La corrupción en el aparato policial, judicial y político
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Marcelo Parrilli,diputado de la Ciudad presidente del CADHU
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El crimen de Candela conmovió al país. Durantedías, miles de personas se movilizaron en Hurlingham y otros lugares. La presidente de la Nación y el gobernador bonaerense recibieron a la madre. Los medios cubrieron al minuto las supuestas novedades.
En medio de la conmoción, algunos sectores reactivaron sus reclamos por “mano dura”, mayores penas y hasta pena de muerte. Pero como siempre sostuvimos, el derecho penal no tiene ninguna relación con la inseguridad: para combatirla hace falta inclusión social, prevención y terminar con la corrupción en el aparato del Estado.
Esto último es clave. En nuestro país, como es propio del sistema capitalista, el delito económicamente organizado (narcotrá-fico, trata de personas, explotación de la prostitución, piratería del asfalto, robo de automotores, juego clandestino, contrabando) tiene una pata fundamental en el aparato estatal.
Tales delitos, que requieren una gran infraestructura y el concurso de numerosas personas, no pueden crecer y mantenerse sin convivencia desde el poder. A quienes los llevan adelante, ese amparo les permite moverse con total impunidad durante años, mientras pagan parte del fruto de esos ilícitos a sus socios en el aparato del Estado.
¿Cuáles son las mafias?
Debería llamarnos la atención que, a diferencia de otros países, en la Argentina no existan organizaciones mafiosas. Esto es así porque aquí ese rol lo cumple el aparato policial, judicial y político corrupto.
La policía es el primer eslabón de una gigantesca máquina de recaudar del delito. No se trata sólo de casos individuales: es una corrupción estructural que atraviesa toda la fuerza. Las “brigadas” policiales detectan delitos o infracciones, no para combatirlos o regularizarlas sino para recaudar sobre ellos. Es lo que en la jerga policial se llaman “las quintas”.
El policía nuevo que no se pliega a esa estructura recaudatoria o no mira para otro lado es rápidamente expulsado. Puede ser objeto de sumarios, sanciones y persecuciones de todo tipo e incluso represalias que pongan en peligro su vida o la de sus familiares.
Lo producido en la recaudación va en parte al bolsillo de los jefes policiales, comenzando por el jefe de calle, y sube hasta las jefaturas de turno llegando a los estratos judiciales y políticos.
El caso Candela lo confirmó
En el secuestro y homicidio de Candela se volvió a poner de manifiesto que aparecen involucradas bandas de piratas del asfalto y de narcotraficantes con vinculaciones policiales y políticas.
Como si fuera un Estado dentro de otro Estado, se ve claramente que la corporación mafiosa de particulares y funcionarios policiales “ajusta cuentas” y mata personas, en este caso una nena de once años. A la vez, es sabido que el tráfico de drogas en Villa Corea, en el partido bonaerense de General San Martín, y los ajustes de cuentas entre narcos y bandas que se dedican a mejicanearlos, son moneda corriente que circula a la vista de las autoridades judiciales y políticas. En San Martín, Ricardo Ivoskus es intendente desde hace doce años. Es el mismo que declaró que en San Martín no había narcotráfico.
En la provincia, los intendentes son los jefes políticos directos de los jefes policiales de cada municipio. Es evidente que actúan siempre con unidad de criterio.
Para empezar a combatir a fondo la inseguridad hay que terminar con esa asociación mafiosa entre particulares que delinquen y funcionarios estatales que actúan como gerenciadores de los delitos.
Algunas propuestas
Como los corruptos dentro del Estado no se investigan a sí mismos, en casos como el de Candela es necesario constituir una comisión independiente, por ejemplo con organismos de derechos humanos y personalidades de la lucha anti-impunidad, para controlar y participar en todo el proceso de investigación.
En el ámbito policial, hace falta depurar esas fuerzas, democratizarlas y someterlas a un efectivo control de la población.
Lo primero es echar a todos los corruptos y criminales vinculados al genocidio. Establecer el voto popular para nombrar, ascender y remover a los comisarios. Y garantizar verdaderos foros de seguridad con participación ciudadana, en donde las autoridades policiales rindan cuentas de su gestión y respondan a las demandas de los ciudadanos.
Asimismo, hay que establecer el derecho de los policías a sindicalizarse. Eso les permitiría no solamente defender sus derechos gremiales frente a los abusos de las cúpulas sino, además, poder denunciar los casos de corrupción sin temor a ser sancionados o echados.