La imagen de la izquierda, es la del hipotético ferrocarril Sarmiento soterrado, según el libro Grandes Obras de Infraestructura del Bicentenario Argentino con el que desde junio el ministro Julio De Vido publicita las promesas realizadas por Néstor K en 2006 y repetidas por Cristina K en 2008.
La fotografía de la derecha, es la del Cromañón ferroviario ocurrido en la madrugada del fatídico martes 13, en el cruce de la calle Artigas de la estación Flores del Sarmiento, cuando un tren arrolló a un colectivo de la Línea 92 -que había cruzado mal la barrera- y luego chocó a otra formación.
Imagen virtual y foto real. Ficción y verdad. Promesa oficial y tragedia fatal. La distancia entre una y otra, hasta el cierre de este periódico, son nada menos que 11 muertos y 228 heridos, varios de ellos graves.
Desde ya, el colectivero cruzó mal. Pero es hipócrita reducir las causas del accidente a ese error humano. Sobre todo, cuando es sabido que las empresas obligan a los choferes a cumplir determinada cantidad de vueltas para llegar a un sueldo mínimamente digno y van de una cabecera a la otra sin los descansos reglamentarios.
Ese régimen negrero lo conoce bien la familia Cirigliano, dueña del poderoso Grupo Plaza de colectivos y también de la empresa TBA, beneficiada con la concesión del servicio en el Sarmiento y en el Mitre desde que en 1991 Menem privatizó el sistema ferroviario con la complicidad de la burocracia sindical.
Indignó ver al vocero de TBA, Gago, mentir que el sistema de seguridad “estaba en funcionamiento”. Como vimos en el video, al momento del cruce la barrera no estaba horizontal ni había banderillero. Los vecinos denuncian que la barrera funcionaba mal. El que cumplía el rol de banderillero hasta poco antes del accidente era de una tercerizada. Y sobre el banderillero propio, Gago primero dijo que “el que debía tomar servicio no había llegado a horario”; luego, que “es un cruce automático, con lo cual no necesita banderillero”…
Lo único cierto es que TBA, que recibe del gobierno K millones en subsidios del Estado, además de flexibilizar a los ferroviarios y tercerizar tareas de convenio, incumple las inversiones en seguridad, vías y material rodante a que la obliga el contrato, ya de por sí leonino para los concesionarios privados. Y sobra decir que viajar en el Sarmiento es un suplicio, cuando no una trampa mortal.
A esas responsabilidades empresariales del peor accidente ferroviario porteño en casi 50 años hay que sumarle las responsabilidades políticas, gubernamentales, que son las más indignantes.
El gobierno de Macri tiene su parte. Por boca de su ministro Montenegro sostuvo que los llamados “sapitos” que propone construir hubieran evitado el accidente. Miente doblemente: esos túneles no permiten el paso de colectivos, ni eliminan barreras ya que no hay ninguno previsto en Artigas o algún otro cruce ferroviario. Tampoco hay amparos presentados contra túneles del Sarmiento.
Encima, Macri mismo se ufanó del “profesionalismo” y la “velocidad de actuación” de su sistema de emergencias, mientras al ver a los familiares desesperados recorrer hospitales en busca de noticias todos recordamos las escenas de Cromañón.
Por años el gobierno porteño vino disputando con su par nacional si hacer “sapitos” o soterrar, pero no concretaron nada. Total, las vidas las pone el pueblo.
La mayor responsabilidad por las causas estructurales de la tragedia de Flores la tiene, a nuestro juicio, el gobierno nacional. Primero, porque mantiene intacta la privatización del sistema ferroviario con su secuela de accidentes y muertes. Entre la Capital y el conurbano bonaerense hay un promedio de tres arrollamientos y más de una muerte por día. Segundo, porque no ejerce un control efectivo sobre las empresas concesionarias a las que subsidia a mano abierta: 4.700 millones de pesos este año. Y tercero, porque viene incumpliendo su propia promesa del soterramiento: el inicio ya se anunció cuatro veces.
En definitiva, como un tercio de los accidentes arriba mencionados ocurre en el Sarmiento, en los cinco años que van desde la promesa de Néstor Kirchner en 2006 hasta ahora, a 120 muertos de promedio al año, el no soterramiento ya se ha cobrado unas 600 vidas. Ellos son los únicos realmente soterrados.
Ahora anuncian un fideicomiso para financiar el primer tramo del proyecto, cuyo costo total se estima en casi 3.000 millones de dólares. ¿Y quién se alzó con la jugosa concesión de la obra? Ángelo Calcaterra, propietario de Iecsa, asesor y primo de Mauricio Macri. Una vez más, en este sistema capitalista, salvaje y corrupto por naturaleza, rivales políticos se vuelven socios en los negocios.
No más trenes privatizados, subsidiados y que sólo brindan un servicio absolutamente ineficiente e inseguro. Hay que recuperar todo el sistema ferroviario, nacionalizarlo bajo el control democrático de sus trabajadores y usuarios, y relanzar la industria ferroviaria para que así haya tren para todos. Pino Solanas y todo el Movimiento Proyecto Sur venimos insistiendo desde hace rato en esta propuesta.
No más explotación y tercerización laboral. Hay que derogar las leyes de flexibilización, terminar con las tercerizaciones y hacer respetar condiciones de trabajo dignas en el transporte.
Y no más emprendimientos faraónicos y dudosos. Hay que hacer estudios serios de impacto ambiental, y audiencias públicas para que se informe, debata y decida el pueblo qué conviene más, y luego ejecutar las obras con control ciudadano.
Este es el único camino para que no haya otro Cromañón ferroviario como el de Flores, que enluta al país entero.