Ley de medios K… ¿y ahora?

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El viernes 9 se votaría en el Senado. Pero para cambiar el monopolio actual, esta nueva ley no sirve.
Sólo poniendo la radiodifusión en manos del conjunto de la sociedad habrá una verdadera libertad de expresión.


Pablo Vasco

Hace ya dos semanas, la nueva ley de medios logró ser aprobada en Diputados. Además del bloque K y de sus socios, el proyecto del matrimonio presidencial recibió el apoyo político de todo el arco de centroizquierda: Martín Sabatella (Nuevo Encuentro), Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad), el Partido Socialista y también Claudio Lozano, el diputado de Pino Solanas (Proyecto Sur).
Creemos que esos votos a favor son un nuevo error cometido por la centroizquierda. En vez de sostener un proyecto de ley realmente alternativo y de desnudar el doble discurso de este gobierno, lamentablemente se confirma que le son funcionales y que le facilitaron un éxito político. Al mismo tiempo, nuestra crítica a la nueva ley de radiodifusión es opuesta por completo a la que viene planteando toda la oposición de derecha.
Esos sectores hicieron un acto el martes 6 en Congreso, encabezado por la Mesa de Enlace y el rabino Sergio Bergman. En sintonía con el PRO de Macri, el PJ disidente de De Narváez, la UCR de Morales y la Coalición Cívica de Carrió, hablan de libertad de expresión para en realidad defender el “derecho de propiedad” de los monopolios hoy dominantes, con el Grupo Clarín a la cabeza. Por eso en el debate del Senado buscan darles “seguridad jurídica” para los multimedios privados, tratando de ampliar el plazo de un año para vender (art. 161).

“Nuestra ley o la de la dictadura”

Es preciso desenmascarar una y otra vez ese verso simplista del gobierno K, que pretende mostrar como golpista a todo opositor. Actualmente hay vigentes 393 leyes de la dictadura militar, entre ellas nada menos que la de Contrato de Trabajo y la de Código Aduanero que permite fijar las retenciones a las exportaciones de soja…
Pero aparte de ese debate, y de que también es falso que la nueva ley haya sido debatida ampliamente, la ley K es tramposa porque al no poner los medios a disposición de todas las organizaciones sociales no los democratiza realmente ni garantiza la plena libertad de expresión. Este es nuestro cuestionamiento de fondo. Por eso nuestra propuesta es que las frecuencias de radio y televisión, que son propiedad pública, se deberían nacionalizar bajo el control de los trabajadores y ser transferidas a los medios comunitarios y a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, políticas, deportivas, científicas, artísticas y demás que requieran hacer oír su voz.

Ley tramposa, autoridad tramposa

La autoridad de aplicación de esta ley K cuenta con una clara mayoría oficialista (art. 14). Sobre 7 miembros, el gobierno tendrá 4 ó 5. Además dicha autoridad estará en la órbita del jefe de gabinete, que encima es el que gracias a dos decretos de Cristina Kirchner maneja los millones de la publicidad oficial. Como si todo eso fuera poco, las licencias de TV abierta en ciudades de más de 500.000 habitantes -que obviamente son las más importantes- las adjudicará en forma directa el Poder Ejecutivo (art. 32).
Esta composición y estas atribuciones no son una casualidad. Justamente, como esta ley no es democrática, establece una “autoridad” que tampoco es democrática. Si de verdad se quisieran democratizar los medios, la autoridad debería ser autónoma, con una clara mayoría de representantes de las organizaciones de la comunidad y de los trabajadores de los medios.

Los trabajadores, ausentes

Por más que la gran mayoría de las conducciones de la CGT, de la CTA y de sus sindicatos apoyan esta flamante ley K, en realidad los trabajadores y sus derechos están ausentes del texto.
En el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, sobre un total de 38 miembros, los gremios del sector tendrán sólo 3. Es una proporción totalmente minoritaria, decorativa, en un organismo que ya de por sí también cumple un rol decorativo, porque la que decide todo es la autoridad de aplicación.
Hay una única mención a los derechos laborales, referida al personal de los medios públicos (art. 142). En cuanto al sector privado, que vive precarizando a sus trabajadores, no se dice nada para obligarlo a respetar el Estatuto del Periodista -Ley 12.908- y demás convenios.
Aunque Cristina, Tomada y todo el gobierno se jactan de “cuidar el empleo”, la nueva ley tampoco incluye ningún artículo destinado a preservar los puestos de trabajo en los medios de radiodifusión actuales, en varios de los cuales ya están circulando amenazas de despidos por achiques o incluso por cierres.

En síntesis

La ley, a la cual el oficialismo K no le quiere cambiar “ni una coma”, ni siquiera ha incluido a sectores de medios populares que originalmente respaldaron el proyecto. Es el caso de la Red Nacional de Medios Alternativos, que el miércoles 23 realizó una protesta ante el Congreso con cinco transmisiones en simultáneo de radio y TV. Allí denunciaron: “No estamos en la ley pero existimos… la ley no contempla mecanismos diferenciados y específicos para el acceso a licencias, como tampoco la reserva específica del espectro para medios comunitarios. Con una ley que no nos ampara, estamos condenados a seguir siendo víctimas de los vaivenes de la autoridad de turno”. Más claro, agua.
Más allá de que los K se hayan visto obligados por ahora a dejar a las empresas telefónicas afuera del millonario negocio del cable, con la nueva ley el sector privado seguirá siendo dominante en la comunicación audiovisual.
Además el gobierno de turno podrá interpretar, decidir y controlar toda la aplicación de la ley, para beneficio de sus socios capitalistas, de sus ONG amigas y de su propio interés político. No es ésta, ni de lejos, la nueva ley de medios que necesitamos.

Así funcionan los medios K…

El domingo 4, Mercedes Sosa fue velada en el Congreso. Cuando fueron Néstor Kirchner y Cristina, el Canal 7 los transmitió todo el tiempo. Por eso se postergó media hora el inicio del partido entre Lanús y Godoy Cruz, con la lógica bronca del público. Según el árbitro, la demora se debió a “problemas con la televisación”… Del “fútbol para todos” pasamos así a una nueva muestra de utilización mediática y política, esta vez en ocasión de la muerte de una artista tan reconocida por el pueblo argentino.
Peor fue lo de Terrabusi. Cuando el viernes 25 de setiembre la represión ordenada por el gobierno desalojó violentamente a las obreras y obreros de la planta usando policías, tropas especiales, caballos, perros, gases, palazos y balas de goma, provocando decenas de heridos y detenidos, el único canal de TV que no transmitió esas imágenes que sacudieron al país fue precisamente el 7. A esa hora, el canal oficial pasaba dibujitos animados…
Utilización política. Ocultamiento de la realidad. Así funcionan hoy los medios de difusión oficiales, mientras el gobierno K nos habla día y noche como defensor de la “libertad de expresión”. Si ahora actúan así, ¿te imaginás lo que harán una vez que tengan en vigencia la nueva ley?


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