¿“Quiero que me juzguen”?

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Un debate necesario

En el 2004, los ferroviarios del Sarmiento hicieron un paro para exigir un derecho elemental: poder elegir y ser elegidos. La conducción de la UF se los quería impedir. La lucha se ganó, pero ellos fueron procesados.
La acusación fue la de cortar las vías. Hace poco nosotros logramos un fallo de cámara favorable, que sobreseyó a 97 compañeros del subte que cortaron vías, por considerar que fue en el marco de un conflicto y no hubo delito. Es que si bien la protesta está formalmente amparada por la Constitución y las leyes, los gobiernos la criminalizan. Judicializan el reclamo para castigar a los trabajadores o sectores populares que se organizan y luchan.
Desde el CADHU, con los abogados Luis Orellana, Carlos Lucero y Pablo Vicente, junto al doctor Hernán Sormani, llevamos a cabo la defensa de 8 compañeros. Obtuvimos su absolución y aportamos a la de todos los procesados.
Planteamos la nulidad del juicio oral por entender que el corte de vías por un reclamo -y más si está enmarcado en una huelga- no constituye delito, y también por distintas irregularidades durante la instrucción del proceso que violaban garantías fundamentales en la defensa de los compañeros.
Lamentablemente, el sector que lidera Sobrero no acompañó este encuadre y tuvo una actitud infantil y divisionista, manteniendo y haciendo explícita en la sala su intención de ser juzgados. Esto nos parece carente de toda lógica, toda vez que sus propios abogados habían pedido correctamente la nulidad en el 2006 y ahora conocían y habían avalado nuestro planteo e incluso lo hicieron suyo en sus argumentos finales.
Creemos necesario que todo activista gremial, social o político reflexione al respecto. Pensamos que someterse voluntariamente a la justicia burguesa, pedir expresamente “ser juzgado” como pidió Sobrero, es un camino errado para reivindicar los derechos de los trabajadores. Más alla de las valoraciones individuales, el Poder Judicial como institución es un enemigo estratégico de la clase obrera y de todas las luchas sociales.
La justicia penal burguesa intenta mantener el status quo del sistema capitalista y hace parte de su régimen político y su Estado. Por eso tratan de procesar y penalizar a los luchadores. Y por eso nosotros buscamos lo contrario: evitar que ellos caigan bajo los mecanismos de ese aparato represivo y punitivo. Para esa defensa nos valemos de las herramientas legales y sobre todo de la movilización, para lograr la descriminaliza-ción.
Si los juzgan, defendemos a los compañeros para que sean absueltos. Como lo hicimos en este caso. Pero siempre que podemos, antes peleamos para que ni siquiera sean llevados a juicio. Lo mismo si la policía quiere detener a un luchador. Si lo detienen, luchamos para lograr su libertad cuanto antes. Pero es mucho mejor si directamente podemos evitar que se lo lleven. A una institución enemiga de clase no le concedemos ni un milímetro de ventaja.
Una vez más, reafirmamos nuestra postura: basta de persecución a los trabajadores que se organizan; no a la criminali-zación de la protesta social; no a las patotas de la burocracia y el gobierno. Y como dijera el compañero Orellana en su alegato final, la única solución de fondo para terminar con la persecución a los trabajadores y los luchadores es lograr el socialismo. Con ese norte luchamos todos los días.

CADHU
(Centro de Abogados por los Derechos Humanos)


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