también que se establezcan impuestos sobre las grandes riquezas, bienes y capitales radicados en el país y en el exterior.
Además, es necesario acabar con la verdadera evasión impositiva que deja de pagar más de 20 mil millones de pesos al año. Los grandes grupos económicos nunca son perseguidos, como si lo son los pequeños contribuyentes. No se puede pretender que no exista evasión en los pequeños comerciantes o productores cuando los pulpos multinacionales evaden constantemente miles de millones de pesos en impuestos.

El comercio exterior

La propuesta inicial de Scioli intentaba disfrazarse de progresista cobrando un mínimo impuesto a las exportaciones de granos, así como también a las importaciones. Este ítem rápidamente cayó ante la presión de la Mesa de Enlace. Con este hecho queda en evidencia que ninguna medida de este gobierno atacará los problemas de fondo en forma seria.
Si de verdad se intentase controlar las exportaciones y reducir las importaciones la única solución posible sería nacionalizar el comercio exterior.
No es posible que en un país donde se producen alimentos para más de 300 millones de personas aumentan cada día más los índices de desnutrición. Si se nacionaliza el comercio exterior y se controla todo lo que entra y salga del país, se podría obligar a que no salga del país más de la comida que es necesaria para alimentar a nuestro pueblo.
Pero todas estas medidas no las va a tomar ninguno de los viejos políticos que son responsables de la crisis y que les hicieron grandes favores a los empresarios para que hagan negocios a costa de los argentinos. Estas medidas sólo las va a tomar un gobierno distinto, socialista, que tenga la voluntad política de poner toda la economía al servicio de mejorar las condiciones de vida del pueblo trabajador.


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