Hay que derogar la Ley 23.551:

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Para tener plena libertad sindical

En Mar del Plata, del 5 al 7 de noviembre y con casi 200 profesionales de todo el país, se realizaron las jornadas de la Asociación de Abogados Laboralistas. Entre las resoluciones, por unanimidad y con ovación, aprobamos la solidaridad con el compañero Segovia y su familia, y responsabilizamos al gobierno nacional por la negativa a inscribir el nuevo sindicato del subte. Un debate que nos ocupa cada vez más es el del modelo sindical y sus aspectos legales. Como socialistas, damos aquí nuestra opinión.
Hoy la creación, reconocimiento y funcionamiento de los sindicatos se rige por la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. En el caso del subte, el gobierno K viola esa ley. Por caso, viola el art. 4 inciso a (derecho a “constituir libremente y sin necesidad de autorización previa asociaciones sindicales”), el art. 22 (plazo de 90 días para la inscripción) y el art. 23 (derechos de petición, representación, asamblea y cuota sindical).
Pero que el gobierno vulnere algunos de sus artículos no significa que dicha ley sea beneficiosa para los trabajadores. No es así: es una norma claramente intervencionista. Una ley por la cual el Estado, que representa los intereses de la clase capitalista, puede regimentar todos los aspectos de la vida organizacional de su principal oponente: la clase trabajadora.

Intervencionismo

El gobierno, vía el Ministerio de Trabajo, puede otorgar, suspender o cancelar la personería de un sindicato según sea aliado u opositor; aprobar o no sus estatutos, influir en las negociaciones colectivas y homologar o no los convenios; incidir en la vida interna de los sindicatos y también en la representación en los establecimientos.
En síntesis, la Ley 23.551 le permite al Estado intervenir en todo aquello que debería ser de exclusiva voluntad de los trabajadores. Por ejemplo, hace pocas semanas el ministro Tomada homologó una reforma del estatuto de la UTA por la cual ésta amplía puntualmente su representación al personal del transporte bajo tierra… justo cuando los compañeros del subte pelean por su nuevo sindicato.

El fallo ATE

En noviembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos “ATE c/ Ministerio de Trabajo”, señaló: “La democracia… fue reconocida como prenda de convivencia, de apertura franca y amplia hacia el pluralismo y la participación, tanto para la persona que libremente se incorpora a una organización cuanto para las relaciones entre todas y cada una de éstas en el concierto de los sindicatos que, no menos libremente, los trabajadores deseen formar. El precepto constitucional… manda que el régimen jurídico que se establezca en la materia, antes que impedir o entorpecer, debe dejar en libertad las mentadas actividades y fuerzas asociativas… sin mengua de la participación y del eventual pluralismo de sindicatos que el propio universo laboral quiera darse.”
La Corte declaró inconstitucional el inciso a del art. 41 de la Ley 23.551, que para ser delegado exige estar afiliado a un sindicato con personería. Así, un trabajador no afiliado puede presentarse y ser electo delegado, hecho que cuestiona el poder monopólico de la vieja burocracia sindical.

Derogar la 23.551

El único deber del gobierno es garantizar la libertad sindical y que todo trabajador pueda ejercerla sin ser perseguido, discriminado, ni despedido. Para ello debería cumplir el art.14 bis de la Constitución Nacional, que asegura “una organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial” y que “los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”.
El viejo modelo sindical argentino comenzó a caer. Nace un nuevo paradigma en las relaciones del trabajo, cuya punta de lanza son los compañeros del subte. Es preciso apoyarlos, para que ellos y todos los trabajadores del país se puedan organizar como mejor lo decidan. Ningún empresario ni gobierno de turno debe decidir ni intervenir acerca de cómo, cuándo y con quién se organizan los trabajadores.
Desde el punto de vista legal, entonces, lo necesario no es reformar la Ley 23.551, intervencionista por naturaleza, sino derogarla. Si hiciera falta una ley, ésta debería tener un único artículo que reafirme el derecho a la libertad sindical y a la estabilidad, protegiendo contra los despidos y demás represalias de las patronales y de las burocracias.

Raquel Coronel, abogada laboralista y miembro del CADHU


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